CRÓNICA. Habla en exclusiva
Cuarenta minutos
con la juez Alaya:
"La justicia corre peligro"
Cuarenta minutos con la juez Alaya: "La justicia
corre peligro"
- · Por primera vez la juez más famosa del país accede a hablar con un periodista
Audiencia Provincial de Sevilla.
Viernes 27 de enero. Hace sólo una semana la juez Mercedes Alaya habló sin
tapujos de lo que más le preocupa: la independencia
judicial. La siente
amenazada, y de qué manera: "Nos encontramos solos ante el peligro".
Dice, con sorprendente vehemencia: "Yo soy una persona muy pasional en
todo lo que hago". En un pasillo del edificio que alberga la Sección
Séptima, saliendo del despacho que comparte con otros tres magistrados, un
espacio reducido y anticuado en el que Crónica la
encuentra entre montañas de papel, accede, por vez primera en todos estos años,
a explicarse. Durante 40 minutos se sienta con este reportero en un banco de
madera y conversa. Nunca hasta ahora la magistrada
más popular del país, adalid contra
la corrupción para muchos, había dado pie a mantener una charla así. Hasta hoy.
Tiene una advertencia. Una alarma: la Justicia corre peligro.
Siempre ha hablado poco,
pero menos en público. Lo que tiene que decir prefiere decirlo en sus
sentencias y sólo ha hecho contadas excepciones con motivo de conferencias como
la que protagonizó hace unos días en Granada, invitada por el Foro de la Concordia
Civil. Eso desde que dejó el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y las
investigaciones contra las grandes tramas de corrupción que la hicieron famosa. Porque antes,
cuando era juez instructora y su día a día era levantar las alfombras del poder
andaluz, su silencio era impenetrable.
Se estrenó como
conferenciante de lujo en Madrid y además de la de Granada sólo ha dado otra
charla, en la Universidad de Sevilla el pasado mes de marzo. Siempre rodeada de
los suyos, de futuros jueces y abogados, y lo más alejada posible de la prensa,
de la que recela y de la que durante años ha
tratado literalmente de huir mientras el
interés mediático crecía en torno a su hierática figura. En el pasillo de la
Audiencia, la juez Mercedes Alaya
Rodríguez se manifiesta con rotundidad, como sus
resoluciones; una rotundidad que contrasta con su tono de voz, suave, que
apenas eleva cuando, junto al banco, pasa algún compañero camino de otro
despacho. No hay muchos más sitios en los que hablar en una sede judicial
construida en tiempos de Franco y en la que muchas cosas siguen exactamente
igual que entonces. Tampoco ha cambiado mucho -dice ella- el ansia de los políticos por controlar el poder judicial. Más allá, denuncia cómo ese control es cada vez más
asfixiante en forma de reformas legislativas que, critica, se anuncian con el
hipócrita fin de luchar contra esa corrupción. Pero a más corrupción, señala,
más interferencia política y, por lo tanto, menos independencia.
"Estas reformas
recortan la independencia judicial que hemos conocido, que yo he
conocido", afirma Ayala para señalar, acto seguido, la forma de elección
de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) como el paradigma del despropósito, el mejor ejemplo, a su
juicio, y como ha repetido en sus escasas apariciones públicas, de cómo la
independencia judicial se está yendo por el desagüe del control político. La independencia judicial es una especie en peligro de
extinción, cada vez queda menos y cada vez son más, añade, los que la echan de
menos. Es el mensaje que ha
reiterado en sus tres únicas charlas. A continuación recogemos los extractos más relevantes de
su intervención más reciente, la de Granada, y la conversación de 40 minutos
mantenida en el banco de madera del pasillo por el que se accede a su despacho
en la Audiencia Provincial de Sevilla...
Voy a
hablar sin tapujos de todo lo que acontece en el mundo judicial... Nadie duda
que vivimos en una sociedad formalmente democrática, pero unos pocos, yo creo
que cada vez muchos más, dudamos de que efectivamente exista independencia
judicial. Y si no existe independencia judicial nuestro Estado de Derecho está
seriamente debilitado...
La magistrada que se atrevió
a señalar a dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio
Griñán, por el caso de los ERE, la misma que puso
del revés todo un régimen político que durante más de tres décadas ha hecho y deshecho en
Andalucía, la que hizo lo que otros no se atrevieron a hacer, no entra en los
procedimientos que ha dirigido con mano de hierro. Mide sus palabras consciente
de que cualquier desliz
se puede volver en su contra, de que se ha
granjeado no pocas enemistades.
Y no es que tenga miedo. Es
prudencia. Pero no tiene reparos en denunciar que ella misma ha sufrido las
consecuencias de los "apabullantes" recortes en la independencia
judicial y acusa sin medias
tintas a la Fiscalía de ser el brazo ejecutor del control político, la misma Fiscalía a la que las más recientes reformas
legislativas pretenden dotar de más poder en la instrucción de los
procedimientos, y la misma Fiscalía a cuyo máximo responsable nombra el poder
político.
En casos de corrupción, con
los que lleva lidiando desde hace años, mucho antes de los ERE, el
fiscal tiene tanto control como que señala los límites de lo que se investiga. Sobre todo, aclara, porque no hay
acusaciones particulares y el juez no puede ir "más allá".
El
Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para tratar de debilitar lo más
profundamente que pueda el poder judicial... En los casos de corrupción la
reforma supone divide y vencerás. Otorga al ministerio fiscal el control de los
periodos de investigación judicial, es decir, la instrucción tiene que durar
seis meses y entonces queda exclusivamente en manos del Ejecutivo... Aborda una
legislación muy necesaria de intervenciones postales, telefónicas, etcétera,
instrumentos necesarios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y
para los jueces para poder investigar los delitos. Pero en este tema yo creo
que se adoptan dos decisiones inadecuadas. La primera es que las intervenciones
telefónicas podrá adoptarlas el Ministerio del Interior sin jueces, con el
compromiso de avisar en 24 horas al juez, aludiendo a casos de terrorismo. Esta
medida no era necesaria. Es un arma tan de doble filo que yo creo que los
riesgos son más grandes que los beneficios.
Había una esperanza. O mejor
dicho, la juez Alaya, la ciudadana Mercedes Alaya Rodríguez, vio lo que ella
misma califica como "un momento de esperanza" en los pactos políticos
obligados tras los resultados de los últimos procesos electorales. "Pero
ha habido un enrocamiento, una pinza absoluta entre el PP y el PSOE" que,
añade, se ha traducido en que "el PSOE apoya al PP en el Gobierno y el
Gobierno [o sea, el PP] apoya al PSOE en Andalucía". ¿Y qué
pasa con los partidos emergentes, con Podemos y Ciudadanos? Pues que tampoco se libran de las
críticas de la magistrada, que les reprocha que no hayan llevado a cabo los
compromisos que adquirieron. Como Ciudadanos, que afirmó que no iba a
comprometer su voto con partidos con imputados y no lo está cumpliendo. En Andalucía está ocurriendo con C's, que respalda los presupuestos de
Susana Díaz.
Alaya sigue siendo la juez
que puso contra las
cuerdas al sistema político y que no se arredró ante los furibundos ataques que
sufrió y sufre. Quizás esté más relajada -una conversación como ésta con
un periodista era impensable hace no ya unos años, sino hace sólo unos meses-,
pero el mensaje es el mismo y la convicción, idéntica.
Y
actualmente se está produciendo otro fenómeno: los pactos políticos. Un
fenómeno que hace meses podíamos recibir con cierta alegría cuando abordábamos
las primeras elecciones [las de 2015], por lo que podía redundar en beneficio
de todas las instituciones. Pero, sin embargo, el resultado ha sido un pacto de
no agresión. (...) Es decir, tú te quedas aquí, yo no hago sangre con tus temas
y tú me vas a permitir que yo esté en este otro sitio y no nos vamos a agredir
mutuamente, porque a nosotros nos interesa mantener calladas nuestras cosas,
nuestros abusos, nuestros errores. En definitiva, un intercambio de cromos, ni
más ni menos lo que vemos cada día que se está produciendo...
En la conferencia de Granada
Alaya defendió el papel
de la acusación popular y ésa,
enfatiza, es la gran esperanza, casi la única esperanza que encuentra para que los delitos
de corrupción y los que amenazan los intereses públicos en general no queden
impunes.
La
Constitución dice que la justicia emana del pueblo y no hay mayor
representación de este mandato que el ejercicio de la acusación popular. (...)
En este tipo de casos donde no hay más acusación que la pública y lo que se
debate es un caso de corrupción o que le interesa al poder político, la
justicia no es igual para todos; hay una justicia para los poderosos y otra
justicia para los que no lo son. Esto desgraciadamente lo vemos los jueces todos
los días: vemos cómo los escritos de acusación se modifican en función de las
personas. En estos casos, no en los delitos comunes. Cuando se trata de estos
delitos se la cogen mucho con papel de fumar y tienen muy en cuenta a quién se
le imputa...
"La acción popular es
imprescindible, hay que pasar a la acción", reitera en su encuentro con Crónica la magistrada, que confía aún en que el
asociacionismo ciudadano, eso que algunos llaman la sociedad civil, dé
un paso adelante para defender los intereses generales "hasta el
final". Para ello, argumenta, no hay que
esperar a ninguna reforma.
No se puede confiar, insiste
Alaya, en la Fiscalía, a la que tilda
de "floja" en su labor cuando se trata de corrupción, y
basándose en los "muchos años" que acumula como juez instructora.
"Dándole el control a la Fiscalía se corre un riesgo enorme",
apostilla.
Los
principios que conforman el ministerio fiscal y el nombramiento del fiscal
general del Estado son un auténtico problema. Un problema para la independencia
judicial el hecho de que se conforme el ministerio bajo el principio de unidad
de actuación y de dependencia jerárquica: ahí no hay el menor atisbo de
posibilidad de actuación al margen del que está por encima. Al fiscal general
del Estado, de acuerdo con la Constitución, lo nombra el Gobierno y esto,
cuando están en juego delitos contra la Administración, supone entrar de lleno
en los intereses del Estado. En esos procedimientos de corrupción está por un
lado el ministerio fiscal, que representa los intereses del Estado y al que no
le va a interesar en determinados momentos que se investigue hasta cierto punto
o que se investigue a determinadas personas. Lo mismo puede ocurrir donde haya
un cierto círculo de poder, no sólo en corrupción política. En estos casos nos
encontramos solos ante el peligro. La única solución, y es mi principal
objetivo, es que estos procedimientos se mantengan gracias a las acusaciones
populares. ¿Cómo es posible que un fiscal que puede tener interés en un asunto
siga ejerciendo la acusación pública por el hecho de que el ministerio fiscal
es uno?
Queda claro
que para la magistrada el ministerio público es lo mismo que decir poder político y lo razona
señalando la "dependencia jerárquica" en la Fiscalía, donde sus
miembros están sometidos a "las órdenes de arriba" y "no se
plantean discutir".
La política, lamenta, está
metida en la Justicia de lleno. Hubo un tiempo, cuenta sentada en el mismo
banco y tras media hora de conversación, en el que la
política ventilaba sus asuntos en los juzgados. Ya era grave, pero lo de ahora es peor, porque, asevera,
la Justicia está totalmente politizada y "se trata de interferir en las
decisiones judiciales".
Yo soy una
persona muy pasional en todo lo que hago. (...) El ataque a la independencia
judicial es un tema totalmente actual. Yo aprobé las oposiciones con 24 años y
por aquel entonces lo único que percibíamos los jueces era que efectivamente
las luchas políticas trataban de llevarse al terreno del mundo judicial; no
había esa interferencia del poder ejecutivo que lamentablemente desde hace unos
años y en la actualidad venimos viendo en una progresión absolutamente
proporcional a los casos de corrupción política. Es decir, a medida que
aumentan los casos de corrupción política, aumenta cada vez más la injerencia
del poder político.
A modo de veredicto, suelta
un mensaje de optimismo. "Tenemos en nuestras manos la posibilidad
de que no queden impunes tantos fondos públicos que se han ido por la alcantarilla", sentencia la
juez más famosa de España. Y tras 40 minutos de conversación franca, se levanta
del banco, estrecha la mano al periodista y vuelve al trabajo, a sus
sentencias, a su mesa atestada de papeles, a su vida. La juez Alaya en estado puro.
MENOS FOCO, LA MISMA PASIÓN
Las
cámaras ya no la buscan con tanto ahínco como antaño. A su alrededor ya no se
levanta el mismo revuelo que años atrás, cuando era el azote de la corrupción y
en sus manos estaba el destino de cientos de personas implicadas en las
macrocausas que dirigía con mano de hierro. Durante años, la llegada cada
mañana de la juez Mercedes Alaya a su despacho del Juzgado de Instrucción 6 de
Sevilla, en el Prado de San Sebastián, era un acontecimiento
mediático que llegó a retransmitirse. La magistrada que se dio a conocer por el 'caso
Mercasevilla', el de los ERE o el de los cursos de formación, se convirtió ella misma en noticia y el
foco de los medios de comunicación estaba permanentemente sobre su rostro
blanquecino y su cuidadísimo estilismo. Nada en la juez Alaya pasaba
desapercibido y a su alrededor crecían tanto sus admiradores, incondicionales,
como sus detractores, acérrimos. Alaya, que se confiesa "pasional",
levantaba amor y odio a partes iguales. Hoy, las cosas han cambiado. Su marcha
del juzgado desde el que emprendió su particular
cruzada contra la corrupción política, a finales de 2015, le ha quitado buena
parte del protagonismo y, también, de la presión continua a la que se veía
sometida. Con menos foco, pero la misma pasión que le genera admiradores y
odiadores. Tanto es así que en Facebook siguen activos, y muy activos, dos
grupos de apoyo a la juez que suman cerca de 25.000 seguidores que, pese a todo, aún se siguen declarando
incondicionales de la magistrada. Actos públicos como la conferencia de hace
una semana en Granada reactivan su legión de 'followers' y se multiplican los
mensajes. Como el de María Hernández: "Siga usted siendo como es: muy valiente. Necesitamos
justicia justa", escribió. O como Amparo Chulvi, para quien "jueces
como ella hay muy pocos"... Quienes la conocen aseguran que está contenta
en su nuevo despacho en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Sevilla, que han quedado atrás los malos momentos por los que pasó tras su enfrentamiento
con su sustituta, la juez María Núñez, y con el Poder Judicial, un pulso que terminó perdiendo y que la apartó para siempre de las
macrocausas a las que dio vida y alimentó durante
tantos años. Se ha refugiado, de nuevo, en el trabajo y echa muchas horas
resolviendo los sumarios que llegan a su mesa. Su fama de trabajadora sigue
intacta y los datos estadísticos de su sala lo avalan: está prácticamente al
día. Cuando presume de que el trabajo no le da miedo, no miente. Ser juez es,
cuentan en su entorno, más vocación que otra cosa, hasta el punto de que no es
raro escucharla decir que no necesita el trabajo para vivir. Lo suyo es
vocacional, desde que tenía 11 ó 12 años quiso ser juez y lo ha logrado. Es
juez y no una juez cualquiera. Eso le ha costado críticas muy duras, ataques
personales que, no obstante, se ha tomado con naturalidad. Porque, explican en
su entorno, asume que las críticas van con el sueldo. Al menos, las críticas externas, porque las internas, ésas
sí, le han dolido, especialmente las de aquellos órganos que, en su opinión,
debían velar por la independencia judicial y no lo hicieron. No se arrepiente
de nada de lo que ha hecho y tampoco de lo que no ha hecho porque, asegura a
quienes la tratan, ha llegado hasta donde ha podido. Alaya después de Alaya
sigue siendo Alaya. Hay juez para rato.
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