CASO AZNALCÓLLAR. La Junta vuelve a cargar contra la juez Alaya, esta vez por Aznalcóllar
- Los abogados del Gobierno andaluz la acusan de extralimitarse al ordenar reabrir el caso.·
- Critican que haya buscado perjudicar a los cargos públicos imputados y la tildan de «inquisitiva»
La Junta de Andalucía le ha vuelto a colgar el
cartel de 'enemigo público número uno' a la juez Mercedes Alaya. Como ya hizo
con el caso de los ERE o de la Formación, el Gobierno andaluz ha puesto a la
ahora magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla en el centro
de sus ataques, en esta ocasión a cuenta de su decisión -y del resto de
miembros del tribunal- de reabrir el caso Aznalcóllar.
La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquiera.
CASO AZNALCÓLLAR
La Junta vuelve a cargar contra
la juez Alaya, esta vez por Aznalcóllar
- Los abogados del Gobierno andaluz la acusan de extralimitarse al ordenar reabrir el caso.
· Critican que haya buscado perjudicar a los cargos públicos imputados y la tildan de «inquisitiva»
La Junta de Andalucía le ha vuelto a colgar el cartel de 'enemigo público
número uno' a la juez Mercedes Alaya. Como ya hizo con el caso de los ERE o de
la Formación, el Gobierno andaluz ha puesto a la ahora magistrada de la Sección
Séptima de la Audiencia de Sevilla en el centro de sus ataques,
en esta ocasión a cuenta de su decisión -y del resto de miembros del tribunal-
de reabrir el caso Aznalcóllar.
Alaya es la ponente del auto por el que pasado mes de
octubre la sala de la que forma parte acordó anular el archivo de las
diligencias abiertas sobre las presuntas irregularidades en el
concurso para adjudicar los derechos de explotación de la mina sevillana. En
esa resolución, Alaya y sus compañeros hablaban de «ilegalidades severas» en todo el procedimiento
y daban instrucciones concretas para continuar la investigación.
Eso, a juicio de los abogados de la Junta que defienden a tres de los
cargos imputados, supone una clara extralimitación de las funciones que corresponden
a un órgano de segunda instancia. Hasta el punto de que acusan a la sala de
haber usurpado funciones que son exclusivas de la juez instructora que, en su
día, decidió el archivo de las actuaciones.
Dicen, además, que con esa actuación se han vulnerado derechos
fundamentales de los imputados y con ese argumento han reclamado al
mismo tribunal que anule el auto de reapertura del caso.
No son los abogados de la Junta de
Andalucía los únicos que hacen esta petición, aunque sí los más contundentes a
la hora de cargar contra el tribunal del que forma parte la juez Alaya. A la petición de nulidad se han
unido el resto de defensas, tanto los abogados que representan a los otros
cargos imputados -entre ellos la viceconsejera de Empleo, María José Asensio-
como los que defienden los intereses de Minorbis, la empresa -filial del grupo
cordobés Magtel- ganadora oficial del concurso.
Todos esgrimen los mismos argumentos, que la Sección Séptima se ha extralimitado y
asumido funciones que únicamente corresponden a la juez instructora. Pero los
letrados de la Junta van un paso más allá y llegan a acusar a Alaya y sus
compañeros de perseguir el perjuicio de sus defendidos.
Una revisión global del caso
En el escrito presentado ante la Sección Séptima, al que ha tenido acceso
este periódico, se
atribuye directamente a la sala un carácter «inquisitivo» a la hora de resolver el recurso interpuesto por Emerita Resources, la
empresa que perdió el concurso de Aznalcóllar, y critica que los magistrados hayan
llevado a cabo una labor de revisión global de las actuaciones del juzgado
instructor, cuando debería, dice el escrito por el que se pide la nulidad,
haberse limitado al «control de la legalidad que exige la jurisprudencia».
Más allá, dice el Gabinete Jurídico de la Junta que esa
revisión general de la instrucción del caso Aznalcóllar ha sido empleado «sólo
en la medida en que perjudicaba al derecho de los investigados».
A todo lo anterior suman que el auto no haya tomado en cuenta que hay
hechos «objetivamente falsos» y que no hayan sido analizadas jurídicamente las circunstancias que ya han sido resueltas por juzgados de lo Contencioso Administrativo,
así como errores a la hora de analizar la aplicación de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Y ordena, continúan los
abogados de la Administración andaluza, pruebas que ni siquiera se habían
planteado en fase de instrucción, como la citación en calidad de investigados
(los antiguos imputados) de más funcionarios y de los dueños de Magtel y
Minorbis.
La Fiscalía, en contra de parar los
trabajos en la mina
La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la petición de paralizar los
trabajos en la mina de Aznalcóllar, como había pedido la empresa perdedora del
concurso, Emerita Resources, tras la reapertura de la investigación del caso
ordenada por la Audiencia de Sevilla. En un escrito presentado en el Juzgado de
Instrucción 3 de Sevilla, que investiga la concesión de la mina, la Fiscalía se
opone a la suspensión cautelar de los trabajos en la explotación minera y a
diez imputaciones más, incluida la de la viceconsejera de Empleo.
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