Pozoblanco.
- El sindicato SAF pone el caso en manos de sus abogado por un presunto «acoso laboral» de la Junta
La naturaleza de los junteros es la que es, nunca cambian.
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POZOBLANCO
Denuncian el
«escarnio» al veterinario que denunció las irregularidades en la Oficina
Comarcal Agraria
- El sindicato SAF pone el caso en manos de sus abogado por un presunto «acoso laboral» de la Junta
El cese del director de la
Oficina Comarcal Agraria (OCA)
Pedroches I que se produjo hace unas semanas destapó un entramado de denuncias e
informes que dejan
patente la mala relación entre la dirección y algunos funcionarios. La apertura
de diligencias
por parte de Juzgado nº 1 de Instrucción de Pozoblanco no es la única acción derivada de
esa situación, sino también otra que afecta a uno de los funcionarios que lleva suspendido
de empleo desde el
pasado mes de julio
Una suspensión que se produjo
después de la apertura de tres expedientes disciplinarios incoados por el delegado
territorial de Agricultura, Francisco Zurera, y que se centraron en apenas tres meses imputándole
al funcionario público en cuestión dos infracciones graves y otra muy grave.
Sin embargo, para el Sindicato
Andaluz de Funcionarios (SAF)
esta actuación por parte de la delegación podría deberse a «un
escarmiento», como se
recoge en algunas de las alegaciones presentadas por el sindicato.
Así, en ese documento al que ha
tenido acceso ABC se apunta que la decisión «no tiene precedentes en el ámbito
de la Junta de Andalucía por este tipo de actuaciones» y por lo tanto la tacha
de «desproporcionada y carente de toda motivación que
revelan claramente, lo que a nuestro entender, podría ser un escarmiento y
represalia contra este funcionario por desavenencias personales con el director
de la OCA Pedroches I, José
Miguel Carmona Berenguer,
y lo que es más importante y reviste mayor gravedad, por las frecuentes
quejas y denuncias que
este funcionario ha presentado ante las presuntas irregularidades observadas en el funcionamiento
de la OCA».
Presunto acoso laboral
Unas supuestas irregularidades
que el empleado público habría comenzado a denunciar en junio de 2015 cuando declaró en calidad
de testigo ante la instrucción
de diligencias policiales en la fase de investigación por la comisión de los
supuestos delitos contra
la salud pública, prevaricación y falsedad documental ante casos de
tuberculosis.
El presidente de la Unión
Provincial del SAF en Córdoba, Rafael Delgado, indicó en declaraciones a este periódico que «desde
nuestro punto de vista la apertura de estos expedientes disciplinarios
presuntamente podría ser constitutiva de un delito de acoso laboral» por eso indicó que «la misma
está para su estudio en manos de nuestro gabinete jurídico, habiendo recurrido
el SAF la suspensión cautelar de funciones impuesta al funcionario público».
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