TRAMA DE LOS ERE. Termina la instrucción de la pieza política
- Procesa en el mismo auto a seis ex consejeros y a otros 19 ex altos cargosAl antecesor de Díaz le imputa también malversación, que conlleva prisión
TRAMA DE LOS ERE. Termina la instrucción de la pieza política
Los ex presidentes Chaves y Griñán, camino del banquillo
- Procesa en el mismo auto a seis ex consejeros y a otros 19 ex altos cargosAl antecesor de Díaz le imputa también malversación, que conlleva prisión
Después de casi cinco años y medio, el juzgado da por
terminada la instrucción de la primera pieza del caso ERE y da el primer paso para mandar al banquillo de
los acusados a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 25 antiguos altos cargos de la Junta
más que ya habían sido llamados al procedimiento en calidad de investigados.
Por el contra, exculpa a otros 24 imputados, entre ellos tres ex consejeros.
El juez Álvaro Martín ha notificado este mediodía a
las partes auto de transformación en procedimiento abreviado con el que cierra
la investigación de esta rama de la macrocausa. Una vez que se reciba
la nueva documentación requerida, las acusaciones particulares tienen ahora 45
días naturales para formular escrito solicitando apertura de juicio oral o el
sobreseimiento de la causa.
La resolución del instructor resuelve varias dudas
importantes. Quizá la más relevante es que imputa también indiciariamente a José
Antonio Griñán malversación de caudales públicos continuada, delito que conlleva
pena de prisión.. En concreto, con el Código Penal con el que se enjuiciarán
este hechos -el anterior-, la comisión de este delito está penado con entre 4 y
8 años de privación de libertad.
Que el juez aprecie una actitud malversadora en el
caso de Griñán, aunque sea de modo indiciario, supone un salto de enorme
importancia si se tiene en cuenta que el instructor del Tribunal Supremo que
instruyó la causa cuando el ex presidente de la Junta era aforado tan
sólo vio prevaricación en el caso del antecesor de Susana Díaz en la
Presidencia de la Junta.
El magistrado Jorge Alberto Barreiro tan sólo apreció
ese hecho delictivo en José Antonio Viera, uno de los dos firmantes del procedimiento específico
que permitió otorgar de manera discrecional de cerca de mil millones de euros
durante una década. El otro fue Antonio Fernández, también encausado.
Malversación
para cuatro ex consejeros
Además de a Griñán, Álvaro Martín
también considera que pudieron cometer malversación de caudales públicos otros
cuatro antiguos consejeros (José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen
Martínez Aguayo y Francisco Vallejo) y otros 13 ex altos cargos, entre
ellos tres ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social (Javier
Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera) y el ex interventor general Manuel
Gómez Martínez.
A juicio del instructor, éstas
fueron "las personas destinatarias y receptoras de los informes que se van
sucediendo desde el año 2005, de lo que se deriva ese conocimiento que los
convierte en corresponsables de la malversación de los fondos públicos
vinculados al 'procedimiento específico'".
"Es cierto que no todos
ellos cooperan activamente a la malversación, limitándose algunos a dejar
hacer, pero debemos recordar que la acción punible a realizar que es
"sustrayendo o consintiendo que otro sustraiga", permite una comisión
activa o meramente omisiva, por el quebrantamiento del deber de
impedir, que equivale a una apropiación sin ánimo de reintegro, lo
cual permite sostener la responsabilidad de aquellos que se limitaron a dejar
hacer a otros", expone el juez en el auto.
José Antonio Griñán fue consejero
de Economía y Hacienda de 2004 a 2009, periodo en el que la Intervención
General emitió numerosos informes en los que alertó del uso indebido del
mecanismo presupuestario de las transferencias de financiación con el que la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) pagaba las ayudas a
prejubilados y empresas en crisis que otorgaba la Consejería de Empleo.
Los 27 investigados contra los
que sigue el procedimiento son encausados por un delito de prevaricación
administrativa, como es el caso de Manuel Chaves.
"No era posible desconocer
los graves hechos que se ponían de relieve en el informe ni su conexión con el
sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que
quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas
sus consecuencias, es decir, asumiendo que fondos públicos eran puestos en
manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía
con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la
concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo
obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la
Junta de Andalucía", expone.
Y añade: "Apreciamos una
pluralidad de autoridades o funcionarios que han venido a instaurar un
procedimiento de reparto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas
y subvenciones, que se ha traducido en la disposición de los mismos por persona
no autorizada para ello, como era el Director General de Trabajo, que no era
competente para esa disposición hasta la Orden de 3 de marzo de 2010, a través
de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y
control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban
destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años y sobre un importe
superior a los 850 millones de euros", añade.
Álvaro Martín exculpa a 24
personas que estaban imputadas en esta pieza del caso ERE, entre ellos tres ex
consejeros (Manuel Recio, Martín Soler y Antonio Ávila) y el presidente
de Unicaja, Braulio Medel. También quedan fuera otros antiguos
vocales del consejo rector de la Agencia IDEA.
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