martes, 7 de junio de 2016

Máxima difusión. El 'caso Invercaria'. La Junta fichó 'a dedo' por 26.600 euros a un prestigioso bufete en el pleito civil contra Cantos que ha perdido + retrato de una epoca por Teodoro León Gross ; “aquel audio tenía una potencia formidable: delataba la corrupción moral tras las ayudas” = ¿Se acosa a un trabajador por apelar a la ética? ¿Así es la Junta; socializan la corrupción versus “clientelismo” para la compra de voluntades y llegamos a la corrupción “institucionalizada”, donde el fraude es monumental y el daño “inasumible”? Si no te sometes a sus reglas ¿no tener ética; la presión es implacable; no sirves para la organización…..? y en el caso de Cristobal Cantos, la persecución juntera dura ya cuatro años…..? ¿Que me decís de los funcionarios “anónimos” que han dicho “no en las dependencias administrativas y han dado un paso al frente; personas que no se someten al “Régimen”; cual es el precio que pagan por ello…..?

El 'caso Invercaria'

LA CORRUPCIÓN POLÍTICA.La Intervención censuró las artimañas de la Junta contra el denunciante de Invercaria

  • La Junta fichó 'a dedo' por 26.600 euros a un prestigioso bufete en el pleito civil contra Cantos que ha perdido



La Junta preparó toda su artillería para tratar de desacreditar al ex directivo de la empresa pública de capital riesgo, Invercaria, Cristóbal Cantos, que fue despedido de la compañía tras negarse, presuntamente, a hacer informes falsos que avalasen las inyecciones de fondos públicos en sociedades beneficiadas por el Gobierno andaluz…...

…..La Intervención General de la Junta censuró este ardid de Invercaria en el informe definitivo de control financiero sobre la empresa de capital riesgo, referido al ejercicio de 2012, cuando recurre al prestigioso bufete para litigar contra Cristóbal Cantos.

«El contrato menor formalizado con el bufete [...] excede del límite para dicha modalidad de contratación, ya que el precio del contrato debe incluir la retención correspondiente al IRPF, con lo que se eleva a 26.664,56 euros», frente a los 17.500 euros fijados como límite para el contrato menor, que se adjudica de forma directa, explica el informe de la Intervención al que tuvo acceso este diario…….


…..No es la única irregularidad detectada por la Intervención en las maniobras de Invercaria contra Cantos. El informe reprocha a la empresa pública que no justificara la «procedencia» del contrato con el bufete de Sevilla, ya que cuenta con un seguro de responsabilidad de sus administradores y directivos que podía haber empleado en este asunto.


MAR DE FONDO

Retrato de una época


  
TEODORO LEÓN GROSS

Se entiende, claro que sí, la persecución de la Junta contra aquel empleado que denunció presiones de la presidenta de Invercaria para emitir informes falsos con los que justificar ayudas cuantiosas. Perseguirle ha sido una obsesión, como para el teniente Gerard cazar al Dr.Kimble en aquella mítica serie de los sesenta convertida años después en hit cinematográfico con Harrison Ford y Tommy Lee Jones. Y la persecución dura ya cuatro años. La Junta primero fue a por él por lo penal, donde ya fracasó, y ahora ha vuelto a patinar por la vía civil; pero difícilmente se detendrán. La grabación que hizo es uno de los momentos más bochornosos de la corrupción en Andalucía. Claro que para el anecdotario popular impresiona mucho más el chófer de las putas y la cocaína o las cifras millonarias de cursos para la gran famiglia del partido, pero aquel audio tenía una potencia formidable aunque invisible como el uranio enriquecido: delataba la corrupción moral tras las ayudas. En el diálogo, el tipo se resiste a redactar informes falsos y apela a la ética, a lo que ella se niega y dice la gran frase ("Si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización") rematada condenándolo a él por tener ética ("entonces no me vales como trabajador"). Es sencillamente bárbaro. Quizá carezca de espectacularidad, pero hay pocos instantes como ése: un altísimo cargo admitiendo que la ética no cabía allí.




Desde entonces la Junta, donde seguro que nadie sabía nada, ha perseguido obsesivamente a ese empleado público -no es un testigo protegido, sino un tipo honesto y además valiente llamado Cristóbal Cantos- para tratar de anular la credibilidad de las grabaciones. En esa clase de obsesión, retratada por Graham Greene en El poder y la gloria, siempre hay mucho de soberbia. En la Junta no aceptaban que aquel simple peón del sistema los pusiera así ante el espejo. Por eso han tratado de destruir el documento con un peritaje ad hoc, o al menos sembrar la duda razonable, pero la Policía Científica avala su autenticidad. Alguna vez, cuando se escriba la historia de estos años, los capítulos mayores serán para los ERE o los cursos, pero este episodio en que se acosaba a un trabajador por apelar a la ética será esencial. Todo un retrato de la época

                                                                                                                           




LA CORRUPCIÓN POLÍTICA
El 'caso Invercaria'

La Intervención censuró las artimañas de la Junta contra el denunciante de Invercaria

  • La Junta fichó 'a dedo' por 26.600 euros a un prestigioso bufete en el pleito civil contra Cantos que ha perdido




La Junta preparó toda su artillería para tratar de desacreditar al ex directivo de la empresa pública de capital riesgo, Invercaria, Cristóbal Cantos, que fue despedido de la compañía tras negarse, presuntamente, a hacer informes falsos que avalasen las inyecciones de fondos públicos en sociedades beneficiadas por el Gobierno andaluz.

La empresa pública de capital riesgo contrató 'a dedo' un prestigioso bufete de abogados de Sevilla, sorteando la Ley de Contratos, para que entablase el pleito en la vía civil contra Cantos en defensa de su honor, en el que le reclamaba al ex directivo una indemnización de 918.000 euros. La Junta acaba de sufrir un revés judicial por este asunto y ha sido condenada en costas, como viene informando EL MUNDO.

La Intervención General de la Junta censuró este ardid de Invercaria en el informe definitivo de control financiero sobre la empresa de capital riesgo, referido al ejercicio de 2012, cuando recurre al prestigioso bufete para litigar contra Cristóbal Cantos.

«El contrato menor formalizado con el bufete [...] excede del límite para dicha modalidad de contratación, ya que el precio del contrato debe incluir la retención correspondiente al IRPF, con lo que se eleva a 26.664,56 euros», frente a los 17.500 euros fijados como límite para el contrato menor, que se adjudica de forma directa, explica el informe de la Intervención al que tuvo acceso este diario.

Tras ser sorprendida por los interventores, Invercaria alegó que «ha habido» un «error» en el importe neto abonado al bufete, que debió ser de 17.500 euros en vez de 20.048,54 euros y que «la diferencia ha sido reclamada».

«En cualquier caso, aun considerándose como importe neto abonado 17.500 euros, se sigue superando el importe legal fijado como límite para la contratación menor, ya que la retención de IRPF, al contrario de lo que alega Invercaria, sí forma parte del precio del contrato», dice la Intervención.

No es la única irregularidad detectada por la Intervención en las maniobras de Invercaria contra Cantos. El informe reprocha a la empresa pública que no justificara la «procedencia» del contrato con el bufete de Sevilla, ya que cuenta con un seguro de responsabilidad de sus administradores y directivos que podía haber empleado en este asunto.

Pese a fichar a este despacho, el Juzgado de Primera Instancia 8 de Sevilla acaba de condenar en costas a la empresa pública en una sentencia en la que subraya que «resulta incuestionable la veracidad» de las cintas grabadas por Cristóbal Cantos cuando la entonces presidenta de Invercaria le da órdenes, presuntamente, para que falsee expedientes de empresas que recibieron ayudas.

Al menos seis magistrados -de lo social, civil y penal- han dado ya por buenas las grabaciones de sonido del escándalo de Invercaria que la Junta presentó como manipuladas.

Invercaria también ha recibido un varapalo en la vía penal que inició contra Cristóbal Cantos. La Audiencia de Sevilla archivó en diciembre de 2013 la querella por falsedad en documento privado, estafa procesal y calumnias contra el ex directivo


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