LO MÁS PREOCUPANTE que
ha ocurrido en los últimos días en la política andaluza no es que haya dos
expresidentes de la Junta procesados por convertir la gestión del presupuesto
público en un ejercicio de amiguismo y clientelismo al servicio de la
destrucción del empleo, del desmantelamiento del tejido productivo y, en
definitiva, de la desigualdad social.
Lo más grave no es que se haya puesto en evidencia la ausencia
absoluta del derecho en la administración de cerca de mil millones de euros,
convirtiendo el reparto de la ayudas en una herramienta para el pago de
favores, para la desactivación del movimiento sindical y de la sociedad civil
en nombre de una mal llamada 'paz de social' que no era sino el silencio de los
corrompidos.
Lo más indecente no es que se haya constatado cómo por las grietas
del sistema, previamente desprovisto de forma consciente de todos los sistemas
de alarmas y detección de fugas, se hayan enriquecido decenas de comisionistas
y mediadores. Ni tampoco que se haya utilizado a los parados como coartada para
justificar, incluso después de lo sabido por la investigación de los jueces, el
saqueo de las cuentas públicas. La mayor parte de los fondos repartidos, dicen
los que todavía siguen defendiendo el modelo, ha ido a pagar prejubilaciones a
trabajadores 'reales'. Y lo que ocultan u olvidan, confiando en la ingenuidad
de los votantes, es que muchos de esos parados lo fueron por la intervención
'proactiva' de quienes hicieron un negocio de los expedientes de regulación de
empleo (ERE); de quienes pusieron el punto de mira en empresas que ni siquiera
atravesaban una crisis para dinamitar sus plantillas a cambio de repartirse el
beneficio de las subvenciones.
Lo peor en estos años de investigación no ha sido comprobar cómo
el PSOE azuzaba a sus portavoces más deslenguados e impúdicos a desacreditar el
trabajo de la juez Alaya, con acusaciones machistas e infundios indecorosos, y
a maniobrar de forma artera en las instituciones para acabar retirándole la
instrucción del caso.
Lo más surrealista no es asistir a las declaraciones de quienes
pretenden ahora hacernos creer que las responsabilidades políticas fueron
puntualmente depuradas, cuando se mutiló el trabajo de la comisión de
investigación del Parlamento con el único objeto de salvarle la cara a quienes
van ahora camino del banquillo.
Lo más inquietante no es nada de eso. Sino comprobar cómo esa
. Cómo, si no es así, cabe
sostener que la honorabilidad personal de Chaves y Griñán no está en
entredicho. Sólo convencidos de que es legítimo utilizar el presupuesto en
beneficio del partido y del mantenimiento del poder a través de la compra de voluntades
se puede afirmar algo parecido.
tlpavon@elmundo.es
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