- El Gobierno apercibe por escrito a ocho autonomías por "incumplir" la Lomce en la prueba de Primaria
- La Alta Inspección pide explicaciones por escrito a 14 autonomías (dos de ellas del PP) por su gestión de la evaluación final de 6º de Primaria
¿Menudo ejemplo; leyes que no se cumplen, y lo pagan los alumnos....?
¿Todo es un dislate?
Porque nada garantiza, en realidad, que las reválidas de 4º de la ESO (para los alumnos de 15 y 16 años) y Bachillerato (para los de 17 y 18 años) vayan a ser puestas en práctica después de lo que ha ocurrido en Primaria. Los partidos de izquierdas han anunciado su intención de echar abajo la Lomce si obtienen mayoría parlamentaria. Ni siquiera la Alta Inspección puede sancionar, como ha quedado en evidencia con los casos sobre el uso del castellano en las escuelas catalanas. Serán los jueces los que tengan la última palabra.
EDUCACIÓN. La rebelión de las reválidas
El Gobierno apercibe por escrito a ocho
autonomías por "incumplir" la Lomce en la prueba de Primaria
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Kiko HuescaEFE
- La Alta Inspección pide explicaciones por escrito a 14 autonomías (dos de ellas del PP) por su gestión de la evaluación final de 6º de Primaria
07/06/2016 19:20
La prueba final de 6º de Primaria se está convirtiendo en la china
en el zapato del Gobierno en funciones. La Alta Inspección del Estado, organismo
dependiente del Ministerio de Educación, ha pedido explicaciones por escrito a
14 comunidades autónomas -dos de ellas del PP- por la forma en que han gestionado esta evaluación externa que estaba previsto que todos los alumnos de
España de entre 11 y 12 años realizaran por primera vez entre mayo y junio de
este curso.
Fuentes del Ministerio de Educación explican a EL MUNDO que hay ocho comunidades que directamente «incumplen» la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Se
trata de las socialistas Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, la Comunidad Valenciana y
Extremadura, así como Cataluña (Junts pel Sí), a las que ha llamado la atención enviándoles un «requerimiento»
que también remitirá en los próximos días al País Vasco (PNV) instando a
que se ciñan estrictamente a lo contemplado en el real decreto 1058/2015, que
regula las características de esta prueba.
Las seis regiones socialistas habían optado por reemplazar el examen final del
que hablaba este decreto por un «informe individualizado» realizado por los
propios maestros de los alumnos que será supervisado luego por una «comisión
externa», a pesar de que la ley dice que debe haber una
prueba realizada por profesores ajenos a los estudiantes. El País Vasco es el que más lejos llega y no va a hacer nada este
año porque dice que «no da tiempo». Cataluña, por su parte, ha realizado ya su
evaluación, pero no ha hecho un examen específico de Ciencias, como mandaba la
normativa estatal.
Asimismo, hay otras cuatro regiones a las que la
Alta Inspección ha mandado una «carta de colaboración» para «aclarar»
determinadas cuestiones «menores» que no ve del todo claras. Son Canarias (CC-PSOE) y Navarra
(GB-Bildu-IE), por un lado, y las populares Galicia y Castilla y León, por otro.
Canarias y Navarra realizaron el mes pasado
pruebas alternativas que, según aseguran fuentes de ambos
gobiernos autonómicos, «no tienen nada que ver con las de la
Lomce». Galicia y Castilla y León han regulado los
exámenes «correctamente», según el Ministerio, pero la Alta
Inspección les «ha pedido información por la forma en
que han realizado las pruebas», ya que en
ambas comunidades hubo profesores de los propios centros supervisando o
corrigiendo los exámenes, en contra de lo que se había acordado.
Así lo reconocieron los propios consejeros educativos, que
explicaron que «problemas logísticos» les impidieron
recurrir a evaluadores externos y que, en todo caso, los exámenes no los
corrigieron los maestros que daban clase a los alumnos.
Por último, otras dos comunidades, las socialistas Asturias y Castilla-La Mancha, han recibido una «carta de demanda de información» de la Alta Inspección, pero sus respuestas han dejado tranquilo al
Gobierno central, que por el momento no tiene intención de ir más allá.
Castilla-La Mancha ha contestado que va a aprobar su normativa autonómica en
los próximos días, mientras que Asturias, que publicó su resolución el pasado
30 de mayo, va a realizar el examen el próximo día 15.
No ha sido el caso del País Vasco, que también recibió hace dos semanas esa carta de demanda de
información, preguntándole «cuál va a ser la legislación que ponga en marcha
para regular la prueba». Pero el Gobierno vasco respondió que la prueba de
Primaria la realizaría «el
próximo curso», hecho que ha motivado que la Alta Inspección redacte ahora un
requerimiento, según las fuentes del Ministerio
consultadas, que será enviado en los próximos días. En definitiva, sólo hay
tres comunidades autónomas -la Comunidad de Madrid, La Rioja y Murcia, todas
del PP- a las que el Gobierno no les ha enviado ninguna carta en relación a la
evaluación de 6º de Primaria y cumplen, por tanto, religiosamente la ley.
¿Y que les va a ocurrir a las rebeldes? «Si no contestan o si no hacen caso» a estas llamadas formales de
atención, explican las mismas fuentes, el «siguiente paso» que realizará el Ejecutivo
será «acudir a los tribunales» y denunciar a los gobiernos autonómicos por «la
vía de lo contencioso-administrativo».
En el mismo sentido se pronunció el ministro en funciones, Íñigo
Méndez de Vigo, el pasado 13 de mayo tras la Conferencia Sectorial de
Educación: «La ley no admite
atajos, no es un menú a la carta. La Inspección vigilará el cumplimiento que hagan
las distintas comunidades autónomas», indicó entonces, ante la insumisión que
se avecinaba.
Esta evaluación que es sólo de diagnóstico (quien la
suspenda puede pasar curso, a diferencia de las reválidas) ha generado un auténtico movimiento de oposición entre profesores,
padres y administraciones públicas. ¿Por qué?Porque, aunque este examen ya no vaya a dar lugar a la creación de
ránkings, que era la principal crítica, buena parte de la comunidad educativa considera
que sólo sirve para «presionar» a los estudiantes, convirtiendo el último año
de Primaria en un curso «de entrenamiento más que de aprendizaje».
La decisión de las comunidades autónomas no gobernadas por el PP de
no hacer la prueba constata el fracaso de la llamada Ley Wert, que, aun
descafeinada por el propio Gobierno en funciones, tiene pocos visos de llevarse
a la práctica después de las elecciones generales.
Porque nada garantiza, en realidad, que las reválidas de 4º de la
ESO (para los alumnos de 15 y 16 años) y Bachillerato (para los de 17 y 18
años) vayan a ser puestas en práctica después de lo que ha ocurrido en
Primaria. Los partidos de izquierdas han anunciado su intención de echar abajo
la Lomce si obtienen mayoría parlamentaria. Ni siquiera la Alta Inspección
puede sancionar, como ha quedado en evidencia con los casos sobre el uso del
castellano en las escuelas catalanas. Serán los jueces los que tengan la última
palabra.
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