De lectura recomendada. Amigos periodistas y prensa libre, por Luis Martín Sicilia = Hablamos de corrupción institucionalizada, esto es inadmisible. Los junteros han socializado la corrupción. ¿la junta colabora con quien colabora?. Un camino, hacia ninguna parte; no todo vale.

•  “Andalucía es la región que menos organismos ha reducido desde 2012. Actualmente, después de Cataluña, que tiene 395 organismos abiertos, es Andalucía, con 326, la siguiente en el ranking” 

• “Es muy frecuente atribuir en España los defectos del sistema a la clase política en general, a los jueces y a otras instituciones, pero, sorprendentemente, no se es medianamente exigente con la clase periodística”

• “Un periodista de enorme fuste, como Francisco Rosell, bautizó a lo acaecido en Andalucía como un procedimiento de socialización de la corrupción”

El mismo día que los expresidentes de la Junta, Chaves y Griñán, comparecían en el juzgado y eran procesados, la juez Alaya decía en sede universitaria que "se ha permitido que la corrupción exista, teniendo conocimiento de ella mucha gente con responsabilidades".

Mientras en el Parlamento andaluz la comisión sobre los cursos de formación terminaba la ronda de comparecencias, el funcionario de la Junta, Teodoro Montes, protegido por la juez instructora ante la presión de que era objeto, enumeró en la misma un cúmulo de irregularidades respecto a los cursos de formación. Entre ellos, falta de medios, certificados falsos, cursos fantasmas nunca impartidos, empresas nacidas solo para cobrar sin actividad mercantil alguna, descontrol total de los alumnos... calificando como verdadero desastre y de un vacío administrativo sin parangón el cambio de las competencias de Empleo a Educación en 2011, tras el que se programaron los cursos de forma caótica, con unos resultados desastrosos.

Cuando a finales de 2009 el entonces director de El Mundo de Andalucía, Francisco Rosell, publicó su libro "El bueno de Manolo" (antes había escrito "Treinta años de nada. Anatomía del régimen andaluz"), reveló anécdotas vividas en el trabajo de campo que realizó para conocer a fondo el régimen y el personaje. Y se encontró con "personas asustadas" que "se negaron a meterse en política", concluyendo que la sociedad andaluza vivía "absolutamente asustada y temerosa".

Ese régimen que dura ya treinta y cinco años ha conseguido mantener a Andalucía en el furgón de cola de todas las regiones europeas, pese a las ingentes ayudas recibidas. Por ceñirnos a datos más recientes, Andalucía es la región que menos organismos ha reducido desde 2012. Multiplicadas dichas entidades en los años de bonanza, la crisis obligó a su reducción. Actualmente, después de Cataluña, que tiene 395 organismos abiertos, es Andalucía, con 326, la siguiente en el ranking. Mientras la media nacional de reducción de entes, agencias y fundaciones es cercana al 30 %, Andalucía apenas ha adelgazado el 9 %, según la estadística publicada por el Ministerio de Hacienda.

Lejos de reducir organismos que dan cobertura al enchufismo, la Junta de Andalucía ha incrementado la presión fiscal, tanto en el tramo autonómico del IRPF como en los impuestos cedidos de Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados. ¿Alguien piensa que estas medidas son atractivas para la inversión y generación de riqueza, o más bien son disuasorias para los emprendedores?

Por otra parte, parece que por fin se fija un calendario para la devolución de la paga extra de 2012 a los funcionarios andaluces, que ya ha sido devuelta en su totalidad por la Administración del Estado y las comunidades de Asturias, Baleares, Extremadura, Melilla, La Rioja, País Vasco y Castilla y León. Los andaluces, de cumplir el compromiso suscrito, percibirán lo que les resta en tres pagos en 2016, 2017 y 2018.

Mientras siguen abiertas demasiadas agencias y fundaciones donde los amigos del régimen tienen una especie de "derecho de pernada" al margen del derecho administrativo y de la función pública, esta queda suplantada con el asentimiento de quienes, en distintos momentos, han posibilitado la permanencia del régimen como los andalucistas, los de Izquierda Unida o ahora los de Ciudadanos.

Es muy frecuente atribuir en España los defectos del sistema a la clase política en general, a los jueces y a otras instituciones, pero, sorprendentemente, no se es medianamente exigente con la clase periodística, cuyo mimetismo con las distintas opciones políticas causaría rubor en cualquier país avanzado. Una cosa es la línea editorial de cada medio informativo y otro la ética e independencia del periodista. Esa tendencia de los nuevos políticos a dirigirse por su nombre a los periodistas que les entrevistan es síntoma preocupante de la degeneración del periodismo independiente.

Francisco Rosell, con el que me honra haber colaborado, dejó de dirigir la edición andaluza de El Mundo a finales del año pasado. Su labor independiente, profesional y valiente le dio muchos sinsabores, que lo llevaron al banquillo por acusaciones insidiosas de los prebostes del régimen. Pero también le dio enormes satisfacciones, no sólo por el archivo de las insidias, sino también por el respaldo y apoyo de muchas personas decentes que no le fallaron.

Según parece, la edición andaluza de El Mundo puede desaparecer en breve. Será, de producirse, una mala noticia para el periodismo y para la ciudadanía andaluza. En esa casa, los políticos no son amigos y los periodistas son independientes. Por ello ha prestado enormes servicios a una democracia en libertad, como la que tantos anhelamos para nuestra tierra.

 El periodista y el político han de ser adversarios en la entrevista, rabiosamente inquisitoriales en las preguntas y profundamente inconformistas con las contestaciones edulcoradas o aduladoras. Esa clase de periodistas, que en la Transición y en los primeros años de la Democracia conocimos, está siendo engullida por las luchas de poder, lo que significa una enorme pérdida de calidad democrática.

Cuando, como ha ocurrido con la apertura del proceso penal a los expresidentes Chaves y Griñán, exconsejeros y altos cargos de sus gobiernos, se pretende ocultar su responsabilidad penal presunta con que no se han enriquecido, resulta frustrante que ningún periodista oponga de inmediato a tal aserto que no se juzga el enriquecimiento de los inculpados sino su responsabilidad en la malversación de un dinero público mediante una trama para desviar fondos sin control y arbitrariamente por procedimientos irregulares fuera de la ley.

Un periodista de enorme fuste, como Francisco Rosell, bautizó a lo acaecido en Andalucía como un procedimiento de "socialización de la corrupción". Las denuncias múltiples, los avisos de los interventores, las exenciones de justificar gastos y ayudas... todo eran abusos que sobrevolaban los requisitos legales. Eso se llama "corrupción institucional"; y eso es lo que se juzga.

 

http://www.eldemocrataliberal.com/2016/06/amigos-periodistas-y-prensa-libre.html