- Una juez condena en costas la Administración y rechaza la indemnización de 918.000 euros que solicitó en el pleito civil
Otro revés judicial a la Junta por ir contra el denunciante del
caso Invercaria, Cristóbal Cantos, el ex directivo de la empresa pública
de capital riesgo que destapó este asunto de corrupción al grabar a su jefa,
Laura Gómiz, dándole órdenes para que elaborase informes presuntamente falsos
que debían justificar las inversiones millonarias en distintas empresas. Tras negarse a hacerlos, fue despedido.
En esas polémicas grabaciones, que salieron a la luz en marzo de
2012, la entonces presidenta
de Invercaria, Laura Gómiz, proclama: «Si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta
organización» y le
suelta a Cantos, ante su negativa a falsear informes: «bueno, entonces no me vales como trabajador de
Invercaria».
La titular del Juzgado de Primera Instancia 8 de Sevilla, Ana María
Fuentes Arenas, acaba de desestimar la demanda de Invercaria contra Cristóbal
Cantos, en una sentencia en la que condena en costas a la Administración y rechaza que el ex directivo deba indemnizar con
918.000 euros a la empresa pública, tal y como ésta había reclamado en este pleito civil. La Junta también perdió en la vía penal en 2013.
El último fallo, en poder de EL MUNDO, avala al ex trabajador de
Invercaria y da por buenas las polémicas cintas de sonido que la Junta presentó
como manipuladas. Para la magistrada,
«resulta incuestionable la veracidad de su contenido», ya que se ha probado «la autenticidad de las grabaciones, sin que
se haya efectuado alteración, adición o manipulación alguna de las mismas», remarca el fallo.
Al menos seis magistrados -de lo social, civil y penal- han dado ya por buenas las grabaciones de
sonido. Se vieron en el juicio por el despido de Cantos, en las querellas
impulsadas por la Junta ya archivadas y ahora en el pleito civil. Todos los jueces resaltan que son
«auténticas». La Junta encargó un peritaje que hablaba de «13 eventos
electroacústicos» y acusó al ex directivo de manipularlas mediante «montaje,
edición o inserción, alternando el material de audio correspondiente a la voz»
de Laura Gómiz para que «pareciera falsamente que ésta imponía al demandado la
orden de elaborar unos supuestos informes ficticios, falsos y predatados en
relación a determinadas empresas participadas y/o por Invecaria».
En el pleito que acaba de perder la Junta,
Invercaria acusó a Cristóbal Cantos de una «intromisión ilegítima en su derecho
al honor», al haber «urdido un plan» -según la sociedad pública- para difundir la
imagen de la empresa de capital riesgo de la Junta «participando en casos de
corrupción política y económica» que se estaban investigando judicialmente,
como el de los ERE, «pretendiendo dañar su reputación, prestigio y buen
nombre».
Sin embargo, la titular del Juzgado de Primera Instancia 8 de
Sevilla rechaza todas y cada una de las pretensiones de la Junta. Aunque el
peritaje costeado por la Junta hable de manipulación de las grabaciones, el de la Policía Científica concluye lo
contrario, recuerda la juez. «Por tanto, no ha quedado demostrado en el
procedimiento alteración, montaje, adición ni inserción alguna en las tres
grabaciones efectuadas por Cantos y, por ende, queda desvirtuada la alegación»
de Invercaria sobre la «intencionalidad del demandado de aparentar falsamente
determinado contenido en el discurso» de Laura Gómiz.
No es el primer revés judicial para la Junta en su cruzada
contra Cristóbal Cantos. La Audiencia de Sevilla ya dio
carpetazo a la vía penal impulsada contra el ex directivo, al archivar en
diciembre de 2013 la querella por falsedad en documento privado, estafa
procesal y calumnias. Laura Gómiz también se querelló contra Cantos con la
misma suerte que Invercaria.
La sentencia subraya que las polémicas
grabaciones de Laura Gómiz «no están manipuladas», como prueba el «sólido
informe» emitido por la Unidad Central Criminalística de la Policía Nacional, frente al aportado por la Junta, al que no da validez alguna. «Es impensable que
el perito [de la Junta] haga afirmaciones contrarias a los intereses de la
parte que lo trae el proceso y paga sus honorarios», concluyen los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de
Sevilla.
Juego sucio contra Cristóbal Cantos
La empresa de capital riesgo de la Junta,
Invercaria, puso en marcha toda la maquinaria de la Administración para tratar
de desacreditar a su ex directivo Cristóbal Cantos, quien destapó este caso de
corrupción, al denunciar que había sido despedido
por negarse a hacer informes falsos de empresas que habían recibido préstamos y
aportó las grabaciones en las que la entonces presidenta de Invercaria, Laura Gómiz,
le da órdenes, presuntamente, para que falsee expedientes.
A las acciones penales y civiles en los
tribunales contra Critóbal Cantos, Invercaria añadió dudosos encargos a
auditoras privadas para tratar de desacreditar al denunciante del caso. Estos encargos
luego fueron cuestionados por la Intervención de la Junta en un informe que
forma parte del sumario que tramita el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla sobre las
inversiones más ruinosas y sin control de Invercaria.
Como informó EL MUNDO el pasado 13 de enero, Invercaria se saltó, presuntamente, la Ley de
Contratos para reunir pruebas contra Cantos, ya que hizo dos encargos a la compañía KPMG Asesores S.L.: un
informe pericial sobre las inversiones efectuadas por Invercaria, «con el objeto de ser presentado,
si fuera necesario, en el juicio de demanda por despido de Cantos» y un
análisis sobre los correos electrónicos proporcionados por la empresa de
capital riesgo relativos a la participación de Cantos en «determinadas inversiones».
El primer informe encargado a KPMG Asesores le
costó a Invercaria 17.500 euros y el segundo tuvo un coste de 17.000 euros. Ambos en el límite del contrato menor.
La Intervención, en el informe definitivo de control financiero de Invercaria
sobre 2012, advierte que «puede existir un fraccionamiento en el objeto del contrato»
prohibido por la Ley de Contratos. Invercaria hizo pasar por dos contratos menores, que se adjudican
de forma directa, los informes de KPMG, eludiendo así los requisitos de
publicidad.
CASO INVERCARIA
Junto a los fundadores de la empresa investigada Servivation. Citan como investigado por prevaricación y malversación al ex consejero Francisco Vallejo
- Dentro de la causa separada por la ayuda a Servivation S.A.
CASO INVERCARIA
Junto a los fundadores de la empresa investigada
Servivation
Citan como investigado por prevaricación y malversación al ex
consejero Francisco Vallejo
- Dentro de la causa separada por la ayuda a Servivation S.A.
02/06/2016 13:50
El juez que instruye el caso Invercaria ha citado en calidad de
investigado al exconsejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco
Vallejo dentro de la pieza separada por la ayuda concedida a 'Servivation SA',
por hechos que podrían ser constitutivos de prevaricación y malversación.
En un auto fechado en 1 de junio y notificado hoy, el juez de
Instrucción número 16 de Sevilla cita también como investigados para ese mismo
día a los socios fundadores de la empresa, que son Luis Fernando Martínez,
Francisco Barrionuevo e Ignacio de Colmenares.
El juez señala que los hechos, "de forma provisional e
indiciaria, y sin perjuicio de otros ilícitos penales que se pudiesen
determinar en la instrucción", podrían ser constitutivos de un delito de
prevaricación y de malversación de caudales públicos.
De ellos podrían ser responsables el exconsejero y los socios
fundadores, por los que se constituyen por la resolución del juez "como
investigados en esta causa".
El 30 de mayo ya prestaron declaración en calidad de investigados
por esta causa los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo y Laura
Gómiz.
Las actuaciones se incoaron en virtud a un atestado de la Unidad
de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional sobre la actividad de la
empresa Servivation SA, que fue beneficiaria de préstamos participativos de
Invercaria.
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