Estafa formación.
- La presidenta de la Junta acudirá a la comisión de investigación del Parlamento después de que Chaves y Griñán den su versión sobre la posible estafa de la formación
Sin desperdicio....
Estafa formación.
Susana Díaz y la mochila del fraude de
los cursos: cinco preguntas sin respuesta
- La presidenta de la Junta acudirá a la comisión de investigación del Parlamento después de que Chaves y Griñán den su versión sobre la posible estafa de la formación
30.05.2016 – 05:00 H.El martes 31 de mayo la
presidenta de la Junta, Susana Díaz, está llamada a comparecer en la comisión
de investigación de los cursos de formación en el Parlamento andaluz. Lo hará un día
después de que desfilen sus antecesores, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Con este
caso, a la dirigente socialista no le ha funcionado el cordón sanitario con el
que se separó del caso ERE. El PSOE asume que, esta misma semana, a 15 días de la
campaña electoral, el juez Álvaro Martín, que lleva la pieza política del caso
de las ayudas sociolaborales, dicte auto con el procesamiento de los
expresidentes y los siente en el banquillo.
Antes, Chaves y Griñán deberán
afrontar un nuevo paseíllo, esta vez con los cursos de formación bajo la lupa. Y por primera vez, Susana Díaz
también dará explicaciones. Ya no es cosa “del pasado” o “una pesada herencia”,
en esta ocasión el presunto fraude le afecta en primera persona. La cita es
comprometedora. La presidenta de la Junta ha tratado por todos los medios de evitarla y Ciudadanos
asegura que las presiones han sido muy duras. Finalmente, el partido de Albert
Rivera llamó a la comisión a la presidenta de la Junta y a la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, que se parapetó en un informe del Consejo de Estado para
dar plantón a la Cámara. A diferencia de la ministra del PP, la dirigente
socialista sí acudirá.
Uno de los aspectos que más
enervan y molestan a la presidenta andaluza es que se vincule a su marido con el
fraude de la formación
Desde que estalló el caso de la formación, en abril
de 2014, la Junta
ha acusado al Gobierno central de manipular la investigación policial para
hablar de “fraude masivo” y de “causa general”. En aquel momento trascendió que la UDEF
tenía en marcha la operación Edu y rastreaba el destino del dinero público
destinado a la formación en Andalucía entre 2007 y 2013. Aquella operación
continuó durante meses, con decenas de ex altos cargos detenidos y causas abiertas en
estos momentos hasta en 18 juzgados andaluces. La jueza Mercedes
Alaya abrió otra causa paralela en su juzgado con ayuda de la UCO de la Guardia
Civil e imputó a los exconsejeros Manuel Recio, Antonio Ávila y AntonioFernández. Los interventores de la Junta llegaron a declarar ante la
Guardia Civil, aportando datos, que se acumularon casi 3.000 millones en
subvenciones sin controlar ni supervisar. Finalmente, esa cifra fue rebajada a 980
millones pendientes de justificación.
Delphi y la Faffe, dos agujeros negros
El expresidente Manuel Chaves deberá responder,
principalmente, por el caso de Delphi. Tras el cierre de la factoría
automovilística en Puerto Real (Cádiz), la Junta ordenó una lluvia de millones
de euros, hasta 261 millones en prejubilaciones e indeminizaciones, en ayudas
públicas. La formación de los parados de Delphi fue adjudicada alexconsejero socialista y empresario de la formación Ángel Ojeda, que acaparó
hasta 51 millones de euros de los cursos. Esta adjudicación centra de momento las
pesquisas de la sucesora de Alaya, la jueza Ángeles Núñez Bolaños.
Ojeda además está ganando pleitos a la Junta por su inacción en la supervisión
de ayudas.
José Antonio Griñán y Manuel Chaves. (EFE)
Griñán fue
quien ordenó suprimir del organigrama de la Junta la Consejería de Empleo en
pleno estallido del caso ERE, mayo de 2012. Un año antes, se había suspendido la
orden de ayudas y se había aprobado la extinción de la
Faffe, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, después de
ocho años de funcionamiento y más de 252 millones de euros
gestionados para cursos a parados. La Cámara de Cuentas advirtió de graves
irregularidades en la gestión de esta fundación. ¿Por qué se cerró la Consejería de
Empleo? Sabían ya entonces Griñán o su consejera de Presidencia, Susana Díaz,
que había un posible fraude “mucho mayor que los ERE”, según declaró en sede
judicial el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, con los
cursos de formación. Por aquel entonces, el titular de
Economía, Antonio Ávila, firmó miles de exceptuaciones que permitieron a
cientos de empresas y asociaciones, un total de 1.167, seguir recibiendo ayudas
a pesar de que sus expedientes no habían sido examinados por la Junta ni los
gastos justificados. Fue Susana Díaz la que en 2014, dos
años más tarde, y ya como presidenta de la Junta, dio la orden de hacerpúblicas esas exoneraciones. ¿Supo entonces que se iban a firmar?
El marido de la presidenta
Uno de los aspectos que más enervan y molestan a
Susana Díaz es que se vincule a su marido con el fraude de la formación. El PP
es quien más explicaciones ha pedido sobre las relaciones de José María Moriche
con la fundación de UGT, Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES),
clave porque fue supuestamente una de las que más fondos públicos desviaron,
cargando a la Junta por presuntas acciones formativas todo tipo de gastos del
sindicato. Tras cuatro meses de reclamaciones, por
fin llegó al Parlamento andaluz el famoso expediente 98/2009/J/217, por ocho
millones de euros en ayudas públicas, donde se supone que figura el marido de
Susana Díaz. Moriche trabajó como administrativo en
esta fundación de UGT. Según fuentes del Gobierno andaluz, tuvo un contrato
de fijo discontinuo “durante unos ocho años” y lo llamaban de forma puntual
“por meses”. Su
sueldo, aseguran, era de “mileurista”. Hasta hace poco, la Junta había limitado
la vinculación de Moriche con el sindicato a un año, 2010.
Moriche, esposo de Díaz, trabajó
durante ocho años con contratos temporales para la fundación de UGT que más expedientes
tiene bajo sospecha
La fundación de UGT emitió un
comunicado en mayo de 2014, tras destaparse supuestas irregularidades, en el
que aseguraba que “todos los costes imputados a los cursos se ajustan a la
norma y han sido justificados”. El sindicato aseguraba que el Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) firmó un convenio con UGT que facultaba al sindicato a impartir acciones
formativas para los desempleados andaluces y señalaba que en ese convenio se
reconocía que estos cursos los organizara la fundación ugetista sin que ello
supusiera una subcontratación de las acciones formativas. La nota defiende que
todos los gastos cargados a la formación estaban “justificados”. “Así
es que los costes justificados de D. José Mª Moriche Ibáñez, como los de
todos/as los/as trabajadores/as de esta fundación vinculados a este programa,
responden a gastos reales y necesarios relacionados de manera indubitada con la
actividad subvencionada y aplicables a dicho programa por su naturaleza y
finalidad”, concluye UGT.
Desde el PP-A quieren saber "en qué cursos ha
estado trabajando como profesor, qué materias ha impartido, durante cuánto
tiempo, qué proceso de selección ha pasado para ser elegido o cuánto
cobró". La Junta inició, dos años después, una reclamación a UGT
por este expediente de ayudas, aunque no se sabe por cuánto dinero ni si se ha
recuperado alguna cantidad. Según la documentación oficial, al marido de la
presidenta se le abonaron nóminas en concepto de “preparación, tutoría y
evaluación” para cursos de informática de usuario, operador de cámara, técnico
de sistemas microinformáticos y formador ocupacional con cargos a las ayudas
dadas al sindicato para cursos.
El exsecretario general de UGT-A
Francisco Fernández Sevilla. (EFE)
Sedes del sindicato hermano
Como secretaria de Organización del PSOE andaluz,
Susana Díaz firmó en abril de 2011 un convenio con el sindicato hermano en el que firmaron los
exdirigentes de UGT Francisco Fernández, que dimitió tras el escándalo de las
facturas falsas, y el tesorero Federico Fresneda. En ese acuerdo se prevé crear
un aula
compartida en la casa del pueblo de Torreperogil (Jaén) para destinarla a dar
cursos de formación. A
cambio, el sindicato deberá pagar “un alquiler” que será “destinado al
mantenimiento del edificio y será ingresado en una cuenta bancaria común”. Las ayudas de la formación
contemplan como incluidos los gastos de profesorado y aulas. Otro
exalcalde socialista en Nueva Carteya (Córdoba), Antonio Ramírez, admitió el
cobro de un alquiler a UGT para que diera sus cursos en la sede del PSOE. También en
esta localidad UGT y PSOE compartían sede desde hacía años.
La jueza Mercedes Alaya abrió una línea de
investigación y ordenó rastrear todas las cuentas bancarias de la Junta y el
PSOE ante la
sospecha de financiación ilegal del partido con los cursos de formación. Esa línea no condujo a ninguna
acusación contra los socialistas, aunque la magistrada
centró sus pesquisas en la fundación Faffe. En concreto, al
testigo protegido Teodoro Montes, el funcionario de la Junta que destapó gran
parte del presunto fraude, le preguntó si tenía constancia de que
Faffe “financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta de
Andalucía”.
La jueza Mercedes Alaya. (EFE)Mudanza de
expedientes
Ya como presidenta de la Junta, tras conocer como
consejera de la Presidencia la decisión de Griñán de suprimir la Consejería de
Empleo, Susana Díaz decide en 2015 devolver este departamento al
organigrama de la Junta y vuelve a mover las competencias de formación desde
Educación. Los altos cargos que han comparecido en la comisión de
investigación han admitido que en ese baile de competencias hubo
expedientes de la formación que se extraviaron o se desordenaron. Al frente de la supervisión de
los expedientes, la presidenta situó al consejero José Sánchez Maldonado. La
última vez que este dio cuenta públicamente de la investigación interna
ordenada en el seno de la Junta fue en julio de 2015. Hace 10 meses que
nadie informa sobre el estado de los expedientes y de las reclamaciones realizadas
por la Junta. En aquel momento, Sánchez Maldonado señaló un fraude de 72 millones de
euros por ayudas que no habían sido justificadas. En ese periodo de 2007 a
2013, repartió 1.613 millones de euros.
La negación del fraude pese al 'código
rojo'
Tras entrar en funcionamiento la
comisión de investigación en el Parlamento andaluz, la Junta limitó a las
declaraciones de los ex altos cargos y responsables de la Administración que
han pasado por el Parlamento las explicaciones políticas. En ese momento, la versión cambia. De hablar de un
posible fraude de los empresarios y defender a la Junta como víctima,
justificando así su personación en la causa como perjudicada, el PSOE
andaluz ha pasado a negar que haya pasado nada de nada. En la misma línea, los directores
generales, interventores y delegados de la Junta han asegurado que no hubo
fraude ni menoscabo de fondos públicos. Se limitan
a hablar de “irregularidades administrativas” y defienden que los expedientes a
los que la Junta ha hecho reclamaciones están vivos, por lo que no cabe hablar
de fraude.
Los interventores de la Junta
llegaron a firmar hasta ocho informes de actuación que deberían haber
obligado a la presidenta a activar las alarmas
También los interventores han
modulado su versión. En los últimos meses ha trascendido, con cuentagotas, que los responsables
de la Intervención redactaron hasta ocho informes de actuación que hubieran
obligado a la presidenta de la Junta a tomar medidas inmediatas contra el
posible fraude. Como el caso ya estaba en los tribunales, la presidenta no
ordenó medidas extraordinarias ni activó ningún código rojo.
Luciano Alonso. (EFE)
Los socialistas sitúan a Susana Díaz al frente de esa nueva estrategia. “La presidenta lo sabe todo. Sin ella no se mueve un papel. Claro que comparte ese discurso”, señalan fuentes del grupo parlamentario socialista. Tampoco se sabe cuántas de las ayudas han prescrito, y se ha perdido el dinero porque las reclamaciones no han llegado a tiempo. Esa vía de información es constantemente bloqueada. La Guardia Civil ha alertado en un atestado de la prescripción de millones de euros. El exconsejero de Educación Luciano Alonso admitió que la investigación de la Junta no estaría cerrada hasta finales de 2015 (sigue abierta) y ya saltaron las alarmas por la prescripción de posibles delitos de desvío de fondos públicos.
Caos en los expedientes
La presidenta de la Junta defiende que ha puesto en
marcha todos los mecanismos y ha elevado todos los controles para evitar que un
nuevo fraude como el de los ERE o los fondos de formación vuelva a repetirse.
Ha anunciado una nueva orden en este mes de mayo que permitirá volver a retomar
las ayudas de la formación en Andalucía. Existen dudas sobre si todos los
‘agujeros’ que existían para permitir un posible desvío de fondos públicos se
han subsanado y si hay efectivos suficientes para que se comience otra vez a
otorgar ayudas. La oposición denuncia la estrategia de desinformación y la
falta de colaboración del Gobierno andaluz con la comisión de investigación. La
Junta inundó el Parlamento con miles de documentos, atestó varías salas con
papeles, no discriminó los expedientes bajo sospecha, que en muchos casos
siguen sin llegar a manos de la oposición, y tampoco atendió la reclamación de
que esa documentación llegara digitalizada, aunque la mayoría de esos
documentos tienen copia digital.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...