EDUCACIÓN. Actuación de la
Delegación de Educación de Sevilla
- El conflicto surgido por la admisión de nueve alumnos en las Irlandesas descubre graves irregularidades en el proceso
- El juez considera un procedimiento habitual que la Delegación ordene los accesos por teléfono, sin mediar resolución administrativa
Andalucía
EDUCACIÓN. Actuación de la
Delegación de Educación de Sevilla
Órdenes verbales y arbitrarias: así
resuelve la Junta la escolarización
- El conflicto surgido por la admisión de nueve alumnos en las Irlandesas descubre graves irregularidades en el proceso
- El juez considera un procedimiento habitual que la Delegación ordene los accesos por teléfono, sin mediar resolución administrativa
Órdenes verbales, arbitrarias y al
margen de los rigurosos procedimientos. Así se deciden los aumentos de la ratio
en las aulas y la escolarización de alumnos en la delegación de Educación de
Sevilla.
Eso es al menos lo que se desprende de la sentencia del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Sevilla dictada el pasado
4 de mayo a raíz del conflicto originado por la matriculación de nueve niños
que habían quedado inicialmente fuera de las listas por falta de plazas en el
colegio concertado de Las Irlandesas de Sevilla en el curso 2014/15.
La actuación del centro fue la correcta y la
dirección se limitó a seguir las instrucciones que recibió por teléfono de la
Delegación de Educación, según subraya el juez. Fue la
Administración la que primero ordenó que los niños fueran matriculados y días
después, ante la presión recibida de los padres de otros centros, dictó la
orden de desescolarización, sin importarle el grave daño que se hacía a los alumnos y
a las familias.
El colegio, afirma la sentencia, «ha seguido las
indicaciones e instrucciones de la Administración, que reacciona en relación con unos
alumnos y no en relación con otros, parece ser que
dependiendo de que haya denuncia de padres de otros centros». El juez insta incluso a la administración
(la delegación territorial de Educación, en este caso) a «depurar
las responsabilidades internas que procedan si fuere el caso».
Las irregularidades detectadas
durante el proceso no se circunscriben únicamente al colegio de Las Irlandesas. Sino que, a raíz del
testimonio de varios padres de alumnos y de otros directores, se ha
dejado constancia de que esta manera de actuar arbitraria es habitual en la
delegación de Educación de Sevilla, que se dirige a los centros para ordenar
la inclusión de alumnos que han quedado fuera en el procedimiento ordinario sin
que medio ningún tipo de resolución expresa y siempre mediante instrucciones
verbales.
De hecho, el conflicto que originó el pleito ahora
resuelto se inició después de que un funcionario de la
Delegación de Educación, concretamente José Manuel Gavilán, del servicio de
Planificación y Escolarización, llamara al colegio de Las Irlandesas
para ordenarle que matriculara a tres alumnos en Infantil de cinco años que se
habían quedado sin plaza en el procedimiento ordinario, a pesar de que eso significaba
superar la ratio del aula.
Fue entonces cuando la directora
del centro, Lourdes Arenado, informó al servicio del agravio comparativo que se
produciría con respecto a los niños que se habían quedado fuera en Infantil de
tres años, cuyos padres reclamaban igualmente un aumento de la ratio que se les había
denegado por parte de la Administración.
Sobre la marcha, el responsable
del servicio autorizó a la directora a ampliar la ratio también en las aulas de
1º de Infantil hasta los 28 alumnos por unidad, lo que permitía matricular a nueve
niños que inicialmente se habían quedado fuera. La directora reclamó entonces que la
orden se le hiciera llegar por escrito, a lo que el
funcionario se negó, asegurándole que si el centro no tenía problemas en
matricular a esos alumnos la delegación tampoco los pondría.
Pero los padres de alumnos que se habían quedado sin
plaza en otros centros cercanos, como el Claret, reclamaron el mismo
trato para sus hijos, como informó en su día EL MUNDO de Andalucía, ante lo que consideraban una
actuación arbitraria de la administración que atendía los
requerimientos en un colegio y no en otro sin ningún motivo que explicara tal
discriminación.
El resultado de aquellas quejas fue que, diez días después, la Delegación
de Educación, tras una visita del Servicio de Inspección al colegio Irlandesas, decidió dar
la orden de que se desescolarizara a los nueve niños de 1º de Infantil que
habían sido matriculados tras la ampliación de la ratio. Curiosamente, nada se
objetó con respecto a los tres niños que habían sido matriculados (también de
manera ajena al procedimiento formal) en 3º de Infantil y que originó todo el conflicto. Esos niños han seguido en el
centro sin que la administración haya puesto ninguna pega. Las madres de dos de
ellos han declarado ante el juez que estaban en el despacho del funcionario
cuando éste llamó al colegio para ordenar la admisión de sus hijos. Durante el
proceso, el jefe de Inspección de la Delegación, Alberto Moreno,
afirmó que no recordaba la escolarización de niños de cinco años por encima de
la ratio y
que «si hubiera tenido conocimiento habría ordenado que se actuara». «El conocimiento de este hecho
era indudable -apunta la sentencia- desde el momento en que las
inspectoras actuantes lo habían reflejado en el acta levantada al efecto el día
16/09/2014».
Los padres de los nueve niños que la administración
pretendía desescolarizar de las Irlandesas recurrieron ante el juzgado de lo
Contencioso Administrativo, que cautelarmente dictó que los niños continuaran
en sus plazas mientras se tomaba una decisión al respecto del fondo del asunto, lo que les ha permitido seguir
hasta hoy en el centro.
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