CASO ERE. La investigación judicial. La Junta usó el 'fondo de reptiles' para inyectar 68 millones de euros a Santana
- Admite en un documento que anticipó ese dinero sin cobertura presupuestaria ni consta que hubiera sido ratificado por el Consejo de Gobierno, según la documentación que maneja el juzgado.
- El abogado de Griñán pide la nulidad de la pieza política de los ERE
CASO ERE
- Mohedano considera irregular que se asignara al magistrado en comisión de servicio una causa que ya tramitaba la titular, Núñez Bolaños.
- El letrado solicita también que se suspenda la actuación del juez Álvaro Martín hasta que se resuelva el incidente de nulidad de actuaciones
CASO ERELa investigación judicial
La Junta usó el 'fondo de reptiles' para
inyectar 68 millones de euros a Santana
- Admite en un documento que anticipó ese dinero sin cobertura presupuestaria ni consta que hubiera sido ratificado por el Consejo de Gobierno, según la documentación que maneja el juzgado.
- El abogado de Griñán pide la nulidad de la pieza política de los ERE
La Junta recurrió al 'fondo de reptiles' para
inyectar 68 millones de euros a Santana Motor de forma irregular,
dado que este anticipo no tenía cobertura presupuestaria ni consta que hubiera
sido ratificado por el Consejo de Gobierno.
Entre la documentación que el Juzgado de Instrucción
6 de Sevilla ha trasladado recientemente a las partes personadas en el marco
del caso ERE figura el resumen ejecutivo que el extinto Instituto de Fomento
de Andalucía (IFA) elaboró para justificar la necesidad de aportación de fondos
a Santana con motivo del plan de actuación 2004-2006.
Ese documento se preparó con motivo de la reunión
que el consejo rector del IFA celebró el 22 de julio de 2004, en la que se
autorizó al ente que actuaba como 'caja pagadora' de las ayudas sociolaborales
y a empresas que concedía la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social a
aportar «hasta un importe máximo de veinte millones de euros» al antiguo grupo
industrial con sede en Linares, bien directamente, o a través de la Sociedad
para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía SA (Soprea).
En dicho resumen ejecutivo se lee textualmente: «La propuesta que se eleva al consejo rector del IFA supone
189.442.000 euros porque incluye el importe (68.078.000 euros), no cubierto
presupuestariamente, destinado por el IFA de manera anticipada a atender las
obligaciones del Plan de Acción de Santana que le fueron encomendadas y que
están debidamente justificadas».
En un escrito presentado en el juzgado a finales del
mes de abril, que consta ya en las actuaciones, los abogados que ejercen la
acusación popular en representación del PP han puesto en relación dicho párrafo
con las declaraciones que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social
Javier Guerrero hizo ante la juez Alaya cuando declaró el 8 de marzo de 2012.
Deducen que ese anticipo a Santana Motor se imputó a la partida presupuestaria
22.E o 31.L, el llamado fondo de reptiles.
En su interrogatorio, la instructora preguntó a
Guerrero: «¿Es cierto que Vd. resolvía la concesión de subvenciones a empresas
desconociendo si existía cobertura presupuestaria para el pago de las mismas,
puesto que en muchos casos el ejercicio presupuestario contemplado en su
resolución nada tenía que ver con el que se establecía en el Convenio firmado
posteriormente?».
Esa pregunta le dio pie al antiguo alto cargo a
explicar el desvío de una transferencia de 86 millones de euros desde la
Dirección General de Trabajo al IFA supuestamente para el pago de las
prejubilaciones de operarios de Santana. A ese fin, según detalló, se terminó
destinando «tan solo 18» millones y el resto -«aproximadamente unos 68
millones»- se empleó en «otros pagos distintos para Santana Motor».
Guerrero señaló que esa circunstancia ocurrió «a
finales de 2002 o principios de 2003» y que le obligó a retrasar los
compromisos de pago «más de dos ejercicios», así como a tener que provisionar
nuevamente los 68 millones que tendrían que haberse destinado a abonar las
prejubilaciones.
Abundando en la explicación, el ex director general
de Trabajo indicó que el desvío de ese dinero le supuso un «desastre», de tal
modo que cuando fue destituido del cargo el 28 de abril de 2008 «todavía se le
debía 12 millones de euros a la póliza de prejubilaciones de Santana».
Los 68 millones referidos por Guerrero en su
declaración judicial coinciden con la cantidad (68.078.000 euros) que el propio
IFA reconoció en el documento que se elevó a aprobación del consejo rector en
la sesión celebrada el 22 de julio de 2004 bajo la presidencia de Francisco
Vallejo. Éste estaba entonces al frente de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa.
El plan de actuación 2004-2006 para Santana Motor,
que tenía entre sus pilares potenciar las ventas del vehículo con marca propia
(el Aníbal), preveía unas necesidades financieras de 189,4 millones de euros.
«Por razones de prudencia y de adecuación a un
calendario más razonable de pagos se consideran sólo los dos primeros
ejercicios (2004 y 2005), por lo que la cantidad que se propone es de
146.162.000 euros (25.554.000 del año 2004, 52.530.000 del año 2005 y
68.078.000 de anticipos)», incluye el citado resumen ejecutivo. Esas
actuaciones iban a ser planteadas al consejo rector del IFA «en los próximos
meses», según anticipaba el documento.
En la sesión del 22 de julio de 2004, el IFA acordó
un desembolso de 20 millones de euros para Santana Motor, lo que ratificó el
Consejo de Gobierno cinco días después. Ello venía a revocar el acuerdo
adoptado el 2 de marzo de 2004 -12 días antes de las elecciones andaluzas- por
el que se autorizaba a dicho ente a aportar fondos hasta un máximo de
180.483.000 euros «a fin de dar continuidad al Plan de Santana Motor».
Ahora, la acusación del PP ha
pedido a la juez Núñez Bolaños que ordene a la Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil que investigue los hechos y que requiera a
la Junta para que, en el plazo de 10 días, aporte los documentos justificativos
del pago a Santana de los 68.078.000 euros sin cobertura presupuestaria y copia
de los acuerdos o resoluciones de los órganos de gobierno del IFA o de la
propia Junta mediante los que se acordaron dichos anticipos y los pagos,
«especificando el origen de dichos fondos».
El PP sospecha que la Agencia IDEA -sucesora del IFA- «habría falseado la documentación que
ha remitido al juzgado, al no haber aportado a la investigación ningún
expediente reltivo a dichos pagos ni constar los mismos en ninguno de los
desplegables que han sido elaborados y remitidos por la agencia, ocultándolos
deliberadamente al juzgado».
CASO ERE.
Incidente de nulidad de actuaciones ante el CGPJ
El abogado de Griñán pide la nulidad de la pieza política de los ERE
- Mohedano considera irregular que se asignara al magistrado en comisión de servicio una causa que ya tramitaba la titular, Núñez Bolaños.
- El letrado solicita también que se suspenda la actuación del juez Álvaro Martín hasta que se resuelva el incidente de nulidad de actuaciones
El abogado que defiende al ex presidente José
Antonio Griñán y a otros dos ex altos cargos de la Junta ha pedido la nulidad de la actuaciones llevadas a cabo
por el magistrado que instruye en comisión de servicio la pieza política del
caso ERE, Álvaro Martín, al entender que se ha producido la violación del
derecho fundamental al juez predeterminado por la ley consagrado en la
Constitución.
En representación de los ex directores generales
de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, el letrado José María
Mohedano ha interpuesto un incidente de nulidad de actuaciones
ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al apreciar «irregularidades» en el procedimiento de designación del
juez encargado de la instrucción de la pieza separada sobre el procedimiento
específico por el que la Junta concedió durante una década las ayudas con cargo
al fondo de reptiles. En esta rama hay 51 investigados, entre ellos Chaves y
Griñán.
La Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó el pasado 14 de diciembre el
plan de trabajo propuesto por la titular del Juzgado de Instrucción 6 de
Sevilla, María Núñez Bolaños, que proponía que fuera Álvaro Martín el
que investigara las seis piezas que había desgajado de la causa matriz. Ese reparto
fue ratificado por la Comisión Permanente del CGPJ el 21 de enero
de 2016.
En su escrito, fechado el pasado 9 de mayo,
Mohedano recuerda que el juez «debe preceder al asunto y no el asunto al juez»
para garantizar el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Sin
embargo, defiende el abogado, la designación del instructor de la pieza del
procedimiento específico ha sido para asuntos determinados (ad hoc) y una vez
que ya los estaba conociendo la titular del juzgado (ex post).
«Aceptando que las necesidades del servicio
pueden determinar conceder a un juez una comisión de servicio, aquel derecho
fundamental requiere que en la delimitación de las funciones del juez afectado
se respete el procedimiento legalmente establecido. Y debe garantizarse en todo
caso que el juez designado por razones de necesidades de servicio no sea un
juez ad hoc y que su designación para unas diligencias penales ya iniciadas por
su juez natural y que, en consecuencia, su designación para un asunto
determinado no tenga lugar ex post facto», alega.
Para el abogado, el acuerdo interno de reparto
entre María Núñez Bolaños y Álvaro Martín supone una designación «ex post» del
segundo para un «asunto determinado», del que ya se encontraba conociendo la
primera «con plenitud y exclusividad». «Ese acuerdo, aunque esté avalado y
ratificado por otros órganos judiciales o gubernativos superiores, no
predetermina al juez sino que distribuye los asuntos entre dos jueces y
precisamente para dar cobertura ex post a una actuación judicial sin
jurisdicción», añade.
Por ello, Mohedano
considera que el acuerdo de reparto de las causas que se dilucidan en este
juzgado es «nulo» al referirse a asuntos «ya
en tramitación, conocidos de antemano en su contenido y alcance».
«Las normas de reparto que nos ocupan no
pre/determinaron sino post/determinaron al juez. El supuesto es tan obvio que
no merece demasiado esfuerzo argumental para su cabal comprensión», apostilla.
Por los hechos expuestos, el letrado pide que se
declare la «nulidad radical» tanto de las actuaciones llevadas a cabo por el
magistrado Álvaro Martín en la pieza del procedimiento específico -en la que se
investiga a sus clientes- como de la atribución a él de la instrucción de estas
diligencias. También reclama que, mientras se resuelve el incidente de nulidad
de actuaciones, se suspenda la actuación del juez en comisión de servicio.
La pieza relativa al denominado procedimiento
específico es la más avanzada en su instrucción y la primera que se elevará a
la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento, lo que difícilmente tendrá
lugar antes de 2017.
Avisos desde 2005
De otro lado, el interventor Ignacio García
Revilla declaró este miércoles ante el juez que las
memorias de la Intervención advertían al menos desde 2005 del uso inadecuado de
las transferencias de financiación para el pago de las ayudas de los ERE,
sin que la Consejería de Empleo siguiera sus
recomendaciones, y que aquéllas se elevaban al Consejo de Gobierno.
García Revilla, que compareció como testigo ante
el juez que instruye la pieza del procedimiento específico, defendió que el
hecho de que la partida presupuestaria 31.L apareciera cada año en la Ley de Presupuesto
no avalaba que se empleara de forma correcta. Es como si se presupuesta la
construcción de un puente y luego se adjudica como un contrato menor,
ejemplificó.
El funcionario dijo que el uso inadecuado de las
transferencias de financiación también se advirtió en otras consejerías y que, al menos desde 2010, se propuso entre las modificaciones
legislativas que sólo hubiera una transferencia de financiación por consejería
y empresa adscrita.
También compareció como testigo el abogado Carlos
Leal, quien aseguró que no le consta que el ex consejero de Presidencia Gaspar
Zarrías ordenase ningún pago "ilegal" en relación a las ayudas a
Cárnicas Molina.
Según fuentes del caso, Leal defendió la
existencia de un "error" de planteamiento en el caso ERE motivado por
el hecho de que, al solicitar la juez Mercedes Alaya el informe a los
interventores del Estado, "se confunden las ayudas previas a la jubilación
con la prejubilación", reclamándose a los interventores y éstos al
Ministerio de Trabajo un informe "sobre la adecuación del sistema de las
prejubilaciones" a la norma de 1994. "Es como tener delante un motor
de gasolina y pedir un informe sobre si se adecúa a las especificaciones de un
motor diésel; es imposible que encaje", aseveró el testigo, que precisó
que, a la hora de dar ayudas que encajan en las prejubilaciones, el Ministerio
de Trabajo "ha usado" la Orden de 1995.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...