El proceso de desmantelamiento de la Administración
Mientras la Junta de Andalucía
reduce personal de la Administración General -personal que trabaja
para las Consejerías y sus Organismos Autónomos- su administración paralela no ha dejado
de crecer estos últimos años con una clara
intención clientelar y con otra descarada de que las potestades públicas pasaran a
esta administración paralela.
Así nace el espíritu de la Ley
1/2011, con la idea de darle cobertura legal a esta administración paralela. Pero esto no es sino el fin de
un proceso de años con el que la Junta ha venido obviando a su propia administración
nacida del 28-F -ese que tanto demandan ahora por la asimetría de las
autonomías- a favor de una clara huida del derecho administrativo
y de las potestades públicas. Olvidando las relaciones de puestos de
trabajo en las Consejerías a favor de contratos laborales de las empresas,
entes y fundaciones mal llamadas públicas. Así luego saltan los casos escandalosos
en los que han gestionado dinero público como el caso de los ERE.
La Junta recorta personal de la Administración
- “La Junta de Andalucía reduce en cuatro años 4.512 efectivos de la Administración General”
El proceso de desmantelamiento de la Administración
Mientras la Junta de Andalucía
reduce personal de la Administración General -personal que trabaja
para las Consejerías y sus Organismos Autónomos- su administración paralela no ha dejado
de crecer estos últimos años con una clara
intención clientelar y con otra descarada de que las potestades públicas pasaran a
esta administración paralela.
Así nace el espíritu de la Ley
1/2011, con la idea de darle cobertura legal a esta administración paralela. Pero esto no es sino el fin de
un proceso de años con el que la Junta ha venido obviando a su propia
administración nacida del 28-F -ese que tanto demandan ahora por la asimetría
de las autonomías- a favor de una clara huida del derecho administrativo
y de las potestades públicas. Olvidando las relaciones de puestos de
trabajo en las Consejerías a favor de contratos laborales de las empresas,
entes y fundaciones mal llamadas públicas. Así luego saltan los casos escandalosos
en los que han gestionado dinero público como el caso de los ERE.
Una ley -precedida de un Decreto- que cuela por la puerta de atrás a más de
30.000 trabajadores de todos los entes instrumentales como empleados públicos, sin haber realizado una sola prueba de acceso a la
Administración reguladas en la Ley 6/1985 de Función Pública de la Junta de
Andalucía. Y ha obligado a
los funcionarios de la Junta de Andalucía a iniciar toda una guerra sin cuartel
en la calle, en los puestos de trabajo y en los juzgados, que no ha parado
hasta la fecha.
La aprobación del Decreto y de esta Ley significó
que toda la Administración de la Junta se levantara contra el régimen e
iniciara una rebelión sin precedentes en pleno corazón de la Junta de
Andalucía, y se castigara en las urnas sindicales, fundamentalmente a UGT y a CC.OO.
Los funcionarios de la Junta de
Andalucía dieron una lección a toda la sociedad andaluza al expulsar
de los órganos de representación -Mesa Sectorial de negociación- a los dos
sindicatos que apoyaron el decretazo y que eran los bastones de los que Chaves, Griñán y la Junta
de Andalucía se han servido para gobernar desde
la llegada de la Autonomía, especialmente desde los Acuerdos de Concertación,
con el objetivo de desmovilizar
a toda la sociedad civil andaluza, y dotar a los firmantes de un riego
continuado de subvenciones.
Las cifras de reducción de funcionarios
y personal laboral
En medio de todo esto, la
Junta procede a ir eliminando paulatinamente a su propio personal de la
Administración General en beneficio de “la otra” administración paralela.
Así, con los datos aportados en
los propios presupuestos de la Junta de Andalucía en 2012 había 24.565 efectivos
de personal laboral y 24.814
funcionarios, 49.379 en total. En
2016 se pasa a 22.627 empleados laborales y
a 22.240 funcionarios, 44.867
efectivos en total. Lo que nos da una cifra
total de pérdida de personal en tan solo 4 años de 4.512 efectivos, correspondiendo
1.938 a personal laboral y 2.574
a personal funcionario. Una auténtica
sangría de la que no tenemos noticia de
denuncia por parte de un solo sindicato representativo.
La reducción por grupos
producida, en el ámbito del personal laboral, se han producido: en
el grupo II, que pasa de 2.265 efectivos en 2012 a 2.223 en 2016; en el grupo
IV, que pasa de 3.936 efectivos en 2.012 a 3.422 en 2.016, y, sobre todo, en el
grupo V, que pasa de 11.051 en 2.012 a 10.100 efectivos en 2016. Nada menos que
951 efectivos en este último grupo.
Entre el personal funcionario
las mayores reducciones se dan en los grupos: A1, que pasa de 8.054
efectivos en 2.012 a 7.104 efectivos en 2.016, nada menos que 950
plazas que se volatilizan; A2, que pasa de 4.010 efectivos en 2.012 a 3.686 efectivos en
2.016; C2, que pasa de 8.752 en 2.012 a 8.222 en 2.016 y, finalmente, en el grupo C1, que pasa de
3.825 efectivos en 2.012 a 3.143 en 2.016
El costo de la Administración paralela
En 2016 la propia Consejería de Hacienda
y Administración Pública no tenía aun contabilizado a todo este personal. Y hasta la
fecha la propia Junta no ha dado nunca ni explicaciones ni números de la
composición exacta del mismo. De
nada ha servido la tan vendida reorganización del sector público andaluz.
Esta administración está
compuesta por casi cien entes instrumentales, entre ellos 28
sociedades mercantiles, 25 consorcios, 19 fundaciones, 18 agencias
empresariales y 3 agencias de régimen especial, cercana a 30.000 empleados. Sin
embargo, fuentes sindicales la
elevarían a cerca de 35.000 contratados, ya
que los censos electorales de las propias elecciones sindicales delatarían el
número exacto.
La propia Consejera de Economía la Junta de
Andalucía reconoció que gastará 3.041 millones de euros este año
en sostener la estructura de las
agencias administrativas, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y
demás organismos que
componen la denominada administración paralela. El proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía
destina en 2016 en torno a 90 millones de euros más que el año anterior al
entramado público andaluz.
Pero en las cuentas de la consejera faltaban
datos. Así, mientras en los presupuestos de 2015 se recogía el costo de
esta administración paralela entre transferencias de financiación y gastos de
explotación en una cantidad
de 6.839 millones de euros, sin
embargo, en 2016
esta cifra asciende hasta los 6.935 millones de euros. Es decir, que cuesta
96 millones de euros más a los bolsillos de los andaluces, y no 90 como nos vendió en la presentación de los
presupuestos 2016.
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