viernes, 6 de mayo de 2016

La juez deja en manos de los interventores de la Junta la investigación del fraude ¿¿¿Nuñez Bolaños ha relevado a los interventores del Estado y pone a la Junta a investigarse a sí misma? + Para el fraude de la formación "arbitros "caseros" = ¿Ante estas actuaciones; nadie interviene?; Montesquieu : "No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia.

FRAUDE EN LA FORMACIÓN. Releva a los peritos del Estado

 

  • Para el fraude de cursos de formación, arbitros  "caseros".



Montesquieu : "No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia.



"La impunidad premia el delito, induce a su repetición y la hace propaganda: estimula al delicuente y contagia su ejemplo". Eduardo Galeano.




Recordatorio enlaces ya publicados: sin desperdicio.

La juez Alaya pierde el control sobre las macrocausas que ha instruido


 FRAUDE EN LA FORMACIÓN. Releva a los peritos del Estado

La juez deja en manos de los interventores de la Junta la investigación del fraude.


 

Otra polémica decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en una causa de corrupción heredada de la anterior responsable de este órgano judicial, la magistrada Mercedes Alaya, ahora en la Audiencia de Sevilla.

Núñez Bolaños ha relevado a los interventores del Estado, a los que su antecesora había pedido que investigaran el presunto fraude de la formación e hicieran las correspondientes periciales, y ha colocado en su puesto a los interventores de la Junta.

Aprovechando que los peritos del Estado se han dirigido a la juez para informarle de que estaban ultimando varios informes sobre los ERE y de que, en cuanto los terminaran, analizarían las subvenciones de la Junta para los cursos, Núñez Bolaños los ha apartado del caso.

La designación ha causado sorpresa porque, mientras la Intervención General de la Administración del Estado no tiene nada que ver con las subvenciones para los cursos que ha repartido la Junta y que ahora están bajo sospecha, y es, por lo tanto, lo suficientemente independiente para valorarlas, no se puede decir lo mismo de los funcionarios de la Administración autonómica.

La Intervención General de la Junta forma parte del circuito administrativo por el que han pasado miles de millones de euros en subvenciones para cursos que ahora se están investigando, un presunto fraude que podría ascender a unos 3.000 millones de euros, según las primeras estimaciones policiales, el caso de corrupción de mayor cuantía conocido hasta ahora. En el de los ERE, en el que están imputados los ex presidentes del Gobierno andaluz los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la suma presuntamente defraudada es inferior a los 1.000 millones.

La Intervención de la Junta no es, por tanto, de un órgano ajeno o independiente a los cursos de formación, sino que tomó decisiones sobre estas subvenciones. ¿Estaría, de esta forma, la juez poniendo a la Junta a investigarse a sí misma?

Podría darse la circunstancia, incluso, de que algún interventor acabara imputado en el presunto fraude de los cursos. De hecho, en el caso ERE ocurrió así. En la lista de más de 200 investigados por las prejubilaciones irregulares está el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

En las pesquisas de la formación hay varios funcionarios de la Administración autómica imputados, como los jefes de servicio encargados de repartir las ayudas, pero no hay ningún interventor. También hay casi una veintena de ex altos cargos investigados.

No es la primera vez que la juez Núñez Bolaños toma una decisión polémica. Nada más aterrizar en el juzgado, la magistrada se estrenó en el cargo dictando una providencia que anulaba un auto de la juez Alaya en el que ampliaba la imputación contra el ex consejero Ángel Ojeda, investigado tras recibir 50 millones de euros en subvenciones para cursos. De esta forma, Núñez Bolaños dejaba sin efecto la última decisión de su antecesora sobre este caso.

Como informó EL MUNDO en septiembre pasado, Núñez Bolaños mantuvo paralizadas dos de las tres macrocausas que Alaya abrió contra la Junta, ya que ordenó a sus funcionarios que no avanzaran en las investigaciones de los cursos de formación y de los avales concedidos por el Gobierno andaluz mientras no llegaran refuerzos al juzgado.

En una providencia fechada el 26 de abril pasado, Núñez Bolaños acuerda que la Intervención General de la Junta proceda al «análisis de los expedientes de subvenciones que se investigan» en las pesquisas del presunto fraude de los cursos.

Para ello, debe «designar peritos en número suficiente a fin de realizar el informe requerido». En especial, la juez encarga que se cuantifiquen las «cantidades defraudadas mediante la simulación de facturación de los profesores y formadores a través de la mercantil Serpro, S.L.», vinculada al ex consejero Ojeda.

También solicita que «se proceda a cuantificar aquellas cantidades fraudulentamente facturadas por empresas del grupo del investigado Ojeda que hayan sido objeto de justificación en cada expediente», señala la juez.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...