FRAUDE EN LA FORMACIÓN. Releva a los peritos del Estado
- María Núñez Bolaños aparta de de la causa a los peritos del Estado
- La Junta deja escapar cientos de millones del fraude en los cursos
- Para el fraude de cursos de formación, arbitros "caseros".
Montesquieu : "No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia.
"La impunidad premia el delito, induce a su repetición y la hace propaganda: estimula al delicuente y contagia su ejemplo". Eduardo Galeano.
Recordatorio enlaces ya publicados: sin desperdicio.
FRAUDE EN LA FORMACIÓN. Releva a los peritos del Estado
La juez deja en manos de los interventores de la Junta la investigación del fraude.
- María Núñez Bolaños aparta de de la causa a los peritos del Estado
- La Junta deja escapar cientos de millones del fraude en los cursos
Otra polémica decisión de la titular del Juzgado de
Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en una causa de
corrupción heredada de la anterior responsable de este órgano judicial, la
magistrada Mercedes
Alaya, ahora en la Audiencia de Sevilla.
Núñez Bolaños ha
relevado a los interventores del Estado, a los que su
antecesora había pedido que investigaran el presunto fraude de la formación e
hicieran las correspondientes periciales, y ha colocado en su puesto a los
interventores de la Junta.
Aprovechando que los peritos del Estado se han dirigido a la juez para
informarle de que estaban ultimando varios informes sobre los ERE y de que, en
cuanto los terminaran, analizarían las subvenciones de la Junta para los cursos, Núñez Bolaños los ha apartado
del caso.
La designación ha causado sorpresa porque, mientras la Intervención General de la
Administración del Estado no
tiene nada que ver con las subvenciones para los cursos que ha repartido la
Junta y que ahora están bajo sospecha, y es, por lo tanto, lo suficientemente independiente para valorarlas,
no se puede decir lo mismo de los funcionarios de la Administración autonómica.
La Intervención General de la Junta forma
parte del circuito administrativo por el que han pasado miles de millones de euros en subvenciones para cursos
que ahora se están investigando, un presunto fraude que podría ascender a unos 3.000 millones de euros, según las primeras
estimaciones policiales, el caso de corrupción de mayor cuantía conocido hasta
ahora. En el de los ERE, en el que están imputados los ex presidentes del
Gobierno andaluz los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la suma
presuntamente defraudada es inferior a los 1.000 millones.
La Intervención de la Junta no es, por tanto, de un órgano ajeno o
independiente a los cursos de formación, sino que tomó decisiones sobre estas
subvenciones. ¿Estaría, de esta forma, la juez poniendo a la Junta a investigarse a sí misma?
Podría darse la circunstancia, incluso, de que algún interventor acabara
imputado en el presunto fraude de los cursos. De hecho, en el
caso ERE ocurrió así. En la lista de más de 200 investigados por las
prejubilaciones irregulares está el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.
En las pesquisas de la formación hay varios funcionarios de la
Administración autómica imputados, como los jefes de servicio
encargados de repartir las ayudas, pero no hay ningún interventor. También hay
casi una veintena de ex altos cargos investigados.
No es la primera vez que la juez Núñez Bolaños toma una decisión
polémica. Nada más aterrizar en el juzgado, la magistrada se estrenó en el
cargo dictando una providencia que anulaba un auto de la juez Alaya en el que
ampliaba la imputación contra el ex consejero Ángel
Ojeda, investigado tras recibir 50 millones de euros en
subvenciones para cursos. De esta forma, Núñez Bolaños dejaba sin efecto la
última decisión de su antecesora sobre este caso.
Como informó EL MUNDO en septiembre pasado, Núñez Bolaños mantuvo paralizadas dos de las tres macrocausas que
Alaya abrió contra la Junta, ya que ordenó a sus funcionarios que no avanzaran
en las investigaciones de los cursos de formación y de los avales concedidos
por el Gobierno andaluz mientras no
llegaran refuerzos al juzgado.
En una providencia fechada el 26 de abril pasado, Núñez Bolaños acuerda que
la Intervención General de la Junta proceda al «análisis de los
expedientes de subvenciones que se investigan» en las pesquisas del presunto
fraude de los cursos.
Para ello, debe «designar
peritos en número suficiente a
fin de realizar el informe requerido». En especial, la juez encarga que se
cuantifiquen las «cantidades defraudadas mediante la simulación de facturación
de los profesores y formadores a través de la mercantil Serpro, S.L.»,
vinculada al ex consejero Ojeda.
También solicita que «se proceda a cuantificar aquellas cantidades fraudulentamente
facturadas por
empresas del grupo del investigado Ojeda que hayan sido objeto de justificación
en cada expediente», señala la juez.
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