FRAUDE EN FORMACIÓN. Pide al Parlamento
que lo denuncie a la Fiscalía por falso testimonio en la declaración
- El PSOE redobla su presión al testigo protegido de los cursos de formación
CORRUPCIÓN. Por supuestas prácticas restrictivas
de la competencia.Arellano reabre un expediente al Colegio que lo
denunció al fiscal
- Competencia amenaza ahora con sancionar a los arquitectos de Sevilla con hasta 220.000 euros casi dos años después de dar por cerrado el caso
POLÍTICA.Reacciones al expediente de la Agencia
de Defensa de la Competencia El PP dice que Arellano usa su cargo
para "vengarse" de los arquitectos
- "Las instituciones están para servir al ciudadano y no para atacarlos y amenazarlos cuando algo no te gusta", aseguran los 'populares'
Conclusión: ¿Blanco o en Botella?;
es usted un ciudadano normal o
todavía piensa.
FRAUDE EN FORMACIÓN.
Pide al Parlamento que lo denuncie a la
Fiscalía por falso testimonio en la declaración
El PSOE redobla su presión al testigo protegido de
los cursos de formación
El grupo del PSOE en el Parlamento andaluz ha pedido
formalmente que los servicios jurídicos de la Cámara estudien si
Teodoro Montes incurrió en falso testimonio cuando declaró el pasado 22 de
abril ante la comisión de investigación que trata de depurar responsabilidades
políticas por el fraude de la formación profesional para el empleo.
Los socialistas redoblan así la presión sobre el
testigo protegido de Alaya en el caso de la formación, quien dijo en su
compareciencia que los cursos se convirtieron en el
«negocio del siglo en la Junta» con la connivencia de los altos cargos
políticos del Gobierno andaluz. El
diputado del PSOE Rodrigo Sánchez Haro se mostró más incisivo que nunca cuando
interrogó a Montes.
El presidente de la comisión de investigación, Julio
Díaz (Ciudadanos), ha convocado hoy a los diputados al término de la
comparecencia del empresario José Sivianes para analizar diversos escritos
presentados por los grupos.
Dos de ellos hacen referencia a las declaraciones
del ex consejero Ángel Ojeda y el funcionario Teodoro Montes, a fin de decidir
si se envían los casos a la Mesa del Parlamento para que encargue los informes
jurídicos que determinen si debe llevarse a la Fiscalía en aplicación
del artículo 502.3 del Códibo Penal: «El que convocado ante una comisión
parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será
castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24
meses».
Interrogatorio incisivo
En un escrito de seis folios fechado el pasado 29 de
abril, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, los diputados socialistas
Rodrigo Sánchez Haro y Marisa Bustinduy defienden que, atendiendo a
la documental obrante en la comisión, Teodoro Montes podría «haber faltado a la
verdad» en
cuatro extremos durante su declaración. Ésta se prologó durante casi tres horas
y media.
El jefe del departamento de gestión de la formación
profesional ocupacional en Sevilla aseguró que se negó a expedir los certificados de 25
cursos impartidos por la extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe) en 2003
porque «ni siquiera llegaron a empezar».
Reproduciendo la respuesta a la
nota de régimen interior que el propio Montes dirigió el 9 de mayo de 2011 a la
secretaría provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el PSOE concluye
que el funcionario «tenía pruebas más que suficientes donde se constataba que
dichos cursos se habían realizado».
Los parlamentarios socialistas también citan el
informe elaborado por la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo a raíz de las declaraciones realizadas por Montes en el juzgado cuando
era titular Mercedes Alaya. Su conclusión es que el testigo protegido envió dicha
comunicación interior a fin de «sembrar dudas sobre la efectiva realización de
los crusos para posteriormente utilizar esa duda en su denuncia».
Respecto a la denuncia sobre los
450 cursos de la Faffe correspondiente a la programación 2009/2010, el PSOE
sostiene que no pudieron impartirse «por insuficiencia presupuestaria, sin que
ello suponga -como quiere hacer ver el denunciante- irregularidad
económica alguna».
También sale al paso de la situación de
acoso laboral que el funcionario dice padecer. En este sentido, exponen que la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) «no contiene ningún pronunciamiento
sobre 'mobbing'».
Igualmente, Sánchez Haro y Bustinduy consideran que
Teodoro Montes «faltó a la verdad» cuando refirió irregularidades en la
selección de alumnos de un curso impartido por Laboratorio Torrecilla SL en el
que se incluyó como alumna una hija. El funcionario negó la existencia de un
informe en el que la empresa había desestimado inicialmente a esta alumna por no
cumplir el requisito de titulación.
Como ya publicó este periódico, el PP también ha
registrado un escrito para que la Mesa del Parlamento estudie llevar a la
Fiscalía al ex consejero Ángel Ojeda por «faltar a la verdad» en su
comparecencia ante la comisión. Ojeda dijo que no contestaría las
preguntas de la diputada popular Teresa Ruiz-Sillero porque ésta «le había
difamado», invocando el auto del TSJA por el que
archivaba la querella de su cuñada Teresa Florido contra la parlamentaria del PP Ana Mestre. En esa resolución
judicial no se cita a Ruiz-Sillero, que considera que ex el consejero «se sirvió de esta
mentira» para esquivar las preguntas del principal grupo de la oposición.
POLÍTICA.Reacciones
al expediente de la Agencia de Defensa de la Competencia.El PP dice que Arellano usa su cargo para
"vengarse" de los arquitectos
"Las instituciones están para servir al ciudadano y no
para atacarlos y amenazarlos cuando algo no te gusta", aseguran los 'populares'
El
TSJA abre diligencias contra el consejero de Economía de Díaz
CORRUPCIÓN.
Por supuestas prácticas restrictivas de la competencia
Arellano reabre un expediente al Colegio que lo denunció al
fiscal
- Competencia amenaza ahora con sancionar a los arquitectos de Sevilla con hasta 220.000 euros casi dos años después de dar por cerrado el caso
7/05/2016
10:09El consejero de Economía y Conocimiento,
Antonio Ramírez de Arellano, ha reabierto casi dos años después un expediente
sancionador contra el colegio profesional que le denunció ante la Fiscalía por una adjudicación presuntamente
irregular durante su etapa como vicerrector de Infraestructuras de la
Universidad de Sevilla, y que ha desembocado en su imputación por parte del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dada su condición de aforado
autonómico.
El departamento de investigación de Defensa de la
Competencia de Andalucía -organismo dependiente de la Consejería que dirige
Ramírez de Arellano- acordó el pasado 3 de febrero abrir expediente sancionador
al Colegio de Arquitectos de Sevilla por
supuestas prácticas restrictivas de la competencia. El desencandenante fue el envío masivo de cartas a
ayuntamientos de la provincia en las que defendía que los aparejadores y arquitectos técnicos
adscritos a los servicios municipales no tenían la competencia profesional
necesaria para dictaminar sobre la procedencia y adecuación de los proyectos de
edificación y de urbanización en los procedimientos administrativos de
concesión de licencias urbanísticas.
Esa
decisión suponía la reapertura del caso, puesto que el Consejo de Defensa de la
Competencia de Andalucía había acordado el 14 de
marzo de 2014 la terminación convencional del expediente sancionador incoado el
3 de diciembre de 2012 al entender que los compromisos
presentados por el Colegio de Arquitectos de Sevilla resolvían los problemas de
competencia que generaban las prácticas cometidas. Entre otras medidas, la institución colegial se
comprometía a enviar nuevamente a los ayuntamientos cartas rectificando su
decisión inicial, elaborar un código de buenas prácticas sobre la libre
competencia y comunicar estas acciones a sus propios colegiados.
Casi
dos años después, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha
comunicado la apertura de un nuevo expediente sancionador por infracción «muy
grave» del acuerdo de 2014, por lo que el Colegio de Arquitectos se enfrenta a
una sanción que puede alcanzar los 220.000 euros (el 10 por ciento de su
presupuesto anual).
La
medida se produce un año después de que los arquitectos sevillanos llevaran a
Ramírez de Arellano ante la Fiscalía por adjudicar de manera «arbitraria» la
redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados
de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius) durante su etapa como
vicerrector de Infraestructuras de la Hispalense.
Tras
apreciar indicios delictivos, la Fiscalía Superior de Andalucía presentó
denuncia a finales del pasado mes de marzo por prevaricación administrativa
continuada y falsedad en documento público contra Ramírez de Arellano -al que
Susana Díaz confió la Consejería de Economía y Conocimiento cuando formó
gobierno tras las últimas elecciones andaluzas- y el TSJA acordó el pasado 12
de abril abrir causa contra él, citándolo a prestar declaración en calidad de
investigado el próximo 10 de mayo.
En un comunicado, el Colegio de Arquitectos de Sevilla ha
denunciado también cómo otro organismo que depende de la Consejería de Economía
y Conocimiento -la Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (Extenda)- les «ha excluido» de unas jornadas técnicas organizadas con motivo de una visita profesional a la comunidad de
arquitectos del Colegio de Oujda-Norte de Marruecos para explorar oportunidades
de colaboración.
El
acto estaba previsto que se desarrollara durante la jornada de este viernes en
la sede de su fundación Fidas, pero «a última hora» Extenda les comunicó que se
desarrollaría en sus propias instalaciones «por razones de logística».
POLÍTICA
Reacciones
al expediente de la Agencia de Defensa de la Competencia
El PP dice que Arellano usa su cargo para "vengarse" de
los arquitectos
- "Las instituciones están para servir al ciudadano y no para atacarlos y amenazarlos cuando algo no te gusta", aseguran los 'populares'
- Elconsejero Antonio Ramírez de Arellano reabre un expediente al Colegio que lodenunció al fiscal
EFE
Sevilla07/05/2016 14:18La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha
afirmado hoy que el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, está
"utilizando la Consejería para vengarse de quien destapó las
irregularidades" por las que se encuentra imputado.
"El consejero de Economía y Conocimiento ahora amenaza
con multar al Colegio de Arquitectos que puso la denuncia por la cual está
imputado", ha declarado a los
periodistas tras mantener una reunión con el Comité de Dirección del PP de
Almería y ha exigido que
Arellano comparezca en el Parlamento andaluz aclare lo ocurrido.
López
se refería así a las informaciones sobre la supuesta reapertura de un
expediente sancionador contra el Colegio de Arquitectos de Sevilla, que
denunció al consejero ante la Fiscalía por una adjudicación presuntamente
irregular durante su etapa como vicerrector de Infraestructuras de la
Universidad de Sevilla.
"Las instituciones están para servir al ciudadano y no
para atacarlos y amenazarlos cuando algo no te gusta", ha incidido la dirigente popular, quien ha mantenido
que en Andalucía "nos levantamos todos los días con un esperpento nuevo o
una maniobra política nueva de Susana Díaz o sus consejeros".
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