miércoles, 11 de mayo de 2016

El PSOE redobla su presión al testigo protegido de los cursos de formación + Arellano reabre un expediente al Colegio que lo denunció al fiscal + El PP dice que Arellano usa su cargo para "vengarse" de los arquitectos; "Las instituciones están para servir al ciudadano y no para atacarlos y amenazarlos cuando algo no te gusta", aseguran los 'populares' = ¿Esta es la explicación de la Andalucía silente?

FRAUDE EN FORMACIÓN. Pide al Parlamento que lo denuncie a la Fiscalía por falso testimonio en la declaración
  • El PSOE redobla su presión al testigo protegido de los cursos de formación


CORRUPCIÓN. Por supuestas prácticas restrictivas de la competencia.Arellano reabre un expediente al Colegio que lo denunció al fiscal

  • Competencia amenaza ahora con sancionar a los arquitectos de Sevilla con hasta 220.000 euros casi dos años después de dar por cerrado el caso


POLÍTICA.Reacciones al expediente de la Agencia de Defensa de la Competencia El PP dice que Arellano usa su cargo para "vengarse" de los arquitectos

  • "Las instituciones están para servir al ciudadano y no para atacarlos y amenazarlos cuando algo no te gusta", aseguran los 'populares'

  

Conclusión: ¿Blanco o en Botella?es usted un ciudadano normal o todavía piensa.









FRAUDE EN FORMACIÓN.

Pide al Parlamento que lo denuncie a la Fiscalía por falso testimonio en la declaración

El PSOE redobla su presión al testigo protegido de los cursos de formación


El grupo del PSOE en el Parlamento andaluz ha pedido formalmente que los servicios jurídicos de la Cámara estudien si Teodoro Montes incurrió en falso testimonio cuando declaró el pasado 22 de abril ante la comisión de investigación que trata de depurar responsabilidades políticas por el fraude de la formación profesional para el empleo.

Los socialistas redoblan así la presión sobre el testigo protegido de Alaya en el caso de la formación, quien dijo en su compareciencia que los cursos se convirtieron en el «negocio del siglo en la Junta» con la connivencia de los altos cargos políticos del Gobierno andaluz. El diputado del PSOE Rodrigo Sánchez Haro se mostró más incisivo que nunca cuando interrogó a Montes.

El presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz (Ciudadanos), ha convocado hoy a los diputados al término de la comparecencia del empresario José Sivianes para analizar diversos escritos presentados por los grupos.

Dos de ellos hacen referencia a las declaraciones del ex consejero Ángel Ojeda y el funcionario Teodoro Montes, a fin de decidir si se envían los casos a la Mesa del Parlamento para que encargue los informes jurídicos que determinen si debe llevarse a la Fiscalía en aplicación del artículo 502.3 del Códibo Penal: «El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses».

Interrogatorio incisivo

En un escrito de seis folios fechado el pasado 29 de abril, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, los diputados socialistas Rodrigo Sánchez Haro y Marisa Bustinduy defienden que, atendiendo a la documental obrante en la comisión, Teodoro Montes podría «haber faltado a la verdad» en cuatro extremos durante su declaración. Ésta se prologó durante casi tres horas y media.

El jefe del departamento de gestión de la formación profesional ocupacional en Sevilla aseguró que se negó a expedir los certificados de 25 cursos impartidos por la extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe) en 2003 porque «ni siquiera llegaron a empezar».

Reproduciendo la respuesta a la nota de régimen interior que el propio Montes dirigió el 9 de mayo de 2011 a la secretaría provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el PSOE concluye que el funcionario «tenía pruebas más que suficientes donde se constataba que dichos cursos se habían realizado».

Los parlamentarios socialistas también citan el informe elaborado por la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a raíz de las declaraciones realizadas por Montes en el juzgado cuando era titular Mercedes Alaya. Su conclusión es que el testigo protegido envió dicha comunicación interior a fin de «sembrar dudas sobre la efectiva realización de los crusos para posteriormente utilizar esa duda en su denuncia».

Respecto a la denuncia sobre los 450 cursos de la Faffe correspondiente a la programación 2009/2010, el PSOE sostiene que no pudieron impartirse «por insuficiencia presupuestaria, sin que ello suponga -como quiere hacer ver el denunciante- irregularidad económica alguna».

También sale al paso de la situación de acoso laboral que el funcionario dice padecer. En este sentido, exponen que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) «no contiene ningún pronunciamiento sobre 'mobbing'».

Igualmente, Sánchez Haro y Bustinduy consideran que Teodoro Montes «faltó a la verdad» cuando refirió irregularidades en la selección de alumnos de un curso impartido por Laboratorio Torrecilla SL en el que se incluyó como alumna una hija. El funcionario negó la existencia de un informe en el que la empresa había desestimado inicialmente a esta alumna por no cumplir el requisito de titulación.

Como ya publicó este periódico, el PP también ha registrado un escrito para que la Mesa del Parlamento estudie llevar a la Fiscalía al ex consejero Ángel Ojeda por «faltar a la verdad» en su comparecencia ante la comisión. Ojeda dijo que no contestaría las preguntas de la diputada popular Teresa Ruiz-Sillero porque ésta «le había difamado», invocando el auto del TSJA por el que archivaba la querella de su cuñada Teresa Florido contra la parlamentaria del PP Ana Mestre. En esa resolución judicial no se cita a Ruiz-Sillero, que considera que ex el consejero «se sirvió de esta mentira» para esquivar las preguntas del principal grupo de la oposición.


POLÍTICA.Reacciones al expediente de la Agencia de Defensa de la Competencia.El PP dice que Arellano usa su cargo para "vengarse" de los arquitectos

"Las instituciones están para servir al ciudadano y no para atacarlos y amenazarlos cuando algo no te gusta", aseguran los 'populares'




El TSJA abre diligencias contra el consejero de Economía de Díaz


CORRUPCIÓN. Por supuestas prácticas restrictivas de la competencia

Arellano reabre un expediente al Colegio que lo denunció al fiscal

  • Competencia amenaza ahora con sancionar a los arquitectos de Sevilla con hasta 220.000 euros casi dos años después de dar por cerrado el caso



7/05/2016 10:09El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha reabierto casi dos años después un expediente sancionador contra el colegio profesional que le denunció ante la Fiscalía por una adjudicación presuntamente irregular durante su etapa como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, y que ha desembocado en su imputación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dada su condición de aforado autonómico.

El departamento de investigación de Defensa de la Competencia de Andalucía -organismo dependiente de la Consejería que dirige Ramírez de Arellano- acordó el pasado 3 de febrero abrir expediente sancionador al Colegio de Arquitectos de Sevilla por supuestas prácticas restrictivas de la competencia. El desencandenante fue el envío masivo de cartas a ayuntamientos de la provincia en las que defendía que los aparejadores y arquitectos técnicos adscritos a los servicios municipales no tenían la competencia profesional necesaria para dictaminar sobre la procedencia y adecuación de los proyectos de edificación y de urbanización en los procedimientos administrativos de concesión de licencias urbanísticas.

Esa decisión suponía la reapertura del caso, puesto que el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía había acordado el 14 de marzo de 2014 la terminación convencional del expediente sancionador incoado el 3 de diciembre de 2012 al entender que los compromisos presentados por el Colegio de Arquitectos de Sevilla resolvían los problemas de competencia que generaban las prácticas cometidas. Entre otras medidas, la institución colegial se comprometía a enviar nuevamente a los ayuntamientos cartas rectificando su decisión inicial, elaborar un código de buenas prácticas sobre la libre competencia y comunicar estas acciones a sus propios colegiados.

Casi dos años después, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha comunicado la apertura de un nuevo expediente sancionador por infracción «muy grave» del acuerdo de 2014, por lo que el Colegio de Arquitectos se enfrenta a una sanción que puede alcanzar los 220.000 euros (el 10 por ciento de su presupuesto anual).

La medida se produce un año después de que los arquitectos sevillanos llevaran a Ramírez de Arellano ante la Fiscalía por adjudicar de manera «arbitraria» la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius) durante su etapa como vicerrector de Infraestructuras de la Hispalense.

Tras apreciar indicios delictivos, la Fiscalía Superior de Andalucía presentó denuncia a finales del pasado mes de marzo por prevaricación administrativa continuada y falsedad en documento público contra Ramírez de Arellano -al que Susana Díaz confió la Consejería de Economía y Conocimiento cuando formó gobierno tras las últimas elecciones andaluzas- y el TSJA acordó el pasado 12 de abril abrir causa contra él, citándolo a prestar declaración en calidad de investigado el próximo 10 de mayo.

En un comunicado, el Colegio de Arquitectos de Sevilla ha denunciado también cómo otro organismo que depende de la Consejería de Economía y Conocimiento -la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda)- les «ha excluido» de unas jornadas técnicas organizadas con motivo de una visita profesional a la comunidad de arquitectos del Colegio de Oujda-Norte de Marruecos para explorar oportunidades de colaboración.

El acto estaba previsto que se desarrollara durante la jornada de este viernes en la sede de su fundación Fidas, pero «a última hora» Extenda les comunicó que se desarrollaría en sus propias instalaciones «por razones de logística».





POLÍTICA
Reacciones al expediente de la Agencia de Defensa de la Competencia

El PP dice que Arellano usa su cargo para "vengarse" de los arquitectos



EFE Sevilla07/05/2016 14:18La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, ha afirmado hoy que el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, está "utilizando la Consejería para vengarse de quien destapó las irregularidades" por las que se encuentra imputado.

"El consejero de Economía y Conocimiento ahora amenaza con multar al Colegio de Arquitectos que puso la denuncia por la cual está imputado", ha declarado a los periodistas tras mantener una reunión con el Comité de Dirección del PP de Almería y ha exigido que Arellano comparezca en el Parlamento andaluz aclare lo ocurrido.

López se refería así a las informaciones sobre la supuesta reapertura de un expediente sancionador contra el Colegio de Arquitectos de Sevilla, que denunció al consejero ante la Fiscalía por una adjudicación presuntamente irregular durante su etapa como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.

"Las instituciones están para servir al ciudadano y no para atacarlos y amenazarlos cuando algo no te gusta", ha incidido la dirigente popular, quien ha mantenido que en Andalucía "nos levantamos todos los días con un esperpento nuevo o una maniobra política nueva de Susana Díaz o sus consejeros".


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...