- Susana Díaz nombra directora general de Pesca a la misma persona que cesó el 17 de noviembre
- Margarita Pérez se marchó voluntariamente para atender «problemas familiares» ya resueltos
estas asignaciones no se establecieron para que el alto cargo pudiera tomarse unos meses de vacaciones pagadas para atender problemas personales u cualquier otro asunto.
Fraude de ley: Se denomina fraude de ley o fraude a la ley al método de incumplimiento indirecto del Derecho en el sentido de que supone la obtención de un resultado contrario al conjunto del orden jurídico determinado alcanzado a través de la puntual observancia de los dispuesto en la norma jurídica.
ADMINISTRACIÓN.La polémica de las cesantías
Una alto cargo regresa a la Junta tras
tres meses de vacaciones pagadas
- Susana Díaz nombra directora general de Pesca a la misma persona que cesó el 17 de noviembre
- Margarita Pérez se marchó voluntariamente para atender «problemas familiares» ya resueltos
El Gobierno andaluz, que preside
la socialista Susana Díaz, acaba de nombrar alto cargo a la misma persona que
voluntariamente dejó el puesto hace menos de cuatro meses. Se trata de la directora
general de Pesca y Agricultura, Margarita Pérez Martín, una funcionaria de la
Administración andaluza que desde hace más de dos décadas y de forma
intermitente viene ocupando puestos de responsabilidad en diferentes
consejerías.
EL MUNDO pudo confirmar en fuentes de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que dirige la consejera
María del Carmen Ortiz Rivas, que Margarita Pérez Martín ha
cobrado durante tres meses -entre enero y marzo de este año- su sueldo
íntegro como directora general, a pesar de que no ha estado trabajando. La cuantía
que se ha embolsado en los tres meses supera los 13.577 euros, si bien la Consejería eludió aclarar la cifra exacta.
El sueldo anual íntegro para los directores
generales de la Junta está fijado en 54.308,60 euros, divididos entre doce
mensualidades, resulta la cantidad de 4.525 euros, que multiplicada por tres: los 13.577 euros citados anteriormente que habría cobrado como
vacaciones pagadas Pérez Martín. Sin
embargo, la cuantía cobrada por esta directora general es superior porque a los
13.577 euros hay que añadir
los trienios acumulados en su larga
trayectoria en la Administración autonómica.
Se trata de uno de los privilegios de los que
pueden disfrutar todos los altos cargos y diputados andaluces: las conocidas como cesantías, asignaciones
económicas por razón de cese o llamadas también el paro de los políticos.
Las cesantías se implantaron en Andalucía en 2005,
dentro de un paquete legislativo que se llamó «de impulso democrático». Desde
entonces, todos los altos cargos con rango de director general o superior, así
como los 109 parlamentarios andaluces, están blindados a la salida del despacho oficial o del escaño
gracias a estas polémicas indemnizaciones aprobadas con la justificación de cubrir a los altos cargos y a los
parlamentarios un tiempo después de su cese, dado que no tienen derecho a
cobrar el desempleo y que, en teoría, haber ocupado un puesto relevante en la
Administración o haber sido diputado puede dificultar su reinserción laboral
por el régimen de incompatibilidades.
Plazo mínimo
Margarita Pérez Martín ha
cobrado las cesantías durante tres meses, que es el plazo mínimo estipulado
para los directores generales. Para calcular la cantidad a la que tienen
derecho los altos cargos o diputados se tiene en cuenta el tiempo que han
permanecido en el puesto. En el caso de los directores generales, la asignación
económica de la que pueden disfrutar asciende a una mensualidad por año en el
cargo, con un mínimo de tres y un máximo de doce pagas.
En teoría, la directora general de Pesca y
Agricultura se podía haber embolsado al menos seis meses de cesantías, ya que ha permanecido en el
puesto entre abril de 2009 y noviembre de 2015, cuando voluntariamente pidió marcharse
para poder atender «problemas personales» que ya ha resuelto, indicaron a
este diario las fuentes de la Consejería de Agricultura consultadas. Sin
embargo, también es cierto que se puede renunciar a ellas y que estas asignaciones no se establecieron
para que el alto cargo pudiera tomarse unos meses de vacaciones pagadas para
atender problemas personales u cualquier otro asunto.
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