miércoles, 6 de abril de 2016

PARLAMENTO Segundo gran fracaso parlamentario del PSOE-A La oposición tumba el 'decretazo' de los 'enchufados' de Susana Díaz No convalidado el Decreto Ley 1/2016, de 15 de marzo. Resultado votación: Si (47), NO (51), Abstenciones (9: Ciudadanos) = El Gobierno de los "psociolistos" carece de límites; ¿actúan a sabiendas; saltándose el bloque de constitucionalidad, Administración preferentemente funcionarial y reserva de potestades (funciones) administrativas (públicas) a personal funcionario?¿No es hora de que la Fiscalía, lleve a los "gogernantes psociolistos", a la vía penal, por la Disposición Adicional primera de este Decreto Ley, publicado en el Boja número 55 de 22-03-2016? ¿No estaban ya aplicando la norma y enseñando en algunas de las oficinas de empleo el funcionamiento del programa HERMES a personal no habilitado?





Esa medida, consensuada entre varios grupos en el Parlamento en diciembre, se ha frustrado este miércoles por la decisión unilateral del PSOE de incluir en ese decreto una disposición adicional que otorga funciones a esos trabajadores, en su mayoría procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Unos 1.300 empleados de este organismo, cuya gestión forma parte de una pieza separada en el caso del fraude de la formación, se integraron en el SAE a través del polémico decreto del 'enchufismo' que después se desarrolló en una ley. Se denominó así porque supuso integrar en la Administración a más de 20.000 trabajadores externos del conglomerado de empresas públicas y fundaciones de la Junta. En la Faffe había contratados numerosos familiares y allegados de altos cargos socialistas. Ahora, la Consejería de Empleo tiene un problema con ese personal del SAE. Al no ser funcionario, no tiene atribuidas tareas administrativas. Por tanto, se da la paradoja de que cobran sin tener asignadas funciones concretas, mientras que algunas oficinas de este organismo malviven sin apenas personal.





BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016.¿Y que hace mientras la Junta?




El rechazo de la oposición al decreto se produce por dos motivos. Uno de fondo y otro de forma. En cuanto al contenido, todos los grupos de la oposición se han sumado a la exposición realizada por el portavoz de IU José Antonio Castro. Ha explicado que los propios letrados de la Junta, en un informe, dejan claro que la primera función atribuida a ese personal laboral corresponde al funcionariado porque es una potestad administrativa. Para la "inscripción, clasificación y actualización de la demanda de empleo para el diagnóstico individualizado y la elaboración de perfiles profesionales" hace falta, según los letrados, utilizar programas informáticos públicos como el de la Seguridad Social a los que sólo pueden tener acceso los funcionarios.






"No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así" Margaret Mead.




Manifestación  de la sociedad civil del 13 de noviembre del 2010. 

[foto de la noticia]


Hay que dar un paso al frente, en Defensa del interés general y de la Administración de base constitucional, la única que lo garantiza y actúa con independencia e imparcialidad, al servicio de los ciudadanos.

  


  



http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/04/06/57052b77e2704e0e528b45f9.html



PARLAMENTO

Segundo gran fracaso parlamentario del PSOE-A

La oposición tumba el 'decretazo' de los 'enchufados' de Susana Díaz



"Chantaje". "Juego sucio". "Falta de respeto a esta Cámara". "Mangoneo". Todos los grupos de la oposición andaluza han reprochado de forma unánime al Gobierno andaluz su maniobra para otorgar funciones a unos 1.500 trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que no tienen tareas atribuidas. Ciudadanos, socio parlamentario del PSOE, se ha abstenido en la votación, por lo que el decreto ha sido rechazado con los votos de PP, Podemos e IU. Previamente, el partido de Juan Marín ha mostrado su rechazo al decreto ley presentado por Susana Díaz para exonerar a los ayuntamientos andaluces de una serie de obligaciones legales necesarias para poder recibir subvenciones para programas de empleo.

Esa medida, consensuada entre varios grupos en el Parlamento en diciembre, se ha frustrado este miércoles por la decisión unilateral del PSOE de incluir en ese decreto una disposición adicional que otorga funciones a esos trabajadores, en su mayoría procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Unos 1.300 empleados de este organismo, cuya gestión forma parte de una pieza separada en el caso del fraude de la formación, se integraron en el SAE a través del polémico decreto del 'enchufismo' que después se desarrolló en una ley. Se denominó así porque supuso integrar en la Administración a más de 20.000 trabajadores externos del conglomerado de empresas públicas y fundaciones de la Junta. En la Faffe había contratados numerosos familiares y allegados de altos cargos socialistas. Ahora, la Consejería de Empleo tiene un problema con ese personal del SAE. Al no ser funcionario, no tiene atribuidas tareas administrativas. Por tanto, se da la paradoja de que cobran sin tener asignadas funciones concretas, mientras que algunas oficinas de este organismo malviven sin apenas personal.


Ciudadanos coincidía con el PSOE en la necesidad de otorgar funciones a esos trabajadores. Pero así no, como ha dejado claro el diputado Carlos Hernández White. "El problema es que ustedes no han sido transparentes y han jugado sucio. Hablamos de algo tan importante como el SAE, que debería funcionar a la perfección con el personal más adecuado, en una comunidad con un millón de parados. Pero parece que les importa muy poco los desempleados andaluces. Su objetivo no es que el SAE dé el mejor servicio posible a los andaluces. Para Ciudadanos sí. En este decreto no han contado con las organizaciones sindicales ni han respetado los derechos de igualdad, mérito y capacidad de todos los andaluces. Ustedes quieren solucionar ese problema con personal que les sobra de una fundación que ustedes crearon y cuya gestión está en los tribunales de Justicia. ¿Con esta gestión quieren afrontar el problema del paro?", les ha reprochado.


El rechazo de la oposición al decreto se produce por dos motivos. Uno de fondo y otro de forma. En cuanto al contenido, todos los grupos de la oposición se han sumado a la exposición realizada por el portavoz de IU José Antonio Castro. Ha explicado que los propios letrados de la Junta, en un informe, dejan claro que la primera función atribuida a ese personal laboral corresponde al funcionariado porque es una potestad administrativa. Para la "inscripción, clasificación y actualización de la demanda de empleo para el diagnóstico individualizado y la elaboración de perfiles profesionales" hace falta, según los letrados, utilizar programas informáticos públicos como el de la Seguridad Social a los que sólo pueden tener acceso los funcionarios.


En cuanto a las formas, todos los grupos han reprochado que la Junta haya ocultado esa disposición adicional hasta que el decreto se publicó en el BOJA el pasado día 22. Esa medida ni se ha presentado ni se ha discutido con los grupos parlamentarios ni con los sindicatos. En este sentido, como explicó Castro, su inclusión en el decreto que pretendía facilitar el acceso de los ayuntamientos a los programas de empleo suponía un "chantaje": "ayuntamientos y paro frente a los laborales del SAE", ha denunciado. Además, los letrados aseguran que no se considera acreditada la urgente necesidad que justifique el uso de la figura excepcional del decreto ley, que se salta varios pasos del trámite parlamentario ordinario, como la participación de los colectivos afectados.


"¿Por qué han querido cargarse ese decreto?" "¿De verdad todavía no son conscientes de que no tienen mayoría absoluta? ¿De verdad creen que pueden seguir faltándole el respeto a esta Cámara? Entérense ya, esa forma de mandar y mangonear se ha acabado ya", ha afirmado el diputado del PP Miguel Ángel Torrico.

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