- "Han jugado sucio", reprocha Ciudadanos para romper la alianza con el PSOE
- La Junta afronta el problema de los 'enchufados' con otro decretazo.
Esa medida, consensuada entre varios grupos en el Parlamento en diciembre, se ha frustrado este miércoles por la decisión unilateral del PSOE de incluir en ese decreto una disposición adicional que otorga funciones a esos trabajadores, en su mayoría procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Unos 1.300 empleados de este organismo, cuya gestión forma parte de una pieza separada en el caso del fraude de la formación, se integraron en el SAE a través del polémico decreto del 'enchufismo' que después se desarrolló en una ley. Se denominó así porque supuso integrar en la Administración a más de 20.000 trabajadores externos del conglomerado de empresas públicas y fundaciones de la Junta. En la Faffe había contratados numerosos familiares y allegados de altos cargos socialistas. Ahora, la Consejería de Empleo tiene un problema con ese personal del SAE. Al no ser funcionario, no tiene atribuidas tareas administrativas. Por tanto, se da la paradoja de que cobran sin tener asignadas funciones concretas, mientras que algunas oficinas de este organismo malviven sin apenas personal.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016.¿Y que hace mientras la Junta?
El rechazo de la oposición al decreto se produce por dos motivos. Uno de fondo y otro de forma. En cuanto al contenido, todos los grupos de la oposición se han sumado a la exposición realizada por el portavoz de IU José Antonio Castro. Ha explicado que los propios letrados de la Junta, en un informe, dejan claro que la primera función atribuida a ese personal laboral corresponde al funcionariado porque es una potestad administrativa. Para la "inscripción, clasificación y actualización de la demanda de empleo para el diagnóstico individualizado y la elaboración de perfiles profesionales" hace falta, según los letrados, utilizar programas informáticos públicos como el de la Seguridad Social a los que sólo pueden tener acceso los funcionarios.
"No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así" Margaret Mead.
Manifestación de la sociedad civil del 13 de noviembre del 2010.
Hay que dar un paso al frente, en Defensa del interés general y de la Administración de base constitucional, la única que lo garantiza y actúa con independencia e imparcialidad, al servicio de los ciudadanos.
http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/04/06/57052b77e2704e0e528b45f9.html
PARLAMENTO
Segundo gran fracaso parlamentario del PSOE-A
La oposición
tumba el 'decretazo' de los 'enchufados' de Susana Díaz
- "Han jugado sucio", reprocha Ciudadanos para romper la alianza con el PSOE
- La Junta afronta el problema de los 'enchufados' con otro decretazo
Esa medida, consensuada entre varios grupos
en el Parlamento en diciembre, se ha frustrado este miércoles por la decisión unilateral del PSOE de incluir en ese decreto una disposición adicional que
otorga funciones a esos trabajadores, en su mayoría procedentes de la extinta Fundación
Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Unos 1.300 empleados de este organismo, cuya gestión forma parte de una pieza separada en el caso del fraude
de la formación, se
integraron en el SAE a través del polémico decreto del 'enchufismo' que después
se desarrolló en una ley. Se denominó así porque supuso integrar en la
Administración a más de 20.000 trabajadores externos del conglomerado de
empresas públicas y fundaciones de la Junta. En la Faffe había contratados
numerosos familiares y allegados de altos cargos socialistas. Ahora, la
Consejería de Empleo tiene un problema con ese personal del SAE. Al no ser
funcionario, no tiene atribuidas tareas administrativas. Por tanto, se da la
paradoja de que cobran sin tener asignadas funciones concretas, mientras que algunas oficinas de este
organismo malviven sin apenas personal.
Ciudadanos coincidía con el PSOE en la
necesidad de otorgar funciones a esos trabajadores. Pero así no, como ha dejado
claro el diputado Carlos Hernández White. "El problema es que ustedes no han sido transparentes y han jugado sucio. Hablamos de algo tan importante como el SAE, que
debería funcionar a la perfección con el personal más adecuado, en una
comunidad con un millón de parados. Pero parece que les
importa muy poco los desempleados andaluces. Su objetivo no es que el SAE dé el mejor servicio posible a los
andaluces. Para Ciudadanos sí. En este decreto no han contado con las
organizaciones sindicales ni han respetado los derechos de igualdad, mérito y
capacidad de todos los andaluces. Ustedes quieren solucionar ese problema con
personal que les sobra de una fundación que ustedes crearon y cuya
gestión está en los tribunales de Justicia. ¿Con esta gestión quieren afrontar el
problema del paro?", les ha reprochado.
El rechazo de la oposición al decreto se produce por dos motivos. Uno de fondo y otro de forma. En cuanto al contenido, todos los grupos de la oposición se han sumado a la exposición realizada por el portavoz de IU José Antonio Castro. Ha explicado que los propios letrados de la Junta, en un informe, dejan claro que la primera función atribuida a ese personal laboral corresponde al funcionariado porque es una potestad administrativa. Para la "inscripción, clasificación y actualización de la demanda de empleo para el diagnóstico individualizado y la elaboración de perfiles profesionales" hace falta, según los letrados, utilizar programas informáticos públicos como el de la Seguridad Social a los que sólo pueden tener acceso los funcionarios.
En cuanto a las formas, todos los grupos han reprochado que la Junta haya ocultado esa disposición adicional hasta que el decreto se publicó en el BOJA el pasado día 22. Esa medida ni se ha presentado ni se ha discutido con los grupos parlamentarios ni con los sindicatos. En este sentido, como explicó Castro, su inclusión en el decreto que pretendía facilitar el acceso de los ayuntamientos a los programas de empleo suponía un "chantaje": "ayuntamientos y paro frente a los laborales del SAE", ha denunciado. Además, los letrados aseguran que no se considera acreditada la urgente necesidad que justifique el uso de la figura excepcional del decreto ley, que se salta varios pasos del trámite parlamentario ordinario, como la participación de los colectivos afectados.
"¿Por qué han querido cargarse ese
decreto?" "¿De verdad todavía no son conscientes de que no tienen
mayoría absoluta? ¿De verdad creen que pueden seguir faltándole el respeto a esta
Cámara? Entérense ya, esa forma de mandar y mangonear se ha acabado ya",
ha afirmado el diputado del PP Miguel Ángel Torrico.
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