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¿Blanco o en Botella?
FRAUDE DE LA FORMACIÓNExtinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe)
- Núñez Bolaños pide a la Junta documentación sobre su antigua fundación que la Guardia Civil reclama desde hace más de ocho meses.
- Ex directivos de la Juntaniegan que 'enchufaran' a allegados al PSOE
Seis Líneas de investigación.
La Guardia Civil ha tomado declaración de testigos a 45 personas
relacionadas con la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo
(Faffe) y trabaja en al menos seis líneas de investigación en esta pieza
separada, según expone un mando de la Unidad Central Operativa (UCO) en un
oficio presentado en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
Los investigadores dicen que con las testificales tratan de conocer el
«funcionamiento real» de los distintos departamentos relacionados con la
tramitación, gestión y justificación de las subvenciones obtenidas para la
realización de cursos de formación. La UCO ha citado a directivos, gerentes,
técnicos gestores, coordinadores, docentes y administrativos.
La Guardia Civil investiga las fuentes de financiación de la Faffe, su
participación como gestor de subvenciones a terceros, el proceso de
contratación de su personal y de proveedores, la externalización de servicios a
través de encomiendas de gestión y sus actividades como agente externo.
FRAUDE DE LA FORMACIÓN
Extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo
(Faffe)
La juez acuerda
diligencias en una pieza de los cursos que sobreseyó
- Núñez Bolaños pide a la Junta documentación sobre su antigua fundación que la Guardia Civil reclama desde hace más de ocho meses.
- Ex directivos de la Junta niegan que 'enchufaran' a allegados al PSOE
La juez que instruye el
caso de la formación, María Núñez Bolaños, ha acordado la práctica de
diligencias en una pieza que ella misma ha sobreseído
provisionalmente después de
declararla de especial complejidad mientras una dirección general de la Junta
emite el informe requerido desde abril del pasado año.
En una providencia dictada el pasado 4 de
abril, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ordena que se libren oficios tanto a la Tesorería General de la Seguridad Social como
a todas las consejerías de la Junta y al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para
obtener diversa documentación relativa a la extinta
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), integrada desde 2011 en el SAE.
En el plazo de 25 días, Núñez Bolaños ha
sobreseído de forma provisional la pieza separada sobre la Faffe para que no
corra el plazo de 18 meses de que disponer para completar la investigación y ha
acordado la práctica de nuevas diligencias sobre los hechos que se investigan en esta rama sin que
haya trascendido la eventual reapertura del caso.
El PP, que ejerce la acusación popular en
el caso y que recurrió directamente ante la Audiencia de Sevilla la decisión de
la juez sobreseer la pieza al entender que no
concurre ninguno de los dos supuestos que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha alertado
de que la práctica de nuevas diligencias puede ser motivo de nulidad en un
futuro.
En su recurso, el PP cita diversas sentencias
en las que la Audiencia de Sevilla concluye que no procede el sobreseimiento cuando no se ha agotado la
instrucción y se vislumbren otras diligencias. Menos aún si quedan algunas
por practicar.
En este caso, no sólo faltaba el informe de
la Dirección General de Formación para el Empleo aludido en el auto de sobreseimiento por Núñez Bolaños
-ordenado por Alaya el 10 de abril de 2015- sino diversa documentación que la
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reclama sin éxito
desde julio del año
pasado.
Frente al camino adoptado por la
instructora, el PP considera que lo que procedía era darle 10 días a los
funcionarios para que entregaran en el juzgado el informe solicitado y, de no
hacerlo, ordenar a la Guardia Civil que requisaran
nuevamente los expedientes de subvenciones a fin de entregárselos a los peritos de la Intervención
General de la Administración del Estado (IGAE) que prestan auxilio judicial
para que los analicen. Será la Audiencia la que tendrá que avalar o
desacreditar la actuación de la juez.
En la citada providencia del 4 de abril,
Núñez Bolaños requiere a la Junta y a la Administración central la entrega de
documentación relacionada con la actividad de la Faffe que la Guardia Civil
demanda desde hace
más de ocho meses y que se
considera «imprescindible» para el avance de la investigación.
En concreto, ordena a las consejerías que le remitan -tanto en papel como en soporte digital-
todas las resoluciones emitidas por cualquier organismo de la Junta por las que
se formalizaron encomiendas de gestión ejecutadas entre 2003 y 2011 por la Faffe.
Se trata de una de las peticiones que contenía
el oficio elevado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al
Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla el 21 de julio de 2015 para que emitiera
los correspondientes mandamientos judiciales a fin de recabar -entre otra- la
documentación necesaria para analizar la actuación de la Faffe en la gestión y
ejecución de ayudas para cursos de formación. Entonces, Núñez Bolaños llevaba 35 días al frente del juzgado tras
sustituir a Mercedes Alaya.
A la vista de que el 21 de septiembre no
habían llegado los documentos, la Guardia Civil elevó otro oficio al juzgado en
el que volvía a reiterar la petición planteada dos meses
antes e incorporaba
«otras nuevas necesidades de investigación» relacionada con la Faffe,
considerada por la oposición como un «chiringuito» para colocar
a personas afines al PSOE y que llegó a gestionar más de 300 millones.
Los investigadores policiales no volvieron
a tener noticias hasta el 2 de diciembre, cuando el juzgado le hizo entrega de
una copia de los tomos 172-174 del sumario en el que supuestamente se incluían
-según el propio órgano judicial- «las respuestas a las solicitudes
efectuadas» por la UCO.
«Salvo error u omisión, en la documentación
incorporada en los tomos mencionados no aparece ninguna referencia al resultado de las solicitudes», expone un oficial de la
Guardia Civil encargado de la investigación en el oficio entregado al juzgado
con el que informa del estado de las investigaciones sobre la Faffe.
Por ello, el pasado 22 de diciembre volvió
a emitir un nuevo oficio -el tercero- reclamando la documentación, «necesaria para
poder continuar progresando en las investigaciones». Más de ocho meses después, los papeles no han llegado
todavía.
El juzgado también librará oficio a la Tesorería
General de la Seguridad Social para que aporte toda la información «de carácter laboral»
que obre en su base de datos sobre la Faffe y al SAE los protocolos de
actuación bajo cuyos parámetros se funcionaba en el seno de esta fundación,
especialmente en lo relativo a contratación y despido de personal y las
relaciones con proveedores. Tienen 10 días para aportar la documentación requerida.
Seis Líneas de investigación.
La Guardia Civil ha tomado
declaración de testigos a 45 personas relacionadas con la extinta Fundación
Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y trabaja en al menos seis líneas
de investigación en esta pieza separada, según expone un mando de la Unidad
Central Operativa (UCO) en un oficio presentado en el Juzgado de Instrucción 6
de Sevilla.
Los investigadores dicen que con las
testificales tratan de conocer el «funcionamiento real» de los distintos
departamentos relacionados con la tramitación, gestión y justificación de las
subvenciones obtenidas para la realización de cursos de formación. La UCO ha
citado a directivos, gerentes, técnicos gestores, coordinadores, docentes y
administrativos.
La Guardia Civil investiga las fuentes de
financiación de la Faffe, su participación como gestor de subvenciones a
terceros, el proceso de contratación de su personal y de proveedores, la
externalización de servicios a través de encomiendas de gestión y sus
actividades como agente externo.
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