- FUNCIÓN PÚBLICA. Tras el 'decretazo' fallido La Junta reconoce que tiene a 1.800 empleados "mano sobre mano". El Gobierno rectifica su decreto seis días después de que la oposición lo tumbara. La oposición tumba el decreto de los 'enchufados'
- SE REUNIRÁ CON LOS SINDICATOS Y CON LOS GRUPOS POLÍTICOS. La Junta negociará una solución a las funciones del personal laboral del SAE
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-negociara-partidos-solucion-funciones-personal-laboral-sae-20160412151309.html?utm_source=facebook&utm_campaign=compartir_interno&utm_medium=social
FUNCIÓN PÚBLICA
Tras el 'decretazo' fallido
La Junta
reconoce que tiene a 1.800 empleados "mano sobre mano"
- El Gobierno rectifica su decreto seis días después de que la oposición lo tumbara
- La oposición tumba el decreto de los 'enchufados'
«No se puede permitir que
haya personal cobrando y mano sobre mano». Con esta expresión ha defendido el
portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, la intención del Gobierno andaluz de dar nuevas
atribuciones a uno 1.800 empleados del Servicio Andaluz de
Empleo que, al no
ser funcionarios, no tienen potestades públicas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo
de Gobierno, Vázquez instaba así a la oposición (PP,
Podemos, Ciudadanos e IU) a alcanzar un
acuerdo que dote de tareas a varios colectivos que han tenido que ser
readmitidos tras sentencias que anulaban su despido y que trabajaban en labores
de empleo, como los 182 ex asesores laborales del plan Memta; los 74 agentes
locales de promoción de empleo (ALPE) o los 167 de los consorcios escuela de formación integrados ahora en la
Administración.
El grueso del colectivo son unos 1.500
trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y
Empleo (Faffe), que se integró en el
SAE a través del polémico decreto del 'enchufismo' que después se desarrolló en
una ley. Se denominó así porque supuso integrar en la Administración a más de
20.000 trabajadores externos del conglomerado de empresas públicas y
fundaciones de la Junta. En la Faffe había contratados numerosos familiares y
allegados de altos cargos socialistas. Según la consejera de Hacienda y
Administración Pública, María Jesús Montero, ese desembarco de trabajadores
suponen un coste de cien millones de euros al año.
Ahora, la Consejería de Empleo tiene un problema con ese personal del SAE. Al
no ser funcionario, no tiene atribuidas tareas administrativas, que están
reservadas por ley a los funcionarios. Por tanto, cobran estando «mano sobre
mano», como ha reconocido el portavoz de la Junta.
En este contexto, el Gobierno de Susana
Díaz ha
aprovechado una proposición no de ley aprobada el pasado 25 de febrero con los
votos del PSOE y Ciudadanos, que instaba a la Junta a eliminar requisitos
contemplados en la Ley General de Subvenciones y en la Ley de Hacienda Pública
andaluza a los ayuntamientos, para que pudieran acogerse a los planes de empleo
Empleo@Joven; Iniciativa @emprende+ y Emple@30+, aprobados en otro decreto ley
de abril de 2014.
Deudas con la Seguridad
Social
La mala situación
económica de numerosos consistorios, con sentencias laborales en contra y
deudas con la Seguridad Social, les impedía legalmente acogerse a esos programas. Por
ese motivo, PSOE y Ciudadanos acordaron eximirles de esos requisitos legales.
Esa proposición parlamentaria se plasmó el
22 de marzo en un decreto ley de la Junta que, sorpresivamente, incluyó una
disposición adicional hasta ahora imprevista. Con ella se pretendía colar de rondón la aprobación de la asignación de tareas para los subrogados en el SAE.
La oposición tumbó el decreto el miércoles
pasado en el Parlamento. Todos los grupos reprocharon al PSOE el «juego sucio»
y el «chantaje» que suponía incluir esa medida imprevista en un acuerdo
consensuado para facilitar la ejecución de los planes de empleo.
Tras fracasar, el PSOE eliminó esa
disposición adicional y aprobó ayer el decreto en el Consejo de Gobierno tal y
como se había acordado con la oposición.
La consejera de Hacienda y Administración
Pública, María Jesús Montero, anunció su intención de abordar con los grupos
políticos el problema de los empleados de la extinta FAFFE.
«Se trata de dar carta de naturaleza a lo
que ya hacían esos trabajadores, que han tenido que ser reincorporados en
virtud de distintas sentencias y ahora nos encontramos con la dificultad de
asignarles esas tareas», indicó.
La titular de Hacienda insistió en que, en
ningún caso, la Junta va a otorgar «potestades públicas» a ningún empleado que
no sea funcionario. No obstante, defendió que, una vez en la Administración, es
«una obligación otorgarle funciones porque se les
está pagando el salario».
«Nos vamos a reunir con los grupos
políticos para buscar soluciones y que se les pueda asignar tareas a estos
trabajadores», explicó.
Recordó que el SAE y todas las agencias de
empleo tienen personal laboral y funcionarios, así como trabajadores que se han
incorporado por sentencias judiciales, a los que «es lógico que se le asignen tareas, pues no parece razonable que no estén al máximo de sus posibilidades»,
afirmó.
SE REUNIRÁ CON LOS
SINDICATOS Y CON LOS GRUPOS POLÍTICOS
La Junta negociará una
solución a las funciones del personal laboral del SAE
El Consejo aprueba un nuevo decreto ley para facilitar el acceso de los ayuntamientos a los planes de empleo SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) - La Junta de Andalucía tiene previsto comenzar a negociar con las fuerzas políticas presentes en el arco parlamentario una solución para proveer de funciones al personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), después de que la pasada semana el Parlamento andaluz rechazara un decreto ley sobre empleo porque incluía una disposición a ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...