jueves, 21 de abril de 2016

Máxima difusión. La Junta reconoce que tiene a 1.800 empleados "mano sobre mano" + La Junta negociará una solución a las funciones del personal laboral del SAE. = La Andalucía de locos. ¿Los hará funcionarios, de hecho, "a dedo" ?¿Empleo público, agencia de colocación juntera para "afines", versus granero de votos para los "einsteins psociolistos"?¿el Régimen andaluz lo pagamos mediante los impuestos con dinero público de todos? ¿ Colocame, colocame, paga el contribuyente...? . La Andalucía del mundo al revés: Primero, los colocas, después le creas las funciones. ¿La solución es pólitica?; Simple y claro, todo el personal de más contratado por los junteros, "pa dentro"; pues que también coloquen "a dedo" a todos lo que están en el paro, y no sean sus afines, vaya se me olvidaba, no hay dinero para todos...... ¡¡¡¡ Esto es Jauja; funcionarios y Administración pública y sistema constitucional, para qué, esto es un Régimen!!!!


  • FUNCIÓN PÚBLICA. Tras el 'decretazo' fallido La Junta reconoce que tiene a 1.800 empleados "mano sobre mano". El Gobierno rectifica su decreto seis días después de que la oposición lo tumbara. La oposición tumba el decreto de los 'enchufados'




  • SE REUNIRÁ CON LOS SINDICATOS Y CON LOS GRUPOS POLÍTICOS. La Junta negociará una solución a las funciones del personal laboral del SAE







http://www.elmundo.es/andalucia/2016/04/12/570d2a3622601d06108b4649.html

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-negociara-partidos-solucion-funciones-personal-laboral-sae-20160412151309.html?utm_source=facebook&utm_campaign=compartir_interno&utm_medium=social


FUNCIÓN PÚBLICA

Tras el 'decretazo' fallido

La Junta reconoce que tiene a 1.800 empleados "mano sobre mano"




«No se puede permitir que haya personal cobrando y mano sobre mano». Con esta expresión ha defendido el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, la intención del Gobierno andaluz de dar nuevas atribuciones a uno 1.800 empleados del Servicio Andaluz de Empleo que, al no ser funcionarios, no tienen potestades públicas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vázquez instaba así a la oposición (PP, Podemos, Ciudadanos e IU) a alcanzar un acuerdo que dote de tareas a varios colectivos que han tenido que ser readmitidos tras sentencias que anulaban su despido y que trabajaban en labores de empleo, como los 182 ex asesores laborales del plan Memta; los 74 agentes locales de promoción de empleo (ALPE) o los 167 de los consorcios escuela de formación integrados ahora en la Administración.

El grueso del colectivo son unos 1.500 trabajadores procedentes de la extinta  Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se integró en el SAE a través del polémico decreto del 'enchufismo' que después se desarrolló en una ley. Se denominó así porque supuso integrar en la Administración a más de 20.000 trabajadores externos del conglomerado de empresas públicas y fundaciones de la Junta. En la Faffe había contratados numerosos familiares y allegados de altos cargos socialistas. Según la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ese desembarco de trabajadores suponen un coste de cien millones de euros al año.



  Ahora, la Consejería de Empleo tiene un problema con ese personal del SAE. Al no ser funcionario, no tiene atribuidas tareas administrativas, que están reservadas por ley a los funcionarios. Por tanto, cobran estando «mano sobre mano», como ha reconocido el portavoz de la Junta.

En este contexto, el Gobierno de Susana Díaz ha aprovechado una proposición no de ley aprobada el pasado 25 de febrero con los votos del PSOE y Ciudadanos, que instaba a la Junta a eliminar requisitos contemplados en la Ley General de Subvenciones y en la Ley de Hacienda Pública andaluza a los ayuntamientos, para que pudieran acogerse a los planes de empleo Empleo@Joven; Iniciativa @emprende+ y Emple@30+, aprobados en otro decreto ley de abril de 2014.

Deudas con la Seguridad Social


La mala situación económica de numerosos consistorios, con sentencias laborales en contra y deudas con la Seguridad Social, les impedía legalmente acogerse a esos programas. Por ese motivo, PSOE y Ciudadanos acordaron eximirles de esos requisitos legales.

Esa proposición parlamentaria se plasmó el 22 de marzo en un decreto ley de la Junta que, sorpresivamente, incluyó una disposición adicional hasta ahora imprevista. Con ella se pretendía colar de rondón la aprobación de la asignación de tareas para los subrogados en el SAE.

La oposición tumbó el decreto el miércoles pasado en el Parlamento. Todos los grupos reprocharon al PSOE el «juego sucio» y el «chantaje» que suponía incluir esa medida imprevista en un acuerdo consensuado para facilitar la ejecución de los planes de empleo.
Tras fracasar, el PSOE eliminó esa disposición adicional y aprobó ayer el decreto en el Consejo de Gobierno tal y como se había acordado con la oposición.



La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, anunció su intención de abordar con los grupos políticos el problema de los empleados de la extinta FAFFE.

«Se trata de dar carta de naturaleza a lo que ya hacían esos trabajadores, que han tenido que ser reincorporados en virtud de distintas sentencias y ahora nos encontramos con la dificultad de asignarles esas tareas», indicó.

La titular de Hacienda insistió en que, en ningún caso, la Junta va a otorgar «potestades públicas» a ningún empleado que no sea funcionario. No obstante, defendió que, una vez en la Administración, es «una obligación otorgarle funciones porque se les está pagando el salario».

«Nos vamos a reunir con los grupos políticos para buscar soluciones y que se les pueda asignar tareas a estos trabajadores», explicó.

Recordó que el SAE y todas las agencias de empleo tienen personal laboral y funcionarios, así como trabajadores que se han incorporado por sentencias judiciales, a los que «es lógico que se le asignen tareas, pues no parece razonable que no estén al máximo de sus posibilidades», afirmó.



SE REUNIRÁ CON LOS SINDICATOS Y CON LOS GRUPOS POLÍTICOS

La Junta negociará una solución a las funciones del personal laboral del SAE

La Junta negociará una solución a las funciones del personal laboral del SAE

El Consejo aprueba un nuevo decreto ley para facilitar el acceso de los ayuntamientos a los planes de empleo    SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -    La Junta de Andalucía tiene previsto comenzar a negociar con las fuerzas políticas presentes en el arco parlamentario una solución para proveer de funciones al personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), después de que la pasada semana el Parlamento andaluz rechazara un decreto ley sobre empleo porque incluía una disposición a ...


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