POLÍTICA.Fue investida el sábado 13 de junio y contrató a su pariente el siguiente viernes, día 19.La juez aprecia posible prevaricación en contrataciones de la alcaldesa de Almadén
- Felicidad Fernández (PSOE) contrató a un familiar directo y a otra persona sin «procedimiento administrativo alguno» días después de llegar al cargo
- Es miembro de la ejecutiva provincial del Partido Socialista
Andalucía.Las fundaciones de la Junta contra el paro: 64 millones al año en «enchufes»
- El Gobierno andaluz utiliza decretos y leyes para blindar a 2.099 empleados que entraron en la Faffe y Andalucía Emprende tras pasar una entrevista
Conclusión:
POLÍTICA. Fue investida el sábado 13 de junio y contrató a su pariente el siguiente
viernes, día 19
La juez aprecia posible prevaricación en contrataciones de la alcaldesa de
Almadén
- Felicidad Fernández (PSOE) contrató a un familiar directo y a otra persona sin «procedimiento administrativo alguno» días después de llegar al cargo
- Es miembro de la ejecutiva provincial del Partido Socialista
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cazalla de la
Sierra considera que la alcaldesa de Almadén de la Plata y secretaria de
Cooperación al Desarrollo del PSOE de Sevilla, Felicidad Fernández, podría
haber cometido un delito de prevaricación administrativa y da un paso más hacia
su posible procesamiento.
Los hechos se relacionan con la contratación con cargo al Ayuntamiento de
dos trabajadores -uno de ellos familiar directo de la regidora- sin que existiera
convocatoria pública de las plazas ni se atendiera a los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Los dos fueron posteriormente
despedidos -y al menos uno de ellos, nuevamente contratado- coincidiendo con el
avance de la investigación del fiscal.
En el auto de procedimiento abreviado, fechado el 1 de marzo, la juez
sostiene que de las diligencias practicadas se desprende que la dirigente
provincial del PSOE, en su condición de alcaldesa de Almadén, «contrató al
trabajador J.O.F. (familiar suyo) para que prestase servicios en el
Ayuntamiento como agente de dinamización juvenil».
«Asimismo -continúa el auto-, contrató a J.Á.B.V. como coordinador del
proyecto Ribete a jornada completa, cuando la subvención base del contrato era
para un contrato a media jornada». En ambos casos, asegura la instructora,
estas contrataciones «se llevaron a cabo por la señora alcaldesa de forma
unilateral y sin sujeción a procedimiento administrativo alguno».
El auto señala que los hechos presentan los caracteres de un «delito de
prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal», que establece
penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el
ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
En las diligencias de instrucción constan la declaración de la «imputada» y
del secretario interventor del Ayuntamiento de Almadén, así como informes de
éste y los contratos de trabajo «del personal irregularmente contratado»,
señala el auto de procedimiento abreviado.
Denuncia de la Fiscalía
El auto judicial es consecuencia de la denuncia de la Fiscalía, que
investigaba los hechos desde el pasado julio, cuando los puso en su
conocimiento el grupo municipal Unidos por Almadén, que cuenta con dos concejales
en ese ayuntamiento.
La alcaldesa de Almadén tomó posesión de su cargo el sábado 13 de junio del
año pasado. El viernes siguiente, día 19, ya había contratado a un trabajador
para ocupar una plaza de agente de dinamización juvenil (monitor), con cargo a
una subvención procedente del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la
Diputación de Sevilla. Este trabajador resultó ser J.O.F., su primo hermano.
Tres días después, el 22 de junio, se produjo una segunda contratación,
ahora con cargo al Proyecto Ribete, también financiado por la misma área de
gobierno de la Diputación, área en la que, precisamente, la alcaldesa había
ocupado el puesto de secretaria en el anterior mandato.
En ninguna de estas contrataciones, el Ayuntamiento tuvo en cuenta las
bases preestablecidas por la Diputación de Sevilla ni los artículos de la Ley
de Bases de Régimen Local que regulan la contratación de personal laboral y
eventual. En otras palabras: no hubo convocatoria pública para la cobertura de
las plazas y, como consecuencia, no se abrió plazo alguno para la recepción de
solicitudes ni se baremaron los méritos y capacidades de ningún otro candidato.
Los puestos de trabajo, sencillamente, se asignaron 'a dedo'.
Los dos casos presentan otra circunstancia común. Fuentes municipales
señalaron a EL MUNDO de Andalucía que ninguno de los dos trabajadores
ejercieron durante el tiempo que duró su vinculación con el Ayuntamiento las
labores propias para las que fueron contratados, y para las que la Diputación
entregó las correspondientes subvenciones. El familiar directo de la alcaldesa,
contratado como monitor juvenil, hizo las funciones de secretario personal de
la regidora, mientras que el monitor del Proyecto Ribete desarrolló tareas de
auxiliar de contabilidad y estuvo a cargo del padrón y de la oficina de
recaudación fiscal dependiente del Opaef. En este último caso, y como
consecuencia del trabajo que se le encargó, el trabajador pudo haber tenido
acceso a datos protegidos, circunstancia que no se correspondía con su contrato
teórico.
Tareas diferentes
El hecho de que los dos trabajadores fueran destinados realmente a tareas
diferentes de aquellas para las que fueron contratados se contradice con la
situación de urgente necesidad de cubrir el puesto que el Ayuntamiento habría
alegado para tratar de justificar la ausencia de un proceso de selección
público y abierto.
Los dos trabajadores fueron despedidos el pasado septiembre, coincidiendo
con el momento en que la Fiscalía pidió documentación al Ayuntamiento en torno
a estas contrataciones. En la resolución por la que se les despide, la
alcaldesa alude a la aparición de dudas sobre los contratos. En el caso del
trabajador contratado para el Proyecto Ribete, se evita citar este programa y
se alude a él solamente como técnico municipal, en lo que las fuentes
consultadas interpretan como un intento de eludir responsabilidades por el
hecho de que hubiera tenido acceso a datos confidenciales sin estar autorizado
para ello. Las mismas fuentes señalan, además, que el primo hermano de la
alcaldesa ha vuelto a trabajar para el Ayuntamiento, ahora sí como monitor
juvenil.
EL MUNDO de Andalucía ha intentado recabar la versión de los hechos por
parte de la alcaldesa de Almadén, pero no ha sido posible obtenerla. El pasado
diciembre, cuando este periódico desveló el caso, uno de sus concejales, José
Tena, eludió entrar en el asunto y señaló que la regidora era la única persona
indicada para ofrecer una respuesta
Andalucía
Las fundaciones de la Junta contra el
paro: 64 millones al año en «enchufes»
- El Gobierno andaluz utiliza decretos y leyes para blindar a 2.099 empleados que entraron en la Faffe y Andalucía Emprende tras pasar una entrevista
La oposición ha cortocircuitado en el Parlamento andaluz un plan del
Gobierno de Susana Díaz para atribuir
tareas administrativas de cuestionable legalidad a 1.118 trabajadores sin
funciones que proceden de la extinta fundación pública Fondo de Formación y
Empleo (Faffe). Con su liquidación en
2011, la plantilla -formada
en sus inicios por 1.551 empleados, emparentados muchos de ellos con cargos del
PSOE- fue absorbida por el
Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Desde entonces, su encaje en esta agencia adscrita
a la Consejería de Empleo ha sido un foco permanente de conflicto. La operación quedó abortada cuando PP,
Podemos, IU y Ciudadanos se negaron a blindar a este colectivo aprovechando la
aprobación de un decreto para facilitar que los ayuntamientos se acogieran a
planes de empleo autonómicos eliminando trabas.
En paralelo, el Consejo de
Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley Andaluza del Emprendimiento que, como
publicó ABC, llevaba otra sorpresa incorporada: la transformación
en agencia de su fundación Andalucía Emprende y la transformación
automática en empleados públicos de 981 empleados y directivos, que a efectos
laborales se rigen por el Derecho privado aunque se sostienen con dinero de la
Junta.
ABC ofrece una guía para no perderse en este
laberinto de fundaciones y agencias empotradas en la estructura de la Junta que
se nutren de fondos públicos contra el desempleo en la Comunidad con la mayor
tasa de paro estructural de España (29,83%).
¿Cuánto cuesta sostener esta
macroestructura?
Los andaluces pagan cada año una factura de
63,94 millones de euros, que salen de los presupuestos autonómicos, para costear las
nóminas de los casi 2.099 procedentes de dos fundaciones orientadas a combatir
el paro.
¿A qué se dedican y cuánto cuestan los
981 empleados de Andalucía Emprende?
Creada en 1999, Andalucía Emprende tiene como
objetivo general «fomentar la cultura, la actitud y la actividad emprendedora y
empresarial, y contribuir a la creación de más y mejores empresas». Un
total de 32,14 millones de euros, que equivalen al 78,2 por ciento del
presupuesto que maneja (41,06 millones), se destinaron en 2015 a pagar las
nóminas de trabajadores que prestan asesoramiento sobre la apertura de
empresas. Las retribuciones superaban la
asignación anual de la Junta el pasado año: 31,2 millones.
¿Cuál es el cometido de los exempleados
de la Faffe?
Una vez integrados al amparo de
la polémica ley de reordenación del sector público, el Servicio Andaluz
de Empleo les encomendó el asesoramiento de los desempleados para sellar la
cartilla del paro, operación que se hace mediante medios telemáticos, y la
orientación sobre la oferta de cursos. La paradoja es que desde 2011 la Junta
no ofrece actividades formativas. Los sueldos y costes de
Seguridad Social de estos trabajadores sin funciones costaron 31,79 millones de
euros en 2015, el 38% de los gastos de personal
que tiene la agencia que gestiona los servicios a los desempleados. En 2010, un año antes de que se
liquidara la fundación, el 60,5% de su presupuesto se empleaba en pagar
retribuciones.
¿Por qué la Junta quiere darles tareas
administrativas?
El decreto tumbado por el Parlamento andaluz
perseguía precisamente darles autorización para manejar
la base de datos con los perfiles de todos los demandantes de empleo y las
ofertas de trabajo, el programa informático Hermes, al que se accede con claves
personalizadas. La Dirección del SAE también ha hecho una
convocatoria interna para encargarles la elaboración de estudios sobre el paro.
Pese a su cuestionable utilidad,
los 1.500 empleados procedentes de la Faffe sobrevivieron a varias oleadas de
despidos que la Junta realizó entre 2012 y 2013 y que dejaron en la calle a 1.239
trabajadores que luego tuvo que readmitir por sentencia judicial.
¿Cómo accedieron a los contratos?
A los trabajadores de ambas
fundaciones les bastaba con hacer una entrevista o presentar su
currículum para acceder a un contrato indefinido y formar parte de la
denominada Administración paralela de la Junta. El último convenio colectivo de la Red
Andalucía Emprende, que data de 2008, resulta clarificador. Se
crea un comité de selección paritario compuesto por representantes de la propia
fundación que publica la oferta en la plataforma tecnológica interna.
Ello imposibilitaba que personas ajenas a la
fundación puedan no ya aspirar al puesto sino enterarse de la convocatoria.
Tras cribar los currículos, según el convenio,
se cita a tres candidatos para una entrevista y se escoge a uno de ellos de
inmediato. En una auditoría, la Cámara de Cuentas reveló que durante
nueve años el ente estuvo contratando al personal sin norma de selección.
En su plantilla conviven 600 técnicos con
condiciones y sueldos muy desiguales, dependiendo de su procedencia.
¿Hay enchufismo en ambas fundaciones?
El método de selección abonó el terreno para que
arraigara el enchufismo y la arbitrariedad. En la plantilla
recalaron cargos locales en su mayoría del PSOE, así como sus esposas, cuñados,
concuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos e
incluso amigos. Andalucía Emprende contrató a un presidente del partido de
Gádor (Almería), un secretario general del PSOE en Vélez Rubio, una exconcejala
socialista de Purchena, dos ediles de Luque y Adamuz o el hermano de un
exconcejal de Sevilla. La lista es muy extensa. La Faffe,
por citar un ejemplo, fichó a cuatro dirigentes de la agrupación local
socialista de Alcosa en Sevilla, entre ellos, el exdiputado socialista Ramón
Díaz, investigado por el caso ERE, así como su hijo.
¿Qué relación tiene la Faffe con los ERE
y la formación?
Trabajadores de esta fundación fueron adscritos a
la Dirección General de Trabajo de la Junta, la que concedía las ayudas de los
ERE. Se encargaron de tramitar muchos de los
expedientes de ayudas fraudulentas que beneficiaron a empresas de la órbita del
PSOE. La Consejería de Empleo les encomendó la
revisión de expedientes de ayudas de cursos de formación, otro foco de
irregularidades. La Faffe
es una de las fundaciones investigadas por el Juzgado de Instrucción 6 de
Sevilla. Recibió 49,5 millones entre 2009 y 2010 para cursos sin justificar.
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