Empleo, corrupción imparable
- Ayudas concedidas en materia de empleo, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, presentan graves irregularidades.
- Una vez más, se ha sustraído la potestad administrativa del control en la aplicación de fondos europeos a funcionarios de carrera, cuando la Ley Básica estatal no lo permite.
- La Junta de Andalucía se gastó casi 9,5 millones de euros en la contratación de una empresa privada para la verificación de fondos europeos.
.......la verificación por parte de esa empresa Red2Red de expedientes relativos a las ayudas concedidas mediante dicha Resolución de 2009 del SAE, se realizaban mediante el uso de unas “check list” elaboradas por la propia empresa, y con el visto bueno de la DGFE, de forma que no se entraba a fondo en la adecuación de los expedientes a la normativa aplicable. Para colmo, a fin de no utilizar funcionarios de carrera en las verificaciones, la DGFE utilizó personal interino –sin experiencia- que puso increíblemente a las órdenes del personal de la empresa Red2Red. Según las informaciones obtenidas, la Jefa de Servicio de Verificación y Control de la DGFE, Mª Isabel Vicente Pérez, dio instrucciones a los interinos para que se incorporaran a los equipos de trabajo de la empresa Red2Red, de manera que con ella sólo hablara un coordinador de la empresa, que a su vez coordinaba a los distintos jefes de cada equipo de verificación a los que se incorporaba cada interino. Uno de los interinos reveló como intentaban engañarle con argucias para que firmasen actas manifestando que todo estaba correcto. Y lo más grave: los interinos tenían que grabar su trabajo en una base de datos de la empresa verificadora Red2Red. El mundo al revés: quienes realmente podían emitir informes con presunción de veracidad –los interinos- estaban al servicio de laborales de una empresa privada que estaba ejerciendo potestades administrativas, y para colmo los interinos tenían que utilizar recursos privados de la empresa contratada.
Por cierto, los empleados de Red2Red Consultores participaron en varios cursos de formación (pagados con el contrato de la Junta), mientras que los interinos no tuvieron oportunidad de realizar cursos relativos a los fondos europeos, dado que según les decían, sólo iban a estar dos años trabajando para la DGFE. Juzguen ustedes mismos.
La Junta descontrola los fondos FSE y FEDER
- Si la UE tuviera conocimiento de todos los incumplimientos cometidos por la Junta, Andalucía dejaría de percibir los fondos europeos estructurales (FEDER y FSE).
- La empresa privada contratada para verificar dichos fondos está presidida por una persona cercana a Chaves y Griñán, y con polémicas en el pasado.
.....a través de las verificaciones se comprobará que el gasto declarado es real, que los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad con la decisión aprobatoria, que las solicitudes de reembolso del beneficiario son correctas y que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales.”
Por tanto, es evidente que la empresa ha efectuado trabajos usurpando funciones a los funcionarios de la Junta de Andalucía, y con el beneplácito de los responsables de la Consejería de Economía y Conocimiento (luego Economía, Innovación y Ciencia), que fue la que adjudicó el contrato, y de todos los que hayan participado en esta nueva aberración. El título del contrato no es más que otro engaño de tantos, pues realmente no son "tareas de apoyo", sino un claro ejercicio de potestades administrativas.
Este incumplimiento del ordenamiento jurídico invalida las verificaciones efectuadas por la Junta de Andalucía de los fondos europeos. ¿Tiene conocimiento la UE de este incumplimiento de la normativa interna del Estado español? ¿Quién responderá de nuevos bloqueos por la UE de dichos fondos?
Este incumplimiento afecta igualmente a las verificaciones de los expedientes de subvenciones para cursos de formación para el empleo, que están sometidos a investigación en el Parlamento y en los Juzgados. ¿Pedirá alguien explicaciones, o todo quedará en el olvido? ¿Actuará la Fiscalía de oficio, o hay que esperar a que la UCO de la Guardia Civil o la UDEF de la Policía Nacional “le presenten las denuncias en su mesa” a la Sra. Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra, tal como me respondió a una pregunta que le realicé en unas Jornadas de índole jurídica? Así no, Sra. Segarra, así no se puede luchar contra la corrupción.
Cosas de Andalucía, la Cosa Nostra.
Empleo, corrupción imparable
- Ayudas concedidas en materia de empleo, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, presentan graves irregularidades.
- Una vez más, se ha sustraído la potestad administrativa del control en la aplicación de fondos europeos a funcionarios de carrera, cuando la Ley Básica estatal no lo permite.
- La Junta de Andalucía se gastó casi 9,5 millones de euros en la contratación de una empresa privada para la verificación de fondos europeos.
En el presente artículo les mostraré un ejemplo más que demuestra las
dimensiones infinitas del continuo espacio-tiempo de la corrupción del PSOE en
Andalucía. No creo que esto les sorprenda mucho, pues el resultado siempre es
el mismo: cuando se profundiza un poco en la gestión de cualquier órgano o ente
de la Junta de Andalucía, aparece el típico olor a putrefacción que amarga a
cualquiera su existencia.
Tras escuchar las recientes intervenciones de los exdirectivos de la
fundación pública FAFFE en la Comisión de Investigación sobre las subvenciones
otorgadas por la Junta de Andalucía en materia de Formación Profesional para el
Empleo, se ha podido comprobar no sólo la inutilidad de dicha Comisión ante la
patente obstrucción de los declarantes y del Gobierno andaluz, que no ha
remitido a tiempo la documentación solicitada para efectuar las necesarias
preguntas sobre la misma, sino también la perversidad de un sistema político
que permite que dos diputados, ambos del Grupo parlamentario del PSOE, se
dediquen a apoyar a los declarantes y defender las actuaciones de un Gobierno
(poder ejecutivo) que se supone deben controlar. Sus nombres –para el olvido-
son María Luisa Bustinduy Barrero, de profesión funcionaria, y Rodrigo Sánchez
Haro, de profesión abogado, según consta en la web del Parlamento.
Si los miembros del Grupo parlamentario de Ciudadanos tuvieran un mínimo de
vergüenza y respeto por la ciudadanía andaluza, habrían roto inmediatamente las
relaciones con el PSOE, y si contaran con los apoyos necesarios de diputados
del PP, Podemos e IU, tendrían que haber planteado una moción de censura contra
la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, ante el bochornoso espectáculo que se
está desarrollando en el Parlamento y en el Gobierno andaluz. En política no
puede aceptarse todo; mirar hacia otro lado y tragarse aberraciones tan
descomunales dice mucho de esos nueve diputados, y especialmente lo digo por
los que creen que el fin justifica los medios, aunque estos sean notoriamente
obscenos.
A continuación mostraré acciones y omisiones de la Junta de Andalucía que
demuestran la intencionalidad en debilitar, saltarse o eliminar los filtros y
controles existentes para la adecuada concesión y justificación de
subvenciones. En este caso, el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) y la Consejería
de Empleo son los protagonistas, junto a la Dirección General de Fondos
Europeos.
La Consejería de Empleo, mediante la Orden de 26 de febrero de 2004,
desarrolló los primeros programas destinados al fomento de actividades en el
ámbito de los nuevos yacimientos de empleo en Andalucía. Posteriormente, la
Orden de 6 de abril de 2009, suscrita por el Consejero Antonio Fernández,
aprobó las bases reguladoras del programa para impulsar proyectos promovidos
por las Corporaciones Locales en el marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo
(BOJA 15/04/2009).
Las ayudas establecidas en la citada Orden de 2009 se cofinanciaron con
créditos del Fondo Social Europeo (Programa Operativo 2007-2013 de Andalucía),
por lo que debían cumplir con el régimen jurídico establecido por el artículo 6
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Los beneficiarios de las ayudas eran Corporaciones Locales andaluzas, y
debían contar con capacidad suficiente y acreditar disponer de instalaciones
adecuadas para desarrollar las acciones contempladas en el programa, que iban
destinados a la creación de empleo (artículo 4.1). De hecho, el colectivo
destinatario final eran personas inscritas como demandantes de empleo en las
oficinas del SAE.
Esta Orden de 2009, a mi juicio, incurre en varias ilegalidades graves,
como veremos a continuación.
Primera irregularidad: Según su artículo 30.1, las ayudas concedidas debían
publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de conformidad con lo
establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este
caso ha ocurrido lo mismo que se detectó en el caso EDU, en el presunto fraude
de los fondos para formación de trabajadores en Andalucía, que fue investigado
por la UDEF de la Policía: no se ha publicado en el BOJA, por ejemplo, la
Resolución de 8 de septiembre de 2009, suscrita por el Consejero de Empleo en
calidad de Presidente del SAE, Antonio Fernández, a propuesta de la Directora
General de Autónomos, Igualdad y Fomento del Empleo del SAE, María Dolores Luna
Fernández, por la que se otorgaron dichas ayudas en 2009. La citada Resolución
ni siquiera ordena su publicación en BOJA, que era una obligación.
Por cierto, algunas de las ayudas concedidas mediante esta Resolución de
2009 han sido verificadas en 2012 por la Dirección General de Fondos Europeos
de la Consejería de Hacienda, a través de una empresa privada contratada para
ello, como comentaré al final del artículo. ¿Fue correcta la verificación? La
empresa cobró más de 9 millones de euros para tareas de verificación, y estaba
presidida por un conocido ex cargo público.
Segunda irregularidad: Si los beneficiarios de las ayudas eran las Corporaciones Locales (Ayuntamientos como Linares, Montoro y Sevilla recibieron dichas ayudas en la convocatoria de 2009), la Orden de 2009 debía haber previsto para su justificación lo previsto en el artículo 21 del Reglamento de Subvenciones de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 282/2010: “Las subvenciones a las corporaciones locales se justificarán mediante un certificado de la intervención de la entidad correspondiente, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas”. Incumpliendo este precepto, la Orden se inventa otra forma de justificar, de manera que ya no interviene el funcionario interventor, que es quien debe certificar el documento justificativo. Una manera más de evitar el control por funcionario público.
Tercera irregularidad: la Orden, además, induce a otra ilegalidad, y muy grave desde mi punto de vista. Obliga a la corporación local que recibe la subvención de la Junta a aprobar unas bases reguladoras para conceder subvenciones -con la subvención recibida- a las personas destinatarias finales, e induce a dichas corporaciones a incurrir en inconstitucionalidad, dado que los municipios no tiene competencias normativas en materia de empleo, y no puede establecer ningún tipo de requisitos para otorgar ayudas, ni siquiera los establecidos por la Consejería de Empleo en la Orden de 2009, dado que la Comunidad andaluza tampoco tiene esa competencia, dado que la competencia para regular las ayudas en materia de empleo es estatal y con carácter de exclusiva. Esto ya lo he denunciado en varios artículos, y la última vez en este diario “Investigación de la formación para el empleo”. Esperemos que en la Comisión de Investigación del Parlamento, algún diputado pregunte sobre esta cuestión de las competencias, pues en materia de los cursos de formación para el empleo ocurre exactamente lo mismo.
Si tienen ocasión de leer el artículo 16 de la Orden de 2009, verán que las
propuestas de bases reguladoras que fueran a aprobar las corporaciones locales
para conceder las ayudas debían ser aceptadas expresamente por la Dirección
General de Fomento e Igualdad en el Empleo. ¿Fueron aceptadas dichas bases, aún
incurriendo presumiblemente en inconstitucionalidad?
Cuarta irregularidad: Es un cúmulo de despropósitos, y la pregunta obligada es… ¿nadie lo advirtió? La responsabilidad de los funcionarios –si es que lo eran, dada la inmensa cantidad de laborales que trabajaban en el SAE- que han participado en la elaboración de la Orden con sus informes (Dirección General de Fomento e Igualdad en el Empleo; Servicio de Legislación de la Secretaría General Técnica; Letrado del Gabinete Jurídico; Intervención General, etc.) es evidente, y la de las autoridades, si fueron advertidas en algún informe, también.
Quinta irregularidad: el personal que se empleara para asesoramiento al
colectivo destinatario debía cumplir unos requisitos, que se establecían en la
Orden de 2009.
En el artículo 5 de la citada Orden de 2009, denominado “Personal Técnico”,
se establecía lo siguiente: “El personal técnico encargado de asesorar a las
personas destinatarias de este programa deberá contar con una experiencia
mínima de 2 años en el desarrollo de programas similares. Esta experiencia
deberá ser acreditada en la forma y plazo que la resolución de concesión
establezca. Además de lo anterior, el 50% del personal técnico debe estar
compuesto por mujeres, y al menos una persona deberá contar con conocimientos y
formación específica en materia de igualdad en el empleo.”
Si observan ustedes, sólo se exige en la Orden que la resolución establezca
la forma y plazo para acreditar la experiencia mínima de 2 años en el
desarrollo de programas similares, que lo podía haber regulado la misma Orden,
pero nada se dice para acreditar los otros requisitos: 50% que sea mujer, y una
de las personas debe contar con conocimientos y formación específica en materia
de igualdad en el empleo.
En la convocatoria para el año 2009, las ayudas fueron concedidas mediante
Resolución de 8 de Septiembre de 2009, del Consejero de Empleo, en calidad de
Presidente del SAE (Antonio Fernández), a propuesta de la Directora General de
Autónomos, Igualdad y Fomento del Empleo del SAE, María Dolores Luna Fernández.
En dicha Resolución debía aparecer, según decía la Orden reguladora, la forma y
plazo para acreditar la experiencia mínima de 2 años en el desarrollo de
programas similares.
Efectivamente, en el apartado octavo de la resolución, se dice que en el
plazo de un mes a contar desde la notificación de la resolución (que no se
publicó en el BOJA), la entidad beneficiaria debe presentar en la Dirección
General de Autónomos, Igualdad y Fomento del Empleo del SAE, una declaración
responsable de haber observado, en el proceso de selección y contratación del personal técnico encargado
de asesorar a las personas destinatarias
del programa, los requisitos y condiciones previstos para los mismos ene
l artículo 5 de la Orden. Cualquier funcionario que trabaja con la gestión de
subvenciones sabe que una declaración responsable no acredita nada. En las
corporaciones locales sólo podría certificar dicho cumplimiento los Secretarios
o Secretarios-Interventores. Por tanto, queda en evidencia que la Resolución
que suscribe el Consejero de Empleo como Presidente del SAE incumple lo
establecido en la Orden de 2009 que aprobó dicho Consejero, y que ha podido dar
pie al típico enchufismo que se practica en muchos Ayuntamientos.
Por último nos queda por denunciar la actuación de la Dirección General de
Fondos Europeos (DGFE). La Orden de 23 de julio de 2008, aprobada por el
entonces Consejero de Economía y Hacienda y Vicepresidente de la Junta, José
Antonio Griñán, establece las normas para la gestión y coordinación de las
intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013.
Según el apartado 2 de su artículo 37, para las labores de verificación la
DGFE podrá, en su caso, contar con el apoyo externo necesario. Es decir, con
esta norma se posibilita la sustracción del control por funcionarios públicos
de la adecuación del procedimiento de concesión de las ayudas a la normativa
aplicable, una potestad administrativa que no puede estar ni siquiera en manos
de personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, y que Griñán
permitió poner en manos de personal laboral contratado de una empresa privada.
Y es que el ex Presidente Griñán tiene a sus espaldas demasiados puntos oscuros
como para ir montando circos en los Tribunales de Justicia.
Y eso ha estado haciendo dicha Dirección General: más de 10 millones de
euros se ha gastado en contratar empresas privadas para verificar la aplicación
de dichos fondos europeos. Una de esas empresas, Red2Red Consultores, fue
contratada por casi 9,5 millones de euros para verificar la utilización de los
fondos europeos es (BOE 21/04/2009). La adjudicación se realizó siendo Director
General de Fondos Europeos Antonio Valverde Ramos.
La citada empresa tiene como Presidente a Juan García Moreno, que ha sido Subdirector
General del INEM, Director General de FORCEM y asesor en materia sociolaboral
en el Gabinete de Presidencia del Gobierno, según constaba en su página web.
Este es su curriculum, obtenido en las redes sociales: Economista y
funcionario de carrera, actualmente en excedencia, destaca su anterior
actividad como Consultor en Localización de Inversiones Industriales y en
Ordenación y Desarrollo Territorial y, posteriormente y a lo largo de diez
años, como Responsable a nivel estatal de los Servicios Públicos de Empleo (Red
de Oficinas del Instituto Nacional de Empleo/ INEM) y Responsable Nacional de
la gestión del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP).
Desde este último puesto, ejerció de Miembro Titular por España del Comité del
Fondo Social Europeo, así como de otros Comités y Grupos de Expertos a nivel
internacional. Cabe reseñar, igualmente, su actividad como primer Director
General del Sistema Nacional de Formación dentro de las Empresas (Fundación
para la Formación Continua/FORCEM), en su fase de puesta en marcha y
consolidación. Finalmente, cabe destacar de su actividad al servicio de la
Función Pública su papel de Coordinador de diversos programas de cooperación
internacional en América Latina y Asesor en materia sociolaboral del Gabinete
del Presidente del Gobierno. Desde 1995 viene trabajando en la iniciativa
privada, primero como socio fundador y Director General de Enred Consultores, y
en esta última etapa, desde julio de 2000, también como Administrador Único de
la empresa Red2Red Consultores, de la que es asimismo socio fundador al tiempo
que Consejero Delegado de la empresa dedicada a la Consultoría en
Responsabilidad Social Corporativa Responsables, S.L.
No se puede dudar que desconozca la materia de empleo. ¿Cómo es posible que
esa empresa, con los millones de euros que ha costado su contratación, no haya
detectado nada irregular en las ayudas concedidas con fondos europeos en la
Orden de 2009 y, como denuncié en anteriores artículos, para la formación en
materia de empleo? ¿Nadie le pedirá explicaciones y, en caso de confirmarse las
irregularidades, exigirle una indemnización? ¿No prevé el contrato una cláusula
de responsabilidad por incumplimiento en su labor de verificación? ¡¡Si ni
siquiera ha sido publicada en BOJA la resolución de concesión de las ayudas!!
¿Ni este incumplimiento ha sido constatado en la verificación?
Según la información obtenida de distintas fuentes, la verificación por
parte de esa empresa Red2Red de expedientes relativos a las ayudas concedidas
mediante dicha Resolución de 2009 del SAE, se realizaban mediante el uso de
unas “check list” elaboradas por la propia empresa, y con el visto bueno de la
DGFE, de forma que no se entraba a fondo en la adecuación de los expedientes a
la normativa aplicable. Para colmo, a fin de no utilizar funcionarios de
carrera en las verificaciones, la DGFE utilizó personal interino –sin
experiencia- que puso increíblemente a
las órdenes del personal de la empresa Red2Red. Según las informaciones
obtenidas, la Jefa de Servicio de Verificación y Control de la DGFE, Mª Isabel
Vicente Pérez, dio instrucciones a los interinos para que se incorporaran a los
equipos de trabajo de la empresa Red2Red, de manera que con ella sólo hablara
un coordinador de la empresa, que a su vez coordinaba a los distintos jefes de
cada equipo de verificación a los que se incorporaba cada interino. Uno de los
interinos reveló como intentaban engañarle con argucias para que firmasen actas
manifestando que todo estaba correcto. Y lo más grave: los interinos tenían que
grabar su trabajo en una base de datos de la empresa verificadora Red2Red. El
mundo al revés: quienes realmente podían emitir informes con presunción de
veracidad –los interinos- estaban al servicio de laborales de una empresa privada
que estaba ejerciendo potestades administrativas, y para colmo los interinos
tenían que utilizar recursos privados de la empresa contratada.
Por cierto, los empleados de Red2Red Consultores participaron en varios
cursos de formación (pagados con el contrato de la Junta), mientras que los
interinos no tuvieron oportunidad de realizar cursos relativos a los fondos
europeos, dado que según les decían, sólo iban a estar dos años trabajando para
la DGFE. Juzguen ustedes mismos.
Por último, les dejo con la imagen de la carta que parece ser envió en 2012
la DGFE al Director Gerente del SAE, Pedro Eugenio Gracia Victoria (según
aparece en la misma, dirigida por Patricia Eguilior Arranz, Directora General
de Fondos Europeos y Planificación), anunciando la visita de los verificadores
de la empresa Red2Red para analizar determinados expedientes. Entre las
personas de contacto de dicha carta figuran la citada Jefa de Servicio, y
personal externo a la Junta, Jorge Macua Camacho, como Coordinador de la
empresa Red2Red.
Si esto ha ocurrido con algunas de las ayudas europeas que se sometían a
“verificación” –en palabras de algunos interinos, las “check list” eran
demasiado “lights”-, ahora se entiende que la UE haya bloqueado las ayudas del
FSE a la Junta de Andalucía.
Cosas de Andalucía, la Cosa Nostra.
La Junta descontrola los fondos FSE y FEDER
- Si la UE tuviera conocimiento de todos los incumplimientos cometidos por la Junta, Andalucía dejaría de percibir los fondos europeos estructurales (FEDER y FSE).
- La empresa privada contratada para verificar dichos fondos está presidida por una persona cercana a Chaves y Griñán, y con polémicas en el pasado.
En mi artículo publicado el pasado jueves en este mismo diario, denunciaba
que la verificación de expedientes de subvenciones concedidas por la Junta de
Andalucía en materia de empleo con fondos europeos (FSE), función que
corresponde a la Dirección General de Fondos Europeos, las realizó una empresa
privada contratada en 2009 (Nº expediente FE.07/08) por casi 9,5 millones de
euros.
Dicha empresa, que se denomina Red2Red Consultores, SL, la preside Juan
Ramón García Moreno. Según su curriculum, había sido Subdirector General del
INEM y Director General de FORCEM (Fundación para la Formación Profesional
Continua, conocida hoy como Fundación Tripartita).
Por Orden de 6 de abril de 1988 del entonces Ministro de Trabajo, Manuel
Chaves, se aprobó el nombramiento de don Juan Ramón García Moreno (funcionario
de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos) como Subdirector
General de Promoción de Empleo del INEM. Fue cesado por el sucesor de Chaves,
Luis Martínez Noval, por Orden de 23 de mayo de 1991, a petición propia.
El mismo Ministro lo nombra Subdirector General de Gestión de Formación
Ocupacional, por Orden de 24 de junio de 1991, siendo cesado por José Antonio
Griñán por Orden de 30 de julio de 1993.
El 6 de febrero de 1995 cesó en sus funciones como Director Técnico de
FORCEM, por lo que se entiende que desarrolló su labor en esta Fundación
después de su último cese en el INEM.
Los Presidentes de FORCEM en esa época fueron:
D. José Manzanares Núñez, en representación de UGT (1993).
D. José de la Cavada Hoyo, en representación de CEOE (1994).
Dña. Julia Frías Gómez, en representación de CC.OO (1995).
Es evidente que no es casual que la Junta de Andalucía contratara a la
empresa Red2Red para verificar el cumplimiento de la normativa en los
expedientes cofinanciados con fondos europeos (FSE), y que las buenas
relaciones del Presidente de la empresa, Juan Ramón García Moreno, con el PSOE
vienen desde los años en los que desempeñó puestos en el INEM como Subdirector
General en la época de Chaves y Griñán como ministros.
Por cierto, el paso de Juan Ramón García Moreno por el INEM y FORCEM no
estuvo exento de polémica, y al menos dos casos se hicieron públicos en los
medios de comunicación durante aquellos años.
El primer caso conocido, publicado por el diario ABC, fue la denuncia
presentada en el Juzgado de Guardia por Ricardo Cobelo, Secretario General de
la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, el 8 de marzo de 1993, contra
Narciso Sánchez Romero, Secretario Provincial del INEM de Sevilla, y Juan Ramón
García Moreno, entonces Subdirector General de Gestión de la Formación
Ocupacional del INEM. En dicha denuncia se les acusaba de presunta
prevaricación en la concesión de subvenciones por 90 millones de pesetas a la
fundación Forja XXI, presidida en aquellos años por Diego García, ex
responsable de Recursos Humanos de Expo 92, para impartir cursos de formación
ocupacional a 390 trabajadores en paro. Dicha fundación se encuentra
actualmente bajo investigación judicial por el presunto desvío de fondos para
la formación de trabajadores de Delphi en Cádiz, entre otros motivos.
Según denunciaba UGT, Forja XXI no cumplía los requisitos para recibir
subvenciones públicas con el fin de impartir cursos formativos para
desempleados, que Narciso Sánchez Romero envió a Juan Ramón García la solicitud
de Forja XXI sin indicar las características del plan formativo que pretendía
impartir y sin detallar exactamente qué personalidad jurídica tenía la
fundación. Asimismo, denunciaba UGT que “la fundación no sólo no estaba constituida
formalmente a principios de 1993, sino que siempre se identificaba como Expo 92
en la documentación remitida al INEM”; además, que el centro de Forja XXI no
estaba homologado como centro colaborador del INEM, y que los planes formativos
sólo se podían otorgar a empresas y organizaciones sindicales y empresariales,
lo que no era el caso de Forja XXI. Asimismo añadía que los cursos de Forja XXI
fueron solicitados en abril de 1992, cuando una resolución de la Dirección
General del INEM establecía que el último día de recepción de peticiones de
subvenciones para planes formativos expiraba el 30 de octubre de 1991. El
sindicato puso especial énfasis en las irregularidades detectadas en los cursos
de Forja XXI, que al parecer fueron reconocidas en informes internos del INEM.
Los cursos de Forja XXI tampoco se iniciaron antes de la fecha límite del 10 de
noviembre de 1992. Por último, UGT insistió mucho en el incumplimiento por
parte de Forja XXI del compromiso de contratar a parte de sus alumnos una vez
que finalizaron los cursos.
El segundo caso se originó a raíz de un Informe del Tribunal de Cuentas
sobre la fiscalización de la actividad de FORCEM en el periodo 1993-1995. Según
publicó el diario El País en 1999, el informe que el citado Tribunal aprobó en
1998 relataba que el 15 de abril de 1995 FORCEM pagó 12,121 millones de pesetas
a los antiguos responsables de la Dirección Técnica, Juan Ramón García Moreno,
y de la División Económica, Juan Aycart Andrés, citados por sus cargos (6
millones cada uno).
Por encima de Aycart y de García Moreno sólo estaba el Patronato de la
fundación, creada en agosto de 1993 y gobernada por las organizaciones
empresariales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CC OO. FORCEM administró
entre los años 1993 y 1995, periodo fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, un
total de 116.000 millones de pesetas.
Según la noticia, el informe del Tribunal decía que "estas dos
personas …. cesaron en sus funciones con fecha 6-2-1995, momento en que se
produjo su dimisión, extremo que se ve confirmado en los partes de baja de la
Seguridad Social, en los que aparece como causa de la misma la expresión
“voluntaria". "Esta indemnización", precisaba a continuación,
"no estaba pactada en los correspondientes contratos, donde sí se
establece que la indemnización para el trabajador será, en caso de
desistimiento de la Fundación, de un año de la retribución por todos los
conceptos y, en caso de despido declarado improcedente, de dos mensualidades
por año de servicio". El citado Tribunal concluyó que "FORCEM opta
por una solución cuyo coste carece de amparo contractual alguno, al no estar
prevista indemnización por dimisión del trabajador, es decir, por resolución
del contrato a instancia del trabajador, por lo que esta aplicación de fondos
realizada por la Fundación carece de justificación alguna" (páginas 24,
57, 58 y 59 del Informe).
Por otro lado, es bien fácil demostrar que los trabajadores de la empresa
que preside Juan Ramón García Moreno, Red2Red, han efectuado trabajos de
verificación de expedientes administrativos de la Junta de Andalucía que el
ordenamiento jurídico no les permite. Es doctrina pacífica de los tribunales de
justicia, porque así lo establece el ordenamiento jurídico, que actividades
como la actividad subvencionadora (incluidas la inspección, comprobación de la
realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad para la que se
hubiese concedido la subvención, así como el reintegro de las mismas), control
y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria,
contratación administrativa (incluido la interpretación, modificación y
resolución de contratos), evaluación, control, comprobación de cumplimiento de
normas legales y reglamentarias, vigilancia e inspección, y otras muchas más,
son, en palabras del TSJA, “de naturaleza indudablemente administrativa”. Todas
ellas necesitan ser ejercidas con la participación de funcionarios.
Según la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, la
denominación del contrato que se adjudicó a Red2Red Consultores era “Servicios
a la Dirección General de Fondos Europeos para la realización de tareas de
apoyo en la verificación de las operaciones cofinanciadas con los programas
operativos del FEDER y el FSE 2007-2013 en la Junta de Andalucía”. Sin embargo,
al leer el pliego de prescripciones técnicas del contrato, se comprueba en el
apartado 3, “Contenido de los trabajos”, que no es así, y que la Junta de
Andalucía llegó más lejos de lo que permitía la Ley:
“3.- CONTENIDO DE LOS TRABAJOS
El contenido de los trabajos a realizar para el presente contrato
consistirá en la prestación de apoyo técnico a la Dirección General de Fondos
Europeos en el desempeño de las atribuciones que le corresponden en materia de
verificación de las operaciones enmarcadas en los Programas cofinanciados con
los Fondos Estructurales en el periodo 2007-2013.
En particular, los trabajos estarán en todo momento enfocados al fin
previsto en el art. 13 del Reglamento 1828/2006 de la Comisión….
Para ello, a través de las verificaciones se comprobará que el gasto declarado es real, que los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad con la decisión aprobatoria, que las solicitudes de reembolso del beneficiario son correctas y que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales.”
Por tanto, es evidente que la empresa ha efectuado trabajos usurpando funciones a los funcionarios de la Junta de Andalucía, y con el beneplácito de los responsables de la Consejería de Economía y Conocimiento (luego Economía, Innovación y Ciencia), que fue la que adjudicó el contrato, y de todos los que hayan participado en esta nueva aberración. El título del contrato no es más que otro engaño de tantos, pues realmente no son "tareas de apoyo", sino un claro ejercicio de potestades administrativas.
Este incumplimiento del ordenamiento jurídico invalida las verificaciones efectuadas por la Junta de Andalucía de los fondos europeos. ¿Tiene conocimiento la UE de este incumplimiento de la normativa interna del Estado español? ¿Quién responderá de nuevos bloqueos por la UE de dichos fondos?
Este incumplimiento afecta igualmente a las verificaciones de los expedientes de subvenciones para cursos de formación para el empleo, que están sometidos a investigación en el Parlamento y en los Juzgados. ¿Pedirá alguien explicaciones, o todo quedará en el olvido? ¿Actuará la Fiscalía de oficio, o hay que esperar a que la UCO de la Guardia Civil o la UDEF de la Policía Nacional “le presenten las denuncias en su mesa” a la Sra. Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra, tal como me respondió a una pregunta que le realicé en unas Jornadas de índole jurídica? Así no, Sra. Segarra, así no se puede luchar contra la corrupción.
Cosas de Andalucía, la Cosa Nostra.
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