- Destaca que la patronal, UGT y CCOO incumplían la normativa y tenían un trato de favor político
- El día en que el testigo protegido acudió a declarar con escolta
Los hechos siguen hablando,.......
¿Andalucía el "Régimen" de los junteros psociolistos; ese que se mantiene a costa del dinero público de todos?
Lo que es se ve......
¿Como se explica el mantenimiento del Régimen, mas de 30 años; con maridaje juntero?
¿Como se explica el mantenimiento del Régimen, mas de 30 años; con maridaje juntero?
¿Porque no quieren funcionarios y han montado la Administración instrumental y paralela a donde transfieren el dinero público que gestiona sus afines y clientela política?
¿Blanco o en Botella?
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/04/22/571a6c8d46163f2c078b4673.html
FRAUDE DE LOS CURSOS
Comisión de investigación
El testigo
protegido de la formación: "Es el negocio del siglo en la Junta"
- Destaca que la patronal, UGT y CCOO incumplían la normativa y tenían un trato de favor político
- El día en que el testigo protegido acudió a declarar con escolta
El testigo protegido de
la juez Mercedes Alaya en el caso de la formación, el funcionario Teodoro Montes, ha
explicado este viernes que los cursos se convirtieron en el "negocio del
siglo en la Junta" con la connivencia de los altos cargos políticos del
Gobierno andaluz, a los que ha señalado como los responsables. A la pregunta de
si los empresarios obtenían beneficios de una subvenciones que impedían,
teóricamente, ese objetivo, ha asegurado que en algunos casos, como el de los
sindicatos, el beneficio era del "cien por cien" por el
incumplimiento de los requisitos, y que no eran sólo los agentes sociales, las
empresas y las entidades quienes se beneficiaban, sino también el Gobierno
andaluz. A su juicio, el Gobierno de la Junta ha
obtenido "pingües beneficios" en términos de paz social, influencia y
relaciones. Es decir, un beneficio electoral. Precisamente el mismo que señala
la juez Alaya en el caso de los ERE. "Áreas de influencia de todas todas", ha
respondido a las preguntas de los diputados, sin querer concretar más.
"En la formación entiendo que ha
habido un Gobierno que ha planificado de principio a fin, ha marcado unas
directrices de personas e instituciones, ha ubicado de forma singular a
personas que se prestan a cosas. Si además esas personas hilvanan con personas,
instituciones, fundaciones, ayuntamientos...", ha explicado. Tampoco ha
dudado al responder con un rotundo "sí" y poner ejemplos concretos de
cómo se ha perdido dinero público. Según la UCO de
la Guardia Civil,serían 3.000
millones de 2005 a 2013 bajo sospecha. Según el Gobierno andaluz, 733.
Además, Montes, funcionario de la formación
desde hace 20 años y ex jefe de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en
Sevilla, cree que la promesa de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de poner en marcha otra vez los cursos en el mes de mayo,
después de cinco años sin convocatoria, no tiene garantías. "Difícilmente
se están subsanando los problemas que hubo y se está haciendo peor de cara a un
futuro inmediato". ¿Por qué? Porque las herramientas, directrices y
resoluciones que se están poniendo en marcha para retomar la formación
"buscan una aplicabilidad que no hay dios quien lo ponga en pie".
"Tiene que haber por parte de la superioridad de tener la intención de
hacer una formación de calidad", ha explicado, para reclamar una mejor
organización del trabajo, tras denunciar que hay técnicos que han tenido que
supervisar 217 cursos, algo imposible de cumplir.
En este sentido, el funcionario ha hablado
de "desastre
y caos" y de
"trato muy favorable" a agentes sociales como la patronal andaluza,
la CEA, y los sindicatos UGT y CCOO. Ha asegurado que los tres incumplían la
normativa con la connivencia de los altos cargos y que estaban acostumbrados a
hacer "lo que les daba la gana".
En su primera intervención, ha destacado
que la Confederación de Empresarios de Andalucía no cumplía la normativa
vigente en sus cursos. Al igual que otros agentes sociales como UGT y Comisiones Obreras, recibían un trato de favor que resultaba, incluso, "humillante"
hacia el resto de entidades. Entre esas irregularidades ha destacado que
algunas hacían "inviable" la celebración de los cursos, pero que eran
"consentidas". Siempre se ha referido a los responsables como
"la superioridad". Entre esos defectos ha subrayado el
"atropello documental" y que no había "nada imposible para
ellos", desde presentar decenas de propuestas de cursos un día antes del
plazo a homologaciones inadecuadas y equipamientos "muy deficientes y que
en algunos casos no existían". En este sentido, ha afirmado que las sedes
del PSOE y los sindicatos utilizadas en los cursos "dejan mucho que
desear", especialmente en el mundo rural.
También ha relatado la existencia de cursos
fantasma, suplantación de alumnos e irregularidades consentidas como se
compraran 75.000 kilos de carne para dar un curso de formación como carnicero.
Todo denunciado por él y consentido "por la superioridad". Entre los
trucos de las entidades para obtener beneficios en connivencia con la
Administración destaca el dinero destinado a sueldo de docentes y gastos varios; la disminución de la supervisión por parte de los técnicos por el cambio de las competencias
entre las consejerías y la propia maquinaria de la Junta, dispuesta siempre a
facilitar el negocio en vez de controlarlo. Todo con ejemplos de casos
concretos vividos en su persona, como su decisión de anular un curso de CCOO
por irregularidades que detectó en una visita y la negativa de sus jefes a
permitirlo. "Era muy abusivo el gasto de material. No había racionalidad
en el gasto. También habría que ideonizar la elección de los docentes y no
hacerla de forma caprichosa o interesada", ha asegurado.
"Llegó a ser tan lucrativo que en 2010
hubo una avalancha" de peticiones de cursos imposible de supervisar, ha
recordado, explicando cuál fue la "solución salomónica" por parte de
la Junta: establecer que los beneficiarios presentaran una declaración jurada para
"arrancar" con los cursos. "Algunas no había por dónde
cogerlas", ha explicado, incluidos varios trucos de algunas entidades para "saltarse
la cola", como proponer
acciones formativas para colectivos de carácter preferente como discapacitados,
que les permitía "ponerse los primeros". Una vez que no encontraban
alumnos con esas características especiales pero que ya tenían el dinero
asignado, "reconvertían" esos cursos.
Sobre la estrategia de la Junta de enviar
al Parlamento toda la documentación original sobre la formación para ahogar a
la comisión en 31 millones de folios, ha advertido de sus consecuencias. "Tengo
una lista de tres años de demandantes de certificados y diplomas"
a los que no se puede atender por esa falta de documentación.
En cuanto a su situación de acoso laboral
acreditada por una sentencia del Tribunal Supremo, el funcionario ha asegurado
que no ha dejado de aumentar desde su reincorporación a la plaza.
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