viernes, 22 de abril de 2016

Máxima difusión. El testigo protegido de la formación: "Es el negocio del siglo en la Junta" = Un secreto a voces ¿Corrupción institucionaliza juntera con dinero público de todos? ¿Como se explica el mantenimiento del Régimen, mas de 30 años; con maridaje juntero? ¿Porque no quieren funcionarios y han montado la Administración instrumental y paralela a donde transfieren el dinero público que gestiona sus afines y clientela política?; Conclusión: Blanco y en Botella, si los funcionarios hablaran......

FRAUDE DE LOS CURSOS Comisión de investigación 


El testigo clave en el caso de la formación, tras declarar ante la...


Los hechos siguen hablando,.......



¿Andalucía el  "Régimen"  de los  junteros psociolistos; ese que se mantiene a costa del dinero público de todos?




Lo que es se ve...... 

¿Como se explica el mantenimiento del Régimen, mas de 30 años; con maridaje juntero?

 


¿Porque no quieren funcionarios y han montado la Administración instrumental y paralela a donde transfieren el dinero público que gestiona sus afines y clientela política?

¿Blanco o en Botella?





¿Es usted un ciudadano normal o todavía piensa? 



http://www.elmundo.es/andalucia/2016/04/22/571a6c8d46163f2c078b4673.html


FRAUDE DE LOS CURSOS

Comisión de investigación

El testigo protegido de la formación: "Es el negocio del siglo en la Junta"


El testigo protegido de la juez Mercedes Alaya en el caso de la formación, el funcionario Teodoro Montes, ha explicado este viernes que los cursos se convirtieron en el "negocio del siglo en la Junta" con la connivencia de los altos cargos políticos del Gobierno andaluz, a los que ha señalado como los responsables. A la pregunta de si los empresarios obtenían beneficios de una subvenciones que impedían, teóricamente, ese objetivo, ha asegurado que en algunos casos, como el de los sindicatos, el beneficio era del "cien por cien" por el incumplimiento de los requisitos, y que no eran sólo los agentes sociales, las empresas y las entidades quienes se beneficiaban, sino también el Gobierno andaluz. A su juicio, el Gobierno de la Junta ha obtenido "pingües beneficios" en términos de paz social, influencia y relaciones. Es decir, un beneficio electoral. Precisamente el mismo que señala la juez Alaya en el caso de los ERE. "Áreas de influencia de todas todas", ha respondido a las preguntas de los diputados, sin querer concretar más.

"En la formación entiendo que ha habido un Gobierno que ha planificado de principio a fin, ha marcado unas directrices de personas e instituciones, ha ubicado de forma singular a personas que se prestan a cosas. Si además esas personas hilvanan con personas, instituciones, fundaciones, ayuntamientos...", ha explicado. Tampoco ha dudado al responder con un rotundo "sí" y poner ejemplos concretos de cómo se ha perdido dinero público. Según la UCO de la Guardia Civil,serían 3.000 millones de 2005 a 2013 bajo sospecha. Según el Gobierno andaluz, 733.


Además, Montes, funcionario de la formación desde hace 20 años y ex jefe de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, cree que la promesa de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de poner en marcha otra vez los cursos en el mes de mayo, después de cinco años sin convocatoria, no tiene garantías. "Difícilmente se están subsanando los problemas que hubo y se está haciendo peor de cara a un futuro inmediato". ¿Por qué? Porque las herramientas, directrices y resoluciones que se están poniendo en marcha para retomar la formación "buscan una aplicabilidad que no hay dios quien lo ponga en pie". "Tiene que haber por parte de la superioridad de tener la intención de hacer una formación de calidad", ha explicado, para reclamar una mejor organización del trabajo, tras denunciar que hay técnicos que han tenido que supervisar 217 cursos, algo imposible de cumplir.


En este sentido, el funcionario ha hablado de "desastre y caos" y de "trato muy favorable" a agentes sociales como la patronal andaluza, la CEA, y los sindicatos UGT y CCOO. Ha asegurado que los tres incumplían la normativa con la connivencia de los altos cargos y que estaban acostumbrados a hacer "lo que les daba la gana".


En su primera intervención, ha destacado que la Confederación de Empresarios de Andalucía no cumplía la normativa vigente en sus cursos. Al igual que otros agentes sociales como UGT y Comisiones Obreras, recibían un trato de favor que resultaba, incluso, "humillante" hacia el resto de entidades. Entre esas irregularidades ha destacado que algunas hacían "inviable" la celebración de los cursos, pero que eran "consentidas". Siempre se ha referido a los responsables como "la superioridad". Entre esos defectos ha subrayado el "atropello documental" y que no había "nada imposible para ellos", desde presentar decenas de propuestas de cursos un día antes del plazo a homologaciones inadecuadas y equipamientos "muy deficientes y que en algunos casos no existían". En este sentido, ha afirmado que las sedes del PSOE y los sindicatos utilizadas en los cursos "dejan mucho que desear", especialmente en el mundo rural.


También ha relatado la existencia de cursos fantasma, suplantación de alumnos e irregularidades consentidas como se compraran 75.000 kilos de carne para dar un curso de formación como carnicero. Todo denunciado por él y consentido "por la superioridad". Entre los trucos de las entidades para obtener beneficios en connivencia con la Administración destaca el dinero destinado a sueldo de docentes y gastos varios; la disminución de la supervisión por parte de los técnicos por el cambio de las competencias entre las consejerías y la propia maquinaria de la Junta, dispuesta siempre a facilitar el negocio en vez de controlarlo. Todo con ejemplos de casos concretos vividos en su persona, como su decisión de anular un curso de CCOO por irregularidades que detectó en una visita y la negativa de sus jefes a permitirlo. "Era muy abusivo el gasto de material. No había racionalidad en el gasto. También habría que ideonizar la elección de los docentes y no hacerla de forma caprichosa o interesada", ha asegurado.


"Llegó a ser tan lucrativo que en 2010 hubo una avalancha" de peticiones de cursos imposible de supervisar, ha recordado, explicando cuál fue la "solución salomónica" por parte de la Junta: establecer que los beneficiarios presentaran una declaración jurada para "arrancar" con los cursos. "Algunas no había por dónde cogerlas", ha explicado, incluidos varios trucos de algunas entidades para "saltarse la cola", como proponer acciones formativas para colectivos de carácter preferente como discapacitados, que les permitía "ponerse los primeros". Una vez que no encontraban alumnos con esas características especiales pero que ya tenían el dinero asignado, "reconvertían" esos cursos.


Sobre la estrategia de la Junta de enviar al Parlamento toda la documentación original sobre la formación para ahogar a la comisión en 31 millones de folios, ha advertido de sus consecuencias. "Tengo una lista de tres años de demandantes de certificados y diplomas" a los que no se puede atender por esa falta de documentación.



En cuanto a su situación de acoso laboral acreditada por una sentencia del Tribunal Supremo, el funcionario ha asegurado que no ha dejado de aumentar desde su reincorporación a la plaza.

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