jueves, 21 de abril de 2016

La Junta dio un "pelotazo" con sus propias ayudas para formación. = La Junta, FAFFE y Ojeda; ¿es usted ciudadano o todavía piensa... ? ¿Aquí hay gato encerrado ? Así son los junteros ¿negocios que quedan en la familia de los "psociolistos" y que sufragamos con dinero público de todos; pero que es lo que hay detrás.......?

FRAUDE DE LA FORMACIÓN. La comisión parlamentaria de investigación 



.... la propia Junta diera un "pelotazo" a cuenta de la formación con este alquiler "desmedido" y ha llamado la atención de que la Consejería de Empleo concediera "a dedo" subvenciones excepcionales al entramado de Ojeda sin que éste tuviera instalaciones para poder impartir las acciones formativas. 



http://www.elmundo.es/andalucia/2016/04/11/570bea1146163f9d738b46b0.html



FRAUDE DE LA FORMACIÓN. La comisión parlamentaria de investigación 

La Junta dio un "pelotazo" con sus propias ayudas para formación 




La Junta de Andalucía dio un "pelotazo" con sus propias ayudas para la formación al subarrendar a tres asociaciones del ex consejero Ángel Ojeda por el triple de lo que ella pagaba por unas instalaciones para impartir cursos a los antiguos trabajadores de Delphi.

El 1 de agosto de 2003, la comunidad de bienes González y Mateos firmó un contrato por el que le alquilaba a la entonces Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) una nave en el polígono industrial Fadricas de San Fernando, donde se encontraba el Consorcio Centro de Formación de Técnicas Industriales (CTI). El precio del arrendamiento por tres años se pactó en 49.969,44 euros al año más IVA, a razón de 4.164,12 euros.

El 8 de febrero de 2010, la Faffe subarrendó un tercio de esas instalaciones a tres de las entidades controladas por Ojeda que habían recibido subvenciones excepcionales de la Junta para formar a los antiguos operarios de Delphi -concretamente la Asociación de Empresas Aeronáuticas, la Asociación para la Calidad Europea (Inteca) y la Asociación para la Sociedad de la Innovación (Innova)- por 126.437,80 euros anuales, con una mensualidad de 15.804,73 euros. En otra palabras, le cobró por el 30% de las instalaciones el triple de lo que ella pagaba por el 100%.

A preguntas de la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero, el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo y firmante del convenio en su calidad de presidente del consejo rector del CTI, Juan Bouza, ha reconocido este martes la operación ante la comisión de investigación y la ha justificado con el argumento de que permitió disponer unos ingresos que se destinaron a inversiones en el CTI. "Lo pagó religiosamente", apostilló.

Ruiz-Sillero ha censurado que la propia Junta diera un "pelotazo" a cuenta de la formación con este alquiler "desmedido" y ha llamado la atención de que la Consejería de Empleo concediera "a dedo" subvenciones excepcionales al entramado de Ojeda sin que éste tuviera instalaciones para poder impartir las acciones formativas. "Yo no soy concedente de esa ayuda", se justificó Bouza.

De otro lado, el ex alto cargo, reincorporado a su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de Cádiz, ha defendido que "nunca" tuvo motivos para desconfiar del procedimiento que ejecutaban los diferentes responsables técnicos a su cargo y ha garantizado que "las actuaciones que se hicieron correspondieron con la legalidad más estricta".

Bouza ha dicho que en su etapa se implementaron medidas para mejorar la gestión, como la redacción de un manual de justificación del gasto, y ha asegurado que las entidades beneficiarias de las ayudas consideraban que la Delegación de Empleo de Cádiz ejercía un "excesivo rigor a la hora de examinar y hacer el seguimiento de los cursos.

De otro lado, el ex alto cargo, reincorporado a su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de Cádiz, ha defendido que "nunca" tuvo motivos para desconfiar del procedimiento que ejecutaban los diferentes responsables técnicos a su cargo y ha garantizado que "las actuaciones que se hicieron correspondieron con la legalidad más estricta".




Bouza ha dicho que en su etapa se implementaron medidas para mejorar la gestión, como la redacción de un manual de justificación del gasto, y ha asegurado que las entidades beneficiarias de las ayudas consideraban que la Delegación de Empleo de Cádiz ejercía un "excesivo rigor" a la hora de examinar y hacer el seguimiento de los cursos.


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