FRAUDE DE LA FORMACIÓN. La comisión parlamentaria de investigación
- La extinta Fundación Faffe subarrendó a entidades del ex consejero Ángel Ojeda una nave por el triple de lo que ella pagaba
- El testimonio de un alumno: "Tengo el título pero no sé hace chorizos"
.... la propia Junta diera un "pelotazo" a cuenta de la formación con este alquiler "desmedido" y ha llamado la atención de que la Consejería de Empleo concediera "a dedo" subvenciones excepcionales al entramado de Ojeda sin que éste tuviera instalaciones para poder impartir las acciones formativas.
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/04/11/570bea1146163f9d738b46b0.html
FRAUDE DE LA FORMACIÓN. La comisión parlamentaria de investigación
La Junta dio un "pelotazo" con sus propias ayudas para formación
La Junta dio un "pelotazo" con sus propias ayudas para formación
- La extinta Fundación Faffe subarrendó a entidades del ex consejero Ángel Ojeda una nave por el triple de lo que ella pagaba
- El testimonio de un alumno: "Tengo el título pero no sé hace chorizos"
La Junta de
Andalucía dio un "pelotazo" con sus propias ayudas para la formación
al subarrendar a tres asociaciones del ex consejero Ángel Ojeda por el triple de lo que ella
pagaba por unas instalaciones para impartir cursos a los antiguos
trabajadores de Delphi.
El 1 de agosto de 2003, la
comunidad de bienes González y Mateos firmó un contrato por el que le alquilaba
a la entonces Fundación Andaluza Fondo de
Formación y Empleo (Faffe) una
nave en el polígono industrial Fadricas de San Fernando, donde se encontraba el
Consorcio Centro de Formación de Técnicas Industriales (CTI). El precio del
arrendamiento por tres años se pactó en 49.969,44 euros al año más IVA,
a razón de 4.164,12 euros.
El 8 de febrero de 2010, la
Faffe subarrendó un tercio de esas instalaciones a tres de las entidades
controladas por Ojeda que habían recibido subvenciones excepcionales de la
Junta para formar a los antiguos operarios de Delphi -concretamente la
Asociación de Empresas Aeronáuticas, la Asociación para la Calidad Europea
(Inteca) y la Asociación para la Sociedad de la Innovación (Innova)- por
126.437,80 euros anuales, con una mensualidad de 15.804,73 euros. En otra
palabras, le cobró por el 30% de las instalaciones el triple de lo que ella
pagaba por el 100%.
A preguntas de la diputada
del PP Teresa Ruiz-Sillero, el ex
delegado provincial de la Consejería de Empleo y firmante del convenio en su
calidad de presidente del consejo rector del CTI, Juan Bouza, ha reconocido
este martes la operación ante la comisión de investigación y la ha justificado
con el argumento de que permitió disponer unos ingresos que se destinaron a
inversiones en el CTI. "Lo pagó religiosamente", apostilló.
Ruiz-Sillero ha censurado
que la propia Junta diera un "pelotazo" a
cuenta de la formación con este alquiler "desmedido" y ha llamado la
atención de que la Consejería de Empleo concediera "a dedo"
subvenciones excepcionales al entramado de Ojeda sin que éste tuviera
instalaciones para poder impartir las acciones formativas. "Yo no soy
concedente de esa ayuda", se justificó Bouza.
De otro lado, el ex alto
cargo, reincorporado a su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de Cádiz, ha
defendido que "nunca" tuvo motivos para desconfiar del procedimiento
que ejecutaban los diferentes responsables técnicos a su cargo y ha garantizado
que "las actuaciones que se hicieron correspondieron con la legalidad más
estricta".
Bouza ha dicho que en su
etapa se implementaron medidas para mejorar la gestión, como la redacción de un manual de
justificación del gasto, y ha asegurado que las entidades beneficiarias de las
ayudas consideraban que la Delegación de Empleo de Cádiz ejercía un "excesivo rigor a la hora de examinar y hacer
el seguimiento de los cursos.
De otro lado, el ex alto
cargo, reincorporado a su puesto de funcionario en el Ayuntamiento de Cádiz, ha
defendido que "nunca" tuvo motivos para desconfiar del
procedimiento que ejecutaban los diferentes responsables técnicos a su cargo y
ha garantizado que "las actuaciones que se hicieron correspondieron con la legalidad más estricta".
Bouza ha dicho que en su
etapa se implementaron medidas para mejorar la gestión,
como la redacción de un manual de justificación del gasto,
y ha asegurado que las entidades beneficiarias de las ayudas consideraban que
la Delegación de Empleo de Cádiz ejercía un "excesivo rigor" a la
hora de examinar y hacer el seguimiento de los cursos.
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