LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. Adjudicaciones irregulares.La Fiscalía
denuncia a un consejero de Susana Díaz por prevaricación
- La Fiscalía investiga al consejero de Economía por prevaricación.
- El consejero de Economía y Conocimiento, denunciado por prevaricación y falsedad por adjudicaciones en su etapa en la Universidad de Sevilla
LA CORRUPCIÓN
POLÍTICA. El caso de los ERE. La Guardia Civil
investiga a otra alto cargo de Susana Díaz por los ERE
- «No he hecho nada ilegal», sostiene Isabel Niñoles, directora general de Consumo y ex alcaldesa socialista de Fernán Núñez (Córdoba).
- La Fiscalía denuncia a un consejero de Susana Díaz por prevaricación.
http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/04/03/570001cb268e3ed9718b45ef.html
LA CORRUPCIÓN POLÍTICA
Adjudicaciones
irregulares
La Fiscalía
denuncia a un consejero de Susana Díaz por prevaricación
- El consejero de Economía y Conocimiento, denunciado por prevaricación y falsedad por adjudicaciones en su etapa en la Universidad de Sevilla
La Fiscalía Superior de
Andalucía ha denunciado por prevaricación
y falsedad al
consejero de Economía y Conocimiento del Gobierno andaluz, Antonio Ramírez de Arellano,
por una adjudicación irregular durante su etapa como vicerrector de
infraestructuras y rector de la Universidad de Sevilla que destapó EL MUNDO.
Fuentes de la Fiscalía
Superior de Andalucía, que dirige Jesús
García Calderón, han confirmado este jueves a EL MUNDO que la
denuncia contra el consejero de Susana Díaz es por los presuntos delitos de
prevaricación administrativa continuada y falsedad en documento público. Se
trata del primer
consejero de Díaz que está bajo investigación judicial, en este
caso de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) por su condición de aforado.
El Colegio de Arquitectos de Sevilla denunció ante la Fiscalía
de Sevilla a Arellano por adjudicar de manera «arbitraria» la redacción del
proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de
Investigación de la Universidad
de Sevilla (Centrius).
La denuncia se presentó
el 27 de marzo de 2015 ante la Fiscalía de Sevilla, que inició una
investigación contra Ramírez de Arellano y apreció indicios delictivos. Sin
embargo, cuando el 18 de junio de 2015 la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, nombró a Ramírez de Arellano consejero de Economía y Conocimiento,
éste adquirió automáticamente la condición
de aforado, por lo que la Fiscalía sevillana tuvo que inhibirse
a favor de la Superior de Andalucía.
Universidad de Sevilla
La Universidad de Sevilla
ha dicho este jueves que ha actuado "en
todo momento conforme a Derecho", ateniéndose
"siempre a la legalidad vigente". El rector hispalense, Miguel Ángel
Castro, ha lamentado que se confundan "procedimientos administrativos con
actuaciones que deriven en consecuencias penales".
Los hechos investigados
se remontan a septiembre de 2008, cuando la Universidad de Sevilla, firmó un
contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras
del edificio Centrius, una construcción de 25.800 metros cuadrados
presupuestada en 34
millones de euros, según la denuncia, y subvencionada con 17,7 millones
por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.
Resulta «contradictorio»,
según la denuncia, que la licencia de obras para el edificio se concediera con
base en un proyecto básico que fue visado el 13 de agosto de 2008, es decir,
más de un mes antes de que, oficialmente, la Universidad le encargara el
trabajo a los autores mediante el contrato.
El Colegio de Arquitectos asegura que la
redacción del proyecto se
adjudicó sin que existiera siquiera expediente de contratación.
Y ello, según la denuncia, porque a pesar de haberlo solicitado desde que
tuvieron conocimiento de dicho proyecto, la Universidad de Sevilla nunca ha
puesto en manos del Colegio el expediente administrativo.
Sí han tenido acceso a dos expedientes, uno
titulado 'Honorarios de estudio preliminar de edificio' y otro titulado
'Honorarios estudio preliminar de instalaciones de edificio'. «Es evidente que ninguno de estos dos supuestos
expedientes corresponden a la adjudicación y contratación de los servicios profesionales de
redacción del proyecto arquitectónico del edificio de espacios tecnológicos»,
recoge la denuncia.
El Colegio de Arquitectos no señalaba
directamente a nadie pero sí aludía constantemente a Ramírez de Arellano como
el vicerrector que tomó las decisiones«por delegación del rector».
Fue el vicerrector quien acordó «fraccionar
el objeto del contrato en cuatro fases», lo que constituiría una vulneración de
la Ley de Contratos del Sector Público, recoge la denuncia. Existe una «ilegalidad manifiesta» de la adjudicación, según la denuncia,
que insiste en que «la infracción del ordenamiento jurídico es patente,
notoria, incuestionable, flagrante e incluso clamorosa (...) por no reponder a
ningún criterio de interpretación de las normas que regulan la contratación
pública».
Los denunciantes sostienen que la
adjudicación y el contrato de redacción del proyecto de obras «tienen la
consideración legal de 'regulación armonizada' por tratarse de 'servicios de
arquitectura' por cuantía superior a 193.000 euros (hoy, 207.000 euros) y por
estar subvencionados». Por ello, mantienen que deben «someterse inexcusablemente» a
un procedimiento con publicidad, transparencia, control del
gasto y publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
la UE.
Frente a ello, con el procedimiento seguido
los «términos de la contratación» entre la Universidad de Sevilla y los
arquitectos se ha mantenido «oculto».
LA CORRUPCIÓN POLÍTICA
El caso de los ERE
La Guardia Civil
investiga a otra alto cargo de Susana Díaz por los ERE
- «No he hecho nada ilegal», sostiene Isabel Niñoles, directora general de Consumo y ex alcaldesa socialista de Fernán Núñez (Córdoba)
La Guardia Civil
investiga a otra alto cargo de Susana Díaz por la ayuda concedida por la Consejería de Empleo con
cargo al fondo de reptiles a unos empresarios de su pueblo cuando ella era alcaldesa. La ex regidora ya ha declarado ante los agentes, que analizan la posible comisión de un delito de
tráfico de influencias.
Se trata de Isabel Niñoles, antigua alcaldesa socialista de la localidad cordobesa de Fernán Núñez en dos etapas y
a la que Susana Díaz nombró directora general de Consumo el pasado 29 de
diciembre a propuesta del consejero de Salud, Aquilino Alonso. Niñoles llegó al
cargo tras haber ocupado durante un año otra dirección general de la Junta,
concretamente la de Administración Local.
La Guardia Civil ha llamado a la ex
regidora en relación con la subvención que la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social concedió en 2002 -en su etapa de alcaldesa- a Viveros Arroyo,
una firma cuyas instalaciones estaban situadas en el término vecino de
Montemayor pero controlada por un empresario de Fernán Núñez. La ayuda fue por importe de 120.202 euros y el pago se materializó en el año 2003.
Isabel Niñoles ha confirmado a EL MUNDO de
Andalucía que, tras la citación policial, prestó declaración en Sevilla el
pasado 14 de marzo. «No tengo nada que ocultar y estoy a disposición de lo que se quiera investigar»,
afirmó en conversación con este diario.
Niñoles mantiene que no medió para que se le concediera la subvención a la empresa de
su paisano y mostró su «extrañeza» por estar siendo investigada. «Le aseguro
que no medié, ya saldrá cuando investiguen lo que hay», sostiene la directora
general, que asegura que informó a la cúpula de la Consejería de Salud en el
momento en el que recibió la citación para que acudiera a declaración.
«Imagínese lo que ha llovido desde 2002 y
la cantidad de empresas y personas con las que yo he podido hablar... No
obstante, si ha habido que poner en contacto [a alguien] con la Delegación, es
normal que los alcaldes reciban a empresarios o personas físicas que quieran
emprender. Es normal que le des información, que le digas dónde tienen que ir y que de alguna manera
le guíes», añadió.
Sí aseguró que nunca ha
enviado un fax a la Junta en relación
con esta ayuda. «Si lo hubiera hecho sería absolutamente normal, pero no
recuerdo haber mandado ninguno porque, a fecha de hoy y con la edad que tengo,
no he puesto jamás un fax», comenta. Y añade: «Tengo la absoluta seguridad de
que no he hecho nada ilegal ni reprochable. Estoy muy tranquila».
La hoy directora general de la Junta no es
la única persona vinculada al Ayuntamiento de Fernán Núñez que ha tenido que
declarar en relación con la ayuda a Viveros Arroyo, una de las que se
investigan en el marco de la instrucción del caso ERE. También ha comparecido ya la secretaria municipal, ésta en calidad de testigo.
Igualmente, los investigadores policiales han requerido varias veces al consistorio cordobés documentación relativa a este expediente en los
últimos meses, según ha podido conocer este periódico en fuentes municipales.
Coordinadora comarcal en la ejecutiva
provincial del PSOE de Córdoba, Niñoles fue portavoz adjunta en la Diputación
de Córdoba y, en su primer mandato como alcaldesa (1999-2003), formó parte del Comité Federal del PSOE.
La de Viveros Arroyo es una de las ayudas
por las que ya no se podrá actuar penalmente contra sus beneficiarios, debido al tiempo transcurrido
desde que se abonó -más de diez años- y que la cuantía no excede los 450.000
euros.
Compartiendo el criterio de la Fiscalía
Anticorrupción, la Audiencia de Sevilla ha concluido que, en aquellas
subvenciones en las que concurran estos dos supuestos, no cabe acción penal.
Los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se
investigan habrían prescrito ya, dado que no se podría aplicar el subtipo agravado para la malversación
que permitiría ampliar el plazo de prescripción de los delitos de 10 a 15 años.
Ello ha motivado ya que la titular del
Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla haya
levantado ya la imputación a 12 empresarios de la Sierra Norte de Sevilla y que haya acordado no actuar contra otros cuatro beneficiarios que aún no habían sido llamados al procedimiento. Sólo se
les podrá pedir responsabilidades como beneficiarios a título lucrativo de los
efectos de un delito, en aplicación del artículo 122 del Código Penal.
La otorgada por la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social en 2002 no fue la única subvención que recibió de la Junta Viveros Arroyo, hoy sin
actividad. Entre el 18 y el 21 de marzo de 2005, el entonces director
provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Córdoba, Antonio Fernández
Ramírez, le concedió sendas ayudas -una de 240.420 y otra de 18.705,64 euros-
con cargo al programa de fomento del empleo en centros especiales de empleo,
como publicó el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 2 de junio
de 2005. Fernández Ramírez está imputado en la macrocausa de la formación.
A cambio de recibir fondos públicos,
Viveros Arroyo tenía que contratar a una veintena de personas con discapacidad para facilitar su inserción social.
Griñán visitó el vivero en
campaña electoral
Antes que presidente de
la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán ocupó muchos cargos públicos (llegó
a ser ministro) y también se trabajó muchas campañas electorales. En la
primavera de 2004, Griñán se presentaba como número uno al Parlamento por la provincia
de Córdoba. En la campaña electoral, el que en abril sería consejero de
Economía con Manuel Chaves como presidente del Gobierno andaluz se recorrió
casi todos los 75 pueblos de la provincia de Córdoba. Entre ellos estuvo Fernán
Núñez y Montemayor. Tras pasar por la localidad de Fernán Núñez, donde Isabel
Niñoles era la jefa de la oposición después de haber perdido la Alcaldía ante
Izquierda Unida, Griñán acudió a Montemayor. Allí, como candidato del PSOE al
Parlamento, fue recibido por gran parte de los miembros del comité provincial
socialista en una visita que acabó en los Viveros Arroyo, hoy en el centro de
una investigación de la Guardia Civil a instancias del Juzgado de Instrucción 6
de Sevilla. José Antonio Griñán, amante de la botánica, se mostró más que
interesado por el vivero de Montemayor (construido por un policía local de
Fernán Núñez). Este vivero era, hace 11 años, una pequeña anomalía en una
comarca (la Campiña Sur) muy fértil. Su propietario no dudó en acompañar a
Griñán durante una visita guiada de más de una hora que ese día de la primavera
de 2004 suponía el final de una dura jornada de campaña electoral./ A. ALBA
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