Fraude de la formación. Fallo
judicial
- Un juez abre la puerta a que la Junta tenga que pagar el dinero defraudado por los cursos
- Un juzgado de Huelva la declara responsable civil subsidiaria en la causa.
.....el instructor ya ha
decidido que la personación de la Junta en el caso será como responsable civil
subsidiaria, lo que implicaría que en un futuro se le podría condenar a pagar
el dinero defraudado.
Esta decisión se basa en
el atestado policial en el que se pone de manifiesto que existen indicios de
infracción penal de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, según
ha adelantado la Cadena Ser.
FORMACIÓN. ¿Acabarán
pagando los andaluces dos veces el «pufo» de la formación?
- El daño económico sería doble: por los cursos no realizados y porque la Junta tendría que devolver el dinero a la UE al ser responsable civil
Con su patrimonio
Pero hay otra vía para restituir el quebranto que la Junta no ha utilizado en ninguno de los casos de corrupción en los que se ha visto envuelta a pesar de que el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía de 2010 la ampara. Sería tan simple como obligar a su personal a responder con su patrimonio por «el menoscabo en los fondos públicos» que ocasione con sus «acciones u omisiones», con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que corresponda, tal y como reza el artículo 108 de la norma.
Sin embargo, «la Junta no va a ir contra miembros de su propio partido», ha apuntado Luis Escribano, miembro directivo de la Asociación Defiendo mi derecho en la gestión pública. Este funcionario, que disecciona las sombras de la administración autonómica en su columna en www.eldemocrataliberal.com, advierte de que existe un mecanismo de control interno, la Inspección General de Servicios, que tampoco ha funcionado para detectar irregularidades de tipo administrativo en fraudes como el de los ERE o la formación.
Es hora de poner punto final al saqueo de fondos públicos.
Fraude de la formación. Fallo
judicial
Un juez abre la puerta a
que la Junta tenga que pagar el dinero defraudado por los cursos
Un juzgado de Huelva la declara
responsable civil subsidiaria en la causa.
El Juzgado
de Instrucción número 5 de Huelva, que se encarga de la investigación de una causa por el presunto fraude en los fondos para los cursos de
formación ha
declarado a la Junta de Andalucía responsable civil subsidiaria.
Fuentes del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Efe de que en un auto
de 22 de marzo, el juez resuelve definitivamente la petición de personación en
la causa que la Junta realizó en abril de 2015.
Inicialmente se aceptó la
personación, pero no se aclaraba si la misma era en calidad de perjudicada o de responsable civil subsidiaria, algo que se ha determinado a raíz de las
declaraciones que prestaron en sede policial el pasado 10 marzo los últimos
detenidos por la Policía Nacional en el marco de la operación 'Eduende'.
Estos fueron el director provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva,
Eduardo Manuel Muñoz; el secretario general de ese servicio, José Martínez
Iglesias; el jefe del Servicio de Formación, José Ángel Gil
Flores, y el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación
Continua, Manuel María Velázquez.
A pesar de que estas
personas aún no han prestado declaración en sede judicial, el instructor ya ha
decidido que la personación de la Junta en el caso será como responsable civil
subsidiaria, lo que implicaría que en un futuro se le podría
condenar a pagar el dinero defraudado.
Esta decisión se basa en el
atestado policial en el que se pone de manifiesto que existen indicios de
infracción penal de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, según
ha adelantado la Cadena Ser.
La Junta de Andalucía está personada como acusación en otros procedimientos judiciales sobre este supuesto fraude.
Al margen de estos últimos
detenidos, desde hace meses están declarando en sede judicial por esta causa
alrededor de un centenar de investigados, todos ellos dueños o representantes
legales de las 29 empresas que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) desde septiembre de 2014 bajo a petición de este juzgado.
Paralelamente, el Parlamento
andaluz ha constituido una comisión de investigación que está constatando el descontrol existente en la gestión de los cursos
subvencionados por la Junta. Su objetivo es esclarecer si hubo responsabilidades políticas en el fraude y depurarlas.
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-acabaran-pagando-andaluces-veces-pufo-formacion-201603282319_noticia.html
Con su patrimonio
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-acabaran-pagando-andaluces-veces-pufo-formacion-201603282319_noticia.html
FORMACIÓN
¿Acabarán pagando
los andaluces dos veces el «pufo» de la formación?
- El daño económico sería doble: por los cursos no realizados y porque la Junta tendría que devolver el dinero a la UE al ser responsable civil
La
declaración como responsable civil subsidiaria,
en lugar de perjudicada, de la Junta de Andalucía en Huelva por el fraude de
los cursos sienta un precedente jurídico de consecuencias imprevisibles en la decena de causas abiertas en
juzgados andaluces que analizan el supuesto desvío
de fondos públicos destinados a la formación de desempleados y trabajadores.
Según fuentes jurídicas consultadas por ABC, la
resolución del juez de instrucción 5 de Huelva, Javier Romero Jiménez,
abre la puerta a una perversa paradoja: puede obligar
a los andaluces a pagar dos veces los daños y perjuicios ocasionados en
las arcas públicas por unas irregularidades que no han cometido, como resultado
del descontrol instalado en el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE). El daño es múltiple: por un lado,
por las millonarias subvenciones de las que no se beneficiaron sus
legítimos destinatarios, que eran los parados andaluces y los
trabajadores de empresas y, por otro, porque la Junta podría verse en la
tesitura de reintegrar las ayudas mal
empleadas a la Unión Europea, si ésta se las reclama, ya que la
mayoría de los cursos bajo sospecha (que suman 3.000 millones) se cofinanciaron
con cargo al Fondo Social Europeo.
El
PP no descarta pedir a la juez Núñez que considere a la Junta como responsable
en las piezas de formación
De hecho, la UE ya ha movido ficha bloqueando el Fondo Social
Europeo para
Andalucía en 2015, que se eleva a 468 millones, por el cúmulo de
irregularidades detectadas en fondos concedidos con anterioridad por Bruselas.
El PP, que está personado como acusación en la
investigación de estas ayudas que lleva a cabo la juez de instrucción 6 de
Sevilla, María Núñez Bolaños,
no descarta solicitar que adopte el criterio de su homólogo en Huelva en las nueve piezas desgajadas de
la causa matriz de la formación, amparándose en el artículo 121
del Código Penal. Ya lo pidieron sin éxito en el caso ERE cuando lo instruía la
juez Mercedes Alaya. Hay un matiz importante: las ayudas de los ERE salieron de
los recursos propios de la Junta pero los cursos son financiados
en parte por la UE.
El citado artículo fija la responsabilidad civil de una
Administración cuando el daño sea provocado por una autoridad o funcionario
público «en
el ejercicio de su cargo o función». El supuesto se da porque
la Ucdef de la Policía ha imputado por prevaricación y malversación a seis
cargos y técnicos autonómicos.
Los interventores que han desfilado ante la comisión de investigación del Parlamento admiten que fallaron los controles.
Como consecuencia, decenas de empresas beneficiarias diseñaron cursos que no
llegaron a impartirse, colaron al SAE listados con asistentes falsos, o se crearon sociedades
«fantasmas» para
ofrecer un curso concreto y al poco tiempo desaparecían.
Con su patrimonio
Pero hay otra vía para restituir el quebranto que la Junta
no ha utilizado en ninguno de los casos de corrupción en los que se ha visto
envuelta a pesar de que el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía de 2010
la ampara. Sería tan simple como obligar a su personal a responder con su
patrimonio por «el
menoscabo en los fondos públicos» que ocasione con sus
«acciones u omisiones», con independencia de la responsabilidad penal o
disciplinaria que corresponda, tal y como reza el artículo 108 de la norma.
Sin embargo, «la Junta no va a ir contra miembros de su
propio partido», ha apuntado Luis
Escribano, miembro directivo de la Asociación Defiendo mi
derecho en la gestión pública. Este funcionario, que disecciona las sombras de
la administración autonómica en su columna enwww.eldemocrataliberal.com, advierte de que existe un mecanismo de control interno,
la Inspección General de Servicios, que tampoco ha funcionado para
detectar irregularidades de tipo administrativo en
fraudes como el de los ERE o la formación.
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