Defiendo mi derecho y la gestión pública: Máxima difusión: ¿Que hacían los trabajadores de la Fáffe con los expedientes? ¿Cooperadores necesarios del fraude? ¿Esos trabajadores que por razón de eficacia pasaron a la Administración por, la Ley del "enchufismo" y por "subrogación laboral juntera"; ingeniería jurídica ad hoc" y derecho laboral; sucesión de empresas? ¿una incorporación de plantilla que cuesta a la Junta, o sea a todos, unos 25 millones de euros al año? = Los hechos siguen hablando: ¿la Junta colabora con quien colabora?. ¿Blanco o en botella? : el Sr. Daniel FITO, laboral posteriormente funcionarizado, dirigente del PSOE y cuya mujer, después de la subrogación, realizada en virtud de la Ley del Sector Público, pasa al SAE, "por magia juntera ad hoc ingeniería jurídica" del rodillo socialista ¿Y que hace la Administración paralela, brazo ejector del Régimen; potestades públicas; algo que todo el mundo sabe, pero institucionalmente se permite y la mayoría de los que lo ven callan? ¿Pero esto no es delito de "usurpación de funciones públicas", versus que personal no habilitado, "contratado a dedo", selección arbitraria, realice funciones reservadas a personal funcionario?

FRAUDE DE LA FORMACIÓN. La comisión de investigación parlamentaria.

Los técnicos interrogados admiten que tenían trabajadores de la Faffe colaborando en la gestión de los expedientes.
'Fantasmas' a sueldo de la Junta.

La comisión de investigación parlamentaria intenta estos días aclarar el papel político de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que sirvió durante años como una agencia de colocación para un sinfín de allegados y familiares de dirigentes del PSOE, y que se extinguió en mayo de 2011. Tras su disolución, sus 1.500 trabajadores fueron subrrogados por el SAE, una incorporación de plantilla que cuesta a la Junta unos 25 millones de euros al año.

En casi todas las comparecencias, los técnicos interrogados admiten que tenían a trabajadores de la Faffe, que no eran funcionarios, colaborando en la gestión de los cursos. El ex jefe de servicio de la Dirección General de Formación de Sevilla entre noviembre de 2011 y julio 2015, Daniel Fito García, investigado por la juez Alaya, acusado por el testigo protegido de Alaya de impedirle hacer su trabajo, y que obtuvo su plaza en un inusual procedimiento, se esforzó ayer por asegurar que los trabajadores de la Faffe no tenían potestades administrativas.

«¿No tocaban expedientes? ¿Qué significa que hacían un apoyo administrativo?¿Tocaban el expediente sí o no? ¿Qué documentos?», inquirió la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero.

«Lógicamente tocaban los expediente y los documentos, pero no creo que eso vulnere las potestades administrativas», tuvo que admitir el funcionario, que también reconoció que su mujer era trabajadora de esa agencia.