miércoles, 2 de marzo de 2016

Máxima difusión. Pleitos tengas .....y los ganes, dicen los gitanos. Algarrobico, 10 desde su paralización; Juego de la Administración autonómica. Las «burdas maniobras» de la Junta en el hotel Algarrobico. la Junta en todos estos años, ha defendido una cosa y la contraria, y en ocasiones ha hecho las dos cosas a la vez; porque resulta complicado intentar hacer blanco lo que un día fue muy muy negro, y en este complejo e indigesto proceso han quedado en evidencia dobleces, ambigüedades, cuando no mentiras, y según un juez hasta indicios de delito- ¿La Junta llegó a falsificar la planimetría oficial y no pasó nada de nada?-. El despropósito que representa el Algarrobico es un desafuero político, la prueba de la corrupción como esencia de la política ; Ahora la Junta dice que la indemnización del Algarrobico será inferior a 70 millones. = La Andalucía de locos: la del "Régimen".

  • Pleitos tengas .....y los ganes, creo que dicen los gitanos. El jugado alrededor del hotel irregular del Algarrobico, por ejemplo ¿cuanto nos llevará costado a los contribuyentes este inacabable pleito, cuanto nos costará ahora el derribo? ¿Y cuánto hablar que pagarle a la promotora ya que la construcción se hizo que el visto bueno de la autoridad? ¿Pagará algo de esas minutas la Junta, tan complaciente durante años, lo pagará el Ayuntamiento si es que resulta responsable de algún permiso indebido, o quizá el Estado que vigila tan malamente los Parques Nacionales? Pues no; lo pagará usted, lo pagare yo, lo pagará él, como siempre: Los políticos no responden casi nunca por sus errores. Y menos por sus intereses.



Reclamación de la promotora del hotel ilegal.La Junta dice que la indemnización del Algarrobico será inferior a 70 millones
  • El consejero de Medio Ambiente se muestra convencido de que habrá que pagar "bastante menos" de lo que reclama la empresa.

 


MEDIO AMBIENTE. Doble juego de la Administración autonómica. Las «burdas maniobras» de la Junta en el hotel Algarrobico 

  

FUERA DE GUIÓN
El Algarrobico no ha terminado



El Algarrobico es un escándalo político de la Junta de Andalucía. Un abuso político que concentra todos los elementos del caciquismo y la corrupción urbanística que han caracterizados varias décadas de gobiernos andaluces del PSOE,


....Y sí, hay que señalar al PSOE, y a sus responsables todos estos años, por esta tropelía. Por eso, también es la hora en que debemos recordar a Cristóbal Fernández, 28 años de alcalde socialista de Carboneras, a quien a finales de 2006 el mismo Tribunal Supremo que da carpetazo al Algarrobico condenó por delito electoral. Fernández fue condenado, el 22 de noviembre de 2006 abandonó sus responsabilidades públicas y, en poco más de una semana, el 1 de diciembre, lo indultó el Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero -sí, han leído bien- para que se pudiera volver a presentar a las elecciones. Otra vez, tantas casualidades.


.... Por último, tal vez, convendría recordar también que, pese a la conclusión a la que llega la sentencia del Supremo, la construcción del hotel Algarrobico contó con todos los parabienes legales, tanto municipales como regionales. Que la Junta no sólo aprobó los planes urbanísticos que permitían la urbanización o ratificó la concesión de las licencias de construcción, sino que esgrimió estudios de la Unión Europea o de la Unesco que los avalaban supuestamente.


Urge, por tanto, y más allá de las millonarias indemnizaciones que los andaluces tendremos que pagar a los promotores, más el coste de la demolición y restauración del entorno, que se señalen responsabilidades políticas claras sobre este asunto. Unas responsabilidades políticas que tienen nombres y apellidos y que Susana Díaz no puede ocultar tras el recurrido trampantojo de planes de empleo y de regeneración económica de la zona, reiteradamente prometidos e incumplidos hasta ahora.






Reclamación de la promotora del hotel ilegal

La Junta dice que la indemnización del Algarrobico será inferior a 70 millones
  • El consejero de Medio Ambiente se muestra convencido de que habrá que pagar "bastante menos" de lo que reclama la empresa.

 


El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, confía en que la indemnización por responsabilidad patrimonial reclamada ya por vía judicial por la promotora Azata por la futura demolición del hotel ubicado en el paraje del Algarrobico, en la costa de Carboneras (Almería), se quedará en "bastante menos" de los 70 millones reclamados por la actuante.

Así lo ha asegurado Fiscal este martes en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que ha recordado que será la Justicia la que determine quién debe pagar las cantidades, "si el Ayuntamiento, que concede la licencia de obras, o la Junta... prefiero ser cauto". Sí ha asegurado taxativamente que la reclamación patrimonial no supondrá en ningún caso una ralentización del derribo, pues son procesos "paralelos" que "no se afectan".

En cuanto a la cantidad, "tengo la esperanza, por no decir la convicción, de que estará bastante lejos de esa cifra, a tenor también de que se trata de terreno no urbanizable", ha precisado el consejero andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Admitiendo que el complejo empezó a levantarse de manera legal al serle otorgada la licencia, Fiscal ha recalcado que hace diez años tanto la Junta como otras organizaciones de índole ecologista se opusieron de manera "inequívoca" a esta "aberración" y apelaron a otras cuestiones que hacían "inviable" la existencia del hotel. "Fruto de ese trabajo, el Supremo, por fin, y sin vuelta atrás, considera que está en nuestra mano derribarlo y volver a su estado original esa zona tan maravillosa del Cabo de Gata", ha dicho.

El titular autonómico de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por otro lado, ha hablado sobre los trabajos de demolición y restauración, haciendo hincapié en que la propia presidenta, Susana Díaz, en reconocimiento de la "frustración" de la zona, "que objetivamente es un lugar en el que hay que hacer un esfuerzo", ha anunciado un plan, que ya se ha empezado a diseñar, de empleo y desarrollo sostenible, en el que "ajustándonos a la ley y la norma" se contará con trabajadores de la zona. "BUENA SINTONÍA" CON EL GOBIERNO

El caso del Algarrobico supone una "lección" que "no es que la haya aprendido la Junta, la hemos aprendido todos: aquí tiene responsabilidad mucha gente, aunque no extiendo la cuestión dado el buen clima de consenso". Y es que "la sociedad, afortunadamente, ha cambiado mucho, aunque la conciencia medioambiental debe evolucionar aún más, y ya hay normas aprobadas que impedirían un nuevo caso".

Fiscal también ha aludido a la "buena sintonía" con el Gobierno de la nación, con el que se ha acordado la creación de un grupo de trabajo bajo la premisa de cumplir el protocolo que establece un pago a medias, con un resultado "óptimo" al margen de consideraciones como la responsabilidad estatal sobre la zona. Así, ha aseverado que "estamos en los inicios de esta nueva situación definitiva del Algarrobico".

Asimismo, ha aludido al tratamiento "sostenible y razonable" de los residuos, con la posibilidad de reciclaje de los mismos, dentro de un proceso en el que se buscará "la alternativa menos agresiva" para una restauración "que, sin ninguna duda, será la que todos esperan".

Por último, Fiscal ha asegurado que existe una "obsesión" en su Consejería por que el urbanismo "no se convierta jamás en un inconveniente para la inversión, sino en un aliado", y que la Administración se encuentra inmersa en la reorganización de normas afectadas por una gran "disparidad".





MEDIO AMBIENTE.Doble juego de la Administración autonómica
Las «burdas maniobras» de la Junta en el hotel Algarrobico



 

22/02/2016 03:00

Mañana, 23 de febrero, se cumplen 10 años de la orden de paralización de las obras del hotel de El Algarrobico, dictada en 2006 por el juez de Almería Jesús Rivera, quien dos años después también anuló la licencia de obras en una sentencia que ya dejaba al descubierto el 'papelón' que había jugado la Junta de Andalucía respecto al polémico edificio construido por Azata del Sol en suelo protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar e invadiendo la protección de la Ley de Costas.


Pero papelón puede resultar un término suave, puesto que el magistrado, hoy en el TSJA, advirtió en su sentencia de que la «burda maniobra» con que la Junta había intentado convertir en urbanizable y no protegido el suelo de El Algarrobico -llegó a falsificar la planimetría oficial, como denunciaron los ecologistas- presentaba los «caracteres de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio».


Y es que la Junta, desde el principio de esta larga historia de El Algarrobico y el proyecto para construir 1.500 viviendas, un campo de golf y otros seis hoteles de lujo en la misma zona, había defendido que el suelo de la playa de Carboneras era urbanizable, como demuestra que diera luz verde a los planes urbanísticos para construir el hotel, que apoyó, promocionó y subvencionó antes de, repentinamente, pasar a convertirlo en el buque insignia de la lucha contra la especulación urbanística y la destrucción de la costa.


Y tan es así, que aún después de que, de cara a la opinión pública, los representantes políticos de la Junta pasaran a decir que se trataba de un suelo protegido y no urbanizable, sus abogados seguían defendiendo en los tribunales todo lo contrario, e incluso hay escritos de la Administración autonómica muy posteriores a 2006 que llegan a considerar que se trataba, no ya de un terreno urbanizable, sino urbano consolidado.


De ahí que pueda resultar sorprendente que el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, asegurara, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que ha dictaminado que el suelo del hotel es no urbanizable y de especial protección, que la Justicia había dado por fin la razón a la Junta.


Sin embargo, para quienes conocen la historia del hotel, estas declaraciones del consejero no han causado ninguna sorpresa, pues se sitúan en la misma línea de la Junta en todos estos años, que ha defendido una cosa y la contraria, y en ocasiones ha hecho las dos cosas a la vez. ¿Y por qué? Pues quizás porque haya sido realmente complicado intentar hacer blanco lo que un día fue muy muy negro, y en este complejo e indigesto proceso han quedado en evidencia dobleces, ambigüedades, cuando no mentiras, y según un juez hasta indicios de delito.


Porque lo cierto es que la Junta participó en el 'negocio' de esta urbanización desde el principio, desde que la sociedad Parque Club El Algarrobico, en la que participaba la Administración autonómica a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), compró y vendió en 1996 y 1999 como urbano el suelo -protegido desde 1994- en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.


Pero además de participar en la venta de los terrenos, también debió ser conocedora de la flagrante vulneración de las normas del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural (PORN) de Cabo de Gata-Níjar de 1994, que protegían la zona. De esta forma, la Administración no sólo no cumplió con su obligación de suspender las obras del hotel, dado que además invadía la zona de protección de 100 metros que establecía la Ley de Costas de 1988 y de instar a la adaptación de las Normas Subsidiarias de Carboneras al PORN, sino que, con la «burda maniobra» de la que hablaba el juez Rivera, intentó todo lo contrario, es decir, hacer urbanizable su suelo.


Pese a que debía saber que el hotel se iba a construir en zona no urbanizable, la Junta defendió el proyecto, lo promocionó y lo subvencionó, incluyéndolo, en razón del interés general, dentro del Proyecto Turístico de Carboneras, incardinado en el Plan de Desarrollo Sostenible de Cabo de Gata-Nijar, aprobado por el Gobierno de Chaves en 2004.


Una larga década. Del negro al blanco. El Gobierno de Manuel Chaves giró radicalmente del negro al blanco en 2006, después de que una denuncia ecologista advirtiera de la ilegalidad del hotel y de que la entonces ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona tomara la decisión política de demoler el edificio. Recursos. En los últimos meses, la Junta ha seguido tomando decisiones 'extrañas', como la de no recurrir al Supremo el fallo del TSJA que ha validado la licencia, algo que puede resultar muy perjudicial para la posible indemnización a la constructora. Retracto. Además, ha tomado un camino equivocado para ejecutar el derecho al retracto y hacerse con los terrenos, pues tenía que hacerlo por la vía civil, como debía saber, y aún no lo ha hecho.

  


FUERA DE GUIÓN
El Algarrobico no ha terminado


21/02/2016 10:17

EL ALGARROBICO es ya para siempre un icono. Una estampa fijada del disparate. Pero, contra lo que pudiera parecer en un primer instante, no sólo se trata de la imagen de un desatino urbanístico, de una aberración arquitectónica, de un atentado al entorno natural, de un atropello al paisaje. No. De esos ya vamos bien servidos y aún habremos de estar atentos a nuevos y dramáticos episodios. No, insisto. El despropósito que representa el Algarrobico es un desafuero político, la prueba de la corrupción como esencia de la política.


Naturalmente que el Algarrobico es una barbaridad, algo que nunca tendría que haberse producido y que la sentencia del Tribunal Supremo, -penúltima de las que se han dictado sobre este caso, pues el asunto, lejos de lo que pudiera pensarse, está lejos de haber finalizado y no sólo en el plano judicial- parece que viene a poner un punto y final seguido. La agresión urbanística está fuera de toda discusión. El impacto no admite dudas ni matices. Por tanto, si tras la sentencia del Supremo se inicia la cuenta atrás para su demolición, no hay más que aplaudir y felicitarse.


Pero el Algarrobico, como he señalado, es algo más que una ilegalidad al uso a la que la Justicia esta vez ha podido llegar a tiempo de impedir su consolidación y al que le corresponde certeramente la brillante figura creada por Salvador Moreno Peralta de «icono de la Bernarda» urbanístico. El Algarrobico es un escándalo político de la Junta de Andalucía. Un abuso político que concentra todos los elementos del caciquismo y la corrupción urbanística que han caracterizados varias décadas de gobiernos andaluces del PSOE, años en los que se produjeron algunos de los mayores pelotazos especulativos del país. Y este pretendía ser uno de ellos.


En esta hora, no podemos olvidar que todo surge con la intención inicial de la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chaves de urbanizar esa zona del litoral almeriense. Junto a un parque natural se promueven urbanizaciones, hoteles y campos de golf. Sólo en el Algarrobico la idea era construir 1.500 viviendas, un campo de golf y otros seis hoteles, además del ahora ilegal, que iba a tener 21 plantas, 411 habitaciones, piscinas y jardines. Urbanismo sostenible según el PSOE.


Y sí, hay que señalar al PSOE, y a sus responsables todos estos años, por esta tropelía. Por eso, también es la hora en que debemos recordar a Cristóbal Fernández, 28 años de alcalde socialista de Carboneras, a quien a finales de 2006 el mismo Tribunal Supremo que da carpetazo al Algarrobico condenó por delito electoral. Fernández fue condenado, el 22 de noviembre de 2006 abandonó sus responsabilidades públicas y, en poco más de una semana, el 1 de diciembre, lo indultó el Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero -sí, han leído bien- para que se pudiera volver a presentar a las elecciones. Otra vez, tantas casualidades.


Es posible que llegados a este punto, los lectores más avispados puedan destacar que, sin embargo, fue precisamente Rodríguez Zapatero quien paralizó el proyecto en contra del criterio de la Junta de Manuel Chaves. Y es cierto. La decisión de Zapatero formó parte de una de las mayores operaciones de lavado de imagen, el intento de zafarse de todas las connivencias del PSOE con los proyectos especulativos y la corrupción urbanística, desde Seseña al Algarrobico, pocos meses después de estallar el caso Malaya con todas las ramificaciones socialistas al más alto nivel político andaluz conocidas.


Por último, tal vez, convendría recordar también que, pese a la conclusión a la que llega la sentencia del Supremo, la construcción del hotel Algarrobico contó con todos los parabienes legales, tanto municipales como regionales. Que la Junta no sólo aprobó los planes urbanísticos que permitían la urbanización o ratificó la concesión de las licencias de construcción, sino que esgrimió estudios de la Unión Europea o de la Unesco que los avalaban supuestamente.


Urge, por tanto, y más allá de las millonarias indemnizaciones que los andaluces tendremos que pagar a los promotores, más el coste de la demolición y restauración del entorno, que se señalen responsabilidades políticas claras sobre este asunto. Unas responsabilidades políticas que tienen nombres y apellidos y que Susana Díaz no puede ocultar tras el recurrido trampantojo de planes de empleo y de regeneración económica de la zona, reiteradamente prometidos e incumplidos hasta ahora.


Es probable que no sea cierto y que los problemas en un principio de este proyecto no tuvieran nada que ver con la decisión de sus promotores de dejar de regar con dinero a todo a aquel -de cualquier partido o estamento- sobre el que dependiera una disposición política o administrativa para su puesta en marcha. Pero, es innegable que este asunto no puede estar ajeno al leitmotiv de todos los casos de la corrupción nacional que no paramos de conocer. Es imposible que aquí no haya corruptores y corrompidos. Es inverosímil pensar que todo se deba a una chapuza urbanística, a un simple cambio de criterio político inducido por resoluciones judiciales contradictorias.

Es mucho lo que aún nos queda por conocer. El Algarrobico, pues, no ha terminado con el mazazo judicial del Supremo.


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