lunes, 28 de marzo de 2016

Máxima difusión: Funcionarios denuncian a la Junta ante la Inspección por la extra + los ultimos del país en cobrar y solo una parte = Los hechos siguen hablando, por sí mismos....



FUNCIÓN PÚBLICA. Recortes

  • El Sindicato de Funcionarios alerta de que hay miles de empleados públicos afectados
  • El TSJA condena a la Junta por imponer recortes a sus funcionarios



Según la denuncia del SAF a la que tuvo acceso EL MUNDO, la Junta habría retenido a cada funcionario unos 30 euros de más en la nómina del pasado febrero, en la que abonó la parte de la extra de Navidad de 2012 que estaba obligada a reintegrar a sus empleados, como ya han hecho el resto de administraciones y autonomías del país. Como la Junta tiene en nómina a unos 250.000 empleados públicos, entre funcionarios y laborales, las cantidades retenidas de forma irregular podrían ascender a los 7,5 millones de euros. 

«Sí, hay miles de empleados públicos afectados», reconocen las fuentes del Sindicato de Funcionarios consultadas que, sin embargo, no se atreven a dar una cifra por el «oscurantismo» que rodea a la conocida como 'administración paralela' de la Junta, es decir, su entramado de agencias, empresas públicas y fundaciones. «No sabemos cómo se habrá hecho la devolución de la extra y tampoco si se la suprimieron a todo el personal laboral del sector público», explican. 

Además, hay dos sectores -sanidad y educación- en los que es posible, según el SAF, que las retenciones practicadas por la Junta hayan sido las correctas. En el Servicio Andaluz de Salud (SAS), por las reclamaciones previas que había con la Inspección de Trabajo relacionadas con la extra de 2012 y en la enseñanza porque los profesores funcionarios están incluidos en un régimen diferente al del resto de trabajadores de la Junta, que forman parte del Régimen General de la Seguridad Social.



http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/03/28/56f84378268e3ef6038b4579.html


FUNCIÓN PÚBLICA. Recortes


Funcionarios denuncian a la Junta ante la Inspección por la extra





La Junta de Andalucía paga tarde y mal a sus empleados públicos. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra el Gobierno andaluz por las irregularidades que ha detectado en las nóminas de los empleados públicos en las retenciones practicadas por la Administración andaluza, al hacer la devolución de la parte proporcional de la paga extra de Navidad del año 2012 que fue suprimida en todo el país por los recortes.

Según la denuncia del SAF a la que tuvo acceso EL MUNDO, la Junta habría retenido a cada funcionario unos 30 euros de más en la nómina del pasado febrero, en la que abonó la parte de la extra de Navidad de 2012 que estaba obligada a reintegrar a sus empleados, como ya han hecho el resto de administraciones y autonomías del país. Como la Junta tiene en nómina a unos 250.000 empleados públicos, entre funcionarios y laborales, las cantidades retenidas de forma irregular podrían ascender a los 7,5 millones de euros.

«Sí, hay miles de empleados públicos afectados», reconocen las fuentes del Sindicato de Funcionarios consultadas que, sin embargo, no se atreven a dar una cifra por el «oscurantismo» que rodea a la conocida como 'administración paralela' de la Junta, es decir, su entramado de agencias, empresas públicas y fundaciones. «No sabemos cómo se habrá hecho la devolución de la extra y tampoco si se la suprimieron a todo el personal laboral del sector público», explican.

Además, hay dos sectores -sanidad y educación- en los que es posible, según el SAF, que las retenciones practicadas por la Junta hayan sido las correctas. En el Servicio Andaluz de Salud (SAS), por las reclamaciones previas que había con la Inspección de Trabajo relacionadas con la extra de 2012 y en la enseñanza porque los profesores funcionarios están incluidos en un régimen diferente al del resto de trabajadores de la Junta, que forman parte del Régimen General de la Seguridad Social.

El Gobierno andaluz, que preside la socialista Susana Díaz, ha sido el último del paísque ha pagado a sus empleados públicos la parte proporcional de la extra de Navidad del año 2012 correspondiente a los 44 días devengados desde el 1 de junio de 2012 hasta el 14 de julio del mismo año, cuando entró el vigor el decretazo del Gobierno con los recortes a los empleados públicos de todo el país.

Fue ilegal que las administraciones recortaran a sus empleados esos 44 días de la extra porque una ley no se puede aplicar de forma retroactiva. Infinidad de jueces dieron la razón a los funcionarios y, finalmente, todas las comunidades autónomas y el Gobierno, poco a poco, han ido abonando esa parte proporcional de la extra. Andalucía ha sido la última comunidad que ha pagado esa parte de la extra de Navidad de 2012. De media, cada funcionario de la Junta ha recibido en la nómina de febrero en torno a los 500 euros, según el SAF.

La denuncia presentada por el Sindicato de Funcionarios ante la Inspección de Trabajo alerta de que la Junta ha descontado en la nómina de febrero a sus funcionarios, en la que devuelve parte de la extra de 2012, el importe de las cuotas a la Seguridad Social, un 4,7%, que ya había sido liquidado, «incumpliendo lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social».

«El empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no efectuase el descuento en dicho momentono podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo», dice la normativa que estaría incumpliendo la Junta.


NÓMINA DE FEBRERO


La actuación de la Junta respecto a las cotizaciones de la nómina de febrero supone una «doble detracción por el mismo concepto y por las mismas retribuciones sujetas a cotización», recoge la denuncia presentada el pasado 8 de marzo ante la Inspección de Trabajo.

El SAF considera que se trata de un presunto fraude de la Junta a la Hacienda Pública y a todos los funcionarios autonómicos andaluces, además de una posible infracción de los derechos de los empleados públicos amparados por la normativa de la Seguridad Social.

No es la primera vez que la Junta 'castiga' a sus funcionarios. Aprovechando los recortes salariales a los empleados públicos decididos a nivel nacional, el Gobierno andaluz decidió en el año 2012 minorar las bases de cotización de sus empleados y pagar menos por ellos a la Seguridad Social, a pesar de que la normativa estatal lo prohibía expresamente para evitar que los recortes salariales afectaran a las futuras jubilaciones.

Sin embargo, la Junta se saltó ese precepto con la excusa de que, al ser una norma estatal, no era de aplicación en Andalucía. Tras la denuncia del SAF, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social terminó levantando diversas actas de liquidación de cuotas por diferencias de cotizaciones. Las actas incluyeron un recargo para el Gobierno andaluz del 20% por no haber ingresado las cuotas en su momento. También el TSJA falló en contra de la Administración andaluza por este asunto.


LOS ÚLTIMOS


Los empleados públicos andaluces han sido los últimos del país en cobrar en la nómina del pasado febrero una parte de la extra de Navidad de 2012 recortada de forma irregular. El Gobierno presidido por Mariano Rajoy, mediante el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, más conocido como el 'decretazo' de los recortes, adoptó, entre otras medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, la supresión de la extra que debían recibir los empleados públicos en diciembre de 2012.

En diciembre de 2014, cuando el Gobierno consideró que la situación económica del país había mejorado y tras infinidad de sentencias favorables a los funcionarios, acordó la devolución de una parte (el 24,04%, correspondiente a 44 días de devengo) de la extra de Navidad y facultó a las comunidades autónomas a adoptar una medida similar.

A través de otro decreto ley, el 10/2015 de 11 de septiembre, la Administración del Estado devolvió a sus funcionarios otra parte de la extra de 2012 (el 26,23% correspondiente a 48 días de devengo) y estableció que las comunidades que no hubiesen devuelto esta paga, lo harían durante 2015 o, si no era posible, cuando la situación económica lo permitiera. Por último, en octubre de 2015, en la Ley de Presupuestos Generales para 2016 se fijó la devolución del 50% restante en el ámbito de la Administración del Estado; facultando a las comunidades a actuar del mismo modo.

La Junta, durante 2015 no devolvió porcentaje alguno de dicha paga; ni el 24,04% devuelto en enero de 2015; ni el 26,23% abonado en octubre de 2015, ni el restante 50% reintegrado en enero de 2016 por el Gobierno central.

En la Ley de Presupuestos para 2016, la Junta dio cumplimiento a una parte del mandato gubernamental y acordó devolver el 26,23% de la extra de 2012, correspondiente a 44 días de devengo, en la nómina de febrero. Es la última comunidad en pagar.

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