- Archiva de momento la investigación de las ayudas de formación concedidas al grupo de Rafael Velasco en lugar de enviar a agentes a requisar los papeles, como pide el PP
La juez Núñez aparca el caso del exnúmero dos del PSOE porque la Junta no colabora
- Archiva de momento la investigación de las ayudas de formación concedidas al grupo de Rafael Velasco en lugar de enviar a agentes a requisar los papeles, como pide el PP
La demora de la Junta de Andalucía en la entrega de documentación al juzgado que indaga en el fraude masivo de las subvenciones para cursos de formación está teniendo consecuencias inéditas. La instructora del caso,María Núñez Bolaños, ha decretado el sobreseimiento provisional de dos piezas desgajadas de la macrocausa que afectan al entramado empresarial vinculado al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco Sierra y al empresario José María Pérez González. En la práctica, supone parar el reloj de la investigación. El motivo es que la Consejería de Empleo no colabora.
El Gobierno andaluz lleva once meses sin remitir al juzgado los informes relacionados con las ayudas concedidas a sociedades relacionadas con el ex diputado andaluz. La magistrada toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que también había solicitado declarar la causa de especial complejidad para ampliar hasta 18 meses el plazo de instrucción en lugar de los seis meses que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A su vez, Núñez desoye un escrito presentado por el Partido Popular, que ejerce de acusación en el caso, en el que se oponía al archivo temporal de esta causa.
Ante la falta de respuesta de la Administración, el letrado del PP, Luis García Navarro, propone una solución más drástica y resolutiva: mandar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede de la Dirección General de Formación para el Empleo, adscrita a esta Consejería, para requisar los expedientes que la Junta no envía al juzgado.
De esta forma, los peritos interventores y auditores que auxilian al juzgado pueden «proceder al análisis de los expedientes de subvenciones que se investigan en este procedimiento y en especial para que se informe sobre los expedientes de reintegro iniciados, su evolución y los que se hayan finalizado». Considera que el hecho de que no se hayan realizado los informes solicitados «no es motivo ni razón legal para acordar el sobreseimiento».
Medida provisional
El fiscal, en el escrito que ha dado pie al archivo provisional de una de las causas más comprometedoras para el PSOE, recomendaba el archivo, previsto en la reformada Ley de Enjuiciamiento Criminal, «en tanto el estudio relativo a las subvenciones de las que ha sido beneficiario el entramado del Sr. Velasco no sea realizado y comunicado a este juzgado». Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía restan trascendencia a este sobreseimiento y esgrimen que se trata una medida provisional para que no corra el plazo de 18 meses hasta que se tenga la documentación de la Junta que no ha llegado al juzgado.
El punto de partida es otro auto dictado el 10 de abril de 2015 por el que la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya -que se marchó a la Audiencia de Sevilla- emplazó a la Consejería a designar funcionarios para «el estudioy posterior emisión de los informes de los expedientes de los que se les hará entrega, para que informe» sobre las resoluciones de reintegro iniciadas y la evolución de los mismos, incluidos los que afectan al grupo societario ligado al exdirigente.
Rafael Velasco no es un investigado cualquiera en el escándalo de la formación. Ocupó la Secretaría de Organización de la federación socialista más poderosa de España bajo el liderazgo de Manuel Chaves y se convirtió en el vicesecretario general del partido cuando José Antonio Griñán se hizo con los mandos del partido. El suyo fue un ascenso fugaz debido, precisamente a las subvenciones que recibió una empresa familiar. En octubre de 2010 dejó su cargo en el partido y el escaño como diputado en el Parlamento andaluz tras conocerse que la academia de su esposa, Aula Cinco, había recibido ayudas por 726.209 euros entre 2006 y 2009 para formar a desempleados.
La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, denunció ayer que la «falta de colaboración» del Gobierno andaluz puede provocar la prescripción del expediente. Afirmó que archivar el caso hasta que no se envíe la documentación «hace que corran los plazos y que pueda prescribir», lo que ha achacado a una «estrategia deliberada» de la presidenta andaluza, Susana Díaz, «para que no se conozca la verdad».
La Consejería de Empleo replicó al PP que miente cuando dice que los expedientes sobre estas ayudas no han sido enviados al juzgado. Alega que se entregaron en mayo de 2014, tras el auto del juzgado «que libró mandamiento judicial para que la UCO incautara los citados expedientes y ordenaba al director general de Formación para el Empleo a que de forma inmediata y sin dilación se hiciera entrega a los agentes de dichos informes».
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