ECONOMÍA. El SAF denuncia la privatización de la actividad
ECONOMÍA. El SAF denuncia la privatización de la actividad
La Junta deja a las eléctricas las inspecciones de los contadores
La Junta de
Andalucía sigue dejando en manos de las propias eléctricas las inspecciones de
los contadores de la luz. Esto es lo que se desprende entre otras cosas de una
nueva denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en Málaga que el
pasado 12 de febrero comunicó a la Junta que "falta personal funcionario en el Servicio de Industria, Energía y
Minas en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Málaga. De forma concreta, en el personal que realiza las inspecciones, que
están desbordados desde hace años, y esto impide que realicen sus
funciones", recogía el escrito.
El mismo documento al que ha
tenido acceso EL MUNDO de Málaga hace alusión a que "no se puede deducir
que el apoyo técnico de los Organismos de Control sea la externalización que se
está produciendo en la inspección de este servicio, que pueden derivar en el
ejercicio de la potestad sancionadora". Esto es que, por ejemplo, una
denuncia particular a Consumo en la que se ponga de manifiesto un mal
funcionamiento de un contador de luz que podría estar cobrándonos de más pues
estaría siendo atendida por la propia suministradora de luz. Parte interesada
en no reconocer que haya un error si es en su contra.
Así las cosas, lo que el SAF
denuncia ahora es una falta de personal funcionario en la Delegación de
Industria y Energía de la Junta en Málaga que se dedique a este tipo de
inspecciones de forma objetiva y neutral.
En concreto en Málaga no más de una decena de empleados públicos se
dedican a tratar de atender las hasta 700 reclamaciones de este tipo que les
llegan al año, sin evidentemente poder hacerlo y dejando en manos de las
empresas privadas que ofrecen el suministro a que sean ellas mismas las que
digan si los contadores están bien o mal. Algo que por otro lado, ha traído
cola en los últimos tiempos sobre las sospechas de manipulación de contadores
por estos mismos servidores.
A lo que la denuncia del SAF
también alude es a los escasos inspectores que están indicados para todo un abanico de supervisiones que tienen un carácter altamente sensible y delicado como pueden ser las de
ascensores, quirófanos de hospitales, interventores de las ITV, talleres
clandestinos, grandes transformadores de luz en empresas e industrias,
contadores de agua, etcétera.
"Lo que significa que
la ingente tarea que puede señalarse cada año en el Plan de Inspecciones de la
Junta es a menudo derivada a ASOCAN, una asociación ajena a la administración,
privada, y que asumiría el poder de interponer sanciones cuando pudiera tener
intereses en la misma esfera privada, o ser incluso más caro el servicio (200
euros es el cálculo de una inspección) que si lo hiciera un funcionario",
como también denuncia una fuente del sindicato.
"Se está dejando en
empresas externas la verificación del funcionamiento de maquinaria de hospital,
grandes sistemas de refrigeración de edificios públicos y privados, mecanismos
de almacenamiento de químicos. Es decir una gran cantidad de actividades que de
no ser neutralmente y rigurosamente controlados y verificados estarían poniendo
en riesgo a gran parte de la población", revelan.
Es por ello que el escrito
del SAF recuerda el artículo 137 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, "por el que los hechos
constatados por funcionarios, a los que se reconoce la condición de autoridad y
que se formalicen en documento público observando los requisitos legales
pertinentes, tendrán valor probatorio", como de lo mismo se desprende que
no podrán actuar del tal forma los no funcionarios, estando en el aire la
posible irregularidad en la asunción de estas funciones. Y abriendo para el
particular la opción de impugnarlas.
Es por ello que el sindicato
acaba pidiendo que entidades como ASOCAN se dediquen sólo a labores de apoyo,
no a multar.
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