La comisión de investigación en el Parlamento. El ex interventor general admite "riesgo de menoscabo" de fondos públicos por las irregularidades en los cursos
- Adolfo García, que dimitió de su puesto en el mes de enero, dice desconocer las causas del descontrol en las subvenciones
- El testimonio del interventor de Huelva: "100 por 100 de irregularidades"
Comparecencia de interventores de la Junta ante la comisión de investigación. "100% de irregularidades"
Aporta más información
- El interventor de Huelva advierte de «incumplimientos bastante relevantes» en las ayudas que han provocado menoscabo de fondos
- "Ni los beneficiariosni la Administración pueden irse de rositas", declara en el Parlamento el interventor provincial de Granada
La comisión de investigación en el Parlamento
El ex interventor general admite "riesgo de
menoscabo" de fondos públicos por las
irregularidades en los cursos
- Adolfo García, que dimitió de su puesto en el mes de enero, dice desconocer las causas del descontrol en las subvenciones
- El testimonio del interventor de Huelva: "100 por 100 de irregularidades"
El ex interventor general de la
Junta Adolfo García ha señalado que de las irregularidades detectadas en los
distintos informes sobre las subvenciones en los cursos de formación se aprecia
"riesgo de menoscabo" de fondos públicos, aunque ha señalado que
"no hay evidencias".
García ha cerrado la
primera ronda de comparecientes de la comisión de investigación
creada en el Parlamento andaluz relativa a las concesiones de las subvenciones
otorgadas por la administración de la Junta en materia de formación profesional
para el empleo desde 2002 a la actualidad, después de que lo hayan hecho todos
los interventores provinciales.
Adolfo García, que ha negado que su dimisión a finales de
enero esté relacionada con este asunto, ha defendido que las actuaciones de la
intervención general durante los tres años que ha estado al frente de la misma
ha desarrollado actuaciones "contundentes e inmediatas,
fuera de lo habitual".
"Ante las irregularidades en las ayudas a la
formación detectadas tenemos que vanagloriarnos de la respuesta dada por los
interventores", ha añadido, aunque también ha dicho que desconoce "el
origen del descontrol" en las ayudas
concedidas.
Además, ha sostenido que "es impensable" que la
normativa estuviera diseñada para el fraude y ha precisado que las normas que
se aplican en Andalucía son "muy exigentes".
El ex interventor general ha emitido entre junio y
diciembre dos informes, uno de ellos de actuación, en el que se detallan
recomendaciones y actuaciones, pero también "irregularidades, ausencia de
justificación y catorce
incumplimientos de la legalidad", según algunos
parlamentarios.
García ha insistido varias veces en que desconoce el origen
de esas irregularidades y que su trabajo se ha centrado en los
"efectos".
Los datos que recoge el último informe firmado por Adolfo
García, recordados por varios de los comisionados, indican que en el periodo
2009-11 están "pendientes de justificar 702 millones de ayudas solo"
en los servicios centrales de la Junta.
De esta cantidad, según la diputada de Ciudadanos Marta
Bosquet, se habrían "reclamado solo 34 millones".
El exinterventor, que en muchas ocasiones se acogió a la
formula "lo desconozco" para contestar a los diputados, ha admitido,
tal y como reflejan los informes y han apuntado algunos interventores
provinciales, que hay "riesgo de
menoscabo" de fondos públicos, pero negó el "fraude" y
acotó que "no hay evidencias" de menoscabo y que éstas le corresponde
fijarlas al Tribunal de Cuentas.
Ante la insistencia de los comisionados de que precisara
las causas de las irregularidades e incumplimientos de ley, García recurrió a
una frase coloquial al indicar que "cuando hay una mudanza se
produce un pequeño incendio", en referencia
a los cambios de competencias de la formación de Educación a Empleo y para
intentar argumentar la ausencia de justificación y documentación en muchos de
los expedientes.
La portavoz popular, Teresa
Ruiz Sillero, afeó al ex interventor
su "tibieza" para señalar a los responsables políticos y su actitud
frente a la "telaraña provincial de irregularidades", y, ante su
perseverancia en que apuntara a los responsables, García respondió: "Creo
que hay más de un responsable, pero sería temerario decirlo".
También opinó que la actuación de la Junta en este caso
está siendo "contundente", a lo que la popular esgrimió que está
"incumpliendo todas" las recomendaciones de sus informes.
Especialmente tenso fue una parte del interrogatorio con
la diputada de IU Elena
Cortés, quien le preguntó si creía que la investigación que
llevan a cabo 18 juzgados sobre la formación es "por las mudanzas" de expedientes de subvenciones.
"No lo creo. En ningún caso, pero lo que abordan los
informes son los efectos no las causas", ha indicado.
Cortés ha replicado que para efectos "los
incumplimientos reiterados de la legalidad que recoge su informe de
actuación".
Por su parte, la socialista Marisa
Bustinduy quiso contrarrestar con sus preguntas las acusaciones de
los comisionados de la oposición y destacó que han sido más de 273 los
controles que se han realizado, la "mayoría favorables", a lo que el
exinterventor esgrimió que "se están corrigiendo deficiencias y espero que
sin perjuicio para la Hacienda".
Comparecencia de interventores de la Junta ante la
comisión de investigación
"100%
de irregularidades"
Aporta más información
- El interventor de Huelva advierte de «incumplimientos bastante relevantes» en las ayudas que han provocado menoscabo de fondos
- "Ni los beneficiarios ni la Administración puedenirse de rositas", declara en el Parlamento el interventor provincial de Granada
Cuatro interventores de la Junta que
analizaron las ayudas concedidas por la Administración andaluza para cursos
describieron ayer un cúmulo de irregularidades en la comisión parlamentaria de
investigación. El más contundente fue Miguel
Ángel García, interventor
provincial de Huelva, que llegó a decir que, en formación, había «100%
de irregularidades», frente a otras subvenciones fiscalizadas, en las que los
incumplimientos eran «casos aislados».
Para este interventor, los «incumplimientos
bastante relevantes» y las «muchas y muy graves irregularidades» detectadas en
las ayudas de la Junta para los cursos hacen que haya menoscabo de fondos
públicos.
Esta tesis desmonta la
defensa del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José
Sánchez Maldonado, sobre la gestión del Gobierno andaluz en el presunto fraude
de la formación. Según el consejero, todavía no hay menoscabo de fondos porque
se están abriendo expedientes de reintegro para recuperar las cantidades que
están sin justificar.
Sin embargo, el interventor alegó que sí hay menoscabo
porque se ha causado un «daño» a las arcas públicas, hay «negligencia» a la hora de exigir los reintegros y
«no se ha actuado con contundencia», resumió. Como ejemplo, citó que se había
pagado el 25% de las ayudas a empresas que no habían justificado el 75%
recibido con anterioridad.
El diputado del PSOE
Rodrigo Sánchez Haro mantuvo un rifirrafe con el interventor de Huelva, que
llegó a quejarse de que no le permitía responder a las preguntas. «¿Se está
protegiendo?», le preguntó el diputado socialista. «He actuado con total
honestidad, no me he inhibido de mis
funciones», zanjó García Bermúdez, que
habló con total claridad.
Este interventor también explicó que hubo una «relajación
de los controles» del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) que podían haber parado el fraude de los cursos y que el «cúmulo de irregularidades fue en
aumento» con el paso de
los años.
Otros dos interventores provinciales de la Junta
cuestionaron también ayer la actuación del SAE en el seguimiento de las ayudas
para cursos de formación hasta el punto de que uno ha llegado a considerar que «ni los beneficiarios ni la Administración pueden irse de rositas».
Así se expresó Miguel Gutiérrez Pedrosa, interventor provincial de Granada, ante la comisión de
investigación constituida en el Parlamento para tratar de depurar
responsabilidades políticas por el presunto fraude en la gestión de los fondos
para formación.
«Los beneficiarios [de las ayudas] tienen nombres y
apellidos, pero la Administración es una cosa muy abstracta», añadió el
interventor, que se ratificó en las conclusiones que ya puso por escrito en el
informe especial sobre subvenciones en materia profesional para el empleo
2009-2012 y llamó la atención sobre la falta de documentación que presentaban
los expedientes:«Había
carpetas que las abrías y no había nada».
El interventor ha reiterado que, por lo apreciado en
numerosos expedientes fiscalizados, procedía la puesta en marcha de expedientes
de reintegro. En este sentido, explicó que la Administración le ha informado de
que los ha iniciado, pero sin aportar acreditación documental.
También compareció ayer ante la comisión de investigación
el interventor provincial de Córdoba, Antonio
Escudero, quien defendió que el SAE tendría
que haber llevado a cabo una actuación «más
proactiva» para determinar que el dinero concedido para cursos de
formación se destinó realmente a esa finalidad y que las entidades beneficiarias
cumplieron con las obligaciones a las que se habían comprometido.
El reproche del interventor se producía a preguntas de la
diputada de Ciudadanos Marta Bosquet, sorprendida por el hecho de que el
parlamentario del PSOE Rodrigo Sánchez hubiera planteado al compareciente si no
hubo un «rigor
excesivo» del SAE en
relación con las facturas justificativas.
«Si dijera ahora que [el
SAE] ha sido totalmente riguroso no entendería el informe que yo he hecho, que dice lo que dice», respondió el funcionario.
Lo que dice su informe es que «no se ha aportado
documentación acreditativa del compromiso de contratación» en subvenciones con este
requisito, que la «generalidad» de los expedientes analizados no incluía la declaración de
los solicitantes de no tener deudas con la Junta, que tampoco
queda constancia de que el SAE interviniera en el proceso de selección de los
alumnos y que no consta en ninguno de los expedientes el informe de impacto que
tuvo en el empleo el desarrollo de las acciones formativas.
Asimismo, Escudero expresó su convencimiento de que los
expedientes de ayudas correspondientes al periodo 2002-2008 «han prescrito» al haber transcurrido más de cuatro años desde que
terminó el plazo de justificación, por lo que sería irrecuperable el dinero
abonado a entidades que incurrieron en incumplimientos. Esta opinión la
comparte el interventor de Huelva.
El trabajo de fiscalización del equipo dirigido por
Escudero -responsable de la intervención provincial en Córdoba desde agosto de
2007- ha dado pie a que la Intervención General de la Junta emitiera sendos informes de actuación.
Por su parte, el interventor en Jaén, Pedro González Gámez, afirmó, en relación con las ayudas a los cursos de
formación, que no se ha «cumplido
la legalidad» aunque esto es «muy difícil de
medir», y consideró que no ha habido menoscabo de los fondos públicos.
González, con cuarenta años de servicio en la
administración y, desde 2009, con competencias de fiscalización de expedientes
de la delegación de Empleo, hizo hincapié en la «considerable carga de trabajo» y subrayó que contaban con medios materiales y humanos «totalmente insuficientes, salvo puntualmente».
Noveno informe de actuación
El actual interventor general de la Junta, Vicente
Fernández, se ha
estrenado en el cargo poniendo su firma a un informe de actuación, emitido por
las presuntas irregularidades en la gestión de las ayudas concedidas por la
dirección provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga para
formación profesional para el empleo.
Según ha podido conocer EL MUNDO, Vicente Fernández
emitió informe de actuación el pasado 24 de febrero, 22 días después de que el Consejo de Gobierno
aprobara su nombramiento en sustitución de Adolfo J. García. Éste había comunicado
11 meses antes su renuncia a la consejera de Hacienda y Administración Pública,
que ha tenido enormes dificultades para realizar la sustitución.
El informe de actuación es un mecanismo que prevé el
decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable
de las empresas de la Junta en aquellos casos «en que los responsables de la
gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las
deficiencias observadas» o si se apreciaran «circunstancias que, por su
importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos». Hasta ahora
había escasos precedentes.
Con el de Málaga, son ya
nueve los informes de actuación emitidos por la Intervención de la Junta a raíz de las graves irregularidades
que los interventores provinciales pusieron de manifiesto al fiscalizar las
ayudas para cursos. Sólo faltan ya los correspondientes a Almería y Granada, si
bien el interventor de esta última provincia lo ha propuesto también.
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