- Acusa a un antiguo administrativo de revelación de secretos por copiar 22.500 archivos publicados "en parte" por EL MUNDO
- La central alentó la campaña "huelga no es delito" a favor de ocho sindicalistas de Airbus enjuiciados
- Caza de brujas' en UGT para intentar tapar sus desmanesSorprende que el comportamiento de UGT a la hora de afrontar las acusaciones de corrupción sea similar al de algunos partidos políticos. En lugar de abrir una investigación interna para despejar todas las dudas sobre una posible trama de financiación irregular del sindicato y colaborar con la Justicia se dedica a organizar una 'caza de brujas' contra varios de sus ex trabajadores.
http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/03/06/56dc9114e2704e38488b45b4.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/03/07/56dc8415ca4741de628b4622.html
A CORRUPCIÓN SINDICAL
'Caza de brujas' en la federación andaluza UGT pide encarcelar al empleado que destapó el fraude en Andalucía
- Acusa a un antiguo administrativo de revelación de secretos por copiar 22.500 archivos publicados "en parte" por EL MUNDO
- La central alentó la campaña "huelga no es delito" a favor de ocho sindicalistas de Airbus enjuiciados
La federación andaluza de UGT sigue adelante con la 'caza de brujas' que desató en 2013 tras ver
publicada en EL MUNDO y otros medios de comunicación la contabilidad interna del
sindicato, que dio origen al escándalo de las facturas falsas y
prueba la presunta financiación irregular de UGT-A que ahora está investigando
el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla.
La 'caza de
brujas' conocida hasta ahora iba dirigida contra Laureano Conde, el trabajador
cesado de forma fulminante por UGT-A en diciembre de 2013, acusado de borrar 1.756 ficheros informáticos.
Pero no es
la única víctima. R.M.C., otro ex empleado del sindicato, se enfrenta ahora a
una petición de UGT-A de nada menos que cuatro años de cárcel por
delitos de revelación de secretos, después de que salieran a la
luz los desmanes contables de los ugetistas. Entre los desvíos de subvenciones
más llamativos documentados por este diario están las comilonas en la Feria de Abril en la caseta de UGT-A y los 700 maletines fabricados en Asia que se repartieron en un congreso
regional del sindicato. Todos ellos se pagaron de fondos procedentes de la
Unión Europea -y distribuidos por la Junta- que tenían que haber sido
destinados a la lucha contra el desempleo. Dicho fraude se realizó mediante la
falsificación de facturas.
El
administrativo afectado lamenta que el mismo sindicato que se ha movilizado
para defender a los representantes laborales de Airbus -para los que la
Fiscalía reclamaba también penas de prisión- sea también el que inste al Ministerio
Público a encarcelarle a él bajo la acusación de destapar un fraude.
En el caso
de Airbus, toda la cúpula sindical de UGT, con Cándido Méndez a
la cabeza, arropó a los sindicalistas enjuiciados y se implicó en la campaña
Huelga no es delito. «Y revelar la presunta corrupción del sindicato de la que
acusan a un administrativo, ¿es delito?», se pregunta ahora R. M. C.
La
federación andaluza de UGT, que encabeza la secretaria general Carmen Castilla, acusa a este ex trabajador de
hacer una «copia masiva» de 32 carpetas que contenían unos 22.500 ficheros, que
«al menos en parte fueron publicados en prensa desde el
21 de abril de 2013», según el escrito de acusación del
sindicato, en poder de EL MUNDO.
R.M.C.
estuvo trabajando en el área de compras del sindicato como administrativo entre
el 5 de diciembre de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2012. El presunto copiado
de archivos que le achaca el sindicato se produjo unos días antes de su marcha, el 7 de noviembre de
2012.
Lo
llamativo es que el sindicato acusa a su administrativo de copiar una carpeta
que se llama «compras/confidencial/compras,
que como su nombre indica es confidencial», según el escrito de
UGT-A.
Para
sostener semejante acusación, el sindicato contrató a la empresa especializada
Forest Digital Evidence, con la finalidad de que analizara los equipos informáticos asignados a sus empleados para
determinar si desde alguno se sustrajo «información confidencial y
sensible, considerada por UGT-A como indebida y no autorizada»,
afirma el sindicato en la querella que interpuso contra R.M.C.
El 5 de
septiembre de 2013, técnicos de Forest Digital, en presencia de trabajadores
del sindicato y de la presidenta del comité de empresa, precintaron los discos
duros de catorce ordenadores que quedaron bajo la custodia de una notaria que se desplazó a la sede regional de
UGT-A en Sevilla.
Al día
siguiente, el sindicato llevó a la notaría los ordenadores de R.M.C. y Laureano Conde para que la empresa especializada los
analizara. En esa fecha, ninguno trabajaba ya en UGT-A. En el juicio por el
despido de Conde, celebrado a finales del pasado enero, quedaron en evidencia
los fallos en la custodia de los equipos informáticos.
De hecho,
la intervención de esta empresa con los ordenadores se produjo diez meses después de que R.M.C. hubiera sido despedido,
de manera que no es descabellado pensar que alguien pudiera haber introducido
esta carpeta en el ordenador que tuvo asignado este ex empleado de UGT.
No es el
único indicio para llegar a esta conclusión. Ninguno de los atestados que ha
elaborado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las
pesquisas sobre las presuntas facturas falsas hacen referencia a la carpeta
«confidencial» en la que estarían las pruebas de los desmanes de UGT. Todo ello
pese a que los investigadores de la UCO clonaron los servidores, discos
duros y material informático que
había en la sede de UGT-A en Sevilla tras registrarla durante más de diez horas
en diciembre de 2013 por orden de la juez Alaya.
Además de
la condena de cuatro años de cárcel, el sindicato solicita que su antiguo
administrativo le pague una indemnización de
60.000 euros en concepto de daño moral, «solicitándose la
prestación de fianza o embargo de bienes del acusado y personas jurídicas
responsables en cuantía suficiente para garantizar las responsabilidades
civiles reclamadas», dice el escrito de acusación.
La Fiscalía
también reclama una condena de tres años de prisión para R.M.C.
por un delito de revelación de secretos.
Inicialmente,
la querella de UGT-A iba dirigida contra este ex trabajador y contra Laureano
Conde, al que acusaron de causar un «daño irreparable» al sindicato con el
borrado «masivo» de los 1.756 archivos. Sin embargo, el juzgado archivó la
causa contra él, al no encontrar ninguna prueba.
Contrasta
la dureza mostrada por el sindicato contra ambos ex empleados con la benevolencia dispensada a los
trabajadores que aparecen en los correos electrónicos publicados por este diario dando
instrucciones sobre cómo falsear, presuntamente, las facturas. Ni uno ha sido sancionado.
Las cifras
·
22.500. Es el número de ficheros que, según UGT-A,
copió el ex trabajador del sindicato R. M. C. de las carpetas en red.
·
60.000 Es la suma que reclama el sindicato a su ex
empleado por daño moral. Pidió una fianza o el embargo de bienes del acusado.
·
4 años. Es la condena que exige UGT por un presunto
delito de revelación de secretos.
Caza de brujas' en UGT para intentar tapar sus desmanes
Sorprende que el comportamiento de UGT a la hora de afrontar las
acusaciones de corrupción sea similar al de algunos partidos políticos. En
lugar de abrir una investigación interna para despejar todas las dudas sobre
una posible trama de financiación irregular del sindicato y colaborar con la
Justicia se dedica a organizar una 'caza
de brujas' contra varios de sus ex trabajadores.
La
federación andaluza de la organización sindical pide nada menos que cuatro años de cárcel y 60.000 euros de indemnización por delitos de
revelación de secretos a un empleado administrativo, que responde a las siglas R.M.C., al que despidió en 2012. Supuestamente,
según la acusación de UGT-A, encabezada por su secretaria general, Carmen Castilla, este trabajador habría copiado 32
carpetas y 22.500 archivos considerados por el sindicato como «confidenciales».
Desde que
este periódico documentase algunos de los desvíos de subvenciones más
escandalosos, como las comilonas organizadas en la caseta del sindicato en la
Feria de Abril o los 700 maletines fabricados en Asia para repartir en un
congreso regional, UGT-A inició una persecución interna. Además de
R.M.C., otro trabajador, Laureano Conde, fue acusado de haber realizado un borrado
de más de 1.700 ficheros informáticos.
El
sindicato llegó incluso a contratar una empresa informática especializada para
analizar los equipos de algunos empleados y determinar si desde ellos se había
filtrado información no autorizada. Y especialmente desde los ordenadores de
estos dos ex empleados. Sin embargo, en el juicio celebrado contra Conde a
finales del pasado mes de enero, quedaron en evidencia los
fallos en la custodia de los equipos informáticos. Además, se
da la circunstancia de que el análisis de los ordenadores se realizó 10 meses
después de que R.M.C. abandonase el sindicato, por lo que resultaría imposible
achacar al trabajador despedido todo lo que se encontrase en su antiguo equipo.
Por último, en ninguno de los atestados elaborados por la UCO de la Guardia
Civil durante su investigación sobre las facturas falsas y la presunta
financiación irregular del sindicato se hace referencia a las carpetas
supuestamente copiadas.
Cándido Méndez, que se ha negado
a asumir sus responsabilidades políticas como secretario general de UGT,
debería dedicar sus esfuerzos y los recursos del sindicato para aclarar si su
organización se financió ilegalmente. No en tomar represalias contra sus ex
trabajadores. Porque contrasta el acoso a estos dos
ex empleados con la impunidad en la que han quedado los que aparecen en
los correos electrónicos publicados por este diario dando instrucciones sobre
cómo falsear, presuntamente, las facturas. A ninguno de ellos se le ha abierto
un expediente por su hipotética participación en posibles delitos de falsedad.
Nuestros
lectores saben bien que además del caso de las facturas falsas UGT está siendo
investigada por el desvío de fondos en los cursos de formación. Si Méndez, que
abandonará el cargo la semana próxima, no es capaz de salir al paso de estas
acusaciones, dejará manchado su legado de 22 años al frente del sindicato. Y lo
que es peor, ha levantado una sombra de duda
sobre una organización sindical fundamental en la defensa de las
libertades democráticas y los derechos de los trabajadores en nuestro país.
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