martes, 16 de febrero de 2016

Un juzgado cita como investigados a dos altos cargos de Susana Díaz + La Junta culpa a Rajoy de los despidos en el SAE que investiga un juzgado + Otros dos altos cargos de Susana ante el Juez = Hagan lo que hagan los junteros "No pasa na de na"; ¿la impunidad es “absoluta”?. La Junta origina el galimatías jurídico, y los afectados acuden a sede judicial, la que más convenga a sus intereses, la laboral protege al trabajador, la jurisdicción contencioso administrativa al interés público, siempre la primera. Ahora que la jurisdicción laboral, falla en contra de la Junta, reaparece el problema de base y no se ejecutan las sentencias, ni la readmisión, porque ¿no hay dinero para pagar a tanta gente; ya han metido en la paralela mas de 25.000 personas? Asumir los costes conlleva ¿la quiebra el equilibrio presupuestario de la Hacienda Pública y un grave quebranto de las arcas públicas?; Que harán los psociolistos cuando el tinglado se les caíga, como siempre cualquier barbaridad; una huída hacia adelante, carecen de responsabilidad, la culpa será siempre de otros....

Denuncia de los orientadores laborales del SAEUn juzgado cita como investigados a dos altos cargos de Susana Díaz

  • Ve posible prevaricación en la actuación de Julio Coca y Antonio González Marín, actual y anterior director-gerente del SAE
  • Ciudadanos no aclara aún si en cumplimiento del acuerdo de investidura pedirá la destitución de los imputados, que sí exige el PP



Dos altos cargos del Gobierno de Susana Díaz, investigados.La Junta culpa a Rajoy de los despidos en el SAE que investiga un juzgado.
  • Un juez ha abierto una investigación por presunta prevaricación contra el actual director del SAE y su antecesor


  • Otros dos altos cargos de Susana Díaz, ante la juez.


Ciudadanos y Susana; desconecta con sonrisa naranja  imprescindible.







Denuncia de los orientadores laborales del SAE

Un juzgado cita como investigados a dos altos cargos de Susana Díaz

  • Ve posible prevaricación en la actuación de Julio Coca y Antonio González Marín, actual y anterior director-gerente del SAE.
  • Ciudadanos no aclara aún si en cumplimiento del acuerdo de investidura pedirá la destitución de los imputados, que sí exige el PP




Dos altos cargos del Gobierno de Susana Díaz tendrán que comparecer en calidad de investigados ante una juez por un presunto delito de prevaricación al no readmitir a orientadores laborales cuyos despidos fueron declarados nulos por los tribunales en sentencia firme.

Ciudadanos ha pedido explicaciones al PSOE, formación con la que firmó el acuerdo de investidura en el que se incluyó el compromiso de separar «de inmediato» a cualquier cargo orgánico que resulte imputado por corrupción política, pero no ha aclarado aún si pedirá los ceses. El PP sí ha reclamado la destitución de los investigados.

En un auto conocido este lunes, la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, María de los Reyes Flores, cita para tomarles declaración el próximo 25 de febrero al actual y al anterior director-gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Samuel Coca Blanes y Antonio González Marín, respectivamente.

La imputación de los altos cargos -González Marín fue nombrado director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) el 19 de enero- se produce a raíz de la denuncia de 14 antiguos orientadores de empleo a los que se les niega la readmisión pese a tener sentencias firmes reconociendo la nulidad de sus despidos. El SAE, por contra, sí ha recolocado a otros antiguos empleados con despidos improcedentes.

Los denunciantes forman parte del colectivo de 413 asesores de empleo del SAE que fueron contratados el 6 de octubre de 2008 como orientadores laborales del programa Memta. Dichas contrataciones se articularon mediante un contrato de obra o servicio determinado que fue objeto de varias prórrogas hasta que el SAE les comunicó la extinción de la relación laboral con efectos del 31 de diciembre de 2013.

La instructora, que con anterioridad ejerció en el Juzgado de lo Social 6 de Sevilla, abrió diligencias el pasado 7 de octubre al apreciar que los hechos que se exponían en la denuncia presentaban «características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Cuatro meses después ha llamado al procedimiento en calidad de investigados a los dos altos cargos después de pedir al SAE el expediente completo sobre la ejecución de las sentencias de los orientadores laborales que formularon reclamación contra sus ceses.

Aunque la denuncia iba dirigida solamente contra Julio Samuel Coca, la juez también ha apreciado posible responsabilidad penal en la actuación de González Marín, al frente de IDEA desde hace un mes.

Se trata de uno de los dos procedimientos que se instruyen en juzgados sevillanos a instancias de orientadores de empleo contra el actual director-gerente del SAE. Otro órgano judicial investiga si Coca cometió malversación de caudales públicospor no readmitir a orientadores de empleo a los que se les ha reconocido la nulidad de sus despidos y con los que la Administración está generando un gasto, toda vez que el día que los recoloque tendrá que pagar los salarios de tramitación y las cuotas a la Seguridad Social.

Ese mismo juzgado tendrá que dilucidar también si el director-gerente del SAE cometió un delito contra el derecho de los trabajadores. Motivo: haber convocado plazas después de sus despidos y excluir expresamente a los que habían trabajado previamente en el Servicio Andaluz de Empleo.

La investigación judicial de los dos altos cargos también tuvo repercusión ayer en el plano político. Ciudadanos aseguró que ha pedido ya explicaciones al PSOE, con el que firmó el acuerdo que posibilitó la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta y en el que se incluye el compromiso de destituir a los cargos imputados por corrupción política.


El grupo que lidera Juan Marín dijo que esperará a conocer «los detalles de la imputación» ante de «pedir las responsabilidades oportunas si se estima conveniente».

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Carmen Crespo, pidió el cese de Coca y González Marín y defendió que Susana Díaz es «responsable política» por la «actuación insumisa» de la Junta ante las sentencias judiciales que se ha negado a acatar.



Dos altos cargos del Gobierno de Susana Díaz, investigados

La Junta culpa a Rajoy de los despidos en el SAE que investiga un juzgado




La Consejería de Empleo ha mostrado hoy su esperanza en que la juez que ha imputado a dos directores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) archive el caso, después de que el 25 de febrero les tome declaración por un presunto delito de prevaricación, porque considera la denuncia "carente de fundamento".

La investigación judicial se remonta a octubre de 2015 tras una denuncia presentada por una decena de asesores de empleo del programa Memta que fueron despedidos el 31 de diciembre de 2013.

Tras la citación judicial, la Consejería ha emitido un comunicado para "aclarar" varios aspectos, entre ellos que el despido de estos trabajadores es consecuencia de los recortes presupuestarios acometidos en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy en las partidas destinadas a las Políticas Activas de Empleo, y que financiaban los salarios de estos asesores de Empleo.

Los recortes, en el caso de los asesores, superaban el 90 %, por lo que al no contar con esta partida presupuestaria fueron despedidos, subraya la Consejería.








Desde que se produjo el recorte, "la Junta de Andalucía ha tratado de revertir esa situación y ha instado al Gobierno central a reparar esa medida con continuos requerimientos y actuaciones políticas y parlamentarias".





Para ello, el 18 de julio de 2012 se produjo una reunión en el Ministerio de Empleo a la que asistieron el vicepresidente de la Junta, el consejero Andaluz de Empleo, el Secretario General de Empleo y director gerente del SAE, la ministra y la secretaria de Estado.

Los responsables andaluces exigieron un Plan Especial de Empleo para Andalucíaasí como la retirada de los recortes presupuestarios en Políticas Activas de Empleo, "todo ello con resultado negativo", según la Consejería.

Desde el SAE "se ha dado estricto cumplimiento a todas y cada una de las sentencias firmes derivadas de las reclamaciones por despido de estos trabajadores", añade la Consejería antes de agregar que las incorporaciones "se han realizado con estricto cumplimiento de la legalidad, y con todas las garantías formales que exige nuestro ordenamiento, así como con total transparencia".

"En ningún caso el SAE o sus responsables han recibido requerimiento, reproche o apercibimiento judicial por no haber dado cumplimiento a las resoluciones judiciales firmes respecto de este caso, o haber desobedecido las indicaciones de los jueces o no haber acatado las sentencias", subraya la Consejería.

En el comunicado, se asegura que "el SAE es el primer interesado en incorporar a su plantilla a estos trabajadores, que venían desempeñando un papel fundamental en el asesoramiento para la búsqueda de empleo de los parados andaluces, pero siempre que esta incorporación atienda a criterios de absoluto rigor, transparencia y legalidad".

La juez de instrucción 8 de Sevilla ha citado como investigados, término que sustituye al de imputado, al director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Samuel Coca Branes, y a su antecesor, Antonio González Marín, que ocupó el cargo entre junio de 2012 y julio de 2015.



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