Denuncia de los orientadores laborales del SAE. Un juzgado cita como investigados a dos altos cargos de Susana Díaz
- Ve posible prevaricación en la actuación de Julio Coca y Antonio González Marín, actual y anterior director-gerente del SAE
- Ciudadanos no aclara aún si en cumplimiento del acuerdo de investidura pedirá la destitución de los imputados, que sí exige el PP
Dos altos cargos del Gobierno de Susana Díaz, investigados.La Junta culpa a Rajoy de los despidos en el SAE que investiga un juzgado.
- Un juez ha abierto una investigación por presunta prevaricación contra el actual director del SAE y su antecesor
- Otros dos altos cargos de Susana Díaz, ante la juez.
Ciudadanos y Susana; desconecta con sonrisa naranja imprescindible.
Denuncia de los
orientadores laborales del SAE
Un
juzgado cita como investigados a dos altos cargos de Susana Díaz
- Ve posible prevaricación en la actuación de Julio Coca y Antonio González Marín, actual y anterior director-gerente del SAE.
- Ciudadanos no aclara aún si en cumplimiento del acuerdo de investidura pedirá la destitución de los imputados, que sí exige el PP
Dos altos
cargos del Gobierno de Susana Díaz tendrán que comparecer en calidad de
investigados ante una juez por un presunto delito de prevaricación al no readmitir a orientadores
laborales cuyos despidos fueron declarados nulos por los tribunales en
sentencia firme.
Ciudadanos ha pedido explicaciones al PSOE, formación con la que firmó
el acuerdo de investidura en el que se incluyó el compromiso de separar «de
inmediato» a cualquier cargo orgánico que resulte imputado por corrupción
política, pero no ha aclarado aún si pedirá los ceses. El PP sí ha reclamado la destitución de los investigados.
En un auto conocido este
lunes, la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, María de los Reyes
Flores, cita para tomarles declaración el próximo 25 de febrero al actual y al anterior
director-gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Samuel Coca Blanes y Antonio González Marín,
respectivamente.
La imputación de los altos
cargos -González Marín fue nombrado director general de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) el 19 de enero- se produce a raíz
de la denuncia de 14 antiguos orientadores de
empleo a los que
se les niega la readmisión pese a tener sentencias firmes reconociendo la
nulidad de sus despidos. El SAE, por contra, sí ha recolocado a otros antiguos
empleados con despidos improcedentes.
Los denunciantes forman
parte del colectivo de 413 asesores de empleo del SAE que fueron contratados el
6 de octubre de 2008 como orientadores laborales del programa Memta. Dichas contrataciones se
articularon mediante un contrato de obra o servicio determinado que fue objeto
de varias prórrogas hasta que el SAE les comunicó la extinción de la relación laboral con efectos del 31 de diciembre de
2013.
La instructora, que con
anterioridad ejerció en el Juzgado de lo Social 6 de Sevilla, abrió diligencias
el pasado 7 de octubre al apreciar que los hechos que se exponían en la denuncia
presentaban «características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Cuatro meses después ha llamado
al procedimiento en calidad de investigados a los dos altos cargos después de
pedir al SAE el expediente completo sobre la ejecución de las sentencias de los
orientadores laborales que formularon reclamación contra sus ceses.
Aunque la denuncia iba
dirigida solamente contra Julio Samuel Coca, la juez también ha apreciado
posible responsabilidad penal en la actuación de González Marín, al frente de IDEA desde hace un mes.
Se trata de uno de los dos
procedimientos que se instruyen en juzgados sevillanos a instancias de
orientadores de empleo contra el actual director-gerente del SAE. Otro órgano
judicial investiga si Coca cometió malversación de caudales
públicospor no readmitir a orientadores de empleo a los que se
les ha reconocido la nulidad de sus despidos y con los que la Administración
está generando un gasto, toda vez que el día que los recoloque tendrá que pagar
los salarios de tramitación y las cuotas a la Seguridad Social.
Ese mismo juzgado tendrá que
dilucidar también si el director-gerente del SAE cometió un delito contra el derecho de los trabajadores.
Motivo: haber convocado plazas después de sus despidos y excluir expresamente a
los que habían trabajado previamente en el Servicio Andaluz de Empleo.
La investigación judicial de
los dos altos cargos también tuvo repercusión ayer en el plano político.
Ciudadanos aseguró que ha pedido ya explicaciones al PSOE, con el que firmó el
acuerdo que posibilitó la investidura de Susana Díaz como presidenta de la
Junta y en el que se incluye el compromiso de destituir a los cargos imputados
por corrupción política.
El grupo que lidera Juan
Marín dijo que esperará a conocer «los detalles de la imputación» ante de
«pedir las responsabilidades oportunas si se estima conveniente».
Por su parte, la portavoz
parlamentaria del PP, Carmen Crespo, pidió el cese de Coca y González Marín y defendió
que Susana Díaz es «responsable política» por la «actuación insumisa» de la
Junta ante las sentencias judiciales que se ha negado a acatar.
Dos altos cargos del Gobierno de Susana Díaz,
investigados
La
Junta culpa a Rajoy de los despidos en el SAE que investiga un juzgado
La Consejería de Empleo ha mostrado hoy su esperanza en
que la juez que ha imputado a dos directores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) archive
el caso, después de que el 25 de febrero les tome declaración por un presunto delito de prevaricación, porque considera la denuncia
"carente de fundamento".
La investigación judicial se remonta a octubre de 2015 tras una denuncia
presentada por una decena de asesores de empleo del programa Memta que fueron
despedidos el 31 de diciembre de 2013.
Tras la citación judicial, la Consejería ha emitido un comunicado para
"aclarar" varios aspectos, entre ellos que el despido de estos
trabajadores es consecuencia de los
recortes presupuestarios acometidos en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy en
las partidas destinadas a las Políticas Activas de Empleo, y que financiaban
los salarios de estos asesores de Empleo.
Los recortes, en el caso de los asesores, superaban el 90 %, por lo que al
no contar con esta partida presupuestaria fueron despedidos, subraya la
Consejería.
Desde que se produjo el recorte, "la Junta de Andalucía ha tratado de
revertir esa situación y ha instado al Gobierno central a reparar esa medida
con continuos requerimientos y actuaciones políticas y parlamentarias".
Para ello, el 18 de julio de 2012 se produjo una reunión en el Ministerio
de Empleo a la que asistieron el vicepresidente de la Junta, el consejero
Andaluz de Empleo, el Secretario General de Empleo y director gerente del SAE,
la ministra y la secretaria de Estado.
Los responsables andaluces exigieron un Plan
Especial de Empleo para Andalucíaasí como la retirada de los
recortes presupuestarios en Políticas Activas de Empleo, "todo ello con
resultado negativo", según la Consejería.
Desde el SAE "se ha dado estricto cumplimiento a todas y cada una de
las sentencias firmes derivadas de las reclamaciones por
despido de estos trabajadores", añade la Consejería antes de agregar que
las incorporaciones "se han realizado con estricto cumplimiento de la
legalidad, y con todas las garantías formales que exige nuestro ordenamiento,
así como con total transparencia".
"En ningún caso el SAE o sus responsables han recibido requerimiento,
reproche o apercibimiento judicial por no
haber dado cumplimiento a las resoluciones judiciales firmes respecto de este
caso, o haber desobedecido las indicaciones de los jueces o no haber acatado
las sentencias", subraya la Consejería.
En el comunicado, se asegura que "el SAE es el primer interesado en
incorporar a su plantilla a estos trabajadores, que venían desempeñando un
papel fundamental en el asesoramiento para la búsqueda de empleo de los parados
andaluces, pero siempre que esta incorporación atienda a criterios de absoluto
rigor, transparencia y legalidad".
La juez de instrucción 8 de Sevilla ha citado como investigados, término
que sustituye al de imputado, al director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Samuel Coca Branes, y a
su antecesor, Antonio González Marín, que ocupó el cargo entre
junio de 2012 y julio de 2015.
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