Máxima difusión. Trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta ejercen de funcionarios sin serlo.+ La Cámara de Cuentas descubre un agujero de 60 millones de euros y facturas infladas que obligan al ente público a reformular sus cuentas + Carpetazo denuncia de Martinez Aguayo contra unos funcionarios por injurias= Los hechos siguen hablando: ¿Amaya y su Irrealidad contable? o dicho de otro modo ¿mienten en su contabilidad? .Amaya otro botón de muestra con hechos de lo que ocurre, en la Junta, los junteros sustituye a la Administración legal y constitucional, por la del Régimen, la que elimina los controles, la de acceso dígital, esa a la que envían el dinero publico y donde se produce el saqueo de las arcar públicas. Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz ¿diseño juntero "ad hoc", de una Administración paralela, un traje a medida, con huída del derecho administrativo, donde las instituciones resultan irreconocibles (Ver Voto particular TC Sentencia). La Sra. Aguayo, colaboradora necesaria de este atentado contra uno de los poderes del Estado, la Administración pública constitucional al servicio de los ciudadanos, y la Junta "sorprende" no tiene otra cosa que hacer que perseguir a los responsables de las descalificaciones vertidas contra ella en el foro de oposiciones ¿con dinero público de todos?; el caso ha sido archivado. Que me dicen de la persecución del ¿delito de usurpación de funciones públicas, en Amaya.....?¿Que hace la Inspección General de Servicios?. Esto es jauja. Basta ya de Impunidad juntera.

Reordenación del Sector Público Andaluz; los hechos hablan por si mismos del nuevo diseño de los "gogernantes psocilistos" ¿razones de eficacia o "huida del derecho administrativo" y traje a medida para hacer irreconocible las instituciones? el resultado lo estamos viendo:  "corrupción sistémica e institucional juntera y saqueo sistemático de las Arcas públicas" 

El voto particular de la Sentencia del TC, lo dice alto y claro.; Ver más en enlace.

http://defiendomiderecho.blogspot.com.es/2015_11_01_archive.html

FISCALIZACIÓN Trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta ejercen de funcionarios sin serlo 

• La Cámara de Cuentas descubre un agujero de 60 millones de euros y facturas infladas que obligan al ente público a reformular sus cuentas

Carpetazo denuncia de Martinez Aguayo contra unos funcionarios por injurias; y contra la decisión de la Audiencia no cabe recurso alguno.

Esta Sra. actualmente imputada por los EREs, fue la Consejera bajo cuyo mandato se aprobó  la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, año 2011, ese nuevo diseño de los "gogernantes psocilistos" cuyo objetivo los describe perfectamente el voto particular de la Sentencia del TC; Ver más en enlace.

http://defiendomiderecho.blogspot.com.es/2015_11_01_archive.html

La Sra. Aguayo es la que alteró a los funcionarios, y origino que la descalificaran en el foro de oposiciones, integró a 25.000 personas en la junta,  por decisión política y dígital y  con ella, y al no pararla el Constitucional, fallo de diciembre de 2015, se ha dado carta de naturaleza a la destrucción de la Administración pública constitucional, esa que defiende el interés general de los ciudadanos. Cuando  se hace tanto daño, no es fácil mantenerse impasible y se  producen descalificaciones, hay tanta indefensión e impunidad, que es explicable que se eleve el tono; en los foros, ya hemos visto que es lo que hacen los podemitas, electos y quien los persigue.....pero lo de la Junta y la Sra. Aguayo,  resulta inexplicable, y su defensa también  ¿la pagamos con dinero público?.

Mientras ellos se dedican a perseguir funcionarios, quitarnos nuestras competencias y funciones - ¿"acoso laboral institucional"?- nos bajan el sueldo, nos limitan derechos, descargan su responsabilidad en los funcionarios técnicos de los escalones inferiores......los junteros permiten y extienden la corrupción sistémica e institucional en sus estructuras,  no persiguen delitos ni colaboran con la justicia en su esclarecimiento; su objetivo la impunidad sistemática de sus numerosos fraudes, por cierto, todos en esa Administración paralela,  la instumental y clientelar,  la del Régiemen, la diseñada por la Sra. Aguayo y los junteros; hay irresponsabilidad e impunidad. Y como la justicia no es igual para todos, la Sra Aguayo a diferencia del Sr. Pacheco, no está en la carcél por "enchufismo". ¿¿?? 

Con la colaboración estelar de la Sra. Aguayo, entramos en la nueva era dígital de la Administración juntera, personal laboral de selección digital y sus consecuencias  ¿la corrupción sistémica e institucial juntera? ¿Cambiar las cosas para seguir haciendo lo mismo?  Quitar los controles -incluye a los funcionarios públicos-  y seguir viviendo  a costa del dinero público de todos los ciudadanos; !!!! Esto es jauja, aquí no hay quien viva¡¡¡   

 

Conclusión:

¿La Junta "colabora" con quien "colabora"?.¿Deber constitucional de la Administracióde colaborar con la justicia, para perseguir delitos....? como que no;  ¿solo persiguen a los no afnes, a los que no les bailan el agua?

Recordemos como ejemplo un enlace: ahora no de Amaya, sino del Consejo de Gobierno....

 http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/224/8

Instar al Consejo de Gobierno a no mentir en su contabilidad.

Irrealidad contable:"Instar al Consejo de Gobierno a no mentir en su contabilidad" + ERE, una causa contra el PSOE; de lectura imprescindible. + De corruptos a petardos, sin desperdicio + Un polemico nombramiento para un puesto que nadie quería + Tuitmix + La Junta presume de gestión del JEREMIE ante el gobierno polaco; ¿pero no están siendo investigados en sede judicial? = Suma y sigue; vamos Degenerando.....

http://www.porandalucialibre.es/informativa/noticias-propias/informacion/item/7888-otro-agujero-negro-de-la-junta-80-millones-en-la-agencia-de-agua-y-medio-ambiente

http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-trabajadores-agencia-medio-ambiente-junta-ejercen-funcionarios-sin-serlo-201602051121_noticia.html?ns_campaign=Redes%20Sociales&ns_mchannel=abc_sev&ns_fee=0&ns_linkname=CM

Trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta ejercen de funcionarios sin serlo

La Cámara de Cuentas descubre un agujero de 60 millones de euros y facturas infladas que obligan al ente público a reformular sus cuentas

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha descubierto un agujero negro de 60,5 millones de euros escondido en la contabilidad de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) de la Junta. Este descuadre millonario, que ha puesto de manifiesto un informe de fiscalización de las cuentas de 2012 publicado ayer, tiene su origen en un cúmulo de saldos pendientes de cobro de la Junta de Andalucía que no tenían un soporte real, pero que la agencia pública empresarial adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio contemplaba como posibles ingresos, mostrando así una imagen distorsionada de sus cuentas.

El descontrol contable se extiende a otros apartados, como el del personal de la agencia o la contratación pública. Los auditores destacan que «la agencia no dispone de funcionarios adscritos que puedan desarrollar las potestades administrativas derivadas de su actuación», tales como «asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización o gestión económico-financiera».

Añaden que tales tareas «se están desarrollando a pesar de no estar contempladas en los estatutos de la entidad ni disponer de personal funcionario». Amaya, que ha creado ocho categorías laborales distintas al margen de los convenios colectivos, se salta así «reiteradas sentencias del Supremo y del Constitucional que establecen que este trabajo sólo pueden realizarlo los funcionarios.

Las advertencias de la Cámara de Cuentas acerca de los «problemas de control interno sobre los saldos pendientes» surtieron efecto. El ente instrumental de la Junta que se encarga, entre otras tareas, de extinguir los incendios forestales (Plan Infoca), ha terminado reconociendo este desfase.

En noviembre de 2014, según revela el informe de fiscalización, el consejo rector de Amaya acordó reformular las cuentas anuales de 2013 para reducir o depurar de forma drástica los cobros millonarios pendientes de la Junta. Ascendían a 64,84 millones de euros, cuyo ejercicio de procedencia «se desconoce», según la Cámara de Cuentas. Los ajustes contables se tradujeron en un aumento exponencial de las pérdidas, que pasaron de la noche a la mañana de los 4 millones previstos inicialmente a 64,65.

La radiografía contable de la agencia muestra incumplimientos legales tan significativos que la Cámara de Cuentas, en contra de su costumbre, decide abstenerse de emitir una opinión tras su estudio. Uno de los hechos que explican esta reserva es que, tras escoger una muestra aleatoria de los pagos pendientes que acumula Amaya, se ha encontrado con que el 70 por ciento de los mismos eran facturas no conformes, que no estaban incluidas en el registro de facturas. Exactamente, 16,79 millones de euros de un total de 23,95 analizados es el importe de las facturas que difícilmente se van a cobrar, cuya antigüedad se remonta a varios ejercicios.

Facturas infladas

Es la propia Consejería de Medio Ambiente, a través de siete direcciones generales, la que arroja dudas sobre los importes recogidos en las facturas. Es más, en algunos casos, considera que las mismas estaban infladas. Así, por ejemplo, Amaya arrastra una factura de 2,59 millones de euros de hace 16 años con la que no está conforme la Dirección General de Infraestructuras porque está inflada en 1,47 millones. La Cámara de Cuentas enumera hasta 34 facturas en la misma situación: unas son rechazadas por exceso y otras en su totalidad. Amaya cerró 2012 con 518 facturas pendientes de cobrar por más de 46,16 millones.

Por otro lado, la Cámara de Cuentas señala que de forma recurrente trocea adjudicaciones millonarias en contratos menores, para sortear, de este modo, las limitaciones que establece la Ley de Contratos del Sector Público. Considera «excesivo» el número de expedientes tramitados como contrato menor, que en el ejercicio fiscalizado superan la cifra de 2.000. «Se ha observado la similitud de los objetos de numerosos expedientes tramitados como contrato menor, lo que podría suponer la conculcación de los principios de publicidad y concurrencia [...] Estos hechos podrían ser constitutivos defraccionamiento del objeto de los contratos», afirma.

Otro agujero negro de la Junta: 80 millones en la Agencia de Agua y Medio Ambiente

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha descubierto un agujero negro de 60,5 millones de euros escondido en la contabilidad de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) de la Junta. Este descuadre millonario, que ha puesto de manifiesto un informe de fiscalización de las cuentas de 2012 publicado ayer, tiene su origen en un cúmulo de saldos pendientes de cobro de la Junta de Andalucía que no tenían un soporte real, pero que la agencia pública empresarial adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio contemplaba como posibles ingresos, mostrando así una imagen distorsionada de sus cuentas. Contado por ABC

Las advertencias de la Cámara de Cuentas acerca de los «problemas de control interno sobre los saldos pendientes» surtieron efecto. El ente instrumental de la Junta que se encarga, entre otras tareas, de extinguir los incendios forestales (Plan Infoca), ha terminado reconociendo este desfase. En noviembre de 2014, según revela el informe de fiscalización, el consejo rector de Amaya acordó reformular las cuentas anuales de 2013 para reducir o depurar de forma drástica los cobros millonarios pendientes de la Junta. Ascendían a 64,84 millones de euros, cuyo ejercicio de procedencia «se desconoce», según la Cámara de Cuentas. Los ajustes contables se tradujeron en un aumento exponencial de las pérdidas, que pasaron de la noche a la mañana de los 4 millones previstos inicialmente a 64,65.

La radiografía contable de la agencia muestra incumplimientos legales tan significativos que la Cámara de Cuentas, en contra de su costumbre, decide abstenerse de emitir una opinión tras su estudio. Uno de los hechos que explican esta reserva es que, tras escoger una muestra aleatoria de los pagos pendientes que acumula Amaya, se ha encontrado con que el 70 por ciento de las mismas eran facturas no conformes, que no estaban incluidas en el registro de facturas. Exactamente, 16,79 millones de euros de un total de 23,95 analizados es el importe de las facturas que difícilmente se van a cobrar, cuya antigüedad se remonta a varios ejercicios.

Es la propia Consejería de Medio Ambiente, a través de siete direcciones generales, la que arroja dudas sobre los importes recogidos en las facturas. Es más, en algunos casos, considera que las mismas estaban infladas. Así, por ejemplo, Amaya arrastra una factura de 2,59 millones de euros de hace 16 años con la que no está conforme la Dirección General de Infraestructuras porque estar inflada en 1,47 millones. La Cámara de Cuentas enumera hasta 34 facturas en la misma situación: unas son rechazadas por exceso y otras en su totalidad. Amaya cerró 2012 con 518 facturas pendientes de cobrar por más de 46,16 millones.

Sin funcionarios

El descontrol contable se extiende a otros apartados, como el del personal de la agencia o la contratación pública. Los auditores destacan que «la agencia no dispone de funcionarios adscritos que puedan desarrollar las potestades administrativas derivadas de su actuación», tales como «asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización o gestión económico- financiera » . Añaden que tales tareas «se están desarrollando a pesar de no estar contempladas en los estatutos de la entidad ni disponer de personal funcionario». Amaya, que ha creado ocho categorías laborales distintas fuera de los convenios colectivos, se salta así «reiteradas sentencias del Supremo y del Constitucional que establecen que este trabajo sólo pueden realizarlo los funcionarios.

Por otro lado, la Cámara de Cuentas señala que de forma recurrente trocea adjudicaciones millonarias en contratos menores, para sortear, de este modo, las limitaciones que establece la Ley de Contratos del Sector Público. Considera «excesivo» el número de expedientes tramitados como contrato menor, que en el ejercicio fiscalizado superan la cifra de 2.000. «Se ha observado la similitud de los objetos de numerosos expedientes tramitados como contrato menor, lo que podría suponer la conculcación de los principios de publicidad y concurrencia [...] Estos hechos podrían ser constitutivos de fraccionamiento del objeto de los contratos», afirma.