lunes, 15 de febrero de 2016

Maxima difusión; La Junta le dio una ayuda a la Hispalense en su etapa de rector para becar a alumnos de un máster, entre ellos Carmelo Gómez (PSOE) + Un consejero de Susana Díaz pleiteó para que no se devolviera una ayuda irregular que benefició a un amigo de la presidenta = ¿Siempre el mismo modus operandi"?¿Yo te la doy; despues si hay problemas; el perjudicado la recurre y la Junta para lavarse la cara, hace una revisión de oficio? ¿Con una actuación irregular juntera; montan el galimatías jurídico, se mezcla y entrelaza artificiosamente todo, "ingeniería jurídica ad hoc"; un circo en el que se mete a todos los actores, -¿la junta colabora con quien colabora? y despues o todo prescribe o se pierde el juicio, versus ¿la culpa es de otro, los tribunales, a los que previamente otros, cuando llega el conflicto, le han trasladado el entuerto? .Conclusión: Se monta el circo juntero, para desviar la atención y hacer siempre lo mismo; con la colaboración del silente, llega la impunidad, y aquí no ha pasa "na de na"; Y seguimos degenerando......

CASO ERE. Procedimiento de reintegro abierto por la Junta de AndalucíaLa Junta le dio una ayuda a la Hispalense en su etapa de rector para becar a alumnos de un máster, entre ellos Carmelo Gómez (PSOE)
  • El hoy consejero de Economía pleiteó para no devolver dinero de los ERE




El diputado socialista asegura que él no ha realizado el curso, pero en la documentación oficial de la Hispalense sí aparece




El "modus operandi" siempre  el mismo, ver enlaces: 

El TSJA rechaza que la empresa de dos ex concejales de El Pedroso devuelva un millón de euros a la Junta = ¿Y así funciona el Régimen andaluz; dando ayudas discrecionales y nulas a la familia de los psociolistos, con dinero público de todos.? Ver más en enlace de más abajo, ya publicado


El TSJA impide al Gobierno andaluz recuperar 900.000 euros de una ayuda irregular de los ERE, versus, "Andalucía la historia interminable del mundo al revés" = ¿Discrecionalidad administrativa y juntera? ¿Y la Junta pretendía, ahora en sede judicial mediante una revisión de oficio de una ayuda viciada de nulidad de pleno derecho y que ha supuesto un grave quebranto económico de las arcas pública, recuperar un dinero que ella misma libero previamente mediante el dictado de una Resolución administrativa? Volvamos a los orígenes ¿por que dictó un acto administrativo viciado de nulidad absoluta? ¡¡¡¡Viva la discrecionalidad juntera para liberar el dinero público de todos!!!! ¡¡¡Esto es jauja!!!!. ¿Se les ha exigido responsabilidad patrimonial a los intervinientes: e inhabilitación para cargo público?. Como siempre, hagas lo que hagan los junteros "No pasa na de na".Al final las cosas no ocurren por casualidad ¿se hacen y se permiten? ¿ Después la Junta acude a sede judical, para lavarse la cara y ahora resulta que la culpa del enredo que ellos mismos generaron, es del TSJA?






CASO ERE Procedimiento de reintegro abierto por la Junta de Andalucía

El hoy consejero de Economía pleiteó para no devolver dinero de los ERE

La Junta le dio una ayuda a la Hispalense en su etapa de rector para becar a alumnos de un máster, entre ellos Carmelo Gómez (PSOE)

  • El diputado socialista asegura que él no ha realizado el curso, pero en la documentación oficial de la Hispalense sí aparece



ANTONIO SALVADOR | Sevilla@ajsalvador7014/02/2016 10:20

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ordenó interponer un pleito contra la Junta de Andalucía en su etapa de rector de la Universidad de Sevilla para evitar la devolución de una ayuda que, con cargo al fondo de reptiles, había concedido la Consejería de Empleo años antes.

El 6 de octubre de 2014, ocho meses antes de que Susana Díaz lo incorporara a su gabinete, Ramírez de Arellano dio instrucciones al gabinete jurídico de la Hispalense para que presentara un recurso contencioso-administrativo contra la resolución por la que la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo reclamaba la devolución de una subvención excepcional de 30.000 euros.

Se trata de una ayuda que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social concedió el 20 de septiembre de 2007 para becar a los alumnos que se matricularan en el máster universitario en gestión integral de asociaciones sin ánimo de lucro: fundaciones y ONG. Como informó EL MUNDO de Andalucía, uno de los beneficiados por esas becas fue Carmelo Gómez, parlamentario y miembro de la comisión ejecutiva regional del PSOE.

Gómez aparece en la documentación oficial como uno de los cinco alumnos de la modalidad de experto y su matrícula -con un coste de 1.425 euros- consta como becada al "100%".

El diputado socialista asegura que él no ha realizado el curso, pero en el registro oficial de la Universidad de Sevilla consta que una persona llamada exactamente igual que él y con su mismo NIF no sólo se matriculó, sino que retiró el título a la conclusión.

Tras poner en marcha un proceso de revisión de oficio, la Junta requirió el reintegro del dinero tras comprobar que en el expediente no existía constancia de que la concesión de la ayuda se hubiera tramitado siguiendo el procedimiento legal o reglamentariamente establecido (la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley General de Subvenciones).

Otros reproches eran que la solicitud de la subvención no se había registrado -«lo que desvirtúa por completo el carácter del procedimiento», según el informe del servicio de Ordenación y Coordinación Laboral de la Junta- y tampoco figuraba en el expediente una memoria justificativa de la excepcionalidad de la subvención.


La Universidad de Sevilla alega que ha prescrito la declaración de nulidad acordada por la Administración autonómica, al haber transcurrido más de cuatro años -plazo que fija la Ley General de Subvenciones- hasta el inicio del procedimiento de reintegro tanto si se computa el momento de concesión de la ayuda (20 de septiembre de 2007) como desde la fecha de pago de la misma (9 de octubre de 2008).


Un consejero de Susana Díaz pleiteó para que no se devolviera una ayuda irregular que benefició a un amigo de la presidenta 


El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ordenó interponer un pleito contra la Junta de Andalucía en su etapa de rector de la Universidad de Sevilla para evitar la devolución de una ayuda que, con cargo al fondo de reptiles, había concedido la Consejería de Empleo años antes. La ayuda fue para unas becas, uno de cuyos beneficiarios fue carmelo Gómez, amigo político de Susana Díaz del PSOE de Sevilla y miembro de su Ejecutiva Regional, dijo no haber recibido a pesar de constar su nombre y su DNI en la docmentación oficial.  

El 6 de octubre de 2014, ocho meses antes de que Susana Díaz lo incorporara a su gabinete, Ramírez de Arellano dio instrucciones al gabinete jurídico de la Hispalense para que presentara un recurso contencioso-administrativo contra la resolución por la que la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo reclamaba la devolución de una subvención excepcional de 30.000 euros. Se trata de una ayuda que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social concedió el 20 de septiembre de 2007 para becar a los alumnos que se matricularan en el máster universitario en gestión integral de asociaciones sin ánimo de lucro: fundaciones y ONG.

Como informó EL MUNDO de Andalucía, uno de los beneficiados por esas becas fue Carmelo Gómez, parlamentario y miembro de la comisión ejecutiva regional del PSOE.Gómez aparece en la documentación oficial como uno de los cinco alumnos de la modalidad de experto y su matrícula -con un coste de 1.425 euros- consta como becada al "100%".

El diputado socialista asegura que él no ha realizado el curso, pero en el registro oficial de la Universidad de Sevilla consta que una persona llamada exactamente igual que él y con su mismo NIF no sólo se matriculó, sino que retiró el título a la conclusión.

Tras poner en marcha un proceso de revisión de oficio, la Junta requirió el reintegro del dinero tras comprobar que en el expediente no existía constancia de que la concesión de la ayuda se hubiera tramitado siguiendo el procedimiento legal o reglamentariamente establecido (la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley General de Subvenciones).Otros reproches eran que la solicitud de la subvención no se había registrado -«lo que desvirtúa por completo el carácter del procedimiento», según el informe del servicio de Ordenación y Coordinación Laboral de la Junta- y tampoco figuraba en el expediente una memoria justificativa de la excepcionalidad de la subvención.

La Universidad de Sevilla alega que ha prescrito la declaración de nulidad acordada por la Administración autonómica, al haber transcurrido más de cuatro años -plazo que fija la Ley General de Subvenciones- hasta el inicio del procedimiento de reintegro tanto si se computa el momento de concesión de la ayuda (20 de septiembre de 2007) como desde la fecha de pago de la misma (9 de octubre de 2008).


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