martes, 2 de febrero de 2016

La Junta tarda casi un año en encontrar sustituto para el interventor. El sustituto: ¿ un Letrado de la Junta cuyo perfil profesional está muy alejado de las funciones propias de la Intervención? ¿Este alto cargo, como Secretario General de Industria, estuvo salpicado por el caso znalcóllar - su llamada telefónica puede ser "cuestionable" pero no delictiva-? + Los interventores huyen de la Junta + El Buen ladrón

FRAUDE EN LA FORMACIÓN
  • Segunda renuncia en tres años y medio de un titular de la Intervención, un puesto 'caliente' por los casos de corrupción
  • Su relevo será Vicente Fernández, responsable del concurso de explotación de la mina de Aznalcóllar


  • Los interventores huyen de la Junta.


  • El Buen ladrón....los nuestros, nuestros mangantes, siguen campando por sus respetos, camuflados en la selva procesal y protegidos por el "régimen", que ya no sólo es del PSOE, sino que cuenta además, con el apoyo de ciudadanos......




FRAUDE EN LA FORMACIÓN
La Junta tarda casi un año en encontrar sustituto para el interventor
  • Segunda renuncia en tres años y medio de un titular de la Intervención, un puesto 'caliente' por los casos de corrupción
  • Su relevo será Vicente Fernández, responsable del concurso de explotación de la mina de Aznalcóllar


La Junta ha tardado casi un año en encontrar un candidato dispuesto a ocupar la Intervención General, después de que Adolfo J. García solicitara en marzo su relevo en el cargo que ocupaba desde junio de 2012 y que el Consejo de Gobierno aprobará en su sesión de hoy. Es la segunda dimisión en los tres últimos años y medio de un interventor general de la Administración autonómica, responsabilidad por la que está imputado en el caso ERE el titular del cargo entre los años 2000 y 2010.

La acumulación de casos de corrupción en los juzgados andaluces está dificultando a Susana Díaz cubrir determinados puestos calientes en su Gobierno. Así, tardó meses hasta que pudo nombrar a los delegados territoriales de Empleo en Sevilla y Huelva, al tiempo que aún no ha podido asignar otra responsabilidad clave -la Dirección General de Presupuestos- desde que su última titular fue promocionada a un cargo de mayor rango.

El Ejecutivo andaluz aprobará hoy en su sesión semanal la renuncia de Adolfo J. García como interventor y el nombramiento de su sustituto, Vicente Fernández, según confirmaron ayer a este periódico fuentes del Gobierno autonómico.

Las fuentes consultadas explicaron que la dificultad de Susana Díaz para cubrir algunos puestos queda patente con la elección de Fernández, cuyo perfil profesional está muy alejado de las funciones propias de la Intervención.







Se trata de un licenciado en Derecho -número uno de su promoción cuando opositó a una plaza del cuerpo de letrados de la Junta- con amplia experiencia en el asesoramiento jurídico, pero de su perfil profesional en Linkendin no se colige que sea un especialista en materia de auditoría o contabilidad.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1996, Fernández ha estado al frente de las asesorías jurídicas de las consejerías de Turismo y Deporte; Educación y Ciencia; Economía y Hacienda, y Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, así como de la Agencia Tributaria de Andalucía y del Área de Asuntos Consultivos del Gabinete Jurídico de la Junta antes de pasar en servicios especiales a la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía.

Vicente Fernández estuvo salpicado por el caso Aznalcóllar, finalmente archivado. En abril de 2014, el alto cargo llamó al presidente de Emerita Resources, Joaquín Merino, para «interesarse» por las negociaciones que mantenía con el otro grupo que entonces pujaba por los derechos de explotación de la mina sevillana y que resultó adjudicatario (grupo México-Magtel) con vistas a una hipotética integración de sus ofertas.







Según la denuncia que interpuso Merino, esa llamada telefónica se produjo después de una visita del máximo responsable de Magtel a las oficinas de Emerita en el transcurso de la cual le había asegurado que él tenía «la llave» del concurso y que, para demostrárselo, cuando él saliese recibiría una llamada de un alto cargo de la Administración andaluza.

Cinco minutos después de que el directivo de Magtel abandonase la sede de Emerita llamó el secretario general de Industria «para interesarse» por las conversaciones. Para la juez que investigó el caso, la actuación de Fernández pudo ser «cuestionable» pero no delictiva.

El nuevo interventor general será el tercero desde que, el 13 de abril de 2010, Rocío Marcos sustituyó en el cargo a Manuel Gómez Martínez tras el nombramiento de éste como director general de Finanzas de la Junta. Manuel Gómez, imputado en el caso ERE, ejerció esa responsabilidad durante una década.

A Rocío Marcos la sustituyó en junio de 2012 Adolfo J. García, perteneciente al cuerpo de interventores y auditores de la Administración de la Seguridad Social y ahora dimisionario.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública informó ayer que el hasta ahora interventor general presentó la carta de dimisión el pasado jueves, al tiempo que confirmó que la decisión se había tomado con bastante antelación y que Adolfo J. García había pactado con la consejera María Jesús Montero que la renuncia no se haría efectiva hasta que acabaran las tareas de fiscalización del ejercicio presupuestario 2015. «Está cansado y se quiere ir», resumió ayer el consejo de Justicia e Interior, Emilio de Llera.

La formalización de la dimisión del interventor general se produjo un día antes de que los grupos parlamentarios acordaran su inclusión en el listado de comparecientes ante la comisión constituida para depurar eventuales responsabilidades políticas por el fraude en los cursos de formación subvencionados por la Administración autonómica. No obstante, los partidos habían acordado semanas antes su citación y la de los ocho interventores provinciales autores de los informes especiales acerca de la justificación de las ayudas concedidas en materia de formación profesional para el empleo entre 2009 y 2012 gestionadas por las delegaciones provinciales del SAE.

Como interventor general, Adolfo J. García ha emitido tres informes de actuación -un mecanismo extraordinario con escasos precedentes- tras detectarse graves irregularidades en la gestión de las subvenciones para cursos de formación.


En concreto, dos fueron por menoscabo de fondos públicos -fechados el 18 de junio de 2015 y a propuestas de los interventores de Huelva y Cádiz- y otro por la falta de implantación por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Córdoba de las recomendaciones de especial relevancia formuladas por la Intervención. Éste tiene como fecha el 11 de mayo de 2015.

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