sábado, 13 de febrero de 2016

El interventor urge a Villalobos a suprimir los complementos 'ilegales' = El interventor habla alto y claro. Andalucía degenerando: el político haciendo lo que le da la gana y el Interventor advirtiendo de que si incumple la normativa, hará un reparo a la nómina y el Presidente podrá levantarlo, pero estaría asumiendo la posible responsabilidad penal que se derivara de este acto. Pero estas cosas hay que decirlas ¿¿¿o es que los políticos que mandan no saben que hay que cumplir la ley, y que las instituciones no son su cortijo???

La Cámara de Cuentas los consideró "fuera de la normativa" 
  • El alto funcionario de la Diputación avisa de que, si no se eliminan, no visará la nómina de febrero.
  • El presidente de la institución provincial puede levantar el reparo, pero asumirá la responsabilidad legal





La Cámara de Cuentas los consideró "fuera de la normativa"
El interventor urge a Villalobos a suprimir los complementos 'ilegales'

  • El alto funcionario de la Diputación avisa de que, si no se eliminan, no visará la nómina de febrero
  • El presidente de la institución provincial puede levantar el reparo, pero asumirá la responsabilidad legal

 

El interventor de la Diputación de Sevilla considera inviable el acuerdo plenario para recuperar provisionalmente los complementos salariales que la Cámara de Cuentas considera fuera de la normativa, y urge en un informe firmado la semana pasada a suprimirlos de forma fehaciente. En caso contrario, aplicará un reparo al pago de la nómina de febrero y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, quedará en la tesitura de afrontar una rebelión de los trabajadores o levantar el reparo y asumir toda la posible responsabilidad judicial. El Tribunal de Cuentas, de hecho, ha abierto ya una investigación sobre el pago de estos complementos.

El informe del interventor, que obligó ayer a convocar ex profeso una junta de portavoces para analizar la situación, supone una seria advertencia al gobierno de Rodríguez Villalobos por la gestión que viene realizando de este asunto. El alto funcionario de la Diputación advierte, en primer lugar, de que sólo él está capacitado legalmente para ejercer la «función de control interno» respecto a la fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria de la Diputación, por lo que la comisión técnica creada en el último pleno para solventar el problema de los complementos sólo podrá «proponer asuntos sobre la mejora de los procedimientos».

«Independientemente» de lo que proponga esa comisión técnica, señala el informe del interventor, «la aplicación del acuerdo del pleno de diciembre de 2015 no debe ser demorada». O, lo que es lo mismo: urge a suprimir los complementos salariales censurados por la Cámara de Cuentas y cuya responsabilidad está investigando el Tribunal de Cuentas. Para ello será necesario, además, que el presidente de la Diputación emita una resolución en ese sentido, cosa que no llegó a hacerse en ningún momento pese al acuerdo plenario.

El interventor es tajante: «En la próxima nómina del mes de febrero no deberán incluirse los conceptos de superior categoría, premio a la jubilación ordinaria ni premio a la constancia», que son los pluses sobre los que los auditores han puesto la lupa.

En caso de no hacerse, el interventor no se mantendrá impasible: «De incluirse dichos conceptos retributivos en la nómina de febrero, por esta Intervención se efectuará un reparo por escrito que suspenderá la tramitación de la misma». La Ley permitiría al presidente levantar ese reparo y pagar la nómina, pero en ese caso estaría asumiendo la posible responsabilidad penal que se derivara de ese acto.

El grupo del PP en la Diputación considera que el gobierno de Villalobos ha cometido errores de bulto en la gestión de este asunto. El primero, tratar el asunto con los sindicatos en una reunión ordinaria en la que la supresión de los complementos no figuraba en el orden del día, de manera que los representantes sindicales no se dan ahora por enterados.

La secretaria provincial y diputada del PP Virginia Pérez aseguró a este periódico que no hay «problemas técnicos», como entiende Rodríguez Villalobos, porque basta con cumplir con la legalidad y así no habrá inseguridad jurídica. Pérez entiende que se está dando una «situación anómala» por la mala gestión del asunto.



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