De hecho, el ex consejero Vallejo sostuvo ante el juez que durante sus cinco años como consejero, entre 2004 y 2009, dedicó sólo 10 minutos a las transferencias de financiación, el instrumento usado durante una década para pagar las ayudas de los ERE.
El ex consejero Vallejo confirma la arbitrariedad
partidista de la Junta en el caso ERE
Un ex consejero dice que informes ahora bajo
sospecha en el caso ERE eran aprobados sin debate previo porque eran marcados
con un punto verde. Esto es, sólo algunos sabían el por qué y se
orillaron las normas del Derecho Administrativo y de gobierno de la Junta. O sea, arbitrariedad partidista y ya reconocida. Son los "puntos verdes". Cuando a algún punto del orden del día se le ponía un punto
verde se aprobaba sin mas por orden de la
"superioridad".
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
presenta en cada sesión a sus miembros una orden del día en la que los
diferentes asuntos se califican con puntos rojos o con puntos verdes. Con puntos rojos se marcan los
asuntos que tienen un carácter político y, por tanto, se
someten a debate. Los
asuntos marcados con puntos verdes se aprueban sin debate.
Así se organizaba la sesión al menos cuando
Francisco Vallejo era consejero, en los gobiernos de Manuel Chaves, y así se lo
ha contado al juez del caso ERE, a quien le ha explicado también que tres
informes de control financiero permanente –relacionados con las transferencias
de presupuesto para el reparto de las ayudas– iban marcados con el punto verde. Es decir, que el Consejo de
Gobierno aprobaba sin someterlos a debate asuntos vinculados al procedimiento
cuestionado por los investigadores, que permitía alimentar la controvertida
partida 31L, conocida como fondo de reptiles.
De hecho, el ex consejero Vallejo sostuvo ante el
juez que durante sus cinco años como consejero, entre 2004 y 2009, dedicó sólo
10 minutos a las transferencias de financiación, el instrumento usado durante una década
para pagar las ayudas de los ERE.
Vallejo pidió ayer al juez Álvaro Martín –que se
estrenaba al frente de la instrucción del caso ERE por delegación de la juez
María Núñez Bolaños– que se archive la causa
que le afecta por un presunto delito de prevaricación, porque se limitó a
cumplir la ley de presupuestos en el pago de las ayudas.
DÉFICIT DE TESORERÍA
Tras afirmar que los
parlamentarios andaluces conocían el uso de las controvertidas transferencias
de financiación, explicó que hasta 2007 no tuvo conocimiento de que
existía un déficit de tesorería en la Agencia Idea por el uso de esas
transferencias.
Vallejo explicó ante el juez que el desfase
presupuestario en IFA/Idea era algo normal y no se preocupaba de esa
circunstancia «porque la agencia estaba creada para
dar respuesta a situaciones de crisis». Aseguró
asimismo que nunca leyó el convenio marco de 2001 por el que se concedían las
ayudas ni tampoco la ley de presupuestos, porque
tenía unos 5.000 folios.
El ex consejero no respondió a la pregunta de la
acusación popular del PP relativa a si «no es
cierto que en 2004 en la memoria de cuentas anuales ya figuraba el déficit
generado en Idea de 93 millones», y afirmó que desconocía que la Consejería de
Innovación dio ayudas de la partida 31L.
En explicaciones a los periodistas tras su
declaración, Vallejo se lamentaba del proceso: «Ya está bien de que, después de
cinco años, sigamos sometidos a esta situación; a estas declaraciones
permanentes, a estar todo el día en la prensa por no haber hecho
absolutamente nada que no sea cumplir la ley». «Creo que una parte de la condena es
tener que soportar esta situación», dijo.
Tras Vallejo, declaró como imputado el ex consejero
Manuel Recio, quien afirmó que en noviembre de 2010, tras
conocer las irregularidades en Mercasevilla, creó un equipo de funcionarios para que elaborara una información reservada sobre si
esas prácticas estaban extendidas en más lugares. También pidió informes para saber si podía seguir pagando
las ayudas y le contestaron que sí lo podía hacer con las que no tenían irregularidades, por un principio de seguridad jurídica.
Recio, que aún no había declarado en esta causa,
agregó en su corta declaración que nadie le había advertido de
que la Junta de Andalucía no era competente para pagar las ayudas sociales,
que contaban con informes favorables y sin reservas,
según precisó.
El juez también tomó declaración ayer al ex
viceconsejero de Agricultura Juan Paniagua Díaz por el procedimiento
específico creado por la Junta para pagar las ayudas, en el que hay 51 ex altos
cargos acusados de prevaricación y malversación.
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