martes, 9 de febrero de 2016

El diputado socialista Gutiérrez Limones imputado por el juez + Mercasevilla, responsable civil subsidiaria por los ERE 'falsos' + La Junta financió de forma irregular su delegación en Madrid y Bruselas + El interventor apunta también a la cúpula del Bajo Guadalquivir = ¿ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario público? ¿Y esto ocurre en el Régimen juntero por casualidad?. Los hechos siguen hablando, la Andalucía imposible, sigue degenerando, ¿la corrupción institucional y sistémica juntera aparece mires donde mires?. Mientras todos callan, silencio cómplice, no pasa “na de na” . Es una una atmósfera irrespirable.


Las consecuencias de las irregularidades en la gestión de la lonja.  Mercasevilla, responsable civil subsidiaria por los ERE 'falsos'

  • La Audiencia obliga a la empresa a pagar por los perjuicios si no lo hace su ex director
  • La juez Alaya impuso a Fernando Mellet 1,6 millones de fianza


El diputado socialista Gutiérrez Limones imputado por el juez:Al alcalde de Alcalá de Guadaíra y flamante diputado por el PSOE se le complica, definitivamente, el futuro.



GASTO PÚBLICO. Informe sobre la gestión de la Agencia Idea La Junta financió de forma irregular su delegación en Madrid y Bruselas

  • Los entes dependían de la Consejería de Presidencia, dirigida en 2012 por Mar Moreno y Susana Díaz
  • Al frente de la oficina madrileña, con chófer en plantilla, estuvo el novio de Bibiana Aído


CASO BAJO GUADALQUIVIR.  Irregularidades en los fondos de formaciónEl interventor apunta también a la cúpula del Bajo Guadalquivir
  • Declara a la juez que el desvío de ayudas lo «conocían» los presidentes de la mancomunidad
  • Señala directamente a Antonio Maestre y María José Fernández


La Alcaldesa de Lebrija y senadora del PSOE, Maria José Fernández.

http://www.porandalucialibre.es/informativa/noticias-propias/informacion/item/7895-el-diputado-socialista-gutierrez-limones-imputado-por-el-juez







El diputado socialista Gutiérrez Limones imputado por el juez


Al alcalde de Alcalá de Guadaíra y flamante diputado por el PSOE se le complica, definitivamente, el futuro. Cuenta El MUndo que ha sid imputado por lo que debeería dimitir. Y ya lo veremos. *

El magistrado que investiga el presunto desvío de dinero público de la empresa Alcalá Comunicación Municipal (ACM) -dependiente del Ayuntamiento de esta localidad- confirma la presunta implicación de Antonio Gutiérrez Limones en las irregularidades en la sociedad pública que se destaparon a raíz de unas grabaciones al contable, Javier Luque, que desveló EL MUNDO de Andalucía y en la que admitía que se habían pagado de forma habitual gastos particulares de altos cargos de ACM y del Consistorio, incluido el alcalde, con fondos públicos.


El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Alcalá de Guadaíra, Javier Alba, ratifica en una providencia los indicios de criminalidad en la actuación de Gutiérrez Limones, por lo que ha acordado librar oficio a las Cortes a fin de que remitan testimonio del acta de diputado en el Congreso del alcalde alcalareño, dado que su condición de aforado obliga a que el procedimiento se envíe al Tribunal Supremo (TS).

"Teniendo en cuenta la condición de aforado [de Gutiérrez Limones] y la existencia de indicios de criminalidad", apunta el juez en su providencia, procede iniciar los trámites para que el caso vaya al Alto Tribunal, que en su momento tendrá que decidir si lo asume en todo o en parte, ya que también están señalados por los investigadores de la Guardia Civil como responsables de las irregularidades los directivos de ACM y otros ex cargos del Ayuntamiento, incluidos ex concejales socialistas.EL MUNDO ya adelantó meses atrás que tanto la Fiscalía como el propio juez veían indicios de delito en la gestión de Gutiérrez Limones y que habían tomado ya la decisión de derivar el asunto al Supremo en el momento procesal oportuno.


 Las consecuencias de las irregularidades en la gestión de la lonja

Mercasevilla, responsable civil subsidiaria por los ERE 'falsos'
  • La Audiencia obliga a la empresa a pagar por los perjuicios si no lo hace su ex director.
  • La juez Alaya impuso a Fernando Mellet 1,6 millones de fianza


Mercasevilla tendrá que responder por los perjuicios económicos derivados de los expedientes de regulación de empleo que promovió de forma irregular si no lo hace personalmente quien fuera su director general, Fernando Mellet, lo que supone un total de 1,6 millones de euros, la cuantía de lo supuestamente defraudado.

La Audiencia de Sevilla ha declarado a la empresa -en manos mayoritariamente del Ayuntamiento y de la sociedad estatal Mercasa- responsable civil subsidiario, lo que podría suponer un importante quebranto económico en el más que probable caso de que Mellet no pueda desembolsar los 1,6 millones de euros.


Por medio de un auto dictado el pasado mes de diciembre y al que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, la Sección Séptima de la Audiencia confirma los autos que en abril de 2014 y mayo de 2015 dictó el Juzgado de Instrucción número 6, en los que fijaba en 1.650.000 euros el importe de la fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias de Melletasí como la responsabilidad civil subsidiaria de la propia Mercasevilla.


Como hizo en su momento la juez Mercedes Alaya, la Audiencia entiende que Fernando Mellet actuó en nombre y con la expresa autorización de la comisión ejecutiva del mercado central de abastos y que, por lo tanto, es aplicable el artículo 120.4 del Código Penal, que establece esta responsabilidad «por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios».


La sala que preside el magistrado Javier González destaca que la negociación del plan de prejubilaciones de Mercasevilla la llevó a cabo Mellet en su condición de director general.


Hasta en tres actas de la comisión ejecutiva de la empresa -las de 13 de diciembre de 2002 y 6 de febrero, 10 de julio y 15 de octubre de 2003- queda reflejada expresamente la autorización que se dio por parte de este órgano directivo a Mellet para tramitar el ERE, una autorización que, además y según recalca la Audiencia en su auto, fue «tan amplia como fuere necesaria».


  

Mellet fue Felicitado.                                                                                                            

Más allá, destaca la Sección Séptima que en el acta del 17 de diciembre de 2003 la comisión ejecutiva llega a felicitar a Mellet por haber obtenido las ayudas de la Junta de Andalucía que, a la luz de las investigaciones policiales y judiciales, se han visto que eran irregulares.


Los indicios, más que evidentes a juicio de la Audiencia, de la participación de Mellet en estos hechos justifican sobradamente la medida que en su día acordó la juez Alaya al imponer la fianza al ex máximo responsable de Mercasevilla, contra el que hay, dice literalmente el auto, «severos indicios de criminalidad».


Igualmente, avala la Audiencia que esta fianza sea de 1.650.000 euros, una cantidad que resulta de la suma de lo supuestamente defraudado con las prejubilaciones fraudulentas más un tercio y de la que deberá responder, si puede, Mellet con sus bienes.


Ahí radica el riesgo para Mercasevilla, personada en la causa, en que su antiguo gerente no pueda hacer frente a una cantidad tan importante -algo que se da por seguro-, lo que obligaría a la empresa a responder económicamente.


La fianza se la impuso la juez Mercedes Alaya al ex gerente de Mercasevilla por lagestión y ejecución de los dos expedientes de regulación de empleo (ERE) que aplicó en los años 2003 y 2007 en la compañía y que están siendo investigados en el llamado caso de los ERE. Con este dinero, la magistrada pretendía que Mellet devuelva «en la medida de lo posible las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario público».


Esos fondos a los que se refería la juez Alaya se destinaron a pagar falsos prejubilados de los ERE, facturas por trabajos que nunca se realizaron en Mercasevilla o, directamente, comisiones. Por todo ello, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla le imputa tres delitos: malversación, prevaricación y tráfico de influencias.


 El relato de los hechos












El relato de los hechos presuntamente delictivos de la magistrada los recogía en un auto fechado el pasado 8 de septiembre de 2014.


En ese auto explica que Mercasevilla solicitó el primer ERE el 3 de octubre de 2003 y, aunque Mellet no solicitó subvención alguna, «debido a las buenas relaciones que a través de Juan Lanzas [el 'conseguidor' de los EREimputado] mantenía con el delegado provincial de Empleo (Antonio Rivas [imputado]) y con la Dirección General de Trabajo (Francisco Javier Guerrero [imputado])» se autorizó por un coste superior a los 6,2 millones, de los que la Junta de Andalucía pagaría el 90%. «Tras el éxito de este primer expediente», Mellet, «en connivencia» con Lanzas, solicitó un nuevo ERE que Rivas aprobó sin apreciar «la menor irregularidad», puesto que Mercasevilla «había contratado prácticamente el mismo número de trabajadores que fueron despedidos en el primer ERE». Este segundo expediente tendría un coste de más de 9 millones, de los que la Junta debía pagar el 94%. Finalmente, no se llegó a pagar ni un euro.


En cuanto a los intrusos, la juez mantenía que Mellet incluyó como prejubilados de Mercasevilla en el ERE de 2003 a tres trabajadores que no cumplían los requisitos: no haber cumplido los 50 años. Con respecto al expediente de 2007, el director de la compañía adhirió al mismo a cuatro empleados que no eran del mercado central, sino de la Fundación Socio-Asistencial, dos entidades «independientes, con objeto distinto y con necesidades también distintas». En este ERE, además, Mellet, «puesto de común acuerdo con Lanzas y a sabiendas de su injusticia», introduciría en la póliza de rentas de prejubilados «a una persona ajena a Mercasevilla y del entorno de Lanzas, Antonio Garrido Santoyo», ex dirigente del PSOE de Baeza y ex secretario de Administración de UGT en Sevilla. De no haberse destapado el escándalo de los ERE fraudulentos, Santoyo habría cobrado como intruso 441.961,27 euros desde 2007.




GASTO PÚBLICO. Informe sobre la gestión de la Agencia Idea 

La Junta financió de forma irregular su delegación en Madrid y Bruselas
  • Los entes dependían de la Consejería de Presidenciadirigida en 2012 por Mar Moreno y Susana Díaz
  • Al frente de la oficina madrileña, con chófer en plantilla, estuvo el novio de Bibiana Aído

El Gobierno andaluz ha financiado de forma irregular sus delegaciones en Madrid y Bruselas, según advierte el informe de fiscalización sobre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) que acaba de presentar la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El caso podría terminar salpicando a la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, ya que ella fue consejera de Presidencia e Igualdad, de la que dependían ambas delegaciones, durante la mayor parte del periodo fiscalizado.


Precisamente al frente de la Oficina de la Junta en Madrid como delegado estuvo entre los años 2008 y 2012 Julián Martínez García, pareja de la ex ministra del Gobierno de Zapatero Bibiana Aído. Entre la plantilla de esta oficina había un técnico, dos administrativas, una secretaria y hasta un conductor, recoge el informe de la Cámara de Cuentas.


Aunque las delegaciones de la Junta dependían del departamento de Susana Díaz, recibieron los fondos de la Agencia IDEA, el ente de la Junta que lleva años bajo sospecha por varios asuntos de corrupción, como el caso ERE, Invercaria o los avales concedidos a empresas.


La Agencia IDEA destinó 623.000 euros en 2012que es el ejercicio fiscalizado por la Cámara de Cuentas, a la financiación de las delegaciones de la Junta en Bruselas y en Madrid a través de dos expedientes de subvenciones de explotación nominativas. Los fondos que se destinaron a ambas delegaciones, a través de IDEA, procedían de la Consejería de Presidencia, a la que estaban adscritas las oficinas del Gobierno andaluz en Bruselas y Madrid.


En 2012, la Consejería de Presidencia estuvo dirigida por la entonces consejera Mar Moreno -hasta mayo de 2012- y con posterioridad por Susana Díaz, que fue consejera de Presidencia e Igualdad desde mayo hasta septiembre de 2013, cuando dejó el cargo para ser presidenta del Gobierno andaluz tras ser designada por Griñán.


La Cámara de Cuentas avisa de que la figura de la subvención nominativa que se utilizó para las delegaciones de la Junta en Bruselas y Madrid «no se considera adecuada para la financiación anual, a través de la Agencia IDEA, de determinados gastos de explotación y personal de estas delegaciones adscritas orgánica y funcionalmente a la Consejería de Presidencia».








Una subvención nominativa no es la fórmula adecuada para financiar ambas delegaciones, según se desprende del artículo 2.2 de la Ley de Subvenciones, que indica que «no están comprendidas en el ámbito de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes administraciones públicas para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas», dice el informe de la Cámara de Cuentas.


La Agencia IDEA nunca ha dependido de la Consejería de Presidencia, sino de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que en 2012 estaba dirigida por el entonces consejero Antonio Ávila, y actualmente está adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que ostenta José Sánchez Maldonado.


Por eso, el informe de la Cámara de Cuentas concluye que los gastos necesarios para la financiación de las delegaciones de la Junta en Bruselas y Madrid debieron ser «presupuestados, dotados y ejecutados con cargo a créditos del presupuesto de la Consejería de Presidencia e Igualdad y clasificados en los capítulos adecuados según su naturaleza y destino».


Mediante la orden de 14 de julio de 2012, la Consejería de Presidencia e Igualdad -entonces con Susana Díaz como consejera responsable- concedió una subvención nominativa a IDEA por importe de 427.000 euros «para la financiación de los gastos corrientes y de funcionamiento de la Delegación de la Junta en Bruselas». Según se indica en la resolución, el importe corresponde al 100% del presupuesto presentado por la Agencia para la financiación de la Delegación en el ejercicio de 2012.


Del análisis de los auditores de la Cámara de Cuentas se desprende que la certificación de los gastos justificados asciende a 416.000 euros, entre los que se incluyen el alquiler de la sede de la delegación, los gastos de personal de los técnicos de IDEA y otros gastos corrientes.


La estructura organizativa se compone de nueve personas: un delegado, una secretaria y siete técnicos que trabajan en distintas áreas. A finales de 2012, sólo dos técnicos estaban dados de alta en IDEA, según la información facilitada por la Agencia a la Cámara de Cuentas.


A través de la orden de 2 de abril de 2012 de la Consejería de Presidencia, entonces dirigida por Mar Morenose concede una subvención nominativa a IDEA por importe de 196.000 euros para la «financiación de los gastos generales que conllevan las actuaciones realizadas en Madrid como representante oficial de la Junta».


Los gastos justificados por la Agencia -229.000 euros- corresponden casi en su totalidad a la Seguridad Social y las nóminas a cinco trabajadores de IDEA que prestan servicio en la Delegación en Madrid. Entre los cinco empleados hay un conductor, un técnico, dos administrativas y una secretaria.

















CASO BAJO GUADALQUIVIR.  Irregularidades en los fondos de formación.

 El interventor apunta también a la cúpula del Bajo Guadalquivir

  • Declara a la juez que el desvío de ayudas lo «conocían» los presidentes de la mancomunidad
  • Señala directamente a Antonio Maestre y María José Fernández


La Alcaldesa de Lebrija y senadora del PSOE, Maria José Fernández.

Lo sabían todo. Quien fuera ex interventor de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir ha apuntado hacia arriba en la investigación por el supuesto desvío de subvenciones para el empleo y sostiene que los máximos responsables de la institución estaban al tanto de todo lo que se hacía y de cómo se hacía.

Mariano Rodríguez, que declaró en calidad de 'investigado' (el nuevo término legal para el antiguo imputado) a finales de enero en los juzgados de Lebrija nombró expresamente a los dos últimos presidentes de la institución, Antonio Maestre (ex alcalde de Los Palacios y hoy asesor de la Diputación) y María José Fernández (alcaldesa de Lebrija y senadora), ambos del PSOE.

Según confirmaron a EL MUNDO de Andalucía fuentes próximas al caso, la tesis principal que mantuvo el ex interventor es que en todo momento actuó convencido de que el procedimiento era legal y que continúa pensando que no se hizo nada de forma incorrecta.







No obstante, hizo especial hincapié en que no es cierto, como ha afirmado el propio Maestre, que la cúpula de la mancomunidad desconociese el funcionamiento y la gestión diarios, sino más bien todo lo contrario.


Respecto a Maestre, también investigado/imputado en esta causa, el ex interventor del Bajo Guadalquivir aseguró a la juez que conocía todo lo que se hacía, que estaba al corriente de cómo se gestionaban las subvenciones que, fundamentalmente desde la Junta de Andalucía, recibía la institución.


Pero no sólo apuntó con el dedo a Maestre. Asimismo, aseveró que el modo de actuar en la mancomunidad en relación a las ayudas a la formación para el empleo fue asumido por quienes llegaron después de Maestre. Esto es, por quien sustituyó al ex alcalde palaciego, la regidora socialista de Lebrija, María José Fernández.


Quiso también Mariano Rodríguez implicar a su sustituta, Sandra Antón, de la que explicó que estuvieron trabajando un tiempo juntos y era conocedora de la gestión supuestamente irregular de las ayudas.




Informe de alerta.

Se da la circunstancia de que Antón fue quien dio la voz de alarma acerca del desvío de estas subvenciones prácticamente desde su llegada a la Mancomunidad en 2012. Incluso, redactó y envió a los responsables y a los ayuntamientos que la integraban -nueve de Sevilla y Cádiz- un informe en el que hablaba de «dejación de funciones» y de un perjuicio para la entidad de más de seis millones de euros.


La declaración del ex interventor se produce en el marco de las investigaciones judiciales abiertas en Lebrija en torno al destino de once subvenciones para el empleo.


Por ahora sólo en dos de las causas se ha decidido ya dar el paso hacia las imputaciones. Se trata de dos subvenciones que suman poco más de medio millón de euros. Una para desarrollar el proyecto de escuela taller La Giraldilla y otra para el proyecto denominado Emegon, el primero por 343.000 euros y el segundo, de 202.500 euros.


Quedan todavía otras nueve causas abiertas en los juzgados lebrijanos relativas a otras tantas ayudas, la mayor parte de ellas otorgadas por la Junta, que, al igual que en los dos casos anteriores, acabaron desviadas a otros fines distintos para el que fueron concedidas.


En total, las once subvenciones que están bajo sospecha suman en torno a los seis millones de euros, y en todos los casos la Administración autonómica ha abierto expedientes de reintegro para reclamar su devolución.


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