El caso ERE. Un alto
cargo de Susana Díaz, entre los nuevos imputados en los ERE
- El viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales, investigado por su gestión en las 373 prejubilaciones irregulares en Egmasa
Dimisión exprés.
- Dimite el alto cargo de Susana Díaz imputado en los ERE
Dimisión exprés. El último alto
cargo del Gobierno de Susana Díaz que ha resultado imputado en el caso ERE, el
viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales, Juan Jesús Jiménez Martín, ha renunciado al puesto tras conocer que la juez María Núñez Bolaños lo ha
incluido en la lista de nuevos investigados en elmayor
caso de corrupción de
Andalucía, en el que están
también imputados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Fuentes de la Junta dijeron a EL MUNDO este sábado que Jiménez Martín
presentó su renuncia cuando se enteró, a través de los medios de comunicación,
que debía declarar como imputado por su implicación en las prejubilaciones irregulares de 373 trabajadores de la extinta Empresa de Gestión
Medioambiental (Egmasa), ahora reconvertida
en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta (Amaya).
El Gobierno andaluz no informó de la dimisión del viceconsejero
hasta que este diario publicó este sábado que entre los nuevos imputados en los
ERE conocidos el pasado jueves se encontraba el viceconsejero de Igualdad y
Políticas Sociales por un asunto relacionado con su etapa en Egmasa.
La Junta contó la
renuncia el viceconsejero imputado la misma mañana que Susana Díaz, que se ha
mostrado implacable con los imputados socialistas, incluso con Chaves y Griñán, estaba en Madrid
en un comité federal clave de su partido.
¿La Andalucía imposible...?
¿"Y no pasa na de na"?
El 'caso ERE'
Un alto cargo de Susana Díaz, entre los nuevos imputados
en los ERE
El viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales,
investigado por su gestión en las 373 prejubilaciones irregulares en Egmasa
La
presidenta de la Junta y líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, que se ha mostrado implacable con los imputados, incluso con sus antecesores Manuel
Chaves y José Antonio Griñán, cuenta con otro alto cargo más en el punto de
mira judicial. Se trata de Juan Jesús Jiménez Martín, viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales,
recién incluido en la lista de
nuevos investigados -imputados hasta la reciente
entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-
en el caso ERE.
La juez María Núñez Bolaños acaba de ampliar el número de investigados por
el presunto desvío de fondos del Gobierno andaluz para el pago de
prejubilaciones irregulares de 373 trabajadores de la extinta Empresa de
Gestión Medioambiental (Egmasa), cuyo personal se integró en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya)
a partir de 2011.
Y
entre los nuevos investigados por el caso ERE figura el viceconsejero de
Igualdad y Políticas Sociales, que cuenta con una larga trayectoria como alto cargo en la Junta. Fue
viceconsejero de Gobernación y Justicia, de Medio Ambiente y subdirector
general de Edificios y Obras en la Consejería de Hacienda, entre otros puestos.
Jiménez Martín está implicado en los ERE por
su etapa como directivo en la antigua Egmasa. Al menos dos de los nuevos
imputados por la juez Núñez Bolaños siguen trabajando en la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de la Junta: María del Mar Espejo, que fue gerente en Sevilla
de la extinta Egmasa y Antonio del Valle.
Susana Díaz ha proclamado en infinidad de
ocasiones que es «implacable» con la corrupción. Cuando el Tribunal Supremo
debía decidir sobre la imputación en los ERE de los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán, la líder de los socialistas andaluces señaló que, «evidentemente, van a
tener que dejar su cargo y ahí no va a haber ningún tipo de excepción».
El 8 de junio de 2015, Díaz afirmó que
«siempre» ha dicho que a quien imputara algún tribunal en caso un corrupción, evidentemente, ella le
«pediría el escaño». «Siempre lo he manifestado y mi palabra es mi
patrimonio», señaló.
Justo una semana después de esas palabras de
Díaz, Griñán renunció al escaño de senador autonómico por Andalucía. Fue cuatro
días después de que Díaz fuera elegida presidenta de la Junta con el apoyo de Ciudadanos, formación
que pidió reiteradamente las dimisiones de Griñán y Chaves.
A la siguiente semana, Chaves renunció a su
escaño en el Congreso tras conocer que el Tribunal Supremo lo había imputado en el caso de los ERE fraudulentos.
El nuevo alto cargo del Gobierno de Susana
Díaz investigado por los EREestuvo imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa durante su etapa como viceconsejero de Medio Ambiente por
paralizar en junio de 2010 los trabajos previos de una promotora para la
construcción de un hotel de 50 habitaciones en el paraje Campillo de Gata,
perteneciente al parque natural almeriense de Cabo de Gata-Níjar.
Sobre
el ERE en Egmasa, inicialmente, la Administración autonómica se comprometía a
pagar primas por importe de 11,18 millones de euros, cantidad que, con los
diversos suplementos acordados posteriormente, terminó elevándose al menos a 21,67 millones.
Entre
las presuntas irregularidades, la juez destaca la modificación de la póliza que
se aprobó en noviembre de 2006 para incluir a Antonio Márquez García, un
antiguo liberado sindical que no figuraba en la lista de afectados por el ERE
aprobado en 2003 y al que la empresa no quiso readmitir en 2004 cuando cesó en
las funciones sindicales. Para «buscarle una salida», simularon un «despido
improcedente» y pactaron una indemnización
de más de 120.000 euros.
Dimisión exprés.
El caso de los ERE Dimite el alto cargo de Susana Díaz
imputado en los ERE
El viceconsejero
implicado en las prejubilaciones irregulares en Egmasa se va para «no
perjudicar» a la Junta
Dimisión exprés. El último alto
cargo del Gobierno de Susana Díaz que ha resultado imputado en el caso ERE, el
viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales, Juan Jesús Jiménez Martín, ha renunciado al puesto tras conocer que la juez María Núñez Bolaños lo ha
incluido en la lista de nuevos investigados en elmayor
caso de corrupción de
Andalucía, en el que están
también imputados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Fuentes de la Junta dijeron a EL MUNDO este sábado que Jiménez Martín
presentó su renuncia cuando se enteró, a través de los medios de comunicación,
que debía declarar como imputado por su implicación en las prejubilaciones irregulares de 373 trabajadores de la extinta Empresa de Gestión
Medioambiental (Egmasa), ahora reconvertida
en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta (Amaya).
El Gobierno andaluz no informó de la dimisión del viceconsejero
hasta que este diario publicó este sábado que entre los nuevos imputados en los
ERE conocidos el pasado jueves se encontraba el viceconsejero de Igualdad y
Políticas Sociales por un asunto relacionado con su etapa en Egmasa.
La Junta contó la
renuncia el viceconsejero imputado la misma mañana que Susana Díaz, que se ha
mostrado implacable con los imputados socialistas, incluso con Chaves y Griñán, estaba en Madrid
en un comité federal clave de su partido.
El viceconsejero dimitió para «poder ejercer plenamente el derecho a su
defensa» en las prejubilaciones irregulares en la empresa pública
Egmasa «del año 2003» y «no perjudicar a la Administración a
la que presta servicio», resaltó ayer la Junta.
«No nos cabe duda alguna de su honorabilidad, que ha ido demostrando como funcionario y servidor público de la Junta de
Andalucía a través de las distintas responsabilidades que ha ido desempeñando a
lo largo de más de 30
años», subrayó la Administración autonómica.
Jiménez Martín
cuenta, en efecto, con una larga trayectoria como alto cargo en el Gobierno
andaluz. Fue viceconsejero de Gobernación y Justicia, de Medio Ambiente y subdirector general de Edificios
y Obras en la Consejería de Hacienda, entre otros puestos. Durante su etapa en
Medio Ambiente también estuvo imputado por prevaricación administrativa tras paralizar los trabajos de una promotora para la
construcción de un hotel en el Cabo de Gata-Níjar de Almería.
«Estamos convencidos de que una vez que se produzca la declaración todo
quedará aclarado. Y podrá no sólo demostrar su honorabilidad sino que podrá despejar cualquier sombra
de duda sobre su dilatada
y eficiente trayectoria profesional como servidor público», remarcó la Junta.
Sobre el ERE en Egmasa, inicialmente, la Administración autonómica se
comprometía a pagar primas por importe de 11,18 millones de euros, cantidad
que, con los diversos suplementos acordados posteriormente, terminó elevándose al menos a 21,67 millones. Entre las presuntas irregularidades, la juez destaca la modificación de la
póliza que se aprobó en noviembre de 2006 para incluir a Antonio Márquez
García, un antiguo liberado sindical que no figuraba en la lista de afectados
por el ERE aprobado en 2003 y al que la empresa no quiso readmitir en 2004 cuando
cesó en las funciones sindicales.
Para «buscarle una salida», simularon un «despido
improcedente» y pactaron una indemnización de más de 120.000 euros.
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