EL FRAUDE DE LA
FORMACIÓN.Nuevas revelaciones
- Empleo denunció a la Fiscalía seis subvenciones por valor de 5,5 millones de euros
EL FRAUDE DE LA
FORMACIÓN. Nuevas revelaciones
La juez investiga también subvenciones del Gobierno para
la formación
- Empleo denunció a la Fiscalía seis subvenciones por valor de 5,5 millones de euros
La juez de Sevilla María Ñúñez Bolaños investiga
también subvenciones concedidas por el Gobierno central en el marco de las
pesquisas de la macrocausa de la formación, un caso que heredó de la antigua
titular del Juzgado de Instrucción 6, Mercedes Alaya, y que se centra,
fundamentalmente, en las ayudas millonarias repartidas por la Junta de
Andalucía.
Las subvenciones del Gobierno
bajo sospecha que ya investiga el Juzgado de Instrucción 6 son seis expedientes de ayudas
por valor de 5.535.771 euros concedidas por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social al entramado empresarial del ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel
Ojeda, para que impartiera cursos de formación, como detalla la
documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO.
La principal irregularidad detectada por los
inspectores de Trabajo y Seguridad Social en estas ayudas para cursos
concedidas a Ojeda es el «sistema fraudulento» de contratos
«ficticios», con altas en la Seguridad Social de tan sólo 24 horas a alumnos de
los cursos que estaban en paro.
La finalidad era hacer pasar a los parados por
ocupados para cumplir los requisitos de la formación dirigida a trabajadores
para conseguir así más ayudas, como informó ayer este diario.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que
dirige en funciones la ministra Fátima Báñez, denunció el pasado 8 de julio de
2015 ante la Fiscalía de Madrid seis expedientes de ayudas concedidas
al Grupo Prescal, que es «un conjunto de
sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones que actúan de forma
coordinada bajo la dirección de Ángel Ojeda y una serie de colaboradores», dice la denuncia en poder de este diario.
Tras analizar el escrito, el 20 de agosto de 2015,
la Fiscalía de Madrid archiva el caso y lo remite a Sevilla porque «los delitos de obtención de subvenciones se consuman en el lugar en que
se hubieran obtenido» las ayudas, que es en la sede de las empresas de Ojeda,
aclara el escrito del fiscal decano de Madrid,
Javier Rodrigo de Francia.
El 22 de octubre pasado, la Fiscalía de Sevilla
envía toda la documentación al Juzgado de Instrucción 6 para que forme parte de
la macrocausa de la formación, en las diligencias previas 966/14.
En cuatro de las subvenciones
denunciadas por el Ministerio de Empleo, concedidas el 2 de diciembre de 2013,
durante la etapa de Fátima Báñez, los inspectores de Trabajo comprobaron que los
beneficiarios «han aplicado parte del importe de la subvención a fines
distintos de aquéllos para los que la subvención fue concedida».
Los cuatro beneficiarios son la Fundación
de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe), que recibió una ayuda de
1.278.146 euros; la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA), a la que el
Ministerio concedió una subvención de 1.119.592,50 euros; la Asociación de
Apoyo a la Integración Humanitas, que se embolsó 1.273.338 euros; y la
Asociación para la Calidad Europea Inteca, con 1.243.990,50 euros de ayuda. De
los 4.915.068 euros concedidos a las cuatro asociaciones, el Ministerio
sostiene que se han desviado 1.420.032,94 euros.
Estas cuatro entidades forman
parte del entramado de Ojeda y son las mismas que dieron de alta en la
Seguridad Social a decenas de alumnos en paro con la finalidad de hacerlos
pasar por ocupados para conseguir más ayudas, como viene informando
este diario.
Plan fraudulento
«En los cuatro planes subvencionados, ejecutados
entre el 17 de enero y el 16 de junio de 2014, se
ha comprobado que los beneficiarios han puesto en marcha un sistema fraudulento
de simulación de relaciones laborales, en connivencia con otras entidades del
Grupo Prescal, para eludir el límite impuesto a la participación de
desempleados en los cursos», dice la
denuncia del Ministerio presentada en la Fiscalía de Madrid.
Los cursos subvencionados exigían que el 60% de los
alumnos fueran ocupados, mientras que el 40% restante podía ser desempleado.
Como era difícil alcanzar el cupo de trabajadores, entidades del Grupo Prescal
distintas a las receptoras de las ayudas daban de alta en la Seguridad Social a
alumnos desempleados durante un solo día, el mismo que empezaba el curso.
La investigación desarrollada por la Inspección de
Trabajo y su Unidad Especial de colaboración con la Administración de Justicia
en las provincias de Albacete, Ávila, Cádiz, Málaga, Murcia, Sevilla y Valencia
certifica que en «ninguno de los casos existió una relación laboral que
justificara el alta» de 24 horas en la Seguridad Social.
«El resultado de esas
simulaciones desvirtúa por completo el objetivo de unas subvenciones que se
dirigen prioritariamente a trabajadores», lo que implica el
incumplimiento de la Ley de Subvenciones, al no cumplirse el objetivo que
fundamenta la concesión de la ayuda.
La denuncia del Ministerio subraya que las altas de alumnos en paro de 24
horas utilizadas por el entramado de Ojeda constituyen un «evidente fraude de ley», de
acuerdo con la definición del Código Civil sobre «los actos realizados al
amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el
ordenamiento jurídico».
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