NOMBRAMIENTOS. La
'administración paralela'
NOMBRAMIENTOS
La 'administración paralela'
La Junta nombra al cuarto director en
año y medio de un ente bajo sospecha
Uno los entes bajo sospecha del Gobierno andaluz, la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, cuenta desde ayer con el cuarto
director general en tan sólo año y medio, Antonio González
Marín, que fue presidente de la entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif), con Magdalena Álvarez de ministra de
Fomento, y llegó a estar
imputado, si bien con posterioridad se levantó su
imputación, por el siniestro
del tren Alvia en el que fallecieron 79 personas en Santiago en el año 2013.
González Marín, que ha sido secretario general de Empleo y director gerente
del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre junio de 2012 y julio de 2015, releva a Antonio Clavero al frente de IDEA, que tan sólo ha permanecido en
el cargo de la agencia pública cuatro meses.
Los antecesores son Antonio Galán, director
general de IDEA entre julio de 2014 y septiembre de 2015, y Antonio Valverde
Ramos, en el cargo entre 2009 y junio de 2014, cuando dimitió después de que la
Fiscalía pidiera para él una fianza millonaria por el caso ERE. En total, cuatro directores de IDEA en
tan sólo un año y medio.
Tanto González
Marín como Clavero, ambos malagueños, son dos hombres de la máxima confianza
del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, el también malagueño José Sánchez
Maldonado, del que depende IDEA.
Tras permanecer
en el cargo tan sólo cuatro meses, Antonio Clavero ha dimitido por motivos personales, según dijeron a EL MUNDO fuentes de la Junta. Antes de estar al frente de
IDEA, Clavero era secretario de la Facultad de Económicas y director de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social y del departamento de Estadística y Econometría
en la Universidad de Málaga, en la que también daba clases el consejero Sánchez
Maldonado.
La Agencia IDEA está bajo sospecha por varios motivos. De este ente depende la empresa de
capital riesgo de la Junta, Invercaria, cuyas inversiones más ruinosas está
investigando el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla por presuntos delitos de
malversación, tráfico de influencias y falsedad, entre otros.
Como viene
informando este diario, un
exhaustivo informe de la Intervención General de la Junta alerta de una posible
financiación irregular en Invercaria en 2012. «Ni una ni otra
forma de financiar la actividad de Invercaria por parte de la Agencia IDEA se
consideran adecuadas por parte de esta Intervención», concluye el informe de
control financiero.
IDEA también es objeto de investigación penal en la causa sobre los avales
y préstamos concedidos a empresas en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
El Juzgado de Instrucción 5 indaga el reparto y gestión por parte de IDEA
de 185 millones de euros con cargo al Fondo Jeremie.
El mayor asunto de corrupción hasta ahora de Andalucía, el caso ERE,
también afecta a IDEA, ya que actuó como caja pagadora. De hecho, tanto
Jacinto Cañete como Antonio Valverde -ambos directores de IDEA entre 2008 y
2014- están imputados en los ERE, junto a otros directivos de este ente.
El nuevo director general de IDEA, González Marín,
fue, junto con Magdalena Álvarez, el padre intelectual de la idea de
poner un anillo ferroviario en la vega de Antequera, para hacer ensayos con
trenes de alta velocidad y que costaría 400 millones de euros, la mayoría de fondos europeos.
El proyecto, hoy
un fiasco sin futuro, necesitaba de unos números que tranquilizaran a una comarca, a la que no convencía para nada, dada la
riqueza agrícola de la zona. Fue entonces cuando González Marín, amigo del
consejero que ahora lo nombra y del defenestrado Francisco Triguero, entonces
secretario general de Universidades, encarga al departamento de Sánchez Maldonado en la Universidad de Málaga
(UMA) que haga un estudio sobre el impacto del anillo en la comarca.
En las modificaciones presupuestarias de la UMA de 2012 figuraba un pago de
150.000 euros a Sánchez Maldonado por esta investigación. En el convenio que firma ADIF con la UMA se establece que la primera pagará
59.000 euros sin IVA por el informe. El estudio concluía que la infraestructura
supondría que llegaran muchas empresas a la provincia y la creación de más de
7.000 puestos de trabajo, de los que 4.800 iban a ser directos
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