miércoles, 27 de enero de 2016

El Gobierno central intentó frenar las ayudas al entramado de Ángel Ojeda = ¿Macro causa de dinero publico robado? ¿Normativa que permite el fraude; ayudas con dinero público que se entrega al 100% y después vienen los controles....? Asi funciona la Administración paralela, ingeniería jurídica por doquier, versus ¿"transferencias de financiación"; encomiendas de gestión, contratos de gestión plurianuales a las Agencias junteras....y todo controlado por personal "laboral" digital, clientelar "colocaos" por los partidos en chiringos, empresas, fundaciones y démas...?¿negociete político que sufragamos todos, cuya consolidación en la Ley de Reordenación del Sector Público, no paró el Tribunal Constitucional.....? ¿Pero que está pasando en Andalucía y en España donde lo que se persigue, es vivir a costa del dinero público y de los impuestos que pagamos todos.....?

Un mundo de locos....



¿Mientras el dinero público, el de todos vuela.....? 


¿Y porque el Tribunal Constitucional no ha tumbado a la administración paralela, la del Régimen Andaluz;  el voto particular de la Sentencia es muy claro, el modelo andaluz, de  Administración, partidista, digítal y  política nos perjudica a todos........?

Enlace publicado 1 y 5 de diciembre de recordatorios.

Blanco y en Botella.


Máxima difusión. Recordemos, el contenido del enlace publicado el 16 de noviembre; después de la manifestación del 13 N del 2010: Mar Moreno....dice.... "los que fueron a la manifestación no están en contra del decreto, sino que no lo entienden"; pues resulta que sabemos lo que hay y tenemos razón por eso después de 5 años seguimos aún en sede judicial. Simple y claro, ahora ya lo han visto también dos magistrados del Tribunal Constitucional, voto particular, especialistas en la materia y lo verán muchas personas mas, porque "SRES NO ERAMOS LA BRUJA LOLA SINO QUE CONOCEMOS EN CARNE PROPIA A ESTOS JUNTEROS"




Máxima difusión. Blog de Derecho administrativo. Iuslexblog. Análisis Sentencia del T.Constitucional sobre determinados artículos de la Ley 1/2011 de 17 de febrero de Reordenación del sector público Andaluz= Lo dice alto y claro; es grave la reinterpretación que hace el Tribunal sobre el petitum del recurrente. El altamente didáctico voto particular merece la pena ser leído ...Cinco páginas de conceptos claros y sencillos, en el que se realiza una recopilación del acervo administrativo en el campo de vaciamiento competencial de las funciones administrativas, huida del derecho administrativo incluida, cuyo punto álgido se encuentra en la página 4, cuya transcripción realizamos " El propio legislador andaluz parece, por otra parte, contradecirse a si mismo....en el mismo ordenamiento andaluz.... "




Fraude en las ayudas a la formación
El Gobierno central intentó frenar las ayudas al entramado de Ángel Ojeda

    Amagó con denegar las ayudas pero el servicio jurídico advirtió de que no había 'base legal'
    El Ministerio dice que cambió la normativa de la formación para evitar el fraude

 

El Gobierno trató de frenar las subvenciones por valor de 5 millones de euros para cursos de formación que finalmente terminó concediendo al entramado empresarial del ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, pese a las sospechas de fraude y de que parte de estas ayudas finalmente fueron desviadas.

Como viene informando EL MUNDO, estas subvenciones forman parte ahora de la macrocausa del fraude de la formación que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, después de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dirigido en funciones por la ministra Fátima Báñez, denunciara las irregularidades de las entidades vinculadas a Ojeda ante la Fiscalía de Madrid, al ser una convocatoria de ámbito estatal a la que habían concurrido.

El caso, no obstante, fue derivado desde Madrid al juzgado de Sevilla, por ser el competente para investigarlo ya que la sociedades estaban domiciliadas en Sevilla y ya se habían iniciado con anterioridad las pesquisas.

Fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social explicaron ayer a este diario que, ante las sospechas de fraude en el entramado de Ojeda y antes de concederle las ayudas en diciembre de 2013, hicieron una consulta al Servicio Jurídico de la entonces Fundación Tripartita sobre la posibilidad de impedir el acceso a las subvenciones, respondiendo ésta que «no había base legal para impedirlo».


En una reunión de la antigua Fundación Tripartita de la formación, el sindicato CCOO votó en noviembre de 2013 en contra de que se le concedieran esta ayudas a las entidades de Ojeda por las irregularidades que acumulaban de otras convocatorias, pero finalmente la propuesta salió adelante, como viene informando este diario

Precisamente para acabar con la falta de «base legal» para poner fin este tipo de prácticas, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobó diversas modificaciones legales que persiguen combatir el fraude en el marco de la reforma del sistema de formación profesional para el empleo.Una de las reformas impulsadas que ya está en vigor establece que los beneficiarios de ayudas para cursos no puedan volver a serlo durante un periodo de 5 años en caso de cometer una infracción muy grave, como las que le achaca la Inspección de Trabajo a las entidades de Ojeda, después de hicieran altas ficticias en la Seguridad Social de 24 horas con la finalidad de hacer pasar por ocupados a alumnos en paro de los cursos y así acaparar más subvenciones.

Con las altas ficticias, lograban reunir los requisitos de una convocatoria dirigida fundamentalmente a trabajadores, en la que el 60% de los alumnos debía estar empleado y el restante 40% podía ser parado.

En el caso de las subvenciones a Ojeda, el Ministerio le abonó desde el principio el 100% de las ayudas, sin necesidad de que justificara nada, porque así estaba previsto en la convocatoria para todos los beneficiarios de fondos públicos.

Para evitar que se adelante el dinero y puedan darse conductas como las supuestamente fraudulentas del Grupo Prescal de Ojeda, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la reforma de la Formación Profesional para el Empleo, limitó los anticipos con carácter previo al inicio de la actividad formativa al 25% del importe concedido; estableciendo el pago de hasta un 35% adicional, una vez acreditado el inicio de la actividad formativa.

Entre las reformas legales está también la creación de la Unidad Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dedicada al control de las actividades de formación, que fue precisamente la que remitió el 8 de julio de 2015 a la Fiscalía las presuntas actuaciones delictivas del grupo empresarial de Ojeda.

El Ministerio subrayó ayer que con estas reformas legales ha demostrado «desde un principio tolerancia cero con el fraude en materia de formación».

«No sólo en la gestión rutinaria de las subvenciones, poniendo en conocimiento de la Fiscalía todos los hechos que ha considerado que podían ser constitutivos de delito, sino modificando la normativa aplicable para evitar lo máximo posible el fraude», remarcó


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