El Gobierno Andaluz se gastó 483 millones en alquileres pese a tener sedes vacías = La Andalucía imposible, suma y sigue.

• Sólo los arrendamientos de oficinas de la administración paralela costaron 21,13 millones entre 2009 y 2015

......el gasto en alquileres, en lo que atañe a las consejerías, se ha disparado en 31,5 millones, un 55 por ciento en 2015. La Junta gastará 88,39 millones después de haber vendido setenta edificios en bloque «por debajo del precio del mercado» al gestor de fondos estadounidense W.P. Carey, que ha pasado a convertirse en su casero.

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El Gobierno Andaluz se gastó 483 millones en alquileres pese a tener sedes vacías.

Sólo los arrendamientos de oficinas de la administración paralela costaron 21,13 millones entre 2009 y 2015

La Junta tiene 13.874 edificios y terrenos repartidos por toda la geografía andaluza, según el registro publicado en el Portal de la TranspaLrencia. Algunos de los inmuebles inventariados están vacíos y en desuso, como el antiguo edificio de Correos de Málaga que el Estado le traspasó a la Comunidad en 2009 como pago por la Deuda Histórica, cuyo destino es un enigma siete años después. Otro ejemplo es el de la macrosede administrativa que la Junta ha levantado en la calle Pablo Picasso, en Sevilla. Más de un año después de terminar su construcción, el Gobierno andaluz no ha aclarado qué dependencias van a mudarse al edificio que costó 55 millones de euros.

Pese a atesorar el mayor patrimonio inmobiliario de Andalucía, desde 2009 a 2015, coincidiendo con los años más duros de la crisis, la Junta lleva gastados 483,43 millones de euros en alquileres de sedes y oficinas. De esta cuantía, 462,3 millones corresponden al gasto en arrendamientos y otras construcciones de las distintas consejerías y las agencias administrativas (contabilizados en la aplicación 202 de los presupuestos de dichos ejercicios). A esta suma se añaden otros 21,31 millones abonados en alquileres de sedes de sociedades, fundaciones y agencias empresariales, en definitiva, de la extensa red burocrática que compone la administración paralela de la Junta.

Aumento de la factura

Los organismos adscritos a seis consejerías (Agricultura, Medio Ambiente, Justicia, Cultura, Turismo y Educación) tuvieron que hacer frente a una factura de más de 2,2 millones de euros en 2014, el último año contabilizado, según los informes firmados por sus máximos responsables que han sido remitidos al Parlamento andaluz. Es su respuesta a una pregunta del diputado del PP Jaime Raynaud acerca de los pagos realizados en arrendamientos por el sector público andaluz desde 2009 hasta agosto de 2015.

Raynaud, que consideró «surrealista» la indefinición que rodea el uso de edificio «Picasso» en Sevilla, denuncia que el gasto en alquileres, en lo que atañe a las consejerías, se ha disparado en 31,5 millones, un 55 por ciento en 2015. La Junta gastará 88,39 millones después de haber vendido setenta edificios en bloque «por debajo del precio del mercado» al gestor de fondos estadounidense W.P. Carey, que ha pasado a convertirse en su casero.

El parlamentario critica el «descontrol» que reina en la gestión del patrimonio inmobiliario público y demanda al Gobierno andaluz «un plan racional y serio de las inversiones inmobiliarias de las consejerías, empresas, agencias y fundaciones».

De acuerdo con los datos facilitados (consejerías con organismos satélites como las de Presidencia, Salud y Fomento no han aportado informes), el desembolso más cuantioso corresponde a la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que ha gastado 6,41 millones en los 33 inmuebles alquilados desde 2009 hasta agosto de 2015. Sólo en la provincia de Sevilla paga ocho rentas por ocupar edificios, naves y almacenes. Le sigue la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a la que los arrendamientos de sedes les han costado 6,36 millones, que se suman a los 56.735 euros que cuesta la sede de la Fundación El Legado Andalusí.

El Ejecutivo socialista defiende que está realizando ajustes. De hecho, desde hace años cuenta con el denominado Plan de Sedes de Edificios Administrativos con un doble objetivo: «alcanzar el mayor grado de modernización y satisfacción cualitativa de los lugares de trabajo» y «conseguir el mayor ahorro posible en la gestión administrativa», según detalló la consejera María Jesús Montero en una respuesta parlamentaria al grupo de Podemos el 7 de octubre.