FRAUDE DE LA FORMACIÓN. Las declaraciones comenzarán en febrero.
- La UGT denuncia al PSOE ante el juez instructor.
- Hermanos separados.
FRAUDE DE LA FORMACIÓN
Las declaraciones comenzarán en
febrero
- Díaz tendrá que comparecer ante la comisión de investigación de los cursos
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,
tendrá que comparecer ante la comisión de investigación de los cursos de
formación del Parlamento de Andalucía. En su sexta reunión,
y después de tres meses en blanco, la comisión ha decidido este martes que en
febrero comiencen las comparecencias, con la citación de los interventores
provinciales de la Junta, que alertaron del fraude. Paralelamente, se
elaborara el listado del resto de técnicos y políticos que tendrán que dar
explicaciones ante la comisión.
El grupo de Ciudadanos, aliado del PSOE en el
Gobierno andaluz, ha despejado la principal incógnita: la posibilidad de que
comparezca la presidenta de la Junta, Susana Díaz. La diputada de C's Marta
Bosquet ha aclarado que su grupo solicitará su declaración, por lo que el PSOE
se queda solo en su intento de evitar que la presidenta comparezca. El partido
de Albert Rivera solicitará que acuda la presidenta de la Junta y la ministra
de Empleo, Fátima Báñez. La citación de la también secretaria general del PSOE
andaluz es propuesta también por el PP y por Podemos, mientras que IU no la ve
prioritaria, de momento.
Susana Díaz será la tercera presidenta de la Junta de
Andalucía en comparecer en una comisión de investigación, tras la declaración de sus
antecesores directos, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en la comisión de
los ERE, celebrada en agosto de 2012 y cerrada en falso.
Ciudadanos ha justificado la
comparecencia de la presidenta en las informaciones de EL MUNDO sobre el pago
de alquileres de casas del pueblo del PSOE por parte del sindicato UGT con
dinero procedente de las subvenciones para la formación, y a través de
contratos de alquiler. "¿Cuántas sedes del PSOE se han
pagado con los fondos de formación? Esa es la gran pregunta y la tendrá que
responder Susana Díaz y el PSOE", ha planteado la portavoz parlamentaria
del PP, Carmen Crespo.
Antes de ser presidenta de la Junta, y como
secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz firmó ante notario el 15 de abril
de 2011 con el dimitido secretario general de UGT Andalucía, Francisco
Fernández Sevilla, un acuerdo para la creación de un «aula» en la Casa del
Pueblo que partido y sindicato comparten en el municipio jiennense de
Torreperogil.
Como informó el lunes este diario, el titular del
Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga la
trama de las facturas falsas de UGT-A, cuenta con un informe elaborado por la
asesoría jurídica del sindicato que incluye una prueba más de que el PSOE se
ha beneficiado de los cursos.
El informe revela, en contra de lo mantenido hasta
ahora por el PSOE y el sindicato, que UGT mantiene un contrato de arrendamiento
con los socialistas de un aula dentro de la Casa del Pueblo socialista del
municipio cordobés de Nueva Carteya en la que se han impartido cursos
subvencionados por la Junta. En virtud de ese contrato, el PSOE se
embolsa una renta mensual de 500 euros.
Este contrato podría ser la
punta del iceberg de lo que pudiera ocurrir en los cientos de casas del pueblo
del PSOE repartidas por los municipios de toda Andalucía. Ese contrato mostraría que el
dinero salido de la Junta para dar cursos de formación acabaría en las arcas
del PSOE, a través de esos alquileres con UGT.
Por su parte, el diputado de Podemos Juan Moreno
Yagüe defendió la comparecencia de Díaz por haber suspendido las subvenciones
para cursos de formación. Los últimos se impartieron en 2012 y 2013, periodo en
el que Díaz fue consejera de Presidencia, primero, y presidenta, después. En
aquellos ejercicios, además, se aprobaron exoneraciones masivas del deber de
justificar el gasto de esas subvenciones. Además, Podemos quiere preguntarle
por la falta de colaboración del Gobierno andaluz con la comisión de
investigación.
Por su parte, el diputado del PSOE Rodrigo Sánchez
de Haro ha defendido que Díaz no debe comparecer porque "no tenía
responsabilidades de Gobierno" cuando se otorgaban esas subvenciones, cuya
última convocatoria se celebró en 2011, antes de la llegada de Díaz al entonces
Ejecutivo de José Antonio Griñán. "No había convocatorias de subvenciones,
no estamos de acuerdo con que comparezca", ha insistido el representante
del PSOE.
Por otro lado, todos los grupos de la oposición han
denunciado los obstáculos del Gobierno andaluz al trabajo de la comisión, ya
que ni siquiera ha enviado la documentación solicitada. Por ese motivo, el PP y
Podemos proponen apercibir a la Junta de Andalucía por no facilitar los
expedientes clave. La diputada de C's Marta Bosquet ha alertado de que muchos
expedientes de reintegro -que solicitan a entidades o empresas la devolución
del dinero de la subvención sin justificar- no incluyen la notificación al
interesado, por lo que teme que hayan prescrito y ese dinero no se pueda
recuperar.
Por su parte, el PSOE ha
anunciado que impugnará la petición de comparecencia de los interventores
provinciales y el interventor general de la Junta previa a que se apruebe el
listado oficial de los comparecientes
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