TRAMA DE LOS ERE. A petición de la
Fiscalía Anticorrupción
- La juez añade quince investigados a esta causa
- Caso ERE: cinco años de instrucción, incógnitas por despejar
TRAMA DE LOS ERE. A petición de la Fiscalía
Anticorrupción.
Bolaños investiga a
seis personas más y cita a declarar a Viera por primera vez
- La juez añade quince investigados a esta causa
- Caso ERE: cinco años de instrucción, incógnitas por despejar
La juez que instruye el caso ERE
ha citado en calidad de investigado a seis personas más y llama a declarar por
primera vez al ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio
Viera, todos ellos en relación con el presunto desvío de
fondos de la Junta para el pago de prejubilaciones
de trabajadores de la extinta Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa).
En auto notificado este jueves a
las partes, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla accede a la petición de
la Fiscalía Anticorrupción y cita a 15 personas en calidad de investigados -imputados hasta la reciente entrada en vigor de la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal- por las irregularidades en el ERE de
Egmasa, integrada desde 2011 en la Agencia de Medio Ambiente y
Agua (Amaya).
Entre los nuevos investigados se encuentran los ex
directivos de Egmasa Javier Serrano Aguilar, Juan Jesús
Jiménez, María del Mar Espejo y Antonio del Valle, y los sindicalistas Antonio Perianes (secretario
general de la Federación Agroalimentaria de CCOO-Andalucía) y el antiguo liberado
Antonio Márquez García.
También cita a otras nueve personas ya imputadas en el caso,
entre ellos los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández;
los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel
Rivera; y los ex directivos de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín y
Jesús Bordallo. Los imputados y los dos testigos a los que llama a declarar
tendrán que comparecer entre el 2 y el 11 de febrero.
Llama la atención que la
instructora mantenga los hechos en la causa matriz y no haya abierto una pieza
específica, siguiendo el criterio que ha mantenido desde que relevó a
Mercedes Alaya al frente del juzgado y acordó trocear el caso.
La Junta acordó en 2003 incentivar
las prejubilaciones de 373 trabajadores de Egmasa a fin de rejuvenecer la
plantilla, dada la "incapacidad física" de muchos trabajadores para
el desempeño de las tareas del Plan Infoca. Los
afectados por este ERE habían sido recolocados en esta empresa pública tras
haber trabajado en ayuntamientos y diputaciones andaluces en el marco del Plan
de Empleo Rural.
Inicialmente, la Administración autonómica se
comprometía a pagar primas por importe de 11,18 millones de euros,
cantidad que, con los diversos suplementos acordados posteriormente, terminó elevándose
al menos a 21,67 millones. De este montante, hasta 2010 se
habían abonado ya más de 16,36 millones.
Entre las presuntas irregularidades, Núñez Bolaños destaca la
modificación de la póliza que se aprobó en noviembre de 2006 para incluir a
Antonio Márquez García, un antiguo liberado sindical que no
figuraba en la lista de afectados por el ERE aprobado en 2003 y al que la
empresa no quiso readmitir en 2004 cuando cesó en las funciones sindicales.
Para "buscarle una
salida", detalla la juez en el auto, la dirección de Egmasa y el dirigente
de CCOO-A Antonio Perianes simularon un "despido improcedente" y
pactaron en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) una
indemnización de más de 120.000 euros que se articuló mediante la
"indebida inclusión del trabajador" como asegurado en el seguro
colectivo de rentas que pagó la Junta.
El sustento del auto es Núñez Bolaños es el informe
elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE), que concluyeron que la ayuda era "nula de pleno
derecho" y cifraron en más de 1,25 millones las
sobrecomisiones recibidas por la mediadora (Vitalia).
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