De lectura imprescindible. "No es cortesía es fraude", por Ramón Pelayo es abogado del Estado excedente = es hora de hablar claro; aplicación y sentido de las normas; racionalidad y dinero público de todos, por que no todo vale y los políticos tienen que respetar el ordenamiento juridico vigente; si no lo hacen el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo, debe tomar cartas en el asunto: (art. 308 del C. Penal) puesto que unas personas (las que hemos citado como responsables) habrían falseado las condiciones requeridas para disfrutar de unas subvenciones y ayudas que, en realidad, nunca deberían obtener.

 No es cortesía, es fraude

La noticia de que el PSOE ha cedido dos senadores a ERC y otros dos a DiL (cada uno de los cuales ha obtenido 8 escaños) para que puedan constituir grupo parlamentario (para lo cual se exige un mínimo de 10), no solo ha sido materia que utilizan las diferentes formaciones políticas para atacarse recíprocamente, sino que ha constituido un verdadero escándalo en la opinión pública ante la maniobra de que un partido -supuestamente constitucional y democrático- ceda una parte de sus resultados electorales para que otros partidos -abiertamente anticonstitucionales y totalitarios- puedan tener voz y privilegios en la Cámara Alta.

Muchos ciudadanos se preguntarán ¿pueden hacer esto los políticos? ¿puede un político decidir que el voto a un senador socialista se convierta en un apoyo a los independentistas catalanes para que puedan alcanzar derechos que, legítimamente, no han obtenido?

Los políticos responsables (Pedro Sánchez, como Secretario General del PSOE y Óscar López como responsable del Grupo parlamentario socialista en el Senado) han alegado dos razones: que es una cuestión de cortesía parlamentaria, ya utilizada en ocasiones anteriores; y que es preferible oír los argumentos del contrario que someterle al silencio que les ha procurado los resultados electorales.

Ambas razones son inaceptables desde un punto de vista político. La primera porque, como veremos, en ningún caso se trata de «cortesía parlamentaria» sino de un verdadero fraude de ley y el hecho de haber sido consentido en otras legislaturas no le da carta de naturaleza: seguirá siendo un fraude de ley, siempre. Además, en esta ocasión se une el agravante de que se está teniendo una «falsa cortesía» con unos partidos que pretenden destruir nuestra nación.

En segundo lugar, dar voz en el Senado a quien no la ha conseguido no es necesario para escuchar sus argumentos pues, desgraciadamente, los oímos a diario en los medios de comunicación y, mucho me temo, en el propio Congreso, donde los españoles somos habitualmente insultados sin que exista nadie, insisto, nadie, que defienda, adecuadamente, nuestras razones, nuestros derechos y nuestra Constitución.

En realidad, lo que el secretario general del PSOE persigue es la abstención de estos partidos independentistas en una supuesta sesión de investidura en la que, apoyado por Podemos, alcance la Presidencia del Gobierno.

Y decimos que esta conducta es un fraude de ley porque el reglamento del Senado prohíbe, expresamente, que los senadores de un mismo partido formen «más de un grupo parlamentario» y ordena que cada grupo adopte una «denominación» que sea conforme con aquélla con la que sus miembros concurrieron a las elecciones.

La intención del legislador está clara: pretende que todos los senadores que concurrieron a las elecciones en un mismo partido conformen un solo grupo parlamentario y que ninguno de ellos pueda formar (o ayudar a formar) un grupo parlamentario diferente.

Es cierto que cualquier senador puede, en un determinado momento, arrepentirse de las filas en las que milita y solicitar -así lo permite el Reglamento- su incorporación a un grupo parlamentario ya existente (sea el Grupo mixto u otro cualquiera) asumiendo que su posicionamiento político ha variado. Pero este no es el caso que nos ocupa porque, si así fuera, los senadores socialistas «cedidos» deberían integrarse, con vocación de permanencia, en un grupo del Senado bajo la denominación «independentista», sometidos a su disciplina y compartiendo sus fines.

Lo que el PSOE persigue es ceder, transitoriamente, estos cuatro senadores para que se constituyan dos grupos parlamentarios independentistas y, una vez constituidos, se reintegren al Grupo socialista. El espíritu de la norma y, por tanto, su correcta interpretación, prohíbe la maniobra política que se pretende, que es contraria a la voluntad del legislador.

No existe -salvo que la Mesa lo impida- sanción para este fraude de ley, de naturaleza política, salvo los resultados electorales futuros pero, esta falta de previsión normativa, no se da en el ámbito penal en el que, en mi opinión, incurren el secretario general del PSOE, el responsable del Grupo parlamentario socialista y los propios senadores socialistas cedidos, amén de los grupos parlamentarios beneficiados.

Efectivamente, el fraude de ley antes relatado, tiene unas consecuencias económicas y presupuestarias bien claras, dado que al constituirse estos grupos parlamentarios resultan beneficiarios de subvenciones y ayudas, con dinero público, que no deberían tener, al no haber alcanzado los resultados exigidos por el Reglamento (10 senadores).

Este fraude permite que los grupos independentistas perciban, cada uno de ellos, unas subvenciones y ayudas públicas que podrían superar los 300.000 euros anuales, amén de sus portavoces y adjuntos percibirían más de 2.000 euros mensuales.

En definitiva, no solo nos encontramos ante un fraude político sino que, en mi opinión, si la operación se consuma, nos encontraríamos ante una conducta penalmente tipificada (art. 308 del C. Penal) puesto que unas personas (las que hemos citado como responsables) habrían falseado las condiciones requeridas para disfrutar de unas subvenciones y ayudas que, en realidad, nunca deberían obtener.

Espero que el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo tomen cartas en el asunto y frustren esta incalificable maniobra.

La razón, por una vez, debe imponerse a la conveniencia política.

* Ramón Pelayo es abogado del Estado excedente

http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/01/21/56a0bce9268e3eb72e8b4576.html