- La Intervención de la Junta ha emitido hasta tres informes de actuación por irregularidades en las ayudas para formación.
- Su no emisión en los ERE es lo que invocó Griñán para justificar su inacción
http://www.elmundo.es/andalucia/2016/01/24/56a49d9b268e3e78748b45cc.html
La macrocausa la investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla
La Intervención avisó hasta tres veces de las irregularidades en la formación
- La Intervención de la Junta ha emitido hasta tres informes de actuación por irregularidades en las ayudas para formación
- Su no emisión en los ERE es lo que invocó Griñán para justificar su inacción
La Intervención General de la Junta ha emitido hasta tres informes de actuación -un mecanismo extraordinario con escasos precedentes en Andalucía- tras detectarse graves irregularidades en la adjudicación y gestión de las subvenciones para cursos de formación, fundamentalmente por menoscabo de fondos públicos. La no emisión de ese informe por las ayudas de los ERE es a lo que se ha aferrado José Antonio Griñán para justificar su inacción para frenar el fraude.
EL MUNDO de Andalucía desveló el pasado 12 de julio que la Intervención había emitido un informe de actuación a raíz de que, en una auditoría especial a la gestión realizada por la dirección provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la tramitación de las ayudas de formación profesional para el empleo concedidas en Huelva, el interventor provincial concluyera que se había ocasionado un «menoscabo de los fondos públicos».
El plan de auditorías de 2013 incluyó un control financiero especial sobre la justificación de las ayudas concedidas en materia de formación profesional para el empleo entre 2009 y 2012 -gestionadas en cada una de las delegaciones provinciales del SAE- debido a «las numerosas e importantes irregularidades detectadas en esta materia» en los informes provinciales de control financiero permanente del SAE correspondientes al año 2012.
De los ocho informes emitidos, uno por provincia, el más contundente fue el que firmó el interventor provincial en Huelva, que alertó de la concesión y justificación de subvenciones sin cumplir los requisitos legales y sin exigirse los reintegros correspondientes. Lejos de ellos, en los informes de seguimiento se señalaba que los expedientes estaban justificados y liquidados por el SAE.
La Junta confirmó la emisión del citado informe de actuación y que había acatado las recomendaciones formuladas por la Intervención, pero eludió detallar -por ejemplo- a cuánto ascendía el perjuicio a los caudales públicos.
Este periódico ha tenido acceso al citado informe de actuación, que -fechado el 18 de junio de 2015- cifra en 3.552.618,91 euros el importe del posible menoscabo de fondos. Esa cantidad es la suma de 29 expedientes, casi la mitad de los incluidos en la muestra: 61 de un total de 407 en esa provincia.
El informe de actuación es un mecanismo que prevé el decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía en aquellos casos «en que los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas» o si se apreciaran «circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos». Éste es el supuesto que concurre en este caso.
El Gobierno de Susana Díaz nunca ha dado explicaciones en el Parlamento sobre ese informe de actuación, del que la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero reclamó copia sin éxito el pasado 20 de julio. El Ejecutivo socialista lo ha enviado a mediados de enero, a raíz de que el grupo popular lo volviera a incluir en su petición de documentación para la comisión de investigación.
Diligencias Judiciales.
Las actuaciones que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla han permitido conocer que han sido tres y no uno los informes de actuación emitidos por la Intervención General de la Junta a cuenta de la gestión de las ayudas para la formación en el periodo 2009-2012.
Con fecha también de 18 de junio de 2015 se emitió otro por las irregularidades detectadas por la interventora provincial de Cádiz.
En un escrito firmado el 23 de junio pasado por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, éste mostraba su «conformidad» a adoptar las medidas propuestas por la Intervención a fin de promover «un cambio de actuación», con lo que evitaba que el asunto tuviera que discutirse en el Consejo de Gobierno.
Antes, concretamente el 11 de mayo, el interventor general de la Junta, Adolfo J. García, había emitido otro informe de actuación por las actuaciones desarrolladas por el SAE en Córdoba en 2012. En ese caso no era por apreciarse menoscabo de fondos públicos, sino por la falta de implantación de las recomendaciones de especial relevancia que había formulado la Intervención.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública remitió los ocho informes elaborados por los interventores provinciales a la Fiscalía Superior de Andalucía, que llegó a abrir diligencias. Fueron, sin embargo, archivadas, por entenderse que los hechos que dieron pie a los mismos ya estaban siendo investigados por juzgados andaluces.
No obstante, el fiscal superior envió los informes provinciales a las respectivas fiscalías provinciales para que se unieran a los distintos procedimientos judiciales abiertos.
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