- El técnico ya fue investigado por prevaricación y malversación por la juez Alaya en los ERE
- El instructor pide a la Guardia Civil que recabe las facturas de los pagos y cobros correspondientes a los trabajos de riego
CORRUPCIÓN POLÍTICA
El juez imputa a un interventor
de la Junta en el 'caso Marismas'
El técnico ya fue investigado por
prevaricación y malversación por la juez Alaya en los ERE
El instructor pide a la Guardia Civil que recabe
las facturas de los pagos y cobros correspondientes a los trabajos de riego
El juez Juan Gutiérrez Casillas, titular del
juzgado de instrucción 16 de Sevilla, ha citado a declarar en
calidad de investigado -nuevo término
legal para imputado- al
interventor delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca por su participación y responsabilidad
en un delito de malversación de caudales públicos en el pago de una subvención del denominado 'caso Marismas'.
El técnico tendrá que declarar dentro de la
ampliación de imputaciones solicitada por la Fiscalía, en un caso que ya cuenta
con 21 acusados y que investiga un presunto fraude de 40
millones de euros en obras de riego en el Guadalquivir.
El interventor ya declaró en
diciembre de 2013 ante la juez Mercedes Alaya por el caso ERE. Entonces, lo hizo en calidad de su
puesto anterior, como interventor delegado en la Consejería de Empleo en la última etapa en
la que estuvo operativo el 'fondo de reptiles', y acusado también de delitos de
prevaricación y malversación de fondos públicos.
Sin los requisitos
Ahora, el juez del 'caso Marismas' quiere
preguntarle por qué no se aplicó «el procedimiento establecido ni los
requisistos para autorización» del pago de la subvención correspondiente a la
primera certificación de las obras, por valor de 4,2 millones de euros, por obras
que no se habían hecho.
El magistrado atiende los requerimientos del fiscal
y ordena nuevas diligencias. Entre ellas, que la Guardia Civil recabe las
facturas de los pagos y cobros correspondientes a la obra de las empresas que
participaron en los trabajos de riego. También ordena que especialistas de
regadíos y obras públicas de la Junta elaboren un dictamen pericial de la obra realmente ejecutada,
de la certificada, de la pagada y la comparación entre los diferentes proyectos
presentados.
Además, decreta que dos peritos de la Agencia
Tributaria emitan un informe sobre el análisis
de las facturas, certificaciones, pagos y cobros de las mismas, y que colaboren
con los agentes encargados de la investigación.
También requiere a la Comunidad de Regantes de las
Marismas del Guadalquivir que aporte su libro de actas y de las sesiones de la
mesa de contratación en las que se abordó la adjudicación y ejecución de las
obras así como los pagos de distintas indemnizaciones.
Además, el juez solicita a la Guardia Civil que identifique
a las personas que formaban parte de las empresas implicadas en el proyecto,
así como las cuentas corrientes que se usaron para los pagos.
Para hacer esas obras, el Instituto Andaluz de
Reforma Agraria aprobó el 13 de octubre de 2004 una subvención de 40.119.944
euros para la modernización del riego, según un proyecto presentado por la
Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir. El proyecto era de 66,6
millones de euros y se concedió a los regantes ayudas por 40,1 millones, según
la Fiscalía, que ha investigado «el irregular procedimiento de adjudicación de
las obras» y el pago de la primera certificación.
Ante el juez ya han declarado
cuatro ex altos cargos de Agricultura, uno de los cuales dijo que hubo
«benevolencias» por parte de la Junta para que esa obra cumpliera los plazos y
requisitos formales.
En un atestado de septiembre, los
agentes atribuyeron un delito de malversación al secretario general del PSOE de
Almería y parlamentario, José Luis Sánchez Teruel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...