Hace cinco años que dio comienzo el caso ERE provocando uno de los mayores y más suculentos escándalos de corrupción de la historia de España sólo superado años después por el macroescandalazo del fraude generalizado de los cursos de formación en Andalucía y, más que probablemente, en otros lugares de España. Un lustro después de la denuncia de unos empresarios sobre una "mordida" socialista a una subvención concedida por la Junta, la Fiscalía Anticorrupción exige la declaración de "causa de especial complejidad", lo que implica, cuando menos, 18 meses más de instrucción, algo que ha dejado perplejos a muchos imputados y, desde luego, deja atónitos a todos los que escucharon las críticas sistemáticas hacia la "lentitud" de la juez Alaya.
5 años Ere que ERE y ahora, 18 meses más. Por lo
menos
Hace cinco años que dio comienzo el
caso ERE provocando uno de los mayores y más suculentos escándalos de
corrupción de la historia de España sólo superado años después por el
macroescandalazo del fraude generalizado de los cursos de formación en
Andalucía
y, más que probablemente, en otros lugares de España. Un lustro
después de la denuncia de unos empresarios sobre una
"mordida" socialista a una subvención concedida por la Junta, la Fiscalía
Anticorrupción exige la declaración de "causa de especial
complejidad", lo que
implica, cuando menos, 18 meses más de instrucción, algo que ha dejado perplejos a muchos
imputados y, desde luego, deja atónitos a todos los que escucharon las críticas
sistemáticas hacia la "lentitud" de la juez Alaya.
Si alguien quiere conocer el itinerario del caso
desde 2011, puede verlo aquí.
Recuérdese que el caso ERE estalló popularmente
cuando dos empresarios grabaron una conversación en el que
varios políticos socialistas les pedían una "mordida" de 450.000
euros por concederles una subvención de 900.000. Un 50 por ciento de mordida, nada menos. Era el caso
Mercasevilla. Pero, afortunadamente para la instrucción y la justicia, una juez de
Sevilla insistente como una termita, la juez Alaya fue
la encargada de investigar un caso que pronto condujo
a nuevos escándalos de corrupción.
El 19 de enero de 2011, la juez Alaya
incoó las diligencias previas 174/2011, más conocidas como caso ERE, y comenzó
la pesadilla para el PSOE de Andalucía y su gobierno en la Junta que hasta el momento le ha costado
la cabeza a dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a numerosos ex
consejeros de la Junta, a decenas de ex altos cargos entre directores
generales, delegados y otros y así, llegando a un total de casi medio millar de
imputados y a un dinero muy importante desaparecido o mal utilizado. De 70
millones de habló al principio aunque luego se superaron los mil millones en
diferentes conceptos.
Poco a poco se fue haciendo visible la organización
piramidal del escándalo originado, según la conclusión del Tribunal
Supremo, por la
voluntad política de un partido de utilizar las instituciones y el dinero
público para afianzar su hegemonía en
una región mediante el uso indebido de subvenciones irregulares y sectarias a
las que disfrazó convenientemente de "transferencias de financiación". Esto es, la corruptela nació en la Junta
porque fue la Junta quien la diseñó para servir a los intereses políticos
del PSOE andaluz.
Lo inesperado si bien no imprevisible:
la salida de la juez Alaya del caso
Se sabía que el PSOE, como en
otros casos anteriores como Filesa, trataba de hacerle la vida imposible a
quienes afectaban de manera directa a su poder de influir en los ciudadanos
mediante juicios de gran repercusión. Fueron muchas y variadas las tácticas
de la Junta para desgastar la figura de Mercedes Alaya, desde señalar al marido
como alguien sospechoso a poner en duda su imparcialidad o destacar sus
relaciones "íntimas" con algunos líderes del PP.
Sin embargo, la carambola inesperada procedió de lo voluntad de
la propia juez Alaya de optar a un ascenso en su carrera profesional, a lo que tenía derecho con la
fundada esperanza de seguir instruyendo el caso ERE y otros que tenía en
cartera hasta su finalización, tal y como había ocurrido siempre en la Justicia
española. Pero no fue
así. Cuando
todo el mundo creía en el círculo judicial sevillano y andaluz que el sucesor
de la juez Alaya en el juzgado de instrucción iba a ser su juez de apoyo Álvaro
Martín, sobrevino la sorpresa. Una juez de familia sin experiencia
penal pero
con buenas relaciones personales con el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, el martillo
de la juez Alaya, ocupaba el puesto por razón de antigüedad.
La juez Alaya resumió su extrañeza y su desconfianza
ante esta circunstancia que se concretó de manera inmediata en una primera
desautorización del último auto emitido por la instructora habitual hasta
entonces y terminó en una guerra abierta entre ambas juezas, hábilmente atizada
desde los altos despachos de la Junta de Andalucía. De esta forma se
convirtió mediáticamente bronca de dos juezas lo que iba a ser la colisión entre dos
maneras absolutamente distintas de instruir. El final fue
la exclusión de la juez Alaya del caso y todo el poder para
la nueva juez, María Ángeles Núñez Bolaños.
La nueva juez relantiza la instrucción y
provoca estupor en las partes
Como se preveía, la nueva juez comenzó
a dar señales de que su aplicación del Derecho Penal era como mínimo peculiar. Comenzó por dividir el caso en
muchos pequeños casos con el fin, dijo, de acelerar su instrucción, pero el
resultado fue que las partes e incluso la Fiscalía discreparon abiertamente de
sus continuas decisiones y contradecisiones. Es más, pocos meses cambió de
parecer diseñando un plan piloto para el
enjuiciamiento de las primeras seis piezas. De este modo, Bolaños hacía
saltar por los aires la tesis de la unidad de la causa propiciada por la juez
Alaya que,
además de otras razones, aducía que la división afectaría a la indefensión de
los imputados asaeteados de ese modo por varios juicios. Al principio, los
abogados defensores de los principales imputados apoyaron a la juez Alaya pero
no la Fiscalía Anticorrupción, el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ni siquiera el propio
Tribunal Supremo.
Con el fin, dijo, de agilizar la instrucción de los
ERE el gran caso de los ERE se dividió entre el caso de las sobrecomisiones
pagadas en las pólizas de las prejubilaciones, las ayudas concedidas a tres
empresas -Acyco, Surcolor-Surcolor Óptica y Cenforpre-, y las subvenciones
millonarias que logró el entramado de empresas vinculadas a José María Sayago y
José Enrique Rosendo, fallecido el pasado 8 de enero.
Pero ahora, la Fiscalía se ha
opuesto a la nueva juez porque sus decisiones no se ajustan a Derecho dado que pretende esperar los
primeros resultados de las decisiones de la Audiencia para seguir con las
divisiones del caso. Como destacaba el grupo Joly, "esperar a las
sentencias de la Audiencia supone un "retraso adicional al que ya arrastra
la presente causa, sometiendo a un amplio número de imputados a resultas de un
pronunciamiento en un juicio del que no serán ni podrán ser parte y partiendo
como presupuesto de una supuesta semejanza que no es tal, pues cada expediente
puede haber elementos diferenciadores, en la forma y en el fondo, que
justifiquen el sentido de un pronunciamiento distinto".
Por si fuera poco, está el tema de la exasperante
lentitud que ahora manifiesta el juzgado del caso ERE. Las cuestiones pendientes se
amontonan y la instrucción sólo ha investigado un 40% de las subvenciones
denunciadas. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción
remite sistemáticamente escritos que
recuerdan a la instructora los retrasos de sus decisiones. Por poner un ejemplo, fijar las
fianzas civiles de 83 imputados, algunas de ellas esperadas desde hace años.
Igualmente penden sobre el caso prescripciones inminentes y situaciones penosas
como la muerte de cuatro imputados y la jubilación de peritos además de la fuga
consumada del ex directivo de Vitalia, una de las empresas implicadas en las
comisiones irregulares,
La traca final lo constituyó la
cesión inexplicable que la nueva juez hizo a su juez de apoyo Álvaro Martín de
la parte mollar de la instrucción de las seis primeras piezas del caso provocando la perplejidad en el mundo
judicial.
Cinco años después, 18 meses más
De momento, y como último acto, la Fiscalía ha
pedido la declaración del caso ERE como causa de especial complejidad al hilo
de los nuevos procedimientos judiciales decididos por el Gobierno, lo que
implicaría alargar la instrucción como mínimo 18 meses más, algo que ha
sublevado a las defensas de José Antonio Griñán y cuatro ex altos cargos, por
ahora.
Por tanto, en este momento nadie sabe qué va a
pasar realmente en el caso de los ERE pero crece la
sospecha de
que dada las extrañas maniobras que han concurrido en su instrucción, al final, uno de los
más grandes casos de corrupción de la historia de la democracia española, del Partido
Socialista y de la Junta de Andalucía, no tenga las consecuencias judiciales
que se esperaban. El tiempo lo dirá. Pero lo que parece
es que los partidarios de la confusión han logrado su propósito de oscurecer la claridad que se
desprendía de la instrucción de la juez Alaya.
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